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Solo hay un factor que apunta con algún grado de certidumbre que Colombia va hacia una cultura política democrática, que no es una vigencia de nuevas ideas, valores y comportamientos, sino el total agotamiento de las formas que habían encauzado hasta ahora la actividad social y política de los colombianos.

IV. Gérmenes de una nueva cultura política

1. ¿Hacia una nueva cultura política?

El único factor que nos indica con alguna certeza que Colombia se encuentra en un tránsito hacia una cultura política democrática, distinta al autoritarismo tradicional o al sistema clientelista-utilitario implantado por el Frente Nacional, no es una clara vigencia de nuevas ideas, valores y comportamientos, sino el total agotamiento de las formas que habían encauzado hasta ahora la actividad social y política de los colombianos. Este es, a mi juicio, el único argumento convincente. Esa falta de aliento democrático pone a los colombianos ante la alternativa de cambio o barbarie. El presidente Petro le está apostando al gigantesco reto del cambio. Por el bien de Colombia me parece indispensable que tenga éxito, así sea parcial. El reto es enorme y tiene enemigos muy poderosos, comenzando por sus propios planes demasiado ambiciosos, algunos de los cuales suenan a utopía.

Ante todo, es claro que la cultura colombiana en general y, en particular, la cultura política, se han secularizado definitivamente. Además, la secularización de Colombia quedó consagrada en la nueva Constitución de 1991. Ningún otro actor tradicional ‒ni los partidos, ni los militares, ni los gremios‒ perdió tanto terreno en la nueva Constitución como la Iglesia católica. Del proemio de la Carta se suprimió el nombre de Dios para reivindicar en su lugar la soberanía del pueblo; Colombia se reconoció como nación pluricultural; se aceptó la libertad religiosa y de cultos; la Iglesia dejó de ser considerada como fundamento del orden social. En este campo, la Carta fundamental no hizo sino consagrar procesos sociales y políticos ya cumplidos de tiempo atrás en amplios y poderosos círculos el país.

Esto no quiere decir que la Iglesia católica haya dejado de ser una institución importante en la vida nacional. A pesar de su pérdida de poder político e influencia social, sigue siendo la institución de interés público más orgánica de Colombia, tanto en su funcionamiento interno como en sus nexos culturales y morales con la sociedad. Las élites laicas del país, sean económicas, políticas o militares, están muy lejos de emular el grado de cohesión, penetración social y eficacia operativa de la Iglesia colombiana. Ahora, cuando animada de manera constante desde el Vaticano y la Nunciatura, se preocupa menos por sus propios problemas y más por los de todos los colombianos, en especial por la paz, los obispos y el clero ‒con muy pocas excepciones‒ están jugando un papel significativo en la paz y la reconstrucción nacional. Pero ya no busca adquirir poder, sino servir*.

Si la clerocracia desapareció para siempre de los círculos de poder, tampoco es posible la restauración completa de la alianza burocrático-militar, la democratura. Instaurada por el Frente Nacional, su poder, sin embargo, podría prolongarse a término indefinido si no avanzaran alternativas creíbles, como las que promete Petro. Los numerosos y pequeños partidos y movimientos están en crisis. El abandono del serio debate político y el omnipresente clientelismo han dado de tiempo atrás rienda suelta a las ambiciones personales y la corrupción, que no cesan de generar divisiones internas. Ahora amenazan incluso al Pacto Histórico, que avanza por aguas pantanosas. Espero que no se ahogue. Las actuales circunstancias internacionales no les facilitan a las dos grandes vertientes de todo pensamiento político, una liberal y la otra conservadora, la tarea de redefinir su identidad: los conservadores del mundo son hoy los más acérrimos neoliberales, razón por la cual muchos liberales son en realidad conservadores, o viceversa. Esta confusión se refleja hoy en casi todos los partidos, los políticos y los gobernantes de Colombia. Sin embargo, las alternativas apenas comienzan a surgir.

Así, pues, militares y policías continúan siendo el último recurso para la estabilidad de todos los gobiernos. Los gobernantes civiles se han sentido hasta ahora obligados a “cogerle el paso” a los militares. Solo si el nuevo gobierno logra la paz completa y el desarme de todos los grupos armados ilegales como lo anuncia, será posible desarrollar una democracia más real e incluyente. En esa eventualidad se abriría paso un profundo replanteamiento de la función militar y del concepto tradicional de Seguridad fundado en las armas, para construir una Seguridad Humana, que incluya en primer lugar la presencia integral del Estado en los territorios y el bienestar social de las mayorías. Sin embargo, esta noble aspiración tiene visos de utopía. 

Tanto el agotamiento de los antiguos mecanismos de funcionamiento político como el surgimiento aún vacilante de nuevas instituciones constituyen, sin duda, indicios de una transición hacia nueva cultura política, que ya no puede ser sino de carácter moderno y democrático. Con todo, estos gérmenes enfrentan tres obstáculos considerables.

