En Colombia, el empleo público es de 6.2 %, cifra cinco veces inferior a la de los países más avanzados. Este porcentaje es preocupante, pues cuando es tan bajo el Estado no puede ofrecer bienes y servicios esenciales de manera adecuada. Se considera, equivocadamente, que no conviene aumentar la planta de funcionarios públicos.
El informe de la Ocde, Government at a Glance 2021, permite comparar el peso que tiene el empleo público con respecto al empleo global. En los países avanzados, la relación está alrededor de 30 %, así que uno de cada tres empleados es público. En Colombia esta participación es apenas de 6,2 %. Es una proporción cinco veces menor que la de los países avanzados. Este indicador, junto con otros, como la participación del gasto público en el PIB, permiten concluir que en el panorama internacional el desarrollo exige una significativa presencia del Estado.
Cuando el empleo público es tan bajo como en Colombia, el Estado no puede ofrecer bienes y servicios esenciales de manera adecuada. En el país se ha despreciado el papel que cumple la burocracia, considerando de manera equivocada que no es conveniente aumentar la planta de funcionarios públicos.
En el país no se han seguido las recomendaciones que la Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas hizo en 1997. Hoy, como antes, la información sobre el empleo y los salarios públicos es deficiente e inconsistente. Actualmente, no existe ninguna entidad que esté sistematizando esta información de manera regular. Antes, hasta mediados de los años 70, el Dane llevaba la estadística de empleo público. La Comisión propuso que el Dane asumiera de nuevo esa tarea, pero esta recomendación no se aceptó.
El Departamento Administrativo de la Función Pública no construye series, sino que pone el énfasis en el desarrollo de la carrera administrativa, la estructura de las plantas, etc. Sus tareas están relacionadas, sobre todo, con la gerencia de los recursos humanos del sector público.
La carrera administrativa no se ha consolidado y sigue teniendo numerosos problemas, especialmente en la definición del mérito y en el diseño de los incentivos adecuados. No se ha logrado consolidar una carrera que castigue al mal funcionario y premie a quien lo hace bien. La calificación de la carrera no ha servido para despedir a los funcionarios ineficientes. Tampoco ha permitido armonizar la planta con los propósitos institucionales. En lugar de consolidar la carrera, han aumentado los contratos por fuera de la planta. Se trata de empleos temporales y variables, que afectan de manera negativa la estabilidad institucional.
La composición del empleo permite caracterizar al Estado colombiano como policivo y vigilante. El peso que tienen el Ejército, la Policía y los organismos de control es significativo. En los últimos años se observan aumentos considerables del empleo en organismos como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Se suponía que después de la firma de los Acuerdos de La Habana se reduciría el peso del aparato militar. No ha ocurrido así, y el Ejército continúa consolidándose.
Mientras que el empleo crece en estos sectores, se estanca en otros. Basta un ejemplo: en los últimos 30 años el número de profesores de la Universidad Nacional se ha mantenido constante. Es una planta de 3000 docentes. Durante estos años ningún gobierno ha considerado oportuno aumentar el número de profesores.
Es interesante observar que aumenta el tamaño de los órganos de control y de justicia, sin que la corrupción disminuya y sin que las economías ilegales se debiliten. El empleo público centrado en los órganos policivos y de control ha sido ineficiente y no ha contribuido a la modernización del Estado.
Jorge Iván González
Septiembre, 2021