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¿Qué prefiere usted, que el año entrante la inflación se mantenga alrededor de 10 % y que la economía crezca un 3 %, o que la inflación baje a 6 %, el crecimiento del PIB sea 0 % y aumente el desempleo? Este es el dilema que hoy enfrentan las autoridades monetarias- Es una pregunta tan difícil como la que le hace el tío impertinente a un niño pequeño: ¿usted a quien quiere más: a su papá o a su mamá?

Ante todo, hay que decir que no se trata de una pregunta abierta como ¿usted que prefiere: inflación o crecimiento? A esta pregunta cualquier economista razonable respondería con su palabra mágica: ¡depende! Porque la respuesta depende de las circunstancias y las magnitudes. Por ejemplo, cuando la inflación es de 80 % anual, como en Argentina, no hay duda que hay que bajarla a cualquier costo, pero con una inflación de 10 % y originada en aumento de costos y factores externos, la respuesta no es tan clara.

Es claro que un aumento de las tasas de interés del Banco de la República sí sirve para frenar la inflación, pero el mecanismo que funciona, que es el encarecimiento del crédito que desestimula el consumo y la inversión, a su vez frena la demanda agregada y, por lo tanto, el crecimiento económico. Por eso, se plantea el dilema entre inflación y crecimiento.

Por una interpretación equivocada de la Constitución del 91, hasta el año 1999 la posición del Banco frente a este dilema era que siempre prefería bajar la inflación a costa del crecimiento y el empleo; más aún, que su meta de inflación siempre debería ser menor que la del año anterior.

La Corte Constitucional corrigió esos desatinos en su sentencia C-481 de 1999, en la que definió de manera inequívoca que la finalidad del Banco no es exclusivamente luchar contra la inflación, sino que también debe preocuparse por el crecimiento, puesto que como organismo del Estado debe colaborar a sus objetivos esenciales como son mejorar la calidad de vida de la población, el pleno empleo y la distribución equitativa. Es un mandato similar al que tiene el Federal Reserve de los Estados Unidos.

Lo que la Corte no hizo, ni podía hacer, era determinar límites cuantitativos a esos dos objetivos y por eso, en la práctica la pregunta inicial con valores específicos es tan difícil de responder. Al seguir subiendo sus tasas de interés, el Banco ratificó que prefiere que la inflación baje el año entrante, aun sabiendo que podemos llegar a una recesión. Lo hace porque le preocupa el aumento de los intereses internacionales y porque cree que si no recupera la credibilidad de su meta y se consolidan expectativas de inflación altas, se perjudicará el crecimiento de mediano plazo.

El gobierno, por su parte, hubiera preferido que no subieran más las tasas, no solo por el seguro impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo, sino porque cree que van a empezar a disminuir las presiones de aumento de precios, en particular los de los alimentos y los servicios públicos, de manera que la inflación empezará a descender sin necesidad de frenar más la demanda.

Las dos posiciones son opiniones válidas sobre un futuro que ninguno de los dos puede predecir con certeza. Pero la decisión ya fue tomada y tendremos menos inflación y menor crecimiento.

Mauricio Cabrera G.

Octubre, 2022

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Una de las herencias más complicadas que recibió el gobierno Petro de su antecesor es el manejo del precio de la gasolina, que lo tiene entre la espada y la pared: si lo aumenta, va a presionar la inflación al alza y a generar fuertes protestas sociales, pero si no lo aumenta, va a incrementar el déficit fiscal en cerca de 28 billones de pesos.

El problema del manejo del precio de la gasolina surge de la gran diferencia que hoy existe entre el precio del galón de combustible que pagamos en las estaciones de servicio (entre $9200 y $9600, según la ciudad), y el precio que deberíamos pagar con el barril de petróleo alrededor de 100 dólares (unos $17.000). 

Ese diferencial de precios debe cubrirlo el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que le paga a los productores de gasolina la diferencia. Con un consumo doméstico de unos cuatro millones de galones de combustibles (gasolina y diésel) al año, y un subsidio de $7000/galón, la cuenta de cobro al FEPC será de $28 billones en 2022 y la única fuente de recursos para pagarlos es el presupuesto nacional, es decir, mayor gasto público y mayor déficit. 

Se supone que el FEPC se creó para evitar la volatilidad ‒hacia arriba y hacia abajo‒ del precio de la gasolina, para generar ahorros cuando el precio internacional del petróleo baja y subsidiar cuando ese precio sube. Pero en los últimos años no ha funcionado así. En la pandemia el barril de petróleo cayó en promedio 20 % y, en lugar de dejar el precio interno fijo para generar ahorros, se redujo de $9700 a $8300 (disminución de 15 %). 

