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OPA

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La historia que sigue tiene la mayor actualidad y una importancia decisiva en la economía y la política colombianas y latinoamericanas, significación e influencia que irán creciendo rápidamente.

La posición política de los Gilinsky es apenas comparable con la de Trump, la de Bolsonaro o la de Task en Chile, aunque los Gilinsky son mucho más inteligentes, fríos y calculadores y con mayores recursos económicos que ninguno de ellos.

La mayor parte de la información que sigue la he tomado de una importante publicación que no permite su reproducción; también la he confrontado con otras fuentes menores, pero asumo toda la responsabilidad de los datos que aquí extraigo o de las opiniones que emito, estando dispuesto a aceptar las correcciones que fuesen necesarias.  

En su camino desde Israel hasta Colombia, los padres de Isaac Gilinski Sragowicz, inmigrantes lituanos, se establecieron en Barranquilla. Isaac Gilinski nació el 19 de febrero de 1934 en la capital del Atlántico. 

Gilinski Sragowicz se destacó muy pronto por pertenecer a las juntas directivas de las empresas Plásticos Rimax, Productos Yupi, Banco de Colombia, Banco Andino, Banco GNB Sudameris, Invest in Bogotá, Banco Popular, Fiducolombiana y Financiera Internacional, entre otras entidades.

Entre 2009 y 2013, el empresario se desempeñó como embajador de Colombia en Israel, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En la presidencia de Juan Manuel Santos, entre mayo de 2014 y diciembre de 2015, Gilinski Sragowicz ejerció como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Misión de las Naciones Unidas. En octubre de ese año, el empresario, de 86 años en ese momento, fue nombrado embajador alterno de Colombia ante la ONU.

El miembro de la primera generación de los Gilinski colombianos tuvo tres hijos: Jaime, Rutie y Tania, con Perla Bacal Zweiban.

Nacido en Cali, el 14 de diciembre de 1957, Jaime Gilinski Bacal alcanzó, a mediados de 2021, el segundo puesto en el ranking de las personas más ricas de Colombia, según la revista Forbes. 

Jaime estudió en el Instituto de Tecnología de Georgia, donde se graduó como ingeniero industrial. Posteriormente, cursó una maestría en administración de negocios en la Escuela de Negocios de Harvard.

Gilinski Bacal, a su vez, tuvo cuatro hijos, entre ellos, Gabriel, hoy de 33 años, quien ha heredado los negocios de su familia. Gabriel estudió ciencia política en la Universidad de Pensilvania, de la cual egresó para trabajar como consultor. Después, dio el salto a dirigir las empresas de su familia y, a su edad, es uno de los empresarios más jóvenes y prósperos del país.

Gabriel aseguró el 50 % de la Revista Semana en un primer acuerdo que trajo cambios en el funcionamiento interno de ese medio. Según el empresario, el rumbo que debía tomar el modelo de negocio de la publicación semanal más importante del país tenía que ser digital. Con esta directriz se gestó el proyecto Semana TV, canal de televisión digital del medio, liderado por la periodista Vicky Dávila. En 2019, Semana logró un crecimiento de 23,4 % y, en hechos recientes, Gabriel negoció con Felipe López, fundador del medio, y con los demás accionistas en una jugada que, aseguran los analistas, lo llevará a adquirir el 100 % de los activos de la revista. 

Como es bien sabido, la salida de López de la propiedad del grupo Semana y la llegada de Vicky Dávila a la dirección general de la publicación provocó renuncias masivas en el equipo editorial. 

Con los resultados de la reciente OPA, Gabriel y Jaime Gilinsky se van aproximando a tomar el control de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Muchos inversionistas se ilusionan con la idea de que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) revitalizará la Bolsa Colombiana de Valores. Por el contrario, como él mismo lo ha anunciado, The Royal Group de Abu Dhabi se asociará con los Gilinski y los capitales de Arabia Saudita le darán el suficiente músculo financiero para abrir una cuenta en la Bolsa de Nueva York. 

Yo me atrevo a presagiar que, dentro de algún tiempo, retirará las compañías del antiguo GEA de la Bolsa de Colombia, dejando así en la estacada a los más conscientes y dignos inversionistas colombianos y latinoamericanos que no quisieron vender sus acciones. 

El impacto de todo ello podría ser devastador para Colombia y para América Latina.

Luis Alberto Restrepo

Febrero, 2022

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La Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Gilinski con el fin de comprar acciones de Nutresa ha puesto en evidencia, otra vez más, el mal arreglo institucional del sistema pensional colombiano y ha dejado en claro el evidente conflicto de intereses que se le plantea a Protección, compañía que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Si el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) acepta la oferta de Gilinski y el fondo de pensiones Protección vende sus participaciones en Nutresa, favorece a los ahorradores, pero debilita al conglomerado empresarial antioqueño. Y si no vende, privilegia al GEA, pero perjudica a los ahorradores.

Este conflicto de intereses es la expresión de dos problemas graves del diseño institucional de los fondos privados de pensiones. El primero, es el poder monopólico de Protección y Porvenir. Entre estas dos administradoras tienen 85 % del ahorro pensional total, que se acerca a los $350 billones. En este monto global, la participación de Protección es de 36 %. En número de afiliados, ambos fondos concentran 89 %, y Protección participa con 28 % de los afiliados.

Esta concentración, tanto en el monto del ahorro, como en el número de afiliados, ha reducido los márgenes de competencia y ha consolidado un diseño institucional perverso.

Pero, además, el decreto 1486 de 2018, que fue firmado por el entonces ministro Cárdenas el 6 de agosto, un día antes de que terminara la presidencia de Santos, permite que los fondos de pensiones puedan adquirir acciones de las empresas que hacen parte de los conglomerados a los que pertenecen. Es decir, Protección puede adquirir acciones de las empresas del GEA, y Porvenir de las del Grupo Aval. El Decreto aclara que estas adquisiciones no pueden “exceder 8 % del valor de cada fondo”.

Este porcentaje de 8 %, que no es bajo dado el volumen de recursos que manejan Protección y Porvenir, ha tenido dos consecuencias graves. La primera, la reducción de la competencia, por la vía de privilegios legales. Y la segunda, la agudización del conflicto entre los intereses del conglomerado y de los ahorradores.

En el GEA ‒integrado por Nutresa, Protección, Sura y Argos‒, Protección tiene 5,1 % de la propiedad accionaria de Nutresa. Gilinski está ofreciendo por la acción de Nutresa US$7,17, un valor que es 38 % superior al actual. Es obvio que desde la perspectiva de quienes están colocando su ahorro pensional en Protección, la decisión más favorable es la venta de la participación de Protección en Nutresa, pero esta operación debilita el poder del conglomerado GEA. Y desde la mirada del GEA lo mejor sería que Protección no vendiera sus acciones de Nutresa. La decisión se ha vuelto más compleja, porque a la OPA para la adquisición de Nutresa se le agrega la nueva OPA, también de Gilinski, por las acciones de Sura.

Los intereses de los conglomerados financieros, cuando van adquiriendo tanto poder y logran capturar al Estado, terminan yendo en contra del bienestar de la mayoría. En lugar de frenar la concentración, el decreto 1486 la estimuló. Y desde la perspectiva del GEA, es lógico que esté haciendo lobby para evitar la pérdida de control que resultaría en caso de que se concretaran las OPA de Gilinski. 

El discurso sobre la competencia se ahoga cuando los intereses monopólicos están amenazados y el camino más fácil para los conglomerados es rediseñar los mecanismos que les permitan nuevas modalidades de captura del Estado.

Jorge Iván González

Diciembre, 2021

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