2. Obstáculos a la democracia en Colombia

El primer tropiezo para el desarrollo de una cultura democrática en Colombia proviene de la persistencia de guerrillas y de la transformación que han sufrido las que continúan en la lucha: el ELN, las disidencias de las exFARC y un pequeño reducto del EPL en el Catatumbo. En los últimos años estas estructuras se han fortalecido económicamente en virtud del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, y esto les ha permitido adquirir armas más modernas y reclutar jóvenes marginados o de clases medias, que carecen de ideales políticos, pero encuentran en la guerra un empleo remunerado, sentido de pertenencia a un colectivo poderoso y un cierto poder personal. La guerra se torna entonces para ellos más estimulante y mucho más rentable que la paz. A estas organizaciones se les suman, como ya dije, numerosos y diversos grupos paramilitares y criminales. El clima de guerra y el enquistamiento o la descomposición de una guerrilla enriquecida han llevado también al fortalecimiento de unas Fuerzas Armadas que, con el auspicio de empresarios, funcionarios y gobiernos, vienen ejerciendo con frecuencia una violencia desproporcionada e ilegal y conspiran contra la gestación de una cultura democrática que pondría en cuestión su papel actual y sus grandes privilegios. Sin embargo, no pretendo desconocer que muchos de ellos asumen graves riesgos, exponen y pierden fácilmente la vida. 

El segundo gran obstáculo para un tránsito hacia una democracia más efectiva es el narcotráfico. Hasta ahora se ha hablado sobre todo de sus efectos inmediatos: el impacto económico y su aporte al clima de violencia en el país. Los ingresos que genera ese tipo de contrabando han contribuido a mantener cierto crecimiento económico en Colombia. Ahora, cuando el crecimiento se encuentra gravemente amenazado por un altísimo déficit fiscal del Estado, un fuerte desequilibrio en el comercio internacional y una creciente inflación nacional que se suma a la inflación importada por las medidas tardías que han tomado la FED y también el Banco de la República, tampoco parece que se hayan ponderado suficientemente los efectos políticos y culturales de esa situación, previsibles en el mediano y largo plazo. 

En la medida en que la economía legal cae en barrena crecerán la influencia y el poder de los narcotraficantes. Los narcos colombianos han aprendido a mimetizarse y están presentes entre empresarios, dirigentes políticos y autoridades como forma de irradiación espontánea de su poder económico y como condición para protegerse a sí mismos y sus negocios. El fenómeno es urbano y rural, pero resulta particularmente perceptible en provincia y en el ámbito local y regional. Desde ese punto de vista, la descentralización y democratización del Estado, aunque no carezcan de potencialidades democráticas, han ofrecido también los escenarios más propicios para el desarrollo silencioso del poder político del narcotráfico. De tal manera que, si durante el Frente Nacional surgió una clase política que ejercía el poder en su propio beneficio, más recientemente se ha gestado una nueva élite puesta directamente al servicio de sus mecenas, los narcotraficantes. Más que el testaferrato económico, Colombia padece un testaferrato político.

Como quiera que sea, es indudable que los narcotraficantes han impuesto sus patrones culturales a las nuevas generaciones: enriquecimiento rápido, alto consumo sin demasiada ostentación, corrupción y, en casos extremos, violencia como método de resolución de conflictos. El tradicional santanderismo o el nuñizmo de los colombianos tendrá que retorcerse si se propone continuar encubriendo esta nueva dosis de barbarie que amenaza gravemente el desarrollo de una cultura democrática.

Finalmente, todos los obstáculos anteriores, aunque graves, no lo serían tanto si Colombia contara con una nueva élite dirigente sólidamente formada en los principios democráticos y con un medio cultural que le fuera favorable. En el país parece estar irrumpiendo una cultura democrática, aunque todavía es precaria y superficial. Es importante contribuir a su consolidación.

3. Cambio en la Iglesia

Con todo, en esta historia se impone un paréntesis. Hay que reconocer que, ya desde comienzos de los años 60, la Iglesia católica comenzó un importante proceso de apertura a la modernidad. El 25 de enero de 1959, el papa Juan XXIII anunció la celebración del Concilio Vaticano II. Sin embargo, “el papa bueno” falleció un año después (1963). Las otras tres etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el papa hamletiano Pablo VI, hasta su clausura en diciembre de 1965. 

