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Plan nacional de desarrollo

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La reciente aprobación del Plan de Desarrollo Nacional por la Cámara y el Senado en la difícil situación política del país ha sido un éxito personal para Jorge Iván, para su equipo de trabajo y para Colombia. Este artículo refleja parte de las dificultades estructurales que tiene que afrontar la planeación o planificación en un país latinoamericano.

El orden institucional y legislativo de Colombia no favorece la planeación. Con el paso del tiempo se han ido creado condiciones de imposibilidad. Existen cinco obstáculos que impiden que en el país haya planeación.

El primero tiene su origen en la desconfianza en el ámbito internacional, con la planeación. Desde finales de los años setenta comenzó a ganar espacio la visión de Friedman, en contra de la de Keynes. El debate entre reglas y discreción se agudizó. Mientras que los friedmanianos consideraban apropiadas las reglas, los keynesianos ponían en primer lugar la discreción.

Para evitar los excesos de los gobiernos, sobre todo en el campo de la política monetaria, Friedman pensaba que instancias como los bancos centrales tenían que ser independientes de los gobiernos, para evitar aumentos excesivo del gasto público.

Para guardar la estabilidad de precios, concluye Friedman, la cantidad de dinero debe moverse en consonancia con las variaciones del producto real. A esta regla se le fueron agregando otras, como los límites a la financiación, de acuerdo con normas de sostenibilidad y solvencia.

En la lógica keynesiana, un gobierno responsable sabe que en determinadas circunstancias no debe aumentar el gasto público, más allá de determinado punto. Y este tipo de decisión no requiere que haya reglas fijas.

El segundo obstáculo, y referido al caso colombiano, son los porcentajes fijos amarrados a normas constitucionales. Esta práctica ha sido un error y ha limitado la discrecionalidad de la planeación. El ejemplo más notorio son los porcentajes de distribución de las regalías de las industrias extractivas. No existe ningún criterio claro para afirmar, por ejemplo, que el 10% de las regalías debe ser para ciencia y tecnología, o el 7% para la paz. Estos porcentajes son completamente arbitrarios.

La tercera limitación es la programación sectorial. La Comisión de Gasto propuso, con toda razón, el presupuesto por programa, que permite la articulación del gasto de diversos sectores, alrededor de proyectos estratégicos. Los pasos que se han dado en esta dirección son muy débiles, y en las decisiones de inversión sigue primando unenfoque sectorial.

En el plan de desarrollo del actual gobierno se ha hecho un esfuerzo enorme por articular la inversión alrededor de proyectos estratégicos, pero todo el manejo administrativo del presupuesto se sigue realizando de manera sectorial.

El cuarto es la distribución territorial del presupuesto. Las discusiones del Congreso siguen estando muy marcadas por las necesidades de cada departamento. Para el congresista, sobre todo en la Cámara, el asunto determinante es el aumento de los recursos de su departamento, sin importar que estas inversiones estén desarticuladas entre sí. Hay poco interés en que estos dineros hagan parte de un ambicioso proyecto de corte regional, que comprometa a varios departamentos.

El quinto obstáculo es la desconfianza en las categorías universales. La abundancia de “poblaciones”, y su exigencia de proyectos específicos, es una expresión de la pérdida de legitimidad de nociones más universales. No es suficiente con afirmar que un programa (vías terciarias por ejemplo), mejorará el nivel de vida de las personas. Se exige que se explique cómo incide en cada tipo de población (afro, campesino, indígena, Lgbtiq+, jóvenes, víctimas, mujeres….). Esta dispersión de propósitos limita la mirada de largo plazo.

Jorge Iván González

Mayo, 2023

Publicado en La República, Bogotá.

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La segunda gran estrategia, o transformación, de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, es la seguridad humana íntegra, que involucra la protección de la vida con las seguridades alimentaria, jurídica, institucional, económica, ecológica y social.

