La Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Gilinski con el fin de comprar acciones de Nutresa ha puesto en evidencia, otra vez más, el mal arreglo institucional del sistema pensional colombiano y ha dejado en claro el evidente conflicto de intereses que se le plantea a Protección, compañía que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
Si el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) acepta la oferta de Gilinski y el fondo de pensiones Protección vende sus participaciones en Nutresa, favorece a los ahorradores, pero debilita al conglomerado empresarial antioqueño. Y si no vende, privilegia al GEA, pero perjudica a los ahorradores.
Este conflicto de intereses es la expresión de dos problemas graves del diseño institucional de los fondos privados de pensiones. El primero, es el poder monopólico de Protección y Porvenir. Entre estas dos administradoras tienen 85 % del ahorro pensional total, que se acerca a los $350 billones. En este monto global, la participación de Protección es de 36 %. En número de afiliados, ambos fondos concentran 89 %, y Protección participa con 28 % de los afiliados.
Esta concentración, tanto en el monto del ahorro, como en el número de afiliados, ha reducido los márgenes de competencia y ha consolidado un diseño institucional perverso.
Pero, además, el decreto 1486 de 2018, que fue firmado por el entonces ministro Cárdenas el 6 de agosto, un día antes de que terminara la presidencia de Santos, permite que los fondos de pensiones puedan adquirir acciones de las empresas que hacen parte de los conglomerados a los que pertenecen. Es decir, Protección puede adquirir acciones de las empresas del GEA, y Porvenir de las del Grupo Aval. El Decreto aclara que estas adquisiciones no pueden “exceder 8 % del valor de cada fondo”.
Este porcentaje de 8 %, que no es bajo dado el volumen de recursos que manejan Protección y Porvenir, ha tenido dos consecuencias graves. La primera, la reducción de la competencia, por la vía de privilegios legales. Y la segunda, la agudización del conflicto entre los intereses del conglomerado y de los ahorradores.
En el GEA ‒integrado por Nutresa, Protección, Sura y Argos‒, Protección tiene 5,1 % de la propiedad accionaria de Nutresa. Gilinski está ofreciendo por la acción de Nutresa US$7,17, un valor que es 38 % superior al actual. Es obvio que desde la perspectiva de quienes están colocando su ahorro pensional en Protección, la decisión más favorable es la venta de la participación de Protección en Nutresa, pero esta operación debilita el poder del conglomerado GEA. Y desde la mirada del GEA lo mejor sería que Protección no vendiera sus acciones de Nutresa. La decisión se ha vuelto más compleja, porque a la OPA para la adquisición de Nutresa se le agrega la nueva OPA, también de Gilinski, por las acciones de Sura.
Los intereses de los conglomerados financieros, cuando van adquiriendo tanto poder y logran capturar al Estado, terminan yendo en contra del bienestar de la mayoría. En lugar de frenar la concentración, el decreto 1486 la estimuló. Y desde la perspectiva del GEA, es lógico que esté haciendo lobby para evitar la pérdida de control que resultaría en caso de que se concretaran las OPA de Gilinski.
El discurso sobre la competencia se ahoga cuando los intereses monopólicos están amenazados y el camino más fácil para los conglomerados es rediseñar los mecanismos que les permitan nuevas modalidades de captura del Estado.
Jorge Iván González
Diciembre, 2021