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Notas suscitadas por el tomo 2 del informe de la comisión de la verdad – 2a. parte

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César y Myriam cierran aquí sus “notas”, centrándose en los efectos del conflicto, en las recomendaciones de la comisión y en dejarnos algunas observaciones críticas para nuestra reflexión.

Los efectos del conflicto

  • La violencia, en sus múltiples formas y manifestaciones, destruyó a la sociedad colombiana y la fracturó en numerosos grupos que se rechazan y estigmatizan. Se perdió el “nosotros nacional” y la conexión entre ética, política y economía.
  • El conflicto capturó el difícil proceso de construcción de la democracia y lo encadenó al dinero ilegal, a la extorsión, a la amenaza y al nepotismo. 
  • La violencia, la impunidad y la sensación de abandono estatal apuntalaron el miedo, la desconfianza y los antivalores de corrupción, ilegalidad y desprecio por la vida. Se perdieron costumbres tradicionales, se destruyeron redes sociales. Aparecieron nuevas narrativas de estigmatización y negacionismo y valoraciones que impiden el asombro, favorecen el uso de la fuerza y justifican la más cruda violencia.
  • La violencia reconfiguró los territorios donde tuvo mayor presencia. En lo económico (concentración de la propiedad de la tierra, uso del suelo, captura de las finanzas públicas), en lo político (nuevas élites de poder, control administrativo, alianza entre terratenientes, notarios, mandatarios y jueces) y en lo social (desplazamiento de comunidades, cultura del miedo y la desconfianza). También reconfiguró los centros urbanos a donde llegaron las comunidades desplazadas.

Las recomendaciones de la comisión

La Comisión ordena sus numerosas recomendaciones en nueve propósitos: 

  1. Avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional en el que se reconozcan los liderazgos de grupos minoritarios. Instaurar el diálogo como estrategia para resolver los conflictos.
  2. Reconocer las responsabilidades con respecto a los 9 millones de víctimas y garantizar su reparación integral y rehabilitación. 
  3. Consolidar una democracia incluyente que refleje la pluralidad, basada en una ética ciudadana que reconozca la dignidad del “otro”.
  4. Recuperar la dignidad de la política y suprimir las armas de su ejercicio, desarmando también el lenguaje, la mente y el corazón. Recomienda hacer una reforma política y electoral que fortalezca los partidos.
  5. Cambiar la política antidrogas y pasar del prohibicionismo a la regulación, con un enfoque de derechos humanos y salud pública.
  6. Recuperar el valor de la Justicia, superar la impunidad, mejorar el acceso a la justicia local y la capacidad del sistema, proteger a los funcionarios judiciales y a las víctimas.
  7. Concebir la seguridad como bien público, centrado en la protección de la vida. Cambiar la manera como el estado hace presencia en los territorios, para recuperar la confianza de los ciudadanos. 
  8. Adelantar un proceso de ordenamiento territorial participativo, que incluye la redistribución de la tierra con servicios y de las oportunidades productivas.  
  9. Lograr una cultura para vivir en paz.
  10. Propone la creación de un Ministerio para la Paz, con funciones transversales. Da especial prioridad al cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC y a la negociación con otros grupos armados.

Algunas observaciones críticas.

  • Lograr una versión más corta del informe haría más eficaz el llamado que hace a “la transformación” y a la adopción de una ética pública y laica, como base de la democracia. 
  • Queda pendiente un análisis más profundo sobre los muchos intentos que se han hecho para lograr la paz. Hoy sabemos más sobre la guerra que sobre la paz.
  • El informe es explícito en mostrar el sesgo antidemocrático de algunos esquemas de seguridad e inteligencia, desde comienzos de los 60. Denuncia con razón, numerosos abusos y violaciones a los derechos humanos. Le haría falta mencionar medidas justas y logros (grandes o pequeños) que en favor de la comunidad se obtuvieron con otros mecanismos.
  • El informe no le da suficiente importancia a las diferencias significativas al interior de las regiones y de los grupos afectados. La alianza entre grupos de terratenientes, de políticos y de grupos armados en procesos violentos de ocupación de la tierra, y la discriminación de grupos minoritarios, no se dieron en todo el territorio, ni afectaron por igual a la población. Ha habido sin duda, territorios y grupos que vivieron procesos diferentes como lo muestran las numerosas familias que, durante el período analizado, como parte de grupos campesinos, afros o indígenas, han llegado a integrarse plenamente en la sociedad colombiana. 
  • En algunos apartes, el análisis ha sido enmarcado en teorías sociológicas, antropológicas, económicas y políticas cuya aplicación al caso colombiano no siempre tiene confirmación empírica. Es como si la realidad fuera determinada, en su totalidad, por las teorías desde las cuales se la analiza. Y aunque es muy valioso su aporte en la comprensión de lo que ha ocurrido, es prudente guardar una cierta distancia frente a ellas y dejar abierta la posibilidad de interpretaciones adicionales. Mejoraría la comprensión si, por ejemplo, el análisis se hubiera hecho desde los presupuestos sobre los que se formó la nación colombiana, con referencias más cercanas a nuestra historia.
  • El informe hace énfasis en la conexión causal entre el modelo de desarrollo económico adoptado en el país y las desigualdades entre grupos sociales y entre territorios. Reitera, por ejemplo, que el desplazamiento de campesinos, se debe, en buena parte, a la industrialización de productos del campo (aunque no parece evidente que la agroindustrialización haya alcanzado un grado tan significativo). Se podría argumentar, más bien que, tanto las desigualdades como el desplazamiento, junto con la pobreza y la violencia, se deben a la falta de regulación por parte del estado. Todo modelo, que por definición es una referencia teórica, exige en la práctica la intervención del estado para que se cumplan las condiciones que hacen posible su buen funcionamiento y la maximización del bienestar de todos los ciudadanos (objetivo último de todo modelo de desarrollo). 
  • En relación con los procesos de concentración de la tierra convendría distinguir los atribuibles a prácticas ilegales, directamente asociadas con la violencia (otra vez por ausencia de estado), de los que resultan de la compraventa legal de tierras. No todo terrateniente lo ha llegado a ser por fuera de la ley. 
  • Es imprecisa y un poco exagerada la afirmación de que los cambios en la estructura productiva generados por la industria petrolera, la minería, la industrialización del campo (y la apertura económica) dejaron a la población rural sin más alternativa que los cultivos de coca, en la Orinoquía, Magdalena Medio, Antioquia, Urabá y el Nororiente.
  • Las recomendaciones del Informe insisten, de manera reiterativa, en abrir espacios para garantizar el derecho a la participación de los ciudadanos, sin hacer distinción alguna de temas, circunstancias y condiciones para que sea benéfica. No es absurdo pensar que la flexibilización exagerada del concepto de participación puede desvirtuar la democracia y sus instituciones.
  • La aplicación de las recomendaciones que hace el informe contribuirán sin duda a avanzar significativamente hacia la Paz. Muchas de ellas están ya contenidas en la Constitución, de manera explícita o implícita, y recuerdan lo que los ciudadanos debemos acatar y hacer para convivir en armonía. Queda por analizar la conexión entre el mal funcionamiento del estado y el incumplimiento de la Constitución como causa de la violencia (sin olvidar que la violencia ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes!).

Cesar Vallejo Mejia y Myriam Ulloa

Mayo, 2023

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