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Notas suscitadas por el tomo 2 del informe de la comisión de la verdad – 1a. parte

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César y Myriam nos ofrecen aquí (en dos entregas hoy y mañana) lo que modestamente califican como “notas”, sus reflexiones sobre esta parte del Informe de la Comisión de la Verdad.

El informe es el resultado de un trabajo serio y profesional realizado por los integrantes de la Comisión, durante 3 años, con el apoyo de muchas personas. Es incuestionable su utilidad para entender la enorme complejidad del conflicto que ha marcado la vida de la nación colombiana, particularmente en el último medio siglo. Ayuda a entender lo que ocurrió y contribuye a desactivar los sesgos de nuestra propia visión. Es sin duda, un punto de partida indispensable para emprender el muy difícil camino de la paz.

Las características del conflicto

  • Las características del conflicto se enmarcan en la interrelación entre sociedad, cultura y violencia y tienen raíces ideológicas y culturales que vienen desde la colonia, como el patriarcado, el racismo, el clasismo, y la preeminencia de intereses familiares o de grupo.
  • Su complejidad es enorme. Es un entramado de numerosos y diversos actores, alianzas y motivaciones, legales e ilegales. La violencia política, social y económica se ha mezclado con la corrupción, la delincuencia y el crimen. 
  • El narcotráfico y el paramilitarismo, desde finales de los 70´s, introdujeron un componente explosivo al conflicto. El poder financiero del negocio de la droga les permitió a esos grupos ejercer un papel determinante y entorpecer los intentos de una solución pacífica. La cultura mafiosa se extendió a numerosos grupos de la sociedad en todos sus estratos y se convirtió en combustible de la violencia en Colombia.
  • La defensa de la seguridad nacional y de la democracia degeneró en el combate y la eliminación de quien se rebela contra las instituciones, considerado como enemigo. Con frecuencia se ha confundido la oposición con la insurgencia y ha predominado la ausencia de diálogo. Desde 1958 y hasta finales de los 90´s, se prohijó la “colaboración” de los civiles en el control del orden público y en el combate contra la insurgencia.
  • Todos los actores, incluido el estado y sus fuerzas del orden, han puesto como objetivo la victoria y, en pos de ella, han cometido atrocidades, violado las normas y los derechos humanos. Los límites éticos y legales pasaron a un segundo plano. Grupos de la sociedad estuvieron de acuerdo con esos atropellos o los apoyaron en distintas formas.
  • Desde el comienzo de la nación en el siglo XIX, las armas han acompañado, velada o abiertamente, causas políticas y sociales, legales e ilegales. Ha predominado el “modo guerra” para vencer o intimidar a la contraparte.

Los esfuerzos para obtener la paz y la persistencia del conflicto

  • Aunque el informe los menciona tangencialmente, son numerosos los intentos que los gobiernos han hecho para lograr la paz. En todos los períodos presidenciales de la segunda mitad del siglo XX (1958), se tomaron medidas con ese propósito: comisiones, leyes, espacios de diálogo… A partir de los 80´s el país tomó decisiones de mucha importancia para consolidar la democracia y obtener la paz: programa de paz del presidente Betancur, plan nacional de rehabilitación, descentralización y elección de alcaldes y gobernadores, Constitución del 91, conversaciones en Tlazcala, diálogos del Caguán, ley de Justicia y Paz, Acuerdo de Paz con las FARC…
  • A pesar de su importancia, ni el Frente Nacional, ni la descentralización, ni la Constitución de 1991, lograron desactivar las causas del conflicto y se produjeron  períodos muy intensos de violencia. La mayoría de las víctimas contabilizadas (75%)- fueron del período 1995 – 2012.
  • La descentralización, cuyo propósito fue abrir la democracia a las localidades mediante la elección de alcaldes y gobernadores y, de esa manera, dar salida a formas de descontento político y social, generó más bien, en muchos territorios, disputas armadas por el control del territorio, del poder político y del presupuesto público.
  • Las profundas reformas institucionales de la Constitución de 1991 no han logrado consolidar la convivencia pacífica. La mayoría de la población las desconoce (con excepción de la tutela) y no valora su importancia. El funcionamiento del estado se ha quedado corto para propiciar su cumplimiento. Existe el riesgo de que ocurra lo mismo  con lo propuesto por la Comisión de la Verdad.
  • Han sido numerosos los programas sociales para mejorar la equidad y el nivel de vida de las poblaciones vulnerables, los grupos minoritarios y campesinos, ejecutados por entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. En ellos ha sido notoria la falta de coordinación y de una idea clara de lo que es necesario hacer. 
  • Se puede afirmar también que, en la sociedad colombiana y en sus partidos políticos, no ha sido unánime la voluntad de paz. Ha predominado la indiferencia y la pasividad ante las atrocidades del conflicto y eso ha contribuido a su persistencia. Queda por determinar qué tanto han influido en esa actitud razones ideológicas, una débil fundamentación ética, la ignorancia sobre la verdad de los hechos, el discurso de las autoridades, el papel de los medios, la desconfianza y el miedo…
  • La permanencia del conflicto ha sido propiciada por la impunidad, resultado de un sistema de justicia sin estrategias, enfrascado en casos particulares y bloqueado por amenazas y asesinatos de sus actores. Su ineficacia ha propiciado la aplicación frecuente de estados de excepción y de la justicia penal militar, con numerosos abusos.
  • La violencia ha sido “rentable” para muchos. La debilidad del estado ha facilitado la preponderancia de intereses particulares y de la delincuencia en todos los órdenes.

Cesar Vallejo y Myriam Ulloa

Mayo, 2023

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