En 1968, se realizó en Medellín la Segunda Conferencia del Episcopado de América Latina (CELAM), que buscó aplicar al continente las determinaciones del Concilio Vaticano II. En esa reunión los obispos reconocieron que la Iglesia como institución había estado vinculada a las clases dirigentes de la época, desconociendo la “violencia institucionalizada” e ignorando a la gran cantidad de latinoamericanos pobres. De aquí surgió la bien conocida “opción preferencial (de la Iglesia) por los pobres”, contra la cual se levantaría luego, en la reunión del CELAM en Puebla (México, 1979) el oscuro cardenal Alfonso López Trujillo con el apoyo del mismo papa Juan Pablo II, que pretendía mantener el mismo modelo de Iglesia medieval que gobernaba el mundo. Con sus contemporáneos, Reagan y Tatcher, padres del neoliberalismo, el Papa inhibió todos los intentos de reacción en contra del sistema vigente, acusándolos de marxistas y comunistas

Además, en 1965, había sido elegido el padre Pedro Arrupe, S.J., como superior General de los jesuitas. Lo primero que hizo Arrupe fue convocar a todos los superiores provinciales de América Latina a una reunión de un mes en Rio de Janeiro, asamblea dirigida por un psicólogo, y el mensaje que les transmitió el General fue ‒palabras más, palabras menos‒ el siguiente: “Durante siglos, los jesuitas hemos querido formar a las élites para que, desde la fe, transformaran sus sociedades. Entre tanto, dejamos de lado a los pobres. Pues nos hemos equivocado radicalmente. Las élites se engolosinaron con el poder y se olvidaron de su gente. Ahora debemos dar un giro de 180 grados a nuestro trabajo, y dedicarnos a formar, ante todo, a los pobres y olvidados”. 

El nuevo rumbo de los jesuitas tuvo amplia influencia en numerosas comunidades religiosas femeninas y masculinas, y también en los obispos que luego se reunieron en Medellín. 

Trece años después, en 1978, accedió a la sede pontificia el arzobispo de Cracovia, Karol Józef Wojtyła, Juan Pablo II. De inmediato, el papa polaco frenó en seco a Arrupe, lo encerró con él durante tres días y lo presionó de tal manera para que le diera contraorden a todos los jesuitas del mundo, que Arrupe padeció un derrame cerebral y quedó en silla de ruedas, casi sin habla. El Papa sacó a la mayor parte de los jesuitas del Vaticano y los humilló de muchas maneras. 

Wojtyła falleció en 2005. Ironías de la vida: ocho años más tarde, en marzo de 2013, otro jesuita ‒por lo demás latinoamericano (argentino) ‒, Jorge Mario Bergoglio, fue elegido papa (marzo de 2013-…) y adoptó el nombre Francisco I en memoria del santo de Asís. Ya desde el Vaticano, Francisco profundizó el cambio y sigue reformando sustancialmente la herencia colonial. 

Esperemos que su legado perdure más allá de su fallecimiento. 

_____________________

* Aunque esta nota no hace parte del ensayo, me parece oportuno aclarar mi relación ambivalente con el cristianismo y en especial con la Iglesia. Aprecio la figura de Jesús de Nazaret (como también la de Buda Gautama), los evangelios ‒a pesar de que los leo muy rara vez‒ y recuerdo con alguna frecuencia sus sabias sentencias. Pero no me gusta para nada el Cristo que se inventó Pablo y ratificó Constantino I con el Concilio de Nicea. De ahí en adelante, la Iglesia perdió su rumbo. Nada que ver con Jesús, el fiel judío y carpintero de Nazaret. Por fin, el papa Francisco ha seguido desandando el camino de la Iglesia hacia su origen. Me parece un proceso que, si perdura, a mediano y largo plazo tendrá una enorme incidencia en Colombia y en otras partes del mundo. Con todo, no ignoro que la ciencia derribó desde hace tiempos todo el edificio dogmático. Ya ni siquiera merece revisión. Por eso, simplemente creo en La Vida, en esa misteriosa energía que desde nuestro interior impulsa La Vida, aunque no sepamos qué es ni para dónde va. Parece más bien una energía loca, desatada, pero quién sabe las que se trae. A veces da vueltas inesperadas.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

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Confieso que aún no encuentro por quién voy a votar en las elecciones de Congreso o de presidente de la República. No veo con claridad cuál es la mejor propuesta para enfrentar algunos de los problemas que, a mi juicio, deberían ser atendidos con prioridad por el gobernante y sus copartidarios en el Congreso. Aquí menciono algunos de ellos.

Los problemas que debería atender prioritariamente el nuevo gobierno son estos:

1. Corrupción

Los corruptos son la corrupción. Todos los precandidatos están hablando de enfrentar y eliminar los corruptos. Si todos hablan de combatir la corrupción y si todos han estado en el gobierno donde se roban los recursos públicos, me surge una pregunta simple: ¿en dónde están los corruptos que se han robado la plata? Este problema debe ser enfrentado con todas las armas disponibles.

Votaré por quien, más allá de las palabras, presente un plan realista, concreto y aplicable para combatirla.

2. Desempleo e importación de alimentos 

El desempleo afecta hoy, por lo menos, a 1.200.000 personasLa tasa de desempleo para el año 2021 fue de 13,7 %, superior en tres puntos porcentuales a la de 2019. 

La importación colombiana de productos para atender las necesidades básicas deja sin empleo productivo a sus ciudadanos. Sin ingresos, no hay consumo. Según el Dane, entre enero y agosto 2021 las importaciones colombianas llegaron a US$36.802,6 millones, con un aumento de 31,6 % frente al mismo periodo de 2020. En el periodo enero-agosto de 2021 las compras externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas llegaron a US$5582,4 millones y aumentaron 20,9 %, en comparación con el mismo periodo de 2020.

