El Congreso de la República propuso hace unas semanas la creación de una comisión bilateral para restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela, pero el presidente Duque rechazó la idea. ¿Qué le conviene más a Colombia?
Una iniciativa casi en marcha
El 19 de octubre el Congreso de Colombia aprobó la proposición para retomar relaciones con Venezuela. La iniciativa ‒de los senadores Jorge Eliécer Guevara y Yezid García, de la Alianza Verde‒ pretendía conformar una comisión bilateral entre Colombia y Venezuela que normalizara las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.
El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, de la bancada conservadora, envió una invitación a la Asamblea Nacional venezolana para dialogar al respecto y el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, la aceptó.
Las respuestas a esta decisión legislativa en Colombia y Venezuela, así como en la frontera y la sociedad civil, reflejan realidades nacionales y locales que importa analizar con atención.
Es momento de que el Congreso colombiano se aproxime a esta coyuntura en su complejidad y mejore los nexos entre las dos naciones. Solo así se logrará reconstruir la relación binacional.
¿Cómo respondió Colombia?
Las bancadas afines al gobierno, en particular el Centro Democrático, no se opusieron cuando la propuesta fue sometida a debate. Sin embargo, la atacaron después de que el presidente Duque reafirmó que no reconoce la “dictadura narcotraficante y corrupta” de Nicolás Maduro.
Otras bancadas, cuyos senadores aprobaron la proposición, aclararon que no pretendían asumir el manejo de las relaciones internacionales, pues constitucionalmente esto corresponde al jefe del Estado.
Sobre esto, Juan Diego Gómez expresó que “puede ser un avance, tal vez un mensaje importante para la canciller Marta Lucía Ramírez y el mismo presidente Iván Duque, porque este es un asunto que no tiene ideología política”.
Así mismo, el senador Guevara explicó por Blu Radio: “yo recogí las posiciones de los habitantes de la frontera que vienen reclamando esto, hicimos la proposición, la llevamos y el Congreso la aprobó. No fue una jugada, ni le estoy haciendo el favor a nadie”.
El gobierno de Duque no intenta entender la complejidad de la situación venezolana, ni ayuda a que se concrete una negociación entre la oposición y el régimen de Maduro.
Duque sigue aferrado a la misma estrategia de Donald Trump ‒para forzar la salida de Maduro‒ y a la estrategia de Juan Guaidó cuando fue nombrado presidente interino: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Después, ambas estrategias cambiaron, se agravó la división dentro de la oposición venezolana y aumentaron las denuncias en Estados Unidos y en Colombia por los malos manejos de los recursos de Venezuela. Ahora, el presidente Joe Biden está de acuerdo con la negociación para solucionar la crisis de Venezuela.
Después de fracasar, Guaidó puso en marcha una nueva estrategia que llevó a la oposición a una mesa de diálogo en México. Esta alternativa constituía una ruta de cinco pilares:
- construir la mayor y mejor unidad posible,
- rescatar capacidad de movilización para aumentar la presión interna,
- atender la emergencia humanitaria complicada,
- mejorar la alianza internacional para aumentar la presión externa, y
- aspirar a elecciones libres y justas.
¿Cómo respondió Venezuela?
Ante la decisión del Senado colombiano, la Asamblea Nacional venezolana ‒elegida en diciembre 6 de 2020‒, aprobó crear una comisión mixta y un grupo de amistad parlamentario para emprender acciones que ayudaran a normalizar las relaciones.
Jorge Rodríguez, después de referirse al fracaso de lo que señala como una política de agresión desde Colombia, respondió: “estamos listos. Pongan fecha, lugar y la agenda. Aunque el pueblo de Venezuela ha sufrido agresiones, los principales afectados han sido los empresarios de Colombia y los colombianos. Esa es una de las motivaciones principales que tuvo el Senado”.
Los diputados opositores que hacen parte de la Asamblea dicen estar dispuestos a participar en ese diálogo con congresistas colombianos, pues las rupturas y tensiones están ocasionando graves daños a ambas partes.
Por otro lado, los miembros de la Asamblea elegida en 2015 y la comisión delegada que preside Guaidó, señalaron que es a ellos a quienes el Congreso colombiano debe dirigirse, no a la Asamblea elegida en 2020.
El Foro Cívico ‒red que agrupa 690 organizaciones y 194 personas de la sociedad civil‒señaló que el diálogo debería ser entre los congresistas colombianos y todos esos sectores en que se expresa la división venezolana.
El Foro Cívico ha ayudado a concretar los pocos momentos de acuerdo entre opositores y el régimen de Maduro. Así ocurrió en la consecución de vacunas para la pandemia y en la escogencia del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) ‒con dos opositores como parte de los cinco rectores‒.
El 28 de octubre, cuando comenzó la campaña para las elecciones del próximo 21 de noviembre, el Foro Cívico le pidió al CNE que garantizara el pleno derecho a elegir y ser elegido, así como demostrar con “acciones nítidas su compromiso con la reinstitucionalización y la recuperación de la convivencia democrática en Venezuela. […] Esperamos que la elección en marcha se entienda como una oportunidad para diseñar una hoja de ruta que permita la edificación de una democracia”.
¿Qué dicen los colombianos más afectados?
El 26 de octubre se reunieron en Cúcuta dos senadores de la frontera, el alcalde y los concejales de Cúcuta, el secretario de fronteras de la gobernación de Norte de Santander, gremios económicos y representantes de la sociedad civil para estudiar la propuesta aprobada por el Senado.
Es crucial oír a los sectores que pagan los costos de la creciente y peligrosa tensión entre Maduro y Duque: las zonas fronterizas; los colombianos en Venezuela y los venezolanos en Colombia; la producción y el comercio binacional.
Por ello, es lamentable que el gobierno nacional impidiera la participación de organismos del Estado colombiano relacionados con los problemas fronterizos, migratorios y binacionales que fueron invitados a ese diálogo.
Desde 2019, ante los graves efectos de la orden de Maduro de romper relaciones y “cerrar fronteras” ‒expulsar a los funcionarios colombianos diplomáticos y consulares‒, en las gobernaciones de Táchira y Norte de Santander se desarrollaron mesas binacionales de trabajo sobre asuntos locales urgentes, ambientales, migratorios, humanitarios, etc. Esas iniciativas se mermaron con la orden de “cierre de fronteras” impartida por Duque durante la pandemia.
En 2020, este trabajo conjunto sirvió para ayudar a concretar avances en un proceso concertado de reapertura gradual de los pasos fronterizos formales con los protocolos de bioseguridad. Aunque al comienzo el gobierno colombiano acompañó este proceso de reapertura, después volvió a desautorizarlo.
Cuando Caracas y Bogotá ordenan “cierre de fronteras” se cierran los siete pasos fronterizos formales y los migrantes, retornados y el comercio se ven obligados a pasar por desiertos, montañas, selvas y ríos. Además, grupos armados irregulares aprovechan para imponer extorsiones y violencias de todo tipo.
No es suficiente cuando ordenan “abrir fronteras”, pues si lo hacen de forma unilateral y con modalidades distintas se hace imposible cumplir la reapertura. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en la frontera.
Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela hace presión para que, en vez de aumentar la tensión y seguir adoptando medidas unilaterales, los centros políticos de ambos países abran canales de comunicación o a través de un tercer país y/o un organismo internacional.
De esta forma se coordinarán los procesos exigidos para la reapertura efectiva de los pasos fronterizos para poblaciones, vehículos, comercio y oficinas consulares. Solo así podrá hacerse frente al agravamiento de los problemas y a la reconstrucción de la relación binacional.
Socorro Ramírez
Noviembre, 2021