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Myriam Ulloa

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César y Myriam cierran aquí sus “notas”, centrándose en los efectos del conflicto, en las recomendaciones de la comisión y en dejarnos algunas observaciones críticas para nuestra reflexión.

Los efectos del conflicto

  • La violencia, en sus múltiples formas y manifestaciones, destruyó a la sociedad colombiana y la fracturó en numerosos grupos que se rechazan y estigmatizan. Se perdió el “nosotros nacional” y la conexión entre ética, política y economía.
  • El conflicto capturó el difícil proceso de construcción de la democracia y lo encadenó al dinero ilegal, a la extorsión, a la amenaza y al nepotismo. 
  • La violencia, la impunidad y la sensación de abandono estatal apuntalaron el miedo, la desconfianza y los antivalores de corrupción, ilegalidad y desprecio por la vida. Se perdieron costumbres tradicionales, se destruyeron redes sociales. Aparecieron nuevas narrativas de estigmatización y negacionismo y valoraciones que impiden el asombro, favorecen el uso de la fuerza y justifican la más cruda violencia.
  • La violencia reconfiguró los territorios donde tuvo mayor presencia. En lo económico (concentración de la propiedad de la tierra, uso del suelo, captura de las finanzas públicas), en lo político (nuevas élites de poder, control administrativo, alianza entre terratenientes, notarios, mandatarios y jueces) y en lo social (desplazamiento de comunidades, cultura del miedo y la desconfianza). También reconfiguró los centros urbanos a donde llegaron las comunidades desplazadas.

Las recomendaciones de la comisión

La Comisión ordena sus numerosas recomendaciones en nueve propósitos: 

  1. Avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional en el que se reconozcan los liderazgos de grupos minoritarios. Instaurar el diálogo como estrategia para resolver los conflictos.
  2. Reconocer las responsabilidades con respecto a los 9 millones de víctimas y garantizar su reparación integral y rehabilitación. 
  3. Consolidar una democracia incluyente que refleje la pluralidad, basada en una ética ciudadana que reconozca la dignidad del “otro”.
  4. Recuperar la dignidad de la política y suprimir las armas de su ejercicio, desarmando también el lenguaje, la mente y el corazón. Recomienda hacer una reforma política y electoral que fortalezca los partidos.
  5. Cambiar la política antidrogas y pasar del prohibicionismo a la regulación, con un enfoque de derechos humanos y salud pública.
  6. Recuperar el valor de la Justicia, superar la impunidad, mejorar el acceso a la justicia local y la capacidad del sistema, proteger a los funcionarios judiciales y a las víctimas.
  7. Concebir la seguridad como bien público, centrado en la protección de la vida. Cambiar la manera como el estado hace presencia en los territorios, para recuperar la confianza de los ciudadanos. 
  8. Adelantar un proceso de ordenamiento territorial participativo, que incluye la redistribución de la tierra con servicios y de las oportunidades productivas.  
  9. Lograr una cultura para vivir en paz.
  10. Propone la creación de un Ministerio para la Paz, con funciones transversales. Da especial prioridad al cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC y a la negociación con otros grupos armados.

Algunas observaciones críticas.

