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Solo hay un factor que apunta con algún grado de certidumbre que Colombia va hacia una cultura política democrática, que no es una vigencia de nuevas ideas, valores y comportamientos, sino el total agotamiento de las formas que habían encauzado hasta ahora la actividad social y política de los colombianos.

IV. Gérmenes de una nueva cultura política

1. ¿Hacia una nueva cultura política?

El único factor que nos indica con alguna certeza que Colombia se encuentra en un tránsito hacia una cultura política democrática, distinta al autoritarismo tradicional o al sistema clientelista-utilitario implantado por el Frente Nacional, no es una clara vigencia de nuevas ideas, valores y comportamientos, sino el total agotamiento de las formas que habían encauzado hasta ahora la actividad social y política de los colombianos. Este es, a mi juicio, el único argumento convincente. Esa falta de aliento democrático pone a los colombianos ante la alternativa de cambio o barbarie. El presidente Petro le está apostando al gigantesco reto del cambio. Por el bien de Colombia me parece indispensable que tenga éxito, así sea parcial. El reto es enorme y tiene enemigos muy poderosos, comenzando por sus propios planes demasiado ambiciosos, algunos de los cuales suenan a utopía.

Ante todo, es claro que la cultura colombiana en general y, en particular, la cultura política, se han secularizado definitivamente. Además, la secularización de Colombia quedó consagrada en la nueva Constitución de 1991. Ningún otro actor tradicional ‒ni los partidos, ni los militares, ni los gremios‒ perdió tanto terreno en la nueva Constitución como la Iglesia católica. Del proemio de la Carta se suprimió el nombre de Dios para reivindicar en su lugar la soberanía del pueblo; Colombia se reconoció como nación pluricultural; se aceptó la libertad religiosa y de cultos; la Iglesia dejó de ser considerada como fundamento del orden social. En este campo, la Carta fundamental no hizo sino consagrar procesos sociales y políticos ya cumplidos de tiempo atrás en amplios y poderosos círculos el país.

Esto no quiere decir que la Iglesia católica haya dejado de ser una institución importante en la vida nacional. A pesar de su pérdida de poder político e influencia social, sigue siendo la institución de interés público más orgánica de Colombia, tanto en su funcionamiento interno como en sus nexos culturales y morales con la sociedad. Las élites laicas del país, sean económicas, políticas o militares, están muy lejos de emular el grado de cohesión, penetración social y eficacia operativa de la Iglesia colombiana. Ahora, cuando animada de manera constante desde el Vaticano y la Nunciatura, se preocupa menos por sus propios problemas y más por los de todos los colombianos, en especial por la paz, los obispos y el clero ‒con muy pocas excepciones‒ están jugando un papel significativo en la paz y la reconstrucción nacional. Pero ya no busca adquirir poder, sino servir*.

Si la clerocracia desapareció para siempre de los círculos de poder, tampoco es posible la restauración completa de la alianza burocrático-militar, la democratura. Instaurada por el Frente Nacional, su poder, sin embargo, podría prolongarse a término indefinido si no avanzaran alternativas creíbles, como las que promete Petro. Los numerosos y pequeños partidos y movimientos están en crisis. El abandono del serio debate político y el omnipresente clientelismo han dado de tiempo atrás rienda suelta a las ambiciones personales y la corrupción, que no cesan de generar divisiones internas. Ahora amenazan incluso al Pacto Histórico, que avanza por aguas pantanosas. Espero que no se ahogue. Las actuales circunstancias internacionales no les facilitan a las dos grandes vertientes de todo pensamiento político, una liberal y la otra conservadora, la tarea de redefinir su identidad: los conservadores del mundo son hoy los más acérrimos neoliberales, razón por la cual muchos liberales son en realidad conservadores, o viceversa. Esta confusión se refleja hoy en casi todos los partidos, los políticos y los gobernantes de Colombia. Sin embargo, las alternativas apenas comienzan a surgir.

Así, pues, militares y policías continúan siendo el último recurso para la estabilidad de todos los gobiernos. Los gobernantes civiles se han sentido hasta ahora obligados a “cogerle el paso” a los militares. Solo si el nuevo gobierno logra la paz completa y el desarme de todos los grupos armados ilegales como lo anuncia, será posible desarrollar una democracia más real e incluyente. En esa eventualidad se abriría paso un profundo replanteamiento de la función militar y del concepto tradicional de Seguridad fundado en las armas, para construir una Seguridad Humana, que incluya en primer lugar la presencia integral del Estado en los territorios y el bienestar social de las mayorías. Sin embargo, esta noble aspiración tiene visos de utopía. 

