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Entre el 19 de septiembre de 2021 y el 1 de agosto de 2022 la tasa de interés de política monetaria pasó de 1,75 % anual a 9 %. Este rápido crecimiento de la tasa de interés es una clara expresión de la falta de instrumentos de la autoridad monetaria para controlar la inflación. Es, de hecho, el reconocimiento fáctico de la inoperancia de las reglas monetarias convencionales.

Por los años 80 y 90, cuando los banqueros centrales seguían las orientaciones friedmanianas, el control de la inflación respondía a un principio claro: la cantidad de moneda debe estar en concordancia con la dinámica de la producción. El monto del dinero crece o disminuye en función de las dinámicas del producto. El banco central vigila que los movimientos de la masa monetaria y del producto se muevan en la misma dirección y proporción. Si esta regla básica se cumple, los precios no se modifican.

Aunque este postulado esencial no se cumplió de manera ideal, sí fue la guía de acción de la política monetaria. La regla nunca fue tan sencilla por diversas razones: porque las modalidades del dinero son muy diversas, porque además de actuar sobre la cantidad de circulante también es necesario vigilar el comportamiento de la tasa de interés, porque los precios de algunos bienes son regulados, porque la definición del PIB potencial siempre es objeto de discusión. A pesar de estas dificultades, la regla de Friedman parecía útil.

Las condiciones actuales son completamente diferentes. Ha llegado el momento de declarar el agotamiento de los instrumentos friedmanianos con el fin de repensar de manera radical el margen de maniobra del banco central y redefinir el significado de la política monetaria. Aunque la ausencia de instrumentos de los bancos centrales es un problema internacional, en el caso colombiano es más evidente. En su desespero frente al crecimiento de los precios, las autoridades monetarias optan por golpear el crecimiento, de tal forma que la demanda baje y los precios caigan. La fórmula es fatal: para combatir la inflación se crean las condiciones propicias para que haya recesión.

Este camino perverso impide examinar las causas complejas que subyacen a la inflación actual. Entre junio del 2021 y junio de 2022, el IPC subió 9,67 %. Es clarísimo que uno de los factores que más ha incidido en el aumento de los precios es la inflación de los alimentos, que fue de 23,65 %. Desde los días de Aristóteles, el pensamiento lógico trató de precisar el vínculo que existe entre la causa y el efecto. Y, por tanto, si se quiere modificar la consecuencia, es necesario actuar sobre la causa. Esta norma elemental es olvidada por el banco central. 

No es posible explicar la inflación de alimentos por la tasa de interés. Es evidente la escasez de insumos en el mundo entero, es obvio el daño que ha causado la guerra de Ucrania en la oferta de fertilizantes, es claro el aumento del gasto público que ha implicado la financiación de la guerra, es notorio el reajuste de la logística como consecuencia de la pandemia. Y, en el caso colombiano, está muy bien diagnosticada la falta de productividad del sector agropecuario y la creciente importación de alimentos básicos. Si a estos determinantes se les agrega la devaluación del peso, es evidente que el precio suba.

El aumento de las tasas de interés es el camino menos expedito para solucionar tan graves problemas estructurales.

Jorge Iván González

Septiembre, 2022

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Los libros de texto enseñan que el aumento del gasto público es una de las causas de la inflación; por lo tanto, la recomendación de política es que, para complementar la subida de las tasas de interés del Banco de la República, el gobierno debe reducir sus gastos para disminuir las presiones de demanda sobre los precios.

Lo que nunca se dice es que la inflación también puede ser una causa del incremento del gasto público y, por lo tanto, del déficit fiscal. Mejor dicho, no es la inflación sino las políticas que adopte el gobierno para controlar los aumentos de precios. Es lo que está ocurriendo en Colombia en la actualidad.

Con tasas de inflación de 8 % anual, y con tendencia a seguir subiendo, el gobierno está adoptando una serie de medidas que ayudan a bajar los precios, pero que tienen un costo fiscal alto, bien porque disminuyen los ingresos del gobierno, o bien porque aumentan sus gastos.

Algunas de estas medidas no son nuevas, sino que son la extensión de unas que se tomaron para estimular la economía durante la pandemia, pero que ya no son necesarias. Por ejemplo, la reducción al 5 % del IVA a los tiquetes aéreos y la gasolina, la exención del IVA a los servicios turísticos y hoteleros, o los famosos tres días sin IVA. Es evidente que la economía ya no necesita ninguno de estos estímulos pues, según el Banco de la República, está recalentada y hay que enfriarla, pero eliminarlos implicaría un aumento inmediato de los precios de esos bienes y servicios.