  • Lograr una versión más corta del informe haría más eficaz el llamado que hace a “la transformación” y a la adopción de una ética pública y laica, como base de la democracia. 
  • Queda pendiente un análisis más profundo sobre los muchos intentos que se han hecho para lograr la paz. Hoy sabemos más sobre la guerra que sobre la paz.
  • El informe es explícito en mostrar el sesgo antidemocrático de algunos esquemas de seguridad e inteligencia, desde comienzos de los 60. Denuncia con razón, numerosos abusos y violaciones a los derechos humanos. Le haría falta mencionar medidas justas y logros (grandes o pequeños) que en favor de la comunidad se obtuvieron con otros mecanismos.
  • El informe no le da suficiente importancia a las diferencias significativas al interior de las regiones y de los grupos afectados. La alianza entre grupos de terratenientes, de políticos y de grupos armados en procesos violentos de ocupación de la tierra, y la discriminación de grupos minoritarios, no se dieron en todo el territorio, ni afectaron por igual a la población. Ha habido sin duda, territorios y grupos que vivieron procesos diferentes como lo muestran las numerosas familias que, durante el período analizado, como parte de grupos campesinos, afros o indígenas, han llegado a integrarse plenamente en la sociedad colombiana. 
  • En algunos apartes, el análisis ha sido enmarcado en teorías sociológicas, antropológicas, económicas y políticas cuya aplicación al caso colombiano no siempre tiene confirmación empírica. Es como si la realidad fuera determinada, en su totalidad, por las teorías desde las cuales se la analiza. Y aunque es muy valioso su aporte en la comprensión de lo que ha ocurrido, es prudente guardar una cierta distancia frente a ellas y dejar abierta la posibilidad de interpretaciones adicionales. Mejoraría la comprensión si, por ejemplo, el análisis se hubiera hecho desde los presupuestos sobre los que se formó la nación colombiana, con referencias más cercanas a nuestra historia.
  • El informe hace énfasis en la conexión causal entre el modelo de desarrollo económico adoptado en el país y las desigualdades entre grupos sociales y entre territorios. Reitera, por ejemplo, que el desplazamiento de campesinos, se debe, en buena parte, a la industrialización de productos del campo (aunque no parece evidente que la agroindustrialización haya alcanzado un grado tan significativo). Se podría argumentar, más bien que, tanto las desigualdades como el desplazamiento, junto con la pobreza y la violencia, se deben a la falta de regulación por parte del estado. Todo modelo, que por definición es una referencia teórica, exige en la práctica la intervención del estado para que se cumplan las condiciones que hacen posible su buen funcionamiento y la maximización del bienestar de todos los ciudadanos (objetivo último de todo modelo de desarrollo). 
  • En relación con los procesos de concentración de la tierra convendría distinguir los atribuibles a prácticas ilegales, directamente asociadas con la violencia (otra vez por ausencia de estado), de los que resultan de la compraventa legal de tierras. No todo terrateniente lo ha llegado a ser por fuera de la ley. 
  • Es imprecisa y un poco exagerada la afirmación de que los cambios en la estructura productiva generados por la industria petrolera, la minería, la industrialización del campo (y la apertura económica) dejaron a la población rural sin más alternativa que los cultivos de coca, en la Orinoquía, Magdalena Medio, Antioquia, Urabá y el Nororiente.
  • Las recomendaciones del Informe insisten, de manera reiterativa, en abrir espacios para garantizar el derecho a la participación de los ciudadanos, sin hacer distinción alguna de temas, circunstancias y condiciones para que sea benéfica. No es absurdo pensar que la flexibilización exagerada del concepto de participación puede desvirtuar la democracia y sus instituciones.
  • La aplicación de las recomendaciones que hace el informe contribuirán sin duda a avanzar significativamente hacia la Paz. Muchas de ellas están ya contenidas en la Constitución, de manera explícita o implícita, y recuerdan lo que los ciudadanos debemos acatar y hacer para convivir en armonía. Queda por analizar la conexión entre el mal funcionamiento del estado y el incumplimiento de la Constitución como causa de la violencia (sin olvidar que la violencia ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes!).

Cesar Vallejo Mejia y Myriam Ulloa

Mayo, 2023

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César y Myriam nos ofrecen aquí (en dos entregas hoy y mañana) lo que modestamente califican como “notas”, sus reflexiones sobre esta parte del Informe de la Comisión de la Verdad.

El informe es el resultado de un trabajo serio y profesional realizado por los integrantes de la Comisión, durante 3 años, con el apoyo de muchas personas. Es incuestionable su utilidad para entender la enorme complejidad del conflicto que ha marcado la vida de la nación colombiana, particularmente en el último medio siglo. Ayuda a entender lo que ocurrió y contribuye a desactivar los sesgos de nuestra propia visión. Es sin duda, un punto de partida indispensable para emprender el muy difícil camino de la paz.