La política pública tiene que enfrentar de manera adecuada la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad, que son los elementos constitutivos del riesgo. La capacidad de acción del Estado es menor en el caso de las amenazas y más directa cuando se trata de la vulnerabilidad. En esta relación se combinan las medidas de adaptación y mitigación.

La amenaza tiene su origen en factores covariantes o idiosincráticos. Desde una mirada integral al riesgo, este se aplica a todas las formas de inseguridad humana. En el área social, existen factores covariantes (recesión, desempleo…) que actúan como amenazas contra las familias. Si estos fenómenos están acompañados de una amenaza natural (deslizamiento, inundación, tsunami…) y de un mal idiosincrático (enfermedad del perceptor principal), es muy factible que la calidad de vida de la familia se deteriore. En tales circunstancias los mecanismos de protección y de promoción social deben ser contracíclicos.

Para luchar contra el riesgo es necesario crear un orden institucional específico que, en palabras de Keynes, se expresa en convenciones. Uno de los agentes que participan en dicho orden institucional es el Estado. La política pública debe incorporar a las organizaciones y a los actores privados, porque el mejoramiento de la seguridad humana es una tarea colectiva. El orden institucional disminuye el riesgo si reduce la amenaza o/y la vulnerabilidad.

El análisis de la evolución de las estructuras de consumo es una forma adecuada de acercarse al examen del riesgo de los hogares. Como argumentó en 2010 la Comisión Sarkozy, integrada por Stiglitz, Sen y Fitoussi, el desarrollo de las capacidades es más factible si la persona tiene los ingresos suficientes para adquirir los bienes que considera valiosos. Sin duda, la libertad positiva es un concepto complejo, pero es claro que si disminuye el peso de las necesidades básicas en la estructura del gasto, los hogares tienen mayor posibilidad de desarrollar aquellas actividades que les permiten vivir mejor.

En este ejercicio que lleva a ampliar el espacio de las capacidades interactúan las políticas nacional y local (municipal y departamental). La intervención pública puede contribuir a reducir el peso que tienen los bienes básicos en la estructura de consumo, de tal forma que los hogares tengan más disponibilidad de recursos para adquirir los bienes que consideran valiosos.

La evolución de las estructuras de gasto se puede examinar muy bien en Bogotá porque la ciudad ha realizado encuestas multipropósito en 2011, 2014, 2017 y 2021. En los 10 años del análisis, para el conjunto de los hogares, el gasto en vivienda aumentó, en precios constantes, 79 %. Y su peso en el consumo total pasó de 23,4 % a 32,02 %. Además, la participación de los servicios públicos subió de 4,5 % a 5,26 %, y la de transporte disminuyó de 9,9 % a 7,95 %. Este mismo análisis hecho por deciles permite orientar la política pública de tal manera que el hogar del decil 1, el más pobre, tenga algún margen para adquirir los bienes que la familia considera valiosos. Este objetivo remedial se consigue mediante subsidios y gratuidad.

 Jorge Iván González

Diciembre, 2022

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) viene construyendo la hoja de ruta para los próximos cuatro años, el Plan Nacional de Desarrollo mediante diálogos vinculantes. Entre los objetivos del gobierno con este plan está reducir la desigualdad. Según el funcionario se necesitan varios cambios en el modelo de subsidios del país. Laura Lucía Becerra Elejalde entrevista a Jorge Iván González.

¿Cómo van los diálogos para el Plan de Desarrollo?

Soy optimista por tres razones. La participación ha sido muy buena; las personas están planteando problemas estructurales para el desarrollo nacional y creo que para el equipo y los técnicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha sido una experiencia muy interesante poder estar con las personas y oírlas. Esto logísticamente es difícil, pero el balance es positivo.

¿Qué implicaciones tiene el carácter ‘vinculante’ de estos diálogos?

Estamos diciéndole a la comunidad ‘todo lo que ustedes están planteando lo vamos a considerar seriamente’. Ya iniciamos la sistematización de los diálogos y realmente estamos dándole prioridad a los aspectos que mencionan.