Según el informe del Dane este resultado se dio por mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos (18,1 %), que aportaron 14,3 puntos porcentuales a la variación del grupo. En Colombia se importan cerca de 12 millones de toneladas de alimentos, como maíz, trigo, y azúcar de caña. Antes del gobierno de César Gaviria, las importaciones de alimentos rondaban las 500.000 toneladas. Según la organización no gubernamental  Greenpeace, Colombia importa 30 % de los alimentos que consumen sus habitantes, lo que significa que la dependencia del país en este sector está bastante comprometida.

La importación de alimentos con exenciones y rebajas de impuestos ha afectado duramente el empleo y la producciónagrícola. Para ofrecer empleo, en especial en las zonas rurales, es necesario controlar las importaciones de productos agrícolas. Hay que revisar y ajustar los tratados de libre comercio que favorecen las importaciones en desmedro de la producción nacional y es necesario rebajar los impuestos de insumos agrícolas para que los campesinos colombianos puedan vender sus productos en el mercado nacional e internacional.

Votaré por quien muestre claramente cómo se beneficiará el sector campesino y cómo

se modificarán los tratados que Colombia firmó en desventaja de sus ciudadanos, para

beneficiar intereses de las multinacionales. 

3. Posesión de la tierra e impuestos que les corresponde pagar a sus verdaderos dueños. 

El 13 de septiembre de 2019 el país recibió con ilusión el titular Colombia mejorará su sistema de catastro rural-urbano con apoyo del BID. Según este, Colombia mejoraría la gestión de tierras con la implementación de un sistema de catastro multipropósito, con un crédito de US$50 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Si se cumpliera esta tarea podrían identificarse los reales propietarios, poseedores, arrendatarios y ocupantes; se podrían recuperar y restituir las tierras de los desplazados y titularlas. Los verdaderos dueños de la tierra deberían pagar impuestos de acuerdo con el valor real de sus posesiones. Y con esos recursos, bien distribuidos, Colombia podría pensar en seguridad e independencia alimentaria, en recursos para vías terciarias, distritos de riego, centros de acopio y apoyo industrial a los campesinos cultivadores. Este catastro lo aprobó el artículo 104 del Plan Nacional de Desarrollo, que promueve la implementación del catastro multipropósito. Actualmente, el territorio rural colombiano padece de una desactualización catastral alarmante y de un catastro incompleto, que supera el 58 % del territorio. Infortunadamente, el catastro rural multipropósito es una labor que pocos congresistas quieren impulsar, pues muchos de ellos como dueños de tierras y aliados de los dueños, poco interés tienen en que esto se cumpla. 

Votaré por quienes impulsen esta iniciativa que está financiada y avanza a paso de tortuga.

4. Lucha contra el narcotráfico – Alianza internacional y política de salud

Nuestro país es el líder mundial en la producción y exportación de cocaína. Los efectos de este triste liderazgo son devastadores por la tala inmisericorde de nuestros bosques amazónicos y del corredor del Pacífico. Muchos campesinos, ante la falta de trabajo y de ingresos, se involucran en la cadena de la producción. El narcotráfico todo lo corrompe. La guerra actual debería ser contra las bandas, disidencias y narcotraficantes internacionales y hace urgente una alianza internacional en las Naciones Unidas para enfrentar este terrible mal desde distintos frentes. Por ejemplo:

• Inversión en el desarrollo del sector campesino para la producción de alimentos y la generación de empleo en un país de vocación agrícola.  

• Estrategia diplomática decidida que convoque una alianza internacional para enfrentar el problema mundial e implementar políticas públicas de salud para los adictos. 

• Fortalecimiento del aparato militar en el terreno.

Votaré por quien muestre planes realistas y realizables que permitan enfrentar este cáncer social.

5. Tamaño exagerado de la burocracia y la administración estatal, acrecentado para

pagar favores políticos y asegurar la continuidad en el poder

Hoy, 80 % de los recursos recaudados por impuestos se utilizan para pagar la nómina oficial. El despilfarro estatal debe frenarse pues, para invertir en el desarrollo, Colombia tiene que endeudarse sobre sus propias deudas. Tenemos un Estado completamente desbordado en tamaño y en costos. Es urgente una reforma a fondo de la administración estatal, recortando prebendas, gastos innecesarios y superfluos y reduciendo los gastos a su real dimensión. 

Votaré por quien esté dispuesto a recortar el tamaño de la burocracia en concordancia con las verdaderas necesidades del país. 