Las características del conflicto

  • Las características del conflicto se enmarcan en la interrelación entre sociedad, cultura y violencia y tienen raíces ideológicas y culturales que vienen desde la colonia, como el patriarcado, el racismo, el clasismo, y la preeminencia de intereses familiares o de grupo.
  • Su complejidad es enorme. Es un entramado de numerosos y diversos actores, alianzas y motivaciones, legales e ilegales. La violencia política, social y económica se ha mezclado con la corrupción, la delincuencia y el crimen. 
  • El narcotráfico y el paramilitarismo, desde finales de los 70´s, introdujeron un componente explosivo al conflicto. El poder financiero del negocio de la droga les permitió a esos grupos ejercer un papel determinante y entorpecer los intentos de una solución pacífica. La cultura mafiosa se extendió a numerosos grupos de la sociedad en todos sus estratos y se convirtió en combustible de la violencia en Colombia.
  • La defensa de la seguridad nacional y de la democracia degeneró en el combate y la eliminación de quien se rebela contra las instituciones, considerado como enemigo. Con frecuencia se ha confundido la oposición con la insurgencia y ha predominado la ausencia de diálogo. Desde 1958 y hasta finales de los 90´s, se prohijó la “colaboración” de los civiles en el control del orden público y en el combate contra la insurgencia.
  • Todos los actores, incluido el estado y sus fuerzas del orden, han puesto como objetivo la victoria y, en pos de ella, han cometido atrocidades, violado las normas y los derechos humanos. Los límites éticos y legales pasaron a un segundo plano. Grupos de la sociedad estuvieron de acuerdo con esos atropellos o los apoyaron en distintas formas.
  • Desde el comienzo de la nación en el siglo XIX, las armas han acompañado, velada o abiertamente, causas políticas y sociales, legales e ilegales. Ha predominado el “modo guerra” para vencer o intimidar a la contraparte.

Los esfuerzos para obtener la paz y la persistencia del conflicto

  • Aunque el informe los menciona tangencialmente, son numerosos los intentos que los gobiernos han hecho para lograr la paz. En todos los períodos presidenciales de la segunda mitad del siglo XX (1958), se tomaron medidas con ese propósito: comisiones, leyes, espacios de diálogo… A partir de los 80´s el país tomó decisiones de mucha importancia para consolidar la democracia y obtener la paz: programa de paz del presidente Betancur, plan nacional de rehabilitación, descentralización y elección de alcaldes y gobernadores, Constitución del 91, conversaciones en Tlazcala, diálogos del Caguán, ley de Justicia y Paz, Acuerdo de Paz con las FARC…
  • A pesar de su importancia, ni el Frente Nacional, ni la descentralización, ni la Constitución de 1991, lograron desactivar las causas del conflicto y se produjeron  períodos muy intensos de violencia. La mayoría de las víctimas contabilizadas (75%)- fueron del período 1995 – 2012.
  • La descentralización, cuyo propósito fue abrir la democracia a las localidades mediante la elección de alcaldes y gobernadores y, de esa manera, dar salida a formas de descontento político y social, generó más bien, en muchos territorios, disputas armadas por el control del territorio, del poder político y del presupuesto público.
  • Las profundas reformas institucionales de la Constitución de 1991 no han logrado consolidar la convivencia pacífica. La mayoría de la población las desconoce (con excepción de la tutela) y no valora su importancia. El funcionamiento del estado se ha quedado corto para propiciar su cumplimiento. Existe el riesgo de que ocurra lo mismo  con lo propuesto por la Comisión de la Verdad.
  • Han sido numerosos los programas sociales para mejorar la equidad y el nivel de vida de las poblaciones vulnerables, los grupos minoritarios y campesinos, ejecutados por entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. En ellos ha sido notoria la falta de coordinación y de una idea clara de lo que es necesario hacer. 
  • Se puede afirmar también que, en la sociedad colombiana y en sus partidos políticos, no ha sido unánime la voluntad de paz. Ha predominado la indiferencia y la pasividad ante las atrocidades del conflicto y eso ha contribuido a su persistencia. Queda por determinar qué tanto han influido en esa actitud razones ideológicas, una débil fundamentación ética, la ignorancia sobre la verdad de los hechos, el discurso de las autoridades, el papel de los medios, la desconfianza y el miedo…
  • La permanencia del conflicto ha sido propiciada por la impunidad, resultado de un sistema de justicia sin estrategias, enfrascado en casos particulares y bloqueado por amenazas y asesinatos de sus actores. Su ineficacia ha propiciado la aplicación frecuente de estados de excepción y de la justicia penal militar, con numerosos abusos.
  • La violencia ha sido “rentable” para muchos. La debilidad del estado ha facilitado la preponderancia de intereses particulares y de la delincuencia en todos los órdenes.

Cesar Vallejo y Myriam Ulloa

Mayo, 2023

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