El reciente proyecto de reforma tributaria no es la reforma estructural que se requiere. Ante ese proyecto, el autor propone tres modificaciones: una tarifa de renta para empresas que no sea plana y uniforme para todas, un tope a la deducción del IVA por compras de bienes de capital y, de mantenerse los días sin IVA, que esto solo se aplique a la venta de productos nacionales.
El proyecto de reforma tributaria 2021 (que tiene el despistador nombre de Ley de inversión social) no es la reforma estructural del sistema tributario que se viene solicitando desde hace varios años. Es solo un alivio temporal a las finanzas públicas, que tiene la virtud de eliminar los aspectos más controvertidos del anterior proyecto que motivaron las protestas del gran paro nacional, pero también elimina algunos de las iniciativas que aumentaban un poco la progresividad de los impuestos en Colombia, e incluye otras que la mantienen o aumentan.
Son dos las grandes ausencias en el nuevo proyecto: una, es no eliminar todo el entramado de exenciones y beneficios tributarios a las personas jurídicas y, otra, dejar de lado el aumento a la tributación de las personas naturales de altos ingresos, con medidas tales como el impuesto al patrimonio o el mayor impuesto a dividendos. Estos temas tendrá que enfrentarlos el nuevo gobierno.
Lo que sí es posible ahora es llevar a cabo algunas modificaciones sencillas que hagan un poco más equitativos los impuestos y den más recursos al fisco.
La primera se refiere a la tarifa de renta para empresas, que se propone elevar a 35 %. Esta tarifa no debe ser plana y uniforme para todos, sino progresiva y diferencial, de manera que sea menor para las pymes y mayor para las grandes empresas. No es conveniente llegar al esquema de las personas naturales donde los más pobres no pagan impuestos de renta, pero sí se puede plantear un rango entre 20 % y 35 %, de acuerdo con el tamaño de las empresas medido, por ejemplo, por su volumen de ventas.
Si resulta complejo introducir una reforma tan radical y se arriesga a entrabar el trámite en el Congreso, por lo menos puede disponerse que el aumento de la tarifa no aplique a las pymes. Minhacienda espera recaudar $6.7 billones por este concepto, pero dada la concentración de las utilidades en Colombia, eximir a las pymes no debe representar más de un 20 % de ese monto.
En la misma línea de progresividad debe imponerse un tope a la deducción del IVA por compras de bienes de capital; por ejemplo, unos 100 SMLV, de manera que se devolvería el IVA a las compras de maquinaria de hasta unos $500 millones anuales, que es el rango de inversiones de capital que puede hacer una pyme. No tiene sentido dar esta gabela a las grandes empresas, sobre todo a las mineras, que no necesitan este incentivo para invertir.
Esta medida además generaría unos importantes recursos que compensarían de sobra la reducción de la primera propuesta. Cuando se introdujo esta devolución en la reforma de 2018, se informó que su costo fiscal sería de $6.6 billones; la DIAN debe conocer la distribución según el tamaño de las empresas, pero me atrevo a estimar que con el tope propuesto pueden ahorrarse por lo menos unos $5 billones.
Una tercera propuesta se refiere a los días sin IVA. No se conocen cifras oficiales de esta propuesta populista, pero el año pasado se mencionaba que cada uno de los tres días pudo haber implicado un menor recaudo de unos $500 a 600 mil millones de pesos. Deben cancelarse los días sin IVA, pero si no se puede, por lo menos deberían limitarse a la compra de productos nacionales, pues no tiene sentido dar ese incentivo a los productos importados.
Mauricio Cabrera Galvis
Agosto, 2021