6. Infraestructura y contratación estatal

Colombia ha demostrado que la contratación con el Estado es un abominable foco de corrupción. El país necesita desarrollar y fortalecer su infraestructura vial y ferroviaria. No hay planes realistas para el desarrollo de un sistema ferroviario como la alternativa más importante para la movilización segura, eficiente y masiva de personas, insumos y productos en el país. De esto poco se habla y sólo se menciona sin sustento realista en uno de los planes de los candidatos. Se requiere un sistema transparente de contratación estatal, investigación y control de las personas jurídicas que participan, de sus socios reales, para eliminar el tráfico de influencias, la concentración y acaparamiento de contratos en manos de unos pocos. Control público de los procesos de licitación, selección de proponentes y supervisión estricta de los recursos, eliminando la corrupción. Votaré por quien nos proyecte hacia allá.

7. Educación gratuita y diversificada, según las prioridades de desarrollo del país

Ninguno de los candidatos está hablando o ha presentado un análisis que muestre cuál es la mano de obra que requiere el país para su desarrollo. Consecuentemente, me parece que se habla de financiación de la educación sobre el vacío, en el aire y sin definir las prioridades nacionales para formar a sus ciudadanos en el corto, mediano y largo plazo.

Votaré por quien mejor defina estas prioridades y proyecte con realismo cuáles son las áreas de formación que requiere Colombia para su futuro.

Podría escribir sobre las urgencias en el área de la salud, las pensiones, las dádivas o subsidios de hambre, pero sin futuro para los más pobres y sin oportunidades, pero no quiero extender más mi exposición. Sólo quiero enfatizar que, a mi juicio, encuentro una pobre oferta de los candidatos a la solución de los problemas de fondo de nuestra patria. Veo lucha por el poder todavía mirando al pasado y a las polarizaciones sobre los acuerdos de paz, sin pensar a fondo, más allá de declaraciones de buena voluntad o de propuestas demagógicas, en las necesidades reales de nuestra gente, el activo más valioso de nuestra patria. 

Procuraré votar en conciencia por quienes más conciencia, seriedad y grandeza demuestren para asumir la responsabilidad de gobernantes de Colombia. 

Bernardo Nieto Sotomayor

Febrero 2022

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En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización. 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50 % del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico.

Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad.

La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un “estorbo para el progreso”. Durante años se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de bajamar.

La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral Pacífico colombiano ‒Chocó, Cauca y Nariño‒ donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia.

El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia ‒o más bien su traumática presencia‒ facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques.

El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas.

El llamado “Acuerdo Humanitario Ya” arrancó en Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros.

Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres ‒desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones‒, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales.

Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200 % de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017.

Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias.

En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, lo que derrotó al clientelismo ejercido por las élites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80.000 personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOS Buenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes se quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron.

No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado, de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo.

No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección, pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares.

Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a “lucha de narcos que se matan entre ellos” y su lema es “el que la hace la paga”. El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares.

El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional ‒la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas‒ piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas.

El obispo Rubén Darío Jaramillo dijo al Espectador: “La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección”.

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos.

El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares.

La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario, pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios.

Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Socorro Ramírez

* Artículo publicado en marzo de 2021.

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El gasto de los hogares ha sido el verdadero motor de la recuperación económica ‒creció hasta septiembre 14.8 % (son las últimas cifras que se tienen del DANE)‒, mientras la economía creció el 10 %. 

En pesos corrientes el consumo de los hogares aumentó $94.6 billones en ese período, y $68.7 billones respecto de los nueve meses del año 2019. ¿De dónde sacaron los colombianos la plata para ese mayor volumen de gastos?

La pregunta es muy relevante, porque el año pasado hubo 1.5 millones más de desempleados sin ingresos que en 2019 y, además, porque según el mismo DANE un 30 % de los hogares no tienen ingresos suficientes para las tres comidas diarias, lo cual indica que el aumento del consumo ha estado muy mal distribuido.

Los economistas hemos planteado algunas explicaciones. Hasta septiembre, el aumento de los precios internacionales del café y la devaluación le dieron a las 500.000 familias productoras del grano $1.5 billones de ingreso adicional. Las remesas del exterior aumentaron en ese periodo cerca de 2000 millones de dólares, lo que ha representado un mayor ingreso de unos $8 billones. Son parte de la explicación, pero es claro que solo representan un 10 % del aumento de los gastos de los hogares.

Otra posible explicación es la caída del ahorro de los hogares. Según el DANE, la tasa de ahorro de los hogares en 2021 fue de 2.2 %, mientras que el año anterior había sido del 10.3 %; inclusive en el trimestre julio-septiembre de 2021 fue negativa en 0.2 %. Una caída de tal magnitud no es usual ni tiene explicación lógica. “La naturaleza no da saltos” decía Alfred Marshall, uno de los padres de la economía neoclásica.