Tanto el agotamiento de los antiguos mecanismos de funcionamiento político como el surgimiento aún vacilante de nuevas instituciones constituyen, sin duda, indicios de una transición hacia nueva cultura política, que ya no puede ser sino de carácter moderno y democrático. Con todo, estos gérmenes enfrentan tres obstáculos considerables.

2. Obstáculos a la democracia en Colombia

El primer tropiezo para el desarrollo de una cultura democrática en Colombia proviene de la persistencia de guerrillas y de la transformación que han sufrido las que continúan en la lucha: el ELN, las disidencias de las exFARC y un pequeño reducto del EPL en el Catatumbo. En los últimos años estas estructuras se han fortalecido económicamente en virtud del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, y esto les ha permitido adquirir armas más modernas y reclutar jóvenes marginados o de clases medias, que carecen de ideales políticos, pero encuentran en la guerra un empleo remunerado, sentido de pertenencia a un colectivo poderoso y un cierto poder personal. La guerra se torna entonces para ellos más estimulante y mucho más rentable que la paz. A estas organizaciones se les suman, como ya dije, numerosos y diversos grupos paramilitares y criminales. El clima de guerra y el enquistamiento o la descomposición de una guerrilla enriquecida han llevado también al fortalecimiento de unas Fuerzas Armadas que, con el auspicio de empresarios, funcionarios y gobiernos, vienen ejerciendo con frecuencia una violencia desproporcionada e ilegal y conspiran contra la gestación de una cultura democrática que pondría en cuestión su papel actual y sus grandes privilegios. Sin embargo, no pretendo desconocer que muchos de ellos asumen graves riesgos, exponen y pierden fácilmente la vida. 

El segundo gran obstáculo para un tránsito hacia una democracia más efectiva es el narcotráfico. Hasta ahora se ha hablado sobre todo de sus efectos inmediatos: el impacto económico y su aporte al clima de violencia en el país. Los ingresos que genera ese tipo de contrabando han contribuido a mantener cierto crecimiento económico en Colombia. Ahora, cuando el crecimiento se encuentra gravemente amenazado por un altísimo déficit fiscal del Estado, un fuerte desequilibrio en el comercio internacional y una creciente inflación nacional que se suma a la inflación importada por las medidas tardías que han tomado la FED y también el Banco de la República, tampoco parece que se hayan ponderado suficientemente los efectos políticos y culturales de esa situación, previsibles en el mediano y largo plazo. 

En la medida en que la economía legal cae en barrena crecerán la influencia y el poder de los narcotraficantes. Los narcos colombianos han aprendido a mimetizarse y están presentes entre empresarios, dirigentes políticos y autoridades como forma de irradiación espontánea de su poder económico y como condición para protegerse a sí mismos y sus negocios. El fenómeno es urbano y rural, pero resulta particularmente perceptible en provincia y en el ámbito local y regional. Desde ese punto de vista, la descentralización y democratización del Estado, aunque no carezcan de potencialidades democráticas, han ofrecido también los escenarios más propicios para el desarrollo silencioso del poder político del narcotráfico. De tal manera que, si durante el Frente Nacional surgió una clase política que ejercía el poder en su propio beneficio, más recientemente se ha gestado una nueva élite puesta directamente al servicio de sus mecenas, los narcotraficantes. Más que el testaferrato económico, Colombia padece un testaferrato político.

Como quiera que sea, es indudable que los narcotraficantes han impuesto sus patrones culturales a las nuevas generaciones: enriquecimiento rápido, alto consumo sin demasiada ostentación, corrupción y, en casos extremos, violencia como método de resolución de conflictos. El tradicional santanderismo o el nuñizmo de los colombianos tendrá que retorcerse si se propone continuar encubriendo esta nueva dosis de barbarie que amenaza gravemente el desarrollo de una cultura democrática.

Finalmente, todos los obstáculos anteriores, aunque graves, no lo serían tanto si Colombia contara con una nueva élite dirigente sólidamente formada en los principios democráticos y con un medio cultural que le fuera favorable. En el país parece estar irrumpiendo una cultura democrática, aunque todavía es precaria y superficial. Es importante contribuir a su consolidación.

3. Cambio en la Iglesia

Con todo, en esta historia se impone un paréntesis. Hay que reconocer que, ya desde comienzos de los años 60, la Iglesia católica comenzó un importante proceso de apertura a la modernidad. El 25 de enero de 1959, el papa Juan XXIII anunció la celebración del Concilio Vaticano II. Sin embargo, “el papa bueno” falleció un año después (1963). Las otras tres etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el papa hamletiano Pablo VI, hasta su clausura en diciembre de 1965. 

