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Después de 60 años de espera y frustraciones parece que al fin la reforma agraria está en marcha. Como lo ha explicado la ministra de Agricultura, Cecilia López, ya se inició la legalización de predios con la titulación de 618.000 hectáreas que se están repartiendo; de otra parte, se tienen identificadas otras 125.000 hectáreas expropiadas a los narcos y también se firmó el acuerdo con Fedegan para la compra de tres millones de hectáreas.

El gobierno tiene claro que la sola entrega de tierras no basta, sino que es necesario estructurar todo un programa para que los campesinos que la reciben puedan desarrollar proyectos productivos. Esto incluye muchos otros elementos, tales como crédito, paquetes tecnológicos, infraestructura vial, distritos de riego y canales de comercialización. Es un programa costoso, pero ya se están identificando recursos, tanto del presupuesto nacional como de la cooperación internacional, para realizarlo. 

Con esta política habrá tierra para los campesinos colombianos; lo que no se sabe es si en el futuro habrá campesinos para cultivar esa tierra, por la tendencia al despoblamiento del campo colombiano. No hay duda de que los desplazados y víctimas recibirán con gran alegría las tierras que les adjudiquen, pero no es seguro que sus hijos quieran quedarse en el campo o más bien prefieran migrar a las ciudades, como han venido haciéndolo desde hace décadas.

Del campo a la ciudad 

La masiva migración de campesinos a la ciudad es un proceso que viene dándose desde la primera mitad del siglo pasado. Inicialmente, fue inducida por la violencia conservadora; luego, en los años 70, fue impulsada por la política económica de las cuatro estrategias y de nuevo, a finales de los 90 y los primeros años de este siglo, fue acelerada por la violencia paramilitar y guerrillera. Así, mientras que hacia 1950 en el campo vivía cerca de 60 % de los colombianos, medio siglo más tarde este porcentaje había bajado a 30 %.

En lo corrido del siglo XXI continuó la tendencia a la migración a las ciudades, a pesar de algunos avances en la disminución de la violencia, de manera que la población del sector rural solo se incrementó en 7 % (750.000 personas), mientras que la de las cabeceras aumentó 32 % (9.5 millones de personas). En consecuencia, el año pasado los habitantes urbanos llegaron a 78 % de la población total y solo 22 % permanecía en el sector rural.

Esta tendencia general de la población se refleja también en la dinámica del empleo. Entre 2001 y 2021 se crearon en el país 5.4 millones de empleos, pero de estos solo 316.000 (menos de 6 %) fueron en la zona rural. La tasa anual de crecimiento del número de ocupados en las ciudades fue de 42 %, mientras que en el campo fue de solo 7.1 %.

Población y empleo en campo y ciudad (en millones)
 20012021Variación %
Nacional   
Población total39.86250.14025,8 %
Población económicamente activa19.12824.61728,7 %
Ocupados16.45221.85732,9 %
Desocupados2.6752.7603,2 %
Cabeceras   
Población total29.45338.98132,4 %
Población económicamente activa14.26519.51636,8 %
Ocupados12.00217.09042,4 %
Desocupados2.2632.4267,2 %
Centros poblados y rural disperso   
Población total10.40911.1597,2 %
Población económicamente activa4.8635.1014,9 %
Ocupados4.4514.7677,1 %
Desocupados412334-18,9 %
 Fuente: DANE. 

Tan bajo crecimiento de la población total y de los trabajadores no se debe a que el sector agrícola se haya estancado, pues en estas dos décadas el PIB agrícola creció 65 %. En solo los últimos 10 años el área sembrada se expandió de 2.9 a 4.6 millones de hectáreas; así mismo, el área destinada a ganadería pasó de 29 a 39 millones de hectáreas. Se está produciendo mucho más en el campo con menos trabajadores, lo cual equivale a un importante aumento de la productividad laboral que no se ha visto reflejado en los salarios.