Afortunadamente hay no-economistas, que no recurren a tantas cifras, pero sí a su observación de la realidad y plantean explicaciones que son tabú para los economistas que ni se atreven a hablar de ellas. Por ejemplo, el leído columnista Felipe Zuleta escribió en su primera columna de este año, a propósito de la pregunta por el origen del mayor gasto en consumo:

“¿De dónde viene toda esa plata? Parte, sin duda, del sector formal de la economía, pero otro tanto llega, creo yo, de cuatro fuentes ilegales, a saber: narcotráfico, contrabando, corrupción y minería ilegal. De no ser por estas actividades ilícitas, seguramente no estaríamos hablando de esta recuperación económica. Colombia, lamentablemente, se convirtió en la lavandería de dineros ilícitos más grande del mundo. No en vano, para nuestra vergüenza, somos el país que más produce y exporta cocaína. Esa plata entra de alguna manera a nuestra economía”.

La explicación tiene mucho sentido. A pesar de los esfuerzos de erradicación de cultivos de coca, parece que la producción de cocaína no ha disminuido. En parte por la resiembra y en parte por el aumento de la productividad, todo estimulado por la devaluación, pues ese es el producto de exportación que mejor responde a la tasa de cambio. Lo mismo puede decirse de la minería ilegal, que también se ha vuelto más rentable por el elevado precio internacional del oro.

No hay estudios recientes sobre el ingreso de dineros ilícitos a la economía, pero en las ciudades sí se ven muchos nuevos ricos sin que haya explicación de sus ostentosos consumos distinta a actividades ilegales, como las que menciona Zuleta. Este puede ser el eslabón perdido de la recuperación económica.

Mauricio Cabrera

Enero, 2022

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Como es usual en las presentaciones de nuestros invitados a las reuniones de los jueves, terminadas estas sigue una tertulia en la cual dialogamos con ellos a través de comentarios y preguntas. A continuación, presentamos las que se le hicieron al presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia.

¿Qué ha significado para ti como sacerdote jesuita, como colombiano y como ciudadano estar al frente de esta labor tan importante para todo el país?

A mí me ha cuestionado muy profundamente, me ha llevado a una metanoia brutal. Yo conocía la guerra. Estuve durante 14 años en el Magdalena Medio en medio del conflicto, dialogando todos los días. Fue cuando la guerra era más dura, entre 1996 y el año 2006. 24 de las personas que trabajaban en proyectos que estaban haciendo fueron asesinadas por diversos actores. Yo mismo hice los funerales. 

Esto me ha mostrado cosas inauditas: la victimización en todas las direcciones me ha ayudado a comprender la hondura de nuestra tragedia, la dificultad de los colombianos para mirar esto de frente, enrostrarlo y ser capaces de no solo mirar a las víctimas de un lado, sino también a las víctimas de todos los lados y tratar de ponerse en los zapatos de unos y de otros y captar el dolor, la indignación, la rabia, y con eso, también el miedo que existe y esta pregunta inmensa de cómo podemos trabajar nosotros por la reconciliación. 

Me ha cuestionado en muchas cosas muy hondas. Todos los días, a las siete de la mañana con los miembros de la Comisión que quieran, hago un rato de silencio, muy profundo. Luego, generalmente, durante no más de un minuto, hago una pequeña lectura de la Escritura o de Francisco de Asís o de Ignacio de Loyola y luego nos quedamos en silencio. De estas cosas que a uno le quedan leyendo el evangelio ustedes recuerdan cuando, en el evangelio de Mateo, Jesús se plantea el problema de las animadversiones y los odios entre los hermanos y dice: “si estás en el momento del culto y estás ofreciendo el sacrificio y te acuerdas de que tu hermano tiene una ruptura profunda contigo o de que entre tus hermanos hay desavenencias profundas, ¡deja el culto!”. Esto quiere decir “¡detén la misa!”, para ponerlo en términos concretos, y ve primero a reconciliarte con tus hermanos y a luchar por la reconciliación entre ellos.

Es decir, para este misterio de Dios en que nosotros creemos, es mucho más importante la reconciliación entre los hermanos que cualquier otra cosa. ¡Que no vayamos a morir nosotros, que no nos vayamos a encontrar con Dios, estando los unos separados de los otros! 

Se los digo porque yo creo que en La Habana, con todas las deficiencias ‒los procesos de paz están llenos de deficiencias‒, yo le decía a Álvaro Uribe: “hombre, mire”, en el encuentro que tuve con él, porque nos encontramos con los cinco presidentes de Colombia en distintas instancias, de distintas maneras, porque para la Comisión era muy importante haberlos tenido a todos. Yo le decía: ¿por qué, cuando usted hizo el proceso de paz con los paramilitares ‒ese proceso tuvo muchas fallas‒, sin embargo, todos, en gracia de la paz, lo apoyamos. Y fue muy importante haberlo hecho, a pesar de que quedan distintos grupos. Yo les digo: el Magdalena Medio, con el bloque central Bolívar marchando como ejército ‒como decíamos cuando estudiamos latín, como acies ordinata (ejército ordenado)‒, es muy distinto a lo que queda del paramilitarismo de ahora. ¡Es que eran 500 hombres vestidos con prendas militares atacando los pueblos! Entonces, yo le decía: hombre, lo que usted hizo con el proceso de paz con los paramilitares tuvo muchos problemas, pero todos lo apoyamos. Los que queremos la paz, en estos procesos… ¡tenemos que luchar para que esto termine! ¿Usted por qué no apoyó el proceso de La Habana? Entre otras cosas, fíjese que ese proceso no se hubiera podido hacer si usted, con la fuerza que tuvo, no hubiera logrado lo que logró. Es una obra suya que las Farc bajaran de 21.000 a 11.000 hombres. Pero no fue posible. 

