Un llamado a la Corte Constitucional

Cuando el Estado es incapaz de garantizar un derecho, es claro que no hemos entendido su alcance. Más de quinientas tutelas para revocar la decisión del Ministerio de Educación de regresar a las clases presenciales harían pensar que hay mérito suficiente para que la Corte Constitucional revise alguna (o algunas), incluidas las medidas cautelares concedidas por algunos jueces.

Es urgente que se entienda el alcance del derecho a la educación, después de haber tenido el cierre escolar más largo entre 30 países incluidos en una investigación de la Ocde: las escuelas de educación inicial permanecieron cerradas 42 días lectivos en promedio; las de primaria, 54; las de secundaria, 63, y las de media, 67. En contraste, Colombia mantuvo los colegios de todos los niveles educativos cerrados durante 152 días.

Se debe añadir a esto que aún hay entes territoriales que a esta fecha no han dado los pasos necesarios para restituir el derecho a miles de niños y adolescentes, mientras algunos recurren a la justicia para seguir esquilmándolo. Cuando el Estado en su conjunto es incapaz de garantizar un derecho prevalente –la Constitución dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás– y al conjunto de la sociedad parece no molestarle en absoluto, es claro que no hemos entendido el alcance de este derecho.

¿Podría un alcalde o gobernador, con cualquier pretexto, cerrar durante año y medio todos los centros de salud y los hospitales sin que nadie protestara? ¿Pueden suprimirse todos los medios de comunicación, por orden de alguna autoridad, durante meses? ¿Qué le sucede a un país si los funcionarios judiciales deciden no administrar justicia en forma debida durante más de un año? ¿Y a nadie le importaría si los conductores de transporte público se niegan a conducir los vehículos hasta que no se resuelvan todos los problemas de vías?

Es verdad que la Corte se ha referido al derecho a la educación en diferentes sentencias. También es verdad que muchas de ellas han aportado más que las propias reformas del ejecutivo a lo largo de los años. Pero es necesario saber si, por ejemplo, los órganos de control, como la Procuraduría o la Defensoría, tienen la obligación imperativa de vigilar y sancionar a los funcionarios que no hacen todo lo necesario para proteger este derecho, porque la verdad es que en esta ocasión no se han hecho sentir.

Algunos dirán que la educación virtual es equivalente a la escolaridad presencial y que en ese supuesto no se suspendió la prestación del servicio. Pero todos los estudios de que se dispone desde hace más de un año demuestran que eso no es cierto. Antes que nada, porque más del 60 % de la población no dispone de herramientas tecnológicas y conectividad, pero además porque el derecho no se satisface por el simple hecho de enviar tareas por los medios más precarios. Como medida de emergencia fue imposible encontrar otra forma, pero siempre se supo que debía ser muy transitoria porque tabletas, pantallas y celulares no aseguran ni la calidad ni la equidad en los procesos de formación integral que garantiza la educación presencial en una democracia.

La declaratoria del derecho a la educación y todos sus desarrollos está estrechamente ligada a la asistencia escolar. La escuela pública ‘obligatoria y gratuita’ en la que niños y niñas de todas las condiciones sociales se encuentran para crecer juntos, recibiendo de profesionales altamente calificados –pagados por el Estado– las claves de acceso al universo del conocimiento y la cultura universal, es la verdadera conquista y el máximo ideal de las sociedades democráticas, porque la educación como proceso de transmisión cultural en la comunidad existe desde la prehistoria.

Es justamente por eso que no es fácil entender que este derecho, del cual depende no solo el éxito individual sino la felicidad pública, pueda haber sido suprimido durante tanto tiempo sin que a nadie le pase nada.

Francisco Cajiao

Septiembre, 2021