Por la calidad de vida de los campesinos 

La realidad que se experimenta en casi todo el sector rural es una escasez de mano de obra. Los cultivadores de café, de palma o de cacao, lo mismo que los ganaderos, manifiestan las dificultades que están teniendo para conseguir trabajadores para las labores de cosecha, a pesar de la presencia de migrantes venezolanos que han aumentado un poco la oferta de mano de obra.

 No es difícil entender por qué los jóvenes campesinos prefieren buscar en las ciudades otras oportunidades de trabajo en lugar de las labores a sol y agua que realizaron sus padres y abuelos. No solo es la posibilidad de obtener un mejor salario, que no siempre se da, pues muchas veces solo logran empleos informales, sino sobre todo la calidad de vida por los servicios que encuentran en la ciudad.

Cuando han conformado una familia y tienen hijos, saben que en la ciudad tienen posibilidad de obtener vivienda propia con los subsidios públicos, así como acceso a mejores escuelas donde los niños no tienen que caminar kilómetros diarios, y servicios de salud mucho más completos que los precarios puestos de salud de sus veredas. 

Ante esta realidad es indispensable incluir como uno de los elementos de la reforma agraria la provisión de bienes públicos que mejoren la calidad de vida de los campesinos. No es suficiente que tengan un pedazo de tierra propia o que logren mayores ingresos en sus proyectos productivos; tampoco que tengan oportunidades de trabajo decente, como mejores salarios y prestaciones sociales.

Vivienda digna, educación de calidad para sus hijos y acceso a servicios de salud son elementos esenciales para que los campesinos, en particular los jóvenes, quieran permanecer en el campo. Es obligación prioritaria del Estado ofrecer estos bienes públicos en todo el sector rural del país para no terminar en una reforma agraria que sea exitosa en resolver la injusticia de campesinos sin tierra, pero que lleve a una situación de tierra sin campesinos.

Mauricio Cabrera Galvis

Octubre, 2022

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Desde 1910, empezaron en Colombia los primeros esfuerzos en favor de una cierta modernización y alguna democracia que, sin embargo, terminaron estrellándose contra los representantes del antiguo orden oligárquico. 

7. Regeneración contra modernización (1910-1946)

Desde 1910, comenzaron a desarrollarse en Colombia los primeros esfuerzos en favor de una cierta modernización y alguna democracia, que sin embargo terminaron estrellándose contra los representantes del antiguo orden oligárquico. 

En décadas iniciales del siglo XX irrumpió en el escenario público el primer sujeto real de la democracia colombiana: un incipiente movimiento obrero, capaz de reivindicar sus derechos frente a los abusos de los enclaves norteamericanos del banano y el petróleo, abusos cometidos bajo el auspicio de las oligarquías locales que resultaban “favorecidas” (sobornadas) por las multinacionales. Finalmente, en 1930, el partido conservador llegó dividido a las elecciones y perdió el poder. Retornó al gobierno ‒hasta 1946‒ un liberalismo atemperado, como señalé, por la derrota política y militar de comienzos del siglo, por más de cuarenta años de imperio del orden conservador y de su reeducación en la familia y la escuela católicas.

Desde los años treinta, la constitución del sujeto social de la democracia colombiana seguiría un doble movimiento convergente: desde abajo, avanzaría la organización campesina, obrera y popular conducida por Jorge Eliécer Gaitán y el Partido Comunista de Colombia (PCC). Mientras, desde el gobierno, el liberal López Pumarejo (1934-1938) lanzó la “Revolución en marcha” con la que intentaba modernizar el Estado y adelantar una reforma agraria que le diera cauce institucional a la inconformidad de obreros y campesinos. Tanto su presunta revolución como la lucha proclamada por Gaitán contra la oligarquía convocaron y movilizaron al naciente sujeto social de la democracia colombiana, con mayor eficacia que la ortodoxia de los comunistas. Comenzaban a esbozarse, pues, dinámicas modernas de confrontación e integración social, aunque todavía percibidas con la radicalidad de la pasión seudorreligiosa propia del siglo XIX. 