Cuando yo le decía a Pastrana: hombre, por qué no hacemos una comida y ustedes, los cinco expresidentes de Colombia vivos, se reúnen ante el país e lo invitan a la reconciliación… No. ¡Ahí hay unos odios humanos muy profundos, muy profundos, muy duros! Yo le decía: hagámoslo en la verdad. Las verdades son bien conocidas. Es verdad que Samper ganó las elecciones con plata del narcotráfico, es decir, hay un montón de verdades que son verdad, pero ¡reconciliémonos! Quiero decirles que en La Habana se ganó una cosa que es muy distinta. Hoy en día hay masacres en Colombia: más o menos una mensual; son masacres de tres personas o cuatro personas. ¡Eso es durísimo! Más o menos cada semana matan un líder. Nosotros venimos de una época en que las masacres eran de 100 personas, de 120, de 70. O la masacre de Barrancabermeja en nuestra parroquia, de 34 personas. De donde los secuestros eran todos los días. Los asesinatos a líderes eran todos los días. El Hospital Militar mantenía 2000 hombres heridos. ¡Y hoy en día hay 12! Es decir, ahí hubo un cambio, ¡sin lugar a dudas!, a pesar de que 20 % de la gente de las Farc volvió a la guerra, como suele pasar en estos acuerdos. 

Colombia está partida, Colombia está dividida. Las acrimonias y los señalamientos uno los encuentra continuamente en Twitter, en Facebook, en WhatsApp. ¡Y yo siento en eso una responsabilidad muy grande de trabajar por la reconciliación como jesuita y como sacerdote!

Antes de la prolongación otorgada por la Corte para proseguir las actividades de la Comisión, se notaba un abrumador fortalecimiento de asociaciones ciudadanas contra la guerra y la muerte. ¿Este legado de la Comisión podrá mantenerse luego de su existencia?

Jorge Luis, tenemos tres cosas en las que estamos trabajando. Estamos tratando de conformar una red de aliados. Yo quiero invitarles a ustedes a que sean parte de esa red. Cada red y cada grupo humano de la manera cómo funcionen. Es una red que recoja el legado de la Comisión y continúe trabajándolo. Nosotros, de ninguna manera, pensamos que vamos a llegar a un punto final. No habrá una verdad de Estado. Sería lo más estúpido. Quedan unas búsquedas de verdad para continuar profundizándolas y estamos conformando una red de aliados de muchas organizaciones, de muy distintas clases, para continuar en eso. Queda un comité de monitoreo y seguimiento institucional, pagado por el Estado, que durará siete años. Estamos trabajando para dejarlo establecido, como está dentro de nuestro mandato. Su responsabilidad es cuidar que las recomendaciones que dejemos sean monitoreadas y se les haga seguimiento en su puesta en práctica. Vamos a dejar un sistema colocado en la web lo llamamos la transmedia; es una masa de información que contiene de todo. No solo los datos, los testimonios y las entrevistas habladas, sino también películas, pequeños videos, para que cualquier persona del mundo, si quiere hacer una tesis sobre lo que pasó en Colombia durante el conflicto o si quiere seguir profundizando en lo que hicimos y darle nuevas interpretaciones, pueda continuar esta tarea. Y, por supuesto, también vamos a publicar en varios idiomas y también en lenguas indígenas los resultados finales. 

¿Qué le dirías a los que tachan de guerrilleros o de izquierdistas camuflados a los líderes sociales que matan?

Pues yo les diría que estas cosas tienen que hacerse desde un análisis riguroso sobre los distintos casos o sobre los diferentes grupos de casos y que cualquier afirmación precipitada es temeraria e irresponsable. Es temeraria porque puede traer como consecuencia la activación de procesos de asesinatos. El asesinato de los líderes en Colombia es muy doloroso porque ¡por ningún motivo se puede matar a una persona!: en Colombia no hay pena de muerte. Y porque en muchísimos casos, como me tocó ver en el Magdalena Medio, los líderes son muy incómodos para la gente que está armada. Porque la gente sin armas le pone la cara al armado y le dice: usted puede tener armas, pero yo vengo aquí a defender a una comunidad. Por supuesto, las defensas son de muy distintas clases: hay líderes que están luchando por el medio ambiente; otros, para que los procesos de erradicación de la coca puedan llevarse a cabo con toda determinación; otros están luchando por la tierra, en escenarios a veces muy oscuros, porque en este país donde el catastro nunca se estableció con rigor, los problemas de tierras son complicadísimos. Otros están en otras actitudes y defienden a los sembradores de coca porque dicen que no tienen una forma distinta de ganarse la vida y no van a dejar que la coca se la toquen. Hay otros que dejaron las armas de las Farc y con toda seriedad están en un proceso de paz, pero han matado más de 300. Esta semana asesinaron a un par de mujeres. Son situaciones muy dolorosas; los matan con mucha frecuencia disidencias de la misma guerrilla.  

Independientemente de las tradicionales causas de la violencia, con base en las realidades que ustedes han conocido y sentido, ¿cuáles se destacan como causas para que nos hayamos portado tan inhumanamente?

Gracias, Edmundo, por esa pregunta. Una de las cosas ‒hablando de causas‒ que hemos encontrado es que no vemos razones, como si dijésemos modelos lineales que expliquen lo que está pasando, de manera que por una razón única una persona sale a matar a otras en Colombia. No es porque me dieron una orden y fui a matar o porque se me ocurrió durante la noche que tenía que meterme en la guerra y salir a matar personas, sino que son entramados muy complejos de causas, en las que juegan simultáneamente elementos subjetivos, elementos estructurales, elementos culturales, elementos políticos, presiones de la guerra y en ese conjunto se producen estas realidades tan duras. 

Mi sentir personal es que sí hay un problema muy hondo entre los colombianos, que juega un papel, porque cada una de estas cosas necesita de otras para explicarse, pero nos es muy difícil aceptar en la vida concreta. Teóricamente lo aceptamos, y más los que hemos pasado por la Compañía de Jesús, que todos los seres humanos y todos los colombianos nos merecemos el mismo respeto y que debemos tratarnos con la misma acogida. Yo lo que siento ‒y se los digo con sinceridad, créanme‒, es que eso no se da así. Se da, de pronto, en algunas familias, en algunos asuntos individuales, en algunas personas conscientes pero, en general, el sentir general ‒es lo que yo siento‒ es que no todo el mundo se merece el mismo respeto. Los indígenas no se merecen el mismo respeto que los blancos, ni los negros del Chocó se merecen el mismo respeto. ¿Qué se traen ustedes cuando vienen a exigir…? ¡Eso es para la gente respetable!: los que tienen plata, han hecho carrera, han estado en las universidades, vienen de familias buenas, son sacerdotes, obispos o empresarios; pero ustedes, ¿de dónde vienen aquí a pedir que se los trate con el mismo respeto, si eso no es lo normal?

Por otra parte, creo que la guerra sí se nos metió muy profundamente. Esa es una pena muy honda, porque todo lo que la guerra tocó en Colombia, lo dañó. Y creo que ahí hay un problema muy delicado. Tenemos problemas de inequidad social durísima. Miren las cifras internacionales. Eso está divulgado y se hallan en Google. Colombia, desde hace mucho, se mantiene dentro de los 10 países más inequitativos del mundo, incluso entre los seis más inequitativos, pues compartimos el sexto lugar con otros cuatro. Los países más inequitativos son los más violentos, son los países que, paradójicamente, tienen dificultades para ampliar sus mercados, para ser más tranquilos. Eso es una pena, porque este es un país de una extraordinaria creatividad, de una fuerza cultural inmensa. 

Pero eso no es razón para que haya guerra. La mayor parte de los otros nueve países inequitativos no tienen guerra. ¿Por qué eso en Colombia se mezcla con la guerra? El narcotráfico juega un papel muy importante en esto y, desafortunadamente, se ha acrecentado, entre otras, también, porque la forma como se trató el narcotráfico en La Habana dio un aliciente perverso para que se sembrara coca, con la expectativa de que al campesino que se lo encontrara con coca no iban a penalizarlo. 

Otro elemento muy fuerte es la corrupción, que en Colombia es tan profunda. Otro elemento importante es que al desbaratarse los partidos tradicionales ‒que jugaron un papel hasta bien entrado el Frente Nacional‒, las formas como se comunicaban las regiones a través de las dos grandes colectividades políticas se fragmentaron inmensamente y las cosas quedaron en manos de gamonales donde la corrupción tomó muchísima fuerza y el narcotráfico también, y las mezclas de eso con el paramilitarismo complicaron inmensamente los asuntos. 

Otro elemento es la mezcla de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico, como nos decía uno de los generales en servicio, porque otros no han querido reconocer, fue: el enemigo de mi enemigo es mi amigo y nosotros nos cruzamos con ellos. Para poder ganar la guerra la combinación con los paramilitares fue indispensable, porque la derrota era inaceptable. Ustedes se acuerdan…, Bogotá estuvo al borde de ser tomada por la guerrilla cuando la guerra fue grande. Todas estas cosas, Edmundo, se mezclan y el punto es cómo desagregarlas y. además, se dan de formas distintas según las regiones. 

Transcripción de Bernardo Nieto S.

Enero, 2022

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