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Para no aburrir más a los lectores con análisis, pronósticos o cábalas sobre los resultados de las elecciones de este domingo 13, es bueno cambiar un poco del tema y en lugar de hablar de quienes tenemos la Esperanza de que sean elegidos, mirar los problemas que van a tener que enfrentar. Uno de ellos es el del enorme hueco fiscal que heredará el próximo gobierno, agravado por la guerra de Ucrania

Aclaro que no creo que la guerra de Ucrania tenga ningún impacto directo sobre las finanzas públicas colombianas. El gobierno no tendrá que hacer ningún gasto directo en ese conflicto, menos ahora que fue descartada la generosa propuesta de la vicepresidente de ser mediadores para lograr en Ucrania la paz que no han podido consolidar en Colombia.

Lo que si va a tener el gobierno es mayores gastos, cuyo origen indirecto son las consecuencias de las sanciones económicas impuestas a Rusia por Estados Unidos y Europa. El principal es el subsidio que ya está dando a los compradores de combustibles, y que crecerá por el diferencial cada vez mayor entre el precio interno de gasolina y diésel y el precio internacional del petróleo.

La volatilidad del precio del petróleo y la tasa de cambio 

Siendo Rusia el mayor exportador de petróleo del mundo, con ventas de más de 10 millones de barriles por día (por encima incluso de Arabia Saudita), no es de extrañar que las sanciones por la invasión a Ucrania que le limitan la venta a varios países disminuyen la oferta y presionan al alza el precio del petróleo en los mercados internacionales. Así, el barril de petróleo Brent, que llegó a cotizarse a 21 dólares al inicio de la pandemia, ha llegado a niveles cercanos a 140 dólares, lo que no se veía desde la crisis financiera de 2008. 

La línea roja del cuadro siguiente muestra la volatilidad de las cotizaciones del barril de petróleo Brent (que está suavizada, pues se trata del precio promedio-mes, y no de las cotizaciones diarias, que tienen mayores fluctuaciones). Después de una relativa estabilidad alrededor de 100 dólares/barril en los primeros años de la década pasada, el precio se desplomó en 2014 y durante tres años estuvo fluctuando alrededor de 50 dólares/barril, para iniciar una paulatina recuperación que colapsó con la pandemia del Covid-19.

La progresiva reapertura de las economías mundiales reactivó la demanda y el precio del petróleo se ubicó el año pasado en un rango entre 70 y 80 dólares por barril. Entonces, llegó Putin y sacudió los mercados, generando la ya mencionada subida del precio del Brent hasta 140 dólares/barril.

Un hecho interesante y poco analizado de esta evolución del precio del petróleo es la pérdida de relación con el movimiento de la tasa de cambio. La línea azul del gráfico muestra el inverso de la tasa de cambio, es decir, la cantidad de dólares por $100, y no la cantidad de pesos por un dólar, como la usamos siempre. 

Fuente: Investing.com y Banco de la República

Con este indicador, un descenso de la curva significa una devaluación del peso, pero lo que se observa hasta 2016 es una correlación total entre el precio del petróleo y la tasa de cambio: baja el primero y se devalúa el peso. Sin embargo, a partir de 2016 esta correlación se rompe, y el peso se devalúa a pesar del incremento en la cotización del crudo. 

Es necesario entender las causas y consecuencias de este desacople.

El FEPC y el subsidio a los combustibles

En países donde el precio de los combustibles es libre, el alza en los precios internacionales del petróleo se transmite inmediatamente a las estaciones de gasolina. Por eso, en el último año se ha duplicado, llegando a 4,50 dólares el galón ($18.000). Para evitar esas fluctuaciones, en Colombia se creó en 2007 el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

En un resumen muy simplificado, la función del FEPC es evitar que el precio de la gasolina y del diésel al usuario final tengan una variación mensual superior a 3 %. Si la subida del precio internacional es mayor, el Fondo le paga al productor (es decir, a Ecopetrol) la diferencia. El problema es que la plata para pagar esa diferencia sale casi en su totalidad del Presupuesto Nacional.

Los resultados del FEPC han sido muy buenos para los conductores y muy onerosos para el fisco. Como se ve en el gráfico, aunque el precio del barril de Brent (línea roja) ha fluctuado entre $120.000 y $440.000 (un rango de 270 %), el diésel y la gasolina (líneas azul y verde) se han movido entre $7300 y $9300 (un rango de 27 %). 

Fuente: Minminas

El área entre la línea roja y las líneas azul y verde representa el diferencial que ha tenido que pagar el Presupuesto Nacional a los productores de combustible. No es una cifra menor. Hasta 2019 se generó una deuda de $17 billones (es decir 1.5 % de PIB y más de una reforma tributaria), que fue cancelada por el gobierno, entregando TES a Ecopetrol.