Los dieciséis años de la República Liberal (1930-1946) fueron complejos y cambiantes. Para empezar, fueron numerosos los recelos y críticas entre sus distintos y sucesivos gobernantes, Olaya Herrera, López Pumarejo I, Santos Montejo y López Pumarejo II. Este es uno de los graves males políticos de Colombia: que casi ningún expresidente –con la excepción de Belisario Betancur y Virgilio Barco‒ se resigna a no seguir gobernando o al menos a permitir que su sucesor lo haga sin obstaculizarlo. Así lo estamos viendo desde ya con el gobierno saliente y podemos suponer cómo será más adelante. 

Graves acontecimientos mundiales contribuyeron a complicar el periodo que se inició en Colombia en 1930. La crisis del año 1929 en la Bolsa de Nueva York dio comienzo a la Gran Depresión económica, al desempleo y el hambre en el mundo entero. En Estados Unidos, el demócrata Franklin Roosevelt fue elegido presidente e inició el New Deal (el nuevo contrato social). En toda América Latina florecían las dictaduras militares –salvo en México, donde imperaba la dictadura civil del Partido Revolucionario Institucional, PRI–, pero la Colombia liberal permaneció inconmovible. Como dice un historiador: “Todo era conservador: el Congreso, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Ejército, la Policía, la burocracia”.

En 1929, el Partido Conservador se dividió en dos candidatos: el general Alfredo Vásquez Cobo y el poeta Guillermo Valencia (abuelo de Paloma). Ante la falta del arbitraje eclesiástico, los dos aspirantes conservadores decidieron presentarse por separado. 

Los liberales lanzaron a Enrique Olaya Herrera, que arrasó en las elecciones. La prolongada hegemonía conservadora, empujada por la crisis económica que disparó el desempleo en las industrias y en las obras públicas, culminó en un vuelco electoral. Los liberales obtuvieron claras mayorías en las elecciones.

El partido Conservador entregó el poder sin resistencia. Sin embargo, poco después empezó la violencia partidista en los pueblos de los Santanderes, mientras en las ciudades crecía la agitación social, alentada por el desempleo y el hambre provocados por la Gran Depresión. El ministro de Hacienda ‒el conservador Esteban Jaramillo‒ lo resumiría más tarde: “Rugía la revolución social, que en otros países no pudo conjurarse”. En Colombia sí, gracias a que el gobierno de Olaya recurría a la colaboración bipartidista, tantas veces repetida desde mediados del siglo XIX, esta vez bajo el nombre de “Concentración Nacional”. A conjurar la revolución en Colombia contribuyó asimismo la guerra fronteriza con Perú. Tropas del ejército peruano invadieron Leticia y en las fronteras murieron unos pocos soldados peruanos y colombianos; en Colombia los partidos y todas las clases sociales se unieron en una exaltación nacionalista. Hasta Laureano Gómez, el nuevo caudillo conservador, implacable crítico del gobierno de Olaya (del que venía de ser su embajador en Alemania), se unió al coro patriótico: “¡Paz! ¡Paz en lo interior ‒clamó en el Senado‒! ¡Y guerra! ¡Guerra en la frontera contra el enemigo felón!”. Poco después, cuando se hizo la paz, Gómez denunció violentamente al gobierno por haberla hecho y volvió a desatar la guerra interna, temiendo que los éxitos de Olaya hubieran abierto el camino para un gobierno liberal, no de coalición, sino claramente “de partido”, que a continuación encabezaría Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha.

Interrumpiendo el relato, presento aquí al señor Gómez, fundador de la ultraderecha conservadora, uno de los personajes más influyentes y poderosos del siglo XX. Junto con López Pumarejo y Gaitán, marcaría el siglo pasado e inspiraría La Violencia. De padres santandereanos nacido en Bogotá, Laureano Gómez fue un católico batallador, formado por los jesuitas en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Concluido el bachillerato, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia. Como político heredó los rasgos de la Iglesia combativa del siglo XIX, impulsada especialmente por Pío IX y luego, en el XX, por Pío X; una Iglesia cuya tradición se enlaza con las Cruzadas y la Inquisición. 