Otras son medidas nuevas, como la reducción de aranceles para 165 productos que son materia prima o insumos para la producción de bienes de la canasta familiar, con el propósito explícito de reducir los precios al consumidor. Estas medidas, y las mencionadas en el párrafo anterior, no implican una mayor erogación para el gobierno, pero si un menor ingreso, que aumenta el déficit fiscal. Aunque el gobierno debería informar del impacto fiscal de sus medidas, hasta ahora no se conoce cuántos son los ingresos dejados de recibir.

El gasto más grande que está haciendo el gobierno para no alimentar la inflación es el gran aumento del subsidio a los combustibles que se genera cuando el precio interno de la gasolina y el diésel no aumenta con el precio internacional del petróleo. No es una política nueva, pues desde 2007 se creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) con el objetivo explícito de limitar las variaciones de estos precio a un 3 % mensual, pagando a Ecopetrol, con recursos del presupuesto nacional, la diferencia entre el precio interno y el internacional.

El FEPC ha sido muy efectivo para cumplir su propósito de estabilizar precios, pero con un enorme costo fiscal. En la década pasada se acumuló una deuda del FEPC con Ecopetrol de $17 billones (1.5 % del PIB), que fue pagada con emisión de TES que aumentaron la deuda pública. En 2021, el diferencial de precios tuvo un costo para el FEPC de casi $9 billones, y este año, si el precio del petróleo se mantiene en promedio en USD 100/barril, el faltante que tendrá que pagar el gobierno será de unos $18 billones. 

Es el costo de no subir los precios de la gasolina para no aumentar la inflación…, y también porque es año electoral.

Mauricio Cabrera Galvis

Marzo, 2022

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La actual inflación es de costos. Y la decisión que acaba de tomar el Banco de la República de aumentar la tasa de interés de intervención de la política monetaria de 3 % a 4 %, tiene dos inconvenientes. Primero, no corrige el problema de fondo y, segundo, contribuye a frenar la recuperación que traía la economía.

Al terminar diciembre de 2021, el IPC tuvo un aumento de 5,62 %. Y el precio de los alimentos aumentó 17,23 %. El impacto de los alimentos en la inflación general es importante. Y existen razones estructurales que explican estos mayores precios. 

El país está importando cada año 14 millones de toneladas de alimentos básicos. La cifra ha ido aumentando. En 2008 se importaron 9,8 millones de toneladas. La estructura de la producción agropecuaria es muy frágil. Como se desprende de los estudios de la Misión para la Transformación del Campo de 2015, y del informe de Naciones Unidas, Colombia Rural del 2011, la debilidad de la producción agropecuaria tiene que ver con fenómenos tan complejos como la pésima distribución de la tierra, la falta de servicios sociales, la ausencia de vías terciarias, el costo del crédito y, en general, la poca presencia del Estado. Dado el mal desempeño del sector agropecuario, no queda más alternativa que importar alimentos. Y su costo se encareció, entre otras razones, porque se agudizó la devaluación del peso.

Frente a este diagnóstico no tiene ningún sentido aumentar la tasa de interés de referencia del Banco de la República. Esta decisión en nada contribuye a la solución de los problemas estructurales del campo. La inflación de costos no se combate subiendo la tasa de interés. Esta medida acentúa los problemas. El comportamiento del sector financiero colombiano frente a la tasa de referencia del Banco de la República es asimétrico. Cuando el Banco la bajó a 1,75 %, los bancos privados redujeron sus tasas muy lentamente. Pero ahora, cuando la tasa de intervención sube a 4 %, el sistema financiero reacciona rápidamente, y el conjunto de tasas aumenta.

Es un error subir el costo del crédito en estos momentos, cuando apenas se está saliendo del hueco causado por los meses de pandemia. Es imposible entender por qué el alza de la tasa de referencia del Banco de la República pueda contribuir a la reducción de la inflación de alimentos. Esta secuencia analítica es incomprensible. Ante la justa preocupación por la mayor inflación, el banquero central se desespera y toma medidas que no son adecuadas. 

La economía pos-covid debería llevar a replantear los instrumentos convencionales de la política monetaria. El Banco de la República continúa aplicando las medidas que se utilizaban en los años setenta, como si la naturaleza de la inflación fuera la misma. Este enfoque monetarista es inadecuado.

En lugar de aumentar la tasa de interés, el Banco Central debería invitar al gobierno y a las entidades correspondientes para que apliquen las recomendaciones de los estudios que se han realizado sobre el sector agropecuario. Este es un paso necesario para ir avanzando hacia la modernización de la agricultura, de tal forma que las mejoras en productividad se expresen en precios más bajos y en una disminución de las importaciones. 

Es la oportunidad de repensar los instrumentos de la política monetaria, ya que la actual inflación de costos no tiene nada que ver con la inflación asociada a incrementos de la masa monetaria.

Jorge Iván González

Febrero 2022

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