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El salario mínimo legal vigente (SMLV) para el año entrante debe ser de $1 millón, lo cual implica un aumento de 10 %. La propuesta no es mía; la hicieron la semana pasada los exministros y precandidatos Juan Fernando Cristo ‒de la Coalición Centro Esperanza‒, y Juan Carlos Echeverry ‒precandidato de la Coalición Equipo por Colombia‒. Otras voces se han sumado a proponer un aumento de similar magnitud.

Frente a la propuesta de aumentar el salario mínimo a un millón de pesos, los economistas ortodoxos, como los de ANIF, se han rasgado las vestiduras y plantean que con una inflación de 5 % el SMLV no debe subir más de 7 %, con los argumentos de siempre: que es un costo muy grande para las empresas y el sector público y que un incremento superior aumentaría el desempleo y la inflación, lo que conlleva un freno al crecimiento económico.

Lo primero que debe aclararse es de cuál inflación estamos hablando. Es cierto que el aumento promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) este año va a estar alrededor de 5%, pero como siempre los promedios no reflejan la realidad. Para los pobres y vulnerables (que son quienes viven con el SMLV) el aumento de precios ha sido más alto, cerca de 7 %, porque dedican una mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos, cuyos precios han subido 15 %. Este solo hecho ya amerita un incremento superior.

El argumento de que al aumentar el salario se reduce el empleo ya ha sido refutado por el último premio Nobel de economía (David Card), porque responde a una visión micro de una empresa individual, según la cual el salario es el precio de la mercancía trabajo que cuando sube disminuye la demanda de esa mercancía, pero olvida que para la economía en su conjunto, el salario es el determinante de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de los consumidores nacionales y, por lo tanto, de la cantidad de productos que puedan vender las empresas en el mercado interno.

En las circunstancias actuales, aumentar el SMLV es la mejor forma de mantener la reactivación de la economía, que hasta ahora ha sido impulsada por un consumo de los hogares financiado con deuda y desahorro. Con un mayor SMLV aumentan los ingresos de los hogares y les da más capacidad de comprar.

Tampoco es cierto que el aumento del SMLV quite competitividad a las empresas. En el mercado interno, si todas las empresas aumentan el salario, no se cambian las condiciones de competencia. En el mercado externo, tampoco se pierde competitividad por la devaluación del peso; con el aumento a $1 millón, el SMLV quedaría en uno 250 dólares, que es un 20 % más bajo que hace una década.

Lo que sí es cierto es que en Colombia hay muchos precios que sin ninguna justificación se incrementan lo mismo que el SMLV: multas y seguros de tránsito, precios de la vivienda popular, etc. Si se termina esa innecesaria indexación habrá más flexibilidad para la negociación salarial.

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Adenda: una excelente noticia política es la decisión de Humberto de la Calle de encabezar la lista al Senado de la Coalición de la Esperanza. Su presencia en el Congreso le permitirá liderar la renovación de esa desprestigiada institución. Una lástima que los hermanos Galán hayan decidido ir con lista separada, pero es importante que se mantienen apostándole a la Esperanza.

Mauricio Cabrera

Diciembre, 2021

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La falta de empleo decente es el problema, La búsqueda de soluciones que permitan ofrecer cientos de miles de nuevos puestos de trabajo debería ser la prioridad de toda la sociedad: gobierno y sector privado.

“…no quiero que naide pase las penas que yo pasé”, cantaba el gran Atahualpa Yupanqui. Este es el clamor latente de los miles de jóvenes que se han tomado las calles para manifestar sus frustraciones, su indignación, sus sueños de tener un futuro que hoy se les niega. Según la encuesta de Cifras y Conceptos el desempleo es hoy el principal problema del país para 74 % de los jóvenes.

La falta de empleo decente es el problema y la búsqueda de soluciones que permitan ofrecer cientos de miles de nuevos puestos de trabajo debería ser la prioridad de toda la sociedad: gobierno y sector privado.

Por supuesto, la pobreza y el hambre también asedian. Pero son solo la consecuencia de no tener un trabajo digno que les dé los ingresos para vivir. Por eso, propuestas como la Renta Básica son totalmente indispensables para que la gente pueda comer y sobrevivir, y se deben implementar ya, pero no son la solución de fondo del problema.

A los jóvenes y sus familias la Renta Básica les da presente, pero no les da futuro. El trabajo remunerado les da ingresos, pero sobre todo dignidad.

Se necesita un programa de empleo de emergencia que cree en el país por lo menos 500.000 nuevos puestos de trabajo. En medio de una recesión como la actual, el Estado es el único que tiene la capacidad de generar y financiar a corto plazo tal cantidad de empleos, pero no tiene la capacidad de administrarlos todos. Por eso, se requiere también la participación de la empresa privada y la sociedad civil.

Los subsidios a la nómina hubieran servido en marzo del año pasado, antes de que desaparecieran 4.5 millones de empleos, pero hoy ninguna empresa va a contratar un nuevo trabajador solo porque le cubran el 30 o 40 % del costo salarial, salvo que tenga la certeza de que va a poder vender lo que produzca ese trabajador, pues no tiene cómo pagar el resto del salario y los demás costos de producción.

¿Qué se ponen a hacer esos 500.000 trabajadores? Proyectos de creación de bienes públicos que no requieren un alto grado de capacitación: reforestación y recuperación de cuencas, de vías terciarias en el campo, de la malla vial en las ciudades, reparación y mantenimiento de infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.), servicios sociales para las comunidades, y tantas necesidades de bienes públicos que tiene el país.

Existen ejemplos exitosos de este tipo de programas. A nivel muy local y micro, el programa Guardianes de Paz y Cultura de la anterior alcaldía de Cali, que rescató a miles de jóvenes pandilleros. En un nivel territorial, el FOREC, que coordinó la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto de 1999, es un caso de eficaz colaboración público-privada.

El más ambicioso de estos programas fue el Civilian Conservation Corps (CCC) del presidente Roosevelt en medio de la gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. A lo largo de seis años empleó a cerca de 3.000.000 de personas, en su mayoría jóvenes, en labores de construcción de infraestructura y conservación y desarrollo de los recursos naturales en los terrenos de los parques nacionales.

El gobierno nacional debe liderar y financiar la creación de un programa similar, articulado con los gobiernos locales para su ejecución y con el sector privado para su administración.

Mauricio Cabrera Galvis

Mayo, 2021

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