Gómez acusó en repetidas ocasiones al Partido Liberal de incitar a la violencia, pero pasaba por alto las prédicas del clero a favor de una declaración de guerra contra el liberalismo. El dirigente conservador promovió una reforma constitucional por la cual se le devolverían a la Iglesia los privilegios que los concordatos le habían otorgado y los liberales habían derogado durante sus administraciones. Sin embargo, la jerarquía se mantuvo neutral durante su gobierno. Fervoroso antiyanqui, para Gómez era preferible que el Canal de Panamá estuviera en manos alemanas o japonesas (las fuerzas del “Eje” Berlín-Roma-Tokio) a que lo siguieran administrando Estados Unidos. 

En cambio, Eduardo Santos, que también había sido antiyanqui, aunque guardó neutralidad verbal en la gran guerra, en la práctica tomó partido por los aliados, siguiendo el camino marcado por Estados Unidos, al cual desde entonces –y desde mucho antes: desde Suárez, Ospina Rodríguez y Santander–, permaneció unida Colombia. A diferencia del resto de Hispanoamérica, el país convirtió a la nación del Norte en su “estrella polar”, que casi siempre ha guiado sus pasos, al menos hasta hoy. El gobierno saliente de Colombia ha sido un ejemplo insigne de esta vergonzosa sumisión, a pesar de la patente y prolongada distancia del presidente Biden. Ahora, apenas Gustavo Petro resultó elegido como nuevo presidente, fue inmediata y amablemente felicitado por Biden y su secretario de Estado, marcando así la diferencia con su predecesor. Falta ver si Petro y su canciller Leyva logran construir, como lo pretenden, relaciones de igualdad con Washington. Es de temer que bajo cuidadosas formas diplomáticas, la vacilante democracia norteamericana siga imponiendo sus intereses en Colombia.

Vuelvo a la historia de López Pumarejo. Alfonso López Michelsen diría cuarenta años después que su padre era “un burgués progresista”. En efecto, hijo de uno de los colombianos más ricos de su tiempo, López Pumarejo se consagró a la política. Su gobierno (1934-1938), conformado con jóvenes liberales de izquierda, intelectuales, periodistas y estudiantes, y con dirigentes sindicales, llegó proponiendo reformas basadas en la intervención resuelta del Estado en el ámbito político, económico y social. Como lo anunció en su discurso de posesión: “El deber del hombre de Estado es efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios violentos”.

No obstante, su partido Liberal seguía siendo mayoritariamente un partido de gamonales, abogados y terratenientes, como en los tiempos de Murillo Toro o del general Santander. Por esta razón, mediada su administración, López mismo se vio obligado a anunciar una “pausa” en las reformas ya que, pese a tener un Congreso homogéneamente liberal (Laureano Gómez había ordenado la abstención electoral de su partido), este se componía de liberales de muy distintos matices, y predominaban en él los liberales radicales tipo Manchester, que rechazaban la intervención del Estado. Así que, de las reformas anunciadas, no fue mucho lo que se realizó. 

Una reforma agraria que ‒por enésima vez, desde el siglo XVI‒ proponía redistribuir la tierra, tampoco en esta ocasión lo consiguió: su famosa ley 200 de 1936 fue revertida a los pocos años por la Ley 100 de 1944, durante el segundo gobierno del mismo López Pumarejo. Mejor suerte tuvieron una reforma tributaria que por primera vez puso a los ricos a pagar impuesto de renta y patrimonio, una reforma laboral que consagraba el derecho a la huelga y la reforma de la educación universitaria. Finalmente, la medida que más encendió a Laureano y su partido fue la reforma del concordato con el Vaticano que protocolizaba la separación de Iglesia y Estado. La Santa Sede y el papa Pío XII lo aprobaron, no así los conservadores.

Luis Alberto Restrepo M

Septiembre, 2022

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¿Por qué propuesta de gobierno me inclinaría a votar en Colombia, para responder a la invitación de Darío? Esta pregunta lleva a consultar y analizar, con el fin de tomar una decisión razonada ‒y razonable‒. Mientras se concretan los programas ‒de candidatos y precandidatos‒, que en este momento son muy pocos, y se definen los candidatos (habrá que esperar al 13 de marzo para ello), formulo los criterios que yo usaría para escoger un plan de gobierno.