Un paréntesis cosmético: el pago de esa cantidad de dinero no se contabiliza como gasto público y, por lo tanto, no incrementa el déficit fiscal, pero la emisión de TES sí aumenta la deuda pública y el consiguiente pago de intereses.

En 2021 se acumuló una deuda de más de nueve billones de pesos, que aún no han sido pagados por el gobierno nacional a Ecopetrol. Y la noche que llega… 

En este año es muy poco probable que el gobierno decida hacer un aumento sustancial del precio de la gasolina o el diésel, no solo por ser un año electoral ‒en el que ningún gobierno se arriesga a incendiar el país con gasolina‒, sino por el impacto que tendría sobre los precios en momentos en que la inflación está en 8 % anual, con tendencia a seguir subiendo. Y la junta del Banco de la República, ahí…

El gobierno y Ecopetrol hicieron sus presupuestos para este año con un precio del Brent a 70 dólares por barril. Con ese supuesto la diferencia entre el ingreso que recibe el productor de gasolina y el precio internacional es de unos $4000 por galón; el gobierno estimaba un déficit del FEPC de unos cuatro billones de pesos en el año. Pero si el precio del Brent se mantiene en promedio alrededor de 100 dólares/barril ‒y el precio de la gasolina no sube‒ el déficit del FEPC puede llegar a unos 18 billones. 

Eso le va a costar la guerra en Ucrania al presupuesto nacional.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista Cambio.

Marzo, 2022

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Hace unas semanas días, Cecilia López escribió en La República el artículo “¿Por qué no se cuestionan?”. Muestra que el grupo de economistas que el 13 de diciembre publicó la carta abierta a candidatos y precandidatos a la presidencia se niega a poner en tela de juicio “ese modelo de política económica ortodoxa que han defendido e implementado en muchos casos como altos funcionarios públicos”. 

La indignación de López es pertinente* y abre un debate fundamental. Siguiendo esta línea de argumentación, vale la pena recordar la frase de Keynes, refiriéndose a los economistas clásicos que lo antecedieron: “sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales”.

Los colegas que firmaron la carta** no se cuestionan porque examinan la realidad a partir de principios analíticos equivocados. Sus a priori, que son falsos, no les permiten proponer alternativas que permitan superar los males estructurales de la economía colombiana.

No es cierto, como dice la carta, que el diagnóstico propuesto sea aceptado por todos los candidatos. Se equivocan, ya que la “orientación ideológica del candidato” sí determina la visión de los problemas y sus jerarquías.

Los estudios que se citan en la carta no reflejan la heterogeneidad de visiones del pensamiento económico. Estas investigaciones apenas representan la visión de un grupo reducido de colegas. Los firmantes no salen de su claustro.

En el diagnóstico se reconoce que el saldo de la deuda pública sigue creciendo. Pero de allí no se saca la conclusión obvia: la regla fiscal ha sido un fracaso.

La lucha contra la informalidad se ha convertido en un eslogan vacío. Se la considera la causa principal de numerosos males. El afán de “formalizar” es similar a la angustia que anima la búsqueda del santo Grial.

Se sigue repitiendo que la causa del desempleo son los impuestos a la nómina. Este es el diagnóstico de la Misión de Empleo del gobierno. En la carta no se hace ninguna mención a otras concepciones del mercado laboral. Se dejan de lado las recomendaciones que hizo la Misión Alternativa de Empleo, conformada por organizaciones sociales, sindicatos y académicos, que tienen una concepción de las dinámicas del empleo que es completamente diferente a la de los firmantes de la carta.

Es cierto que la tributación es baja, pero no se insiste en impuestos progresivos, que efectivamente lleven a mejorar la distribución de la riqueza. Tampoco se observa preocupación por la escandalosa concentración de la tierra. Otra vez, los estudios que se mencionan son muy restringidos. Se desconocen investigaciones recientes sobre la desigualdad, como los de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia.

La mención que se hace a la transición energética es muy débil. Este asunto debería ser el eje de un modelo de desarrollo alternativo. No se reconoce que para cambiar la situación actual es indispensable el liderazgo del Estado. Además, la financiación de la transformación energética obliga a replantear de manera sustantiva el papel actual del Banco de la República.

En la carta se reconoce que hay comportamientos monopólicos, pero no se cuestiona la concentración en el sector financiero, en los medios de comunicación, en el ahorro pensional (Porvenir y Protección), en la producción farmacéutica, etc.

Y el principal problema de la carta es que, desde su claustro, los firmantes insisten en imponer un pensamiento único.

Jorge Iván González

Enero, 2022

https://www.larepublica.co/analisis/cecilia-lopez-3024859/por-que-no-se-cuestionan-3277112

** https://www.eltiempo.com/economia/sectores/expertos-presenta-propuestas-a-precandidatos-a-la-presidencia-638811

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