Esa es nuestra responsabilidad y en ese sentido es vinculante el proceso. El Congreso tiene la decisión final y tiene que convertir esas iniciativas de las comunidades en propuestas y en articulado. Y los gremios están participando también.

Previo a su rol en el DNP usted hablaba de que muchos planes de desarrollo ‘parecían una colcha de retazos’. ¿Qué hará diferente?

Es el reto mío, y del equipo de Planeación. Quisiera articular un discurso consistente en torno a tres temas: ordenamiento del territorio, transformación energética y la reducción de desigualdades. Si en vez de tener un montón de programas dispersos pudiéramos ir construyendo un relato a medida que avanzan los diálogos sería ideal. Poder construir políticas estratégicas, que si bien no todo se va a lograr en este gobierno, sí podemos ir sembrando las bases de un proceso que va a madurar a largo plazo.

¿Cuándo podríamos tener el plan de desarrollo?

Estamos a poco más de un mes para entregar las bases al Consejo Nacional de Planeación de este relato que debemos tener listo el 15 de noviembre. El Consejo Nacional de Planeación discute y el 7 de febrero se le presenta al Congreso.

¿Qué metas se ha trazado el DNP en reducción de desigualdades?

La primera medida es la reforma tributaria: con ella esperamos que mueva 2 o 3 puntos el Gini. Hace mucho no tenemos una tributaria que tenga como objetivo claro mejorar la equidad. Estamos avanzando en el mejoramiento de los programas de focalización, pero el ideal es que el tema redistributivo se resuelva desde la política laboral y, después, que el Estado compense.

El Presidente ha hablado de una renta básica universal, ¿esto implicaría unificar las transferencias?

El ideal sería una declaración universal de ingresos que permita unificar todos los subsidios. Que todo mundo declare ingresos en el país. Las personas de más ingresos pagan impuestos y las personas de menos ingresos reciben subsidios.

Necesitamos que la gente entienda que esa declaración no necesariamente implica impuestos, sino también para determinar subsidios. Así unificamos los subsidios que están muy dispersos y vemos hasta dónde podemos reducir lo que llamamos errores de inclusión y exclusión, de tal manera que efectivamente los dineros lleguen a quienes se necesitan y paguen impuestos quienes efectivamente reciben mayores ingresos.

Esta semana se debatirá en plenarias el Presupuesto General de 2023, ¿cómo lo ve?

El presupuesto de 2023 se planteó tratando de adecuarlo a las prioridades del actual gobierno. Hay un cambio ya en la estructura muy importante en torno a los sectores agropecuario y educativo. Este presupuesto lo había articulado el gobierno anterior; entonces, cambiarlo ha sido un ejercicio enorme en el que han participado todos los ministerios.

El Presidente ha dicho que quiere devolver el rol de planear a Planeación, ¿cómo hará eso?

Ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, con los gobernadores. Lo segundo, con un Plan de Desarrollo que efectivamente sea de cambios estructurales fundamentales. Y con el equipo técnico de Planeación tenemos que pensar en proyectos de largo plazo; que Planeación discuta con los ministerios, con los gremios y las comunidades cuáles deben ser las prioridades del desarrollo nacional. Todos intuimos qué es planear, pero se necesita un aparato institucional con carácter. Si queremos transformar las cosas tenemos que pensar de forma distinta. Es una tarea enorme, pero ya se está haciendo.

¿Cambios a regalías?

‘Tenemos una dispersión con los recursos de regalías. Basta mirar el número de proyectos y da risa o tristeza. Hay muchos proyectos que no tienen mucho sentido y se deberían integrar; con MinCiencia lo que estamos diciendo es que pensemos en cuatro grandes proyectos nacionales, no en 640 pequeños proyectos. Esta reflexión es similar para todas las áreas de regalías, porque es un presupuesto enorme, que será de $31 billones en los próximos dos años.

Hace unos días estuvimos con todos los gobernadores y necesitamos que todos colaboremos, incluido el Congreso, para ‘unificar criterios’.

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