Al no estar definidos todavía los candidatos a la primera vuelta para la elección presidencial y contar con poca información disponible sobre planes de gobierno en internet (que no discriminan suficientemente para tomar decisiones), planteo de entrada cinco preguntas: 

1. ¿Se vota por planes o programas de gobierno, estudiados y comparados, o se decide emocionalmente por un candidato, sin mayor argumentación, presionado por lo que dicen las campañas, las encuestas, las redes sociales y los otros medios de comunicación?

2. ¿Qué variables conviene tener en cuenta para escoger un determinado plan de gobierno? 

3. Al escoger un plan de gobierno, ¿se piensa en el país, la ciudad, la familia o en intereses meramente personales? 

4. ¿Cumplen los elegidos lo que proponen en sus planes de gobierno?  ¿Podría afirmarse que los presidentes elegidos en los últimos cuatrenios los cumplieron en más de un 50 %? 

5. Los planes de gobierno, ¿tienen en cuenta los recursos que los harán viables y posibles?

Hoy existen muy pocos planes de gobierno organizados y completos. Por eso, respondo la pregunta de Darío desde otra perspectiva: ¿qué elementos de un plan de gobierno tendría en cuenta para escoger el que mejor satisfaga lo que quiero para Colombia?

Me inclino por un plan de gobierno consistente, que contenga propuestas concretas e indicadores medibles y viables de hacerles seguimiento, y que apunten a resolver estas situaciones:

1. Generación de empleo abundante, digno y formalizado, en especial para mujeres y jóvenes, como elemento para la lucha contra el hambre que azota a millones de colombianos.

2. Reforma agraria, legalización de la tierra usurpada a los campesinos y fomento del cultivo del campo para no importar tanto alimento.

3. Implementación de los acuerdos de paz.

4. Ataque frontal a la corrupción de todo tipo, pero con propuestas concretas y realizables.

5. Reformas laboral y pensional, llevadas al Congreso en el primer año del mandato, y protección especial a la vejez.

6. Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación en sus distintos niveles.

7. Reforma tributaria estructural, que grave a los que más tienen y contaminan más, para que los dueños de grandes extensiones de tierra paguen mayores impuestos prediales y que garantice, además, la sostenibilidad y los recursos para financiar las promesas de campaña de quien resulte ganador. 

8. Mejoramiento sustancial de la seguridad en ciudades y campos y judicialización efectiva para reducir sustancialmente la impunidad.

9. Cuidado del ambiente en las ciudades y protección de las selvas, encarcelando a quienes queman bosques y a los que ordenan quemarlos para convertirlos en campos de pastoreo.

10. Mejoramiento de los servicios de salud y énfasis en la educación para la salud preventiva.

11. Desarrollo de corredores estratégicos y regionales en infraestructura y manejo transparente de los recursos.

12. Incremento de la industrialización del país.

13. Efectividad de la justicia y lucha contra la impunidad, desde la de cuello blanco para abajo.

14. Fomento de energías alternativas a las provenientes de combustibles fósiles.

15. Soluciones a la movilidad en las ciudades.

16. Mejoramiento de las relaciones exteriores, comenzando con Venezuela.

17. Impulso a la ciencia, a la tecnología y a las telecomunicaciones.

18. Fortalecimiento del comercio exterior.

19. Implementación de una política de transparencia.

20. Combate al narcotráfico (con legalización o represión) y a las guerrillas.

También es necesario revisar los antecedentes del candidato que lidera un programa de gobierno en el ejercicio previo de cargos públicos, pues uno vota por una persona: qué tanto de lo ofrecido lo llevó a cabo, al igual que mirar los apoyos que tendrá en el Congreso para materializar y cumplir sus propuestas.

¿Existirá algún mecanismo que funcione, por el cual pueda exigírsele al candidato triunfador que cumpla lo que ofreció o prometió? Muchos planes de gobierno incumplidos han llevado a la baja participación en las elecciones presidenciales.

William Mejía Botero

Febrero, 2022

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