El problema se agudizó en el último año, pues mientras que con la devaluación y el precio internacional el barril de petróleo pasó de $270.000 a $480.000 (incremento de 185 %), el galón de gasolina solo llegó a $9500, un precio menor que antes de la pandemia. 

Por razones políticas (año electoral), el gobierno Duque no empezó a ajustar el precio de la gasolina y le dejó el problema al nuevo gobierno, proponiendo un aumento de $250 mensuales en el galón de combustible, pero solo a partir de este mes de agosto. Si lo hubiera hecho desde que empezó a subir el precio del petróleo y la inflación era más baja, el déficit del FEPC para este año sería menor en unos nueve billones. 

El dilema que enfrenta el gobierno Petro es que si decide reducir el déficit del FEPC ‒siguiendo la amable recomendación de su antecesor‒ en este momento generaría un aumento adicional de la inflación, que ya bordea 11 %, y eso que hasta ahora no ha sido afectada por el precio de los combustibles como si lo ha sido en Europa y Estados Unidos. 

En efecto, la inflación en esos países es un poco menor que en Colombia (entre 8 % y 9 %), pero allá la ha causado el aumento de los precios de los combustibles, que ha sido de 32 % en Estados Unidos y de 38 % en Europa. En nuestro caso, los precios que más han subido han sido los alimentos y la electricidad, ambos en más de 25 %, mientras que los combustibles solo se han incrementado 8 %. 

Una posible alternativa es compensar la subida de la gasolina con una baja en las tarifas de electricidad, que han subido sin justificación económica.

Mauricio Cabrera Galvis

Septiembre, 2022

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¿Cuál es la situación real de la economía colombiana? ¿Está recalentada y es necesario enfriarla, subiendo las tasas de interés, o está débil y es necesario estimularla para acelerar el crecimiento? ¿O ninguna de las anteriores?

El contrapunteo reciente entre el presidente Duque y la Junta del Banco de la República sobre la subida de las tasas de interés ha hecho evidente que entre las autoridades económicas hay diferencias profundas frente al diagnóstico y las políticas que deben seguirse en estos momentos. Por eso, ambos están incumpliendo el mandato constitucional que ordena que las funciones del Banco Central “se ejercerán en coordinación con la política económica general”.

Para el Banco de la República el problema es la inflación, pues el incremento de los precios va para el 6 % anual. Por eso, en cuatro meses ha subido sus tasas de interés desde 1.75 % hasta 4 %, con un último aumento de 1 % que sorprendió a los analistas.

La preocupación del Banco por la tasa de inflación es válida, pero exagerada. Es cierto que ya es el doble de su meta, pero hay que recordar que hace solo cinco años llegó casi al 9 % sin consecuencias graves para la economía. Sin embargo, es equivocado utilizar el instrumento de subir las tasas de interés, pues el origen de la inflación no es un recalentamiento de la economía por exceso de demanda, sino que es una inflación de costos, de origen externo.

En efecto, los precios están aumentando en todo el mundo; en Europa y en Estados Unidos la inflación es mayor que en Colombia. ¿Las causas? El aumento del precio del petróleo y las materias primas, los problemas logísticos que han triplicado el costo de los fletes y la escasez de insumos básicos de la producción por las disrupciones de la pandemia.

En estas circunstancias, un apretón monetario que reduce el consumo y la inversión sí puede disminuir el aumento de los precios, pero a costa de frenar la economía y, eventualmente, provocar una recesión.

Por su parte, el gobierno también se equivoca en sus políticas. Se siente orgulloso por haber sido reconocido como uno de los países de más rápido crecimiento del PIB después de la pandemia y espera que este llegue a 10 % en 2021, pero sigue manteniendo innecesarios estímulos y gabelas tributarias de elevado costo fiscal, como si la economía todavía estuviera en recesión, tales como días sin IVA, reducción del IVA a sectores privilegiados y subsidios a las empresas, que les mejoran las utilidades sin aumentar el empleo.

Una visión irónica diría que sí hay coordinación entre el gobierno y el Banco. Como los estímulos del primero ‒que pueden tener un propósito electoral‒ sí pueden estimular la demanda y recalentar la economía, el Banco tiene que poner el freno de mano para que a la inflación de costos no se sume una inflación de demanda y se le salga de control.

La combinación de acelerador y freno puede acabar siendo neutra en materia de la inflación promedio, pero tiene efectos negativos en materia de eficiencia y distribución. Los estímulos los reciben unos cuantos sectores privilegiados, mientras que el aumento de las tasas de interés golpea a todos los deudores y frena las decisiones de inversión de todos los sectores.

El país necesita en estos momentos una verdadera coordinación entre las diferentes autoridades económicas, con criterios técnicos y no políticos.

Mauricio Cabrera

Febrero 2022

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