En 1968, se realizó en Medellín la Segunda Conferencia del Episcopado de América Latina (CELAM), que buscó aplicar al continente las determinaciones del Concilio Vaticano II. En esa reunión los obispos reconocieron que la Iglesia como institución había estado vinculada a las clases dirigentes de la época, desconociendo la “violencia institucionalizada” e ignorando a la gran cantidad de latinoamericanos pobres. De aquí surgió la bien conocida “opción preferencial (de la Iglesia) por los pobres”, contra la cual se levantaría luego, en la reunión del CELAM en Puebla (México, 1979) el oscuro cardenal Alfonso López Trujillo con el apoyo del mismo papa Juan Pablo II, que pretendía mantener el mismo modelo de Iglesia medieval que gobernaba el mundo. Con sus contemporáneos, Reagan y Tatcher, padres del neoliberalismo, el Papa inhibió todos los intentos de reacción en contra del sistema vigente, acusándolos de marxistas y comunistas

Además, en 1965, había sido elegido el padre Pedro Arrupe, S.J., como superior General de los jesuitas. Lo primero que hizo Arrupe fue convocar a todos los superiores provinciales de América Latina a una reunión de un mes en Rio de Janeiro, asamblea dirigida por un psicólogo, y el mensaje que les transmitió el General fue ‒palabras más, palabras menos‒ el siguiente: “Durante siglos, los jesuitas hemos querido formar a las élites para que, desde la fe, transformaran sus sociedades. Entre tanto, dejamos de lado a los pobres. Pues nos hemos equivocado radicalmente. Las élites se engolosinaron con el poder y se olvidaron de su gente. Ahora debemos dar un giro de 180 grados a nuestro trabajo, y dedicarnos a formar, ante todo, a los pobres y olvidados”. 

El nuevo rumbo de los jesuitas tuvo amplia influencia en numerosas comunidades religiosas femeninas y masculinas, y también en los obispos que luego se reunieron en Medellín. 

Trece años después, en 1978, accedió a la sede pontificia el arzobispo de Cracovia, Karol Józef Wojtyła, Juan Pablo II. De inmediato, el papa polaco frenó en seco a Arrupe, lo encerró con él durante tres días y lo presionó de tal manera para que le diera contraorden a todos los jesuitas del mundo, que Arrupe padeció un derrame cerebral y quedó en silla de ruedas, casi sin habla. El Papa sacó a la mayor parte de los jesuitas del Vaticano y los humilló de muchas maneras. 

Wojtyła falleció en 2005. Ironías de la vida: ocho años más tarde, en marzo de 2013, otro jesuita ‒por lo demás latinoamericano (argentino) ‒, Jorge Mario Bergoglio, fue elegido papa (marzo de 2013-…) y adoptó el nombre Francisco I en memoria del santo de Asís. Ya desde el Vaticano, Francisco profundizó el cambio y sigue reformando sustancialmente la herencia colonial. 

Esperemos que su legado perdure más allá de su fallecimiento. 

_____________________

* Aunque esta nota no hace parte del ensayo, me parece oportuno aclarar mi relación ambivalente con el cristianismo y en especial con la Iglesia. Aprecio la figura de Jesús de Nazaret (como también la de Buda Gautama), los evangelios ‒a pesar de que los leo muy rara vez‒ y recuerdo con alguna frecuencia sus sabias sentencias. Pero no me gusta para nada el Cristo que se inventó Pablo y ratificó Constantino I con el Concilio de Nicea. De ahí en adelante, la Iglesia perdió su rumbo. Nada que ver con Jesús, el fiel judío y carpintero de Nazaret. Por fin, el papa Francisco ha seguido desandando el camino de la Iglesia hacia su origen. Me parece un proceso que, si perdura, a mediano y largo plazo tendrá una enorme incidencia en Colombia y en otras partes del mundo. Con todo, no ignoro que la ciencia derribó desde hace tiempos todo el edificio dogmático. Ya ni siquiera merece revisión. Por eso, simplemente creo en La Vida, en esa misteriosa energía que desde nuestro interior impulsa La Vida, aunque no sepamos qué es ni para dónde va. Parece más bien una energía loca, desatada, pero quién sabe las que se trae. A veces da vueltas inesperadas.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

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Después de presentar dos términos novedosos –democradura y clerocracia–, el autor entró a referirse al segundo ámbito de su exposición: la Regeneración, el orden antimoderno impuesto por Núñez y su movimiento.

1. La Regeