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Una reforma compleja

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Habría que asegurar, antes que nada, el derecho fundamental a la educación básica.

La ministra de Educación ha anunciado que el 20 de julio se presentará la reforma integral de la Ley 30, que regula la educación superior en Colombia. Muchos rectores han solicitado que se dé más tiempo para su discusión y análisis, dado que no se conoce el texto que irá al Congreso, pero la respuesta es que la fecha ya está definida.

Lo que hay por ahora son algunas declaraciones de la ministra Vergara sobre los ejes de la reforma, cuya importancia es indiscutible, especialmente en lo referente a la financiación de las instituciones públicas. Pero hay muchos otros asuntos sobre acceso, tipología, condiciones de calidad, gobernanza y autonomía que requerirán análisis juiciosos, pues no son temas sencillos ni en lo conceptual ni en lo práctico.

Para mencionar apenas uno que reviste una gran importancia: ¿qué tratamiento tendrá el Sena en esta ley? Esta entidad representa casi el 20 % de la matrícula pública que se registra como educación superior, pero está adscrita al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Sus principios y directrices filosóficas provienen de la OIT, y en su gobierno participan empresarios y trabajadores, tiene recursos propios y sus cursos siempre han sido gratuitos. Es importante que el país sepa si se integrará formalmente al sistema de educación superior o si seguirá siendo un complemento estadístico de cobertura.

Se ha hecho un gran énfasis en que lo más profundo será el cambio de carácter de la educación superior, pasando de ser un servicio público a ser un derecho fundamental. Mucho tendrán que discutir los juristas, y en las universidades residen los más eruditos académicos del derecho. Me temo que también será importante en esta materia el concepto de la Corte Constitucional y sospecho que tal vez sería materia de una ley estatutaria pendiente.

No soy experto en el asunto, pero me temo que ir creando por ahí derechos fundamentales no es tan simple. Por supuesto, estoy de acuerdo en que todos los ciudadanos, sin distinción alguna, deberían tener la oportunidad de acceder a las mejores posibilidades de educación de acuerdo con sus propios talentos y expectativas de vida. Pero este derecho solo se puede ejercer si se garantiza efectivamente todo el proceso desde la primera infancia, asegurando que en cada etapa del desarrollo se den las mejores condiciones, de modo que al llegar al momento de optar por la educación superior, no solo haya la oferta suficiente, sino que las personas tengan las condiciones necesarias para afrontar los duros desafíos de la exigencia académica.

Basta estudiar con cuidado los resultados de las pruebas de lectura, matemáticas y ciencias de las pruebas Saber 11, para constatar que multitud de jóvenes que terminan el bachillerato sin saber leer y escribir no podrán reclamar el derecho fundamental a ser universitarios, así haya miles de cupos disponibles. Si un derecho fundamental es exigible ante la ley por ser inherente a la dignidad humana, difícilmente podrá ser reclamado y garantizado si la persona no demuestra ser idónea en el campo profesional al cual aspira, pues su derecho no es solamente un beneficio individual, sino que tiene una correlación directa con la responsabilidad que adquirirá frente a la sociedad. No podrán ser graduados médicos, abogados, ingenieros calculistas, físicos o maestros solamente en función de la exigibilidad de un derecho, sin importar si son capaces de desempeñar su rol social con los más altos niveles profesionales y éticos.

Esto no significa que deba detenerse el esfuerzo por ampliar la cobertura en las universidades públicas, mejorar su financiamiento o facilitar el acceso en las regiones más apartadas. Pero no todo lo que suena bien y bonito genera verdaderos cambios. Habría que asegurar antes que nada el derecho fundamental a la educación básica, que sigue amenazado por la deserción y la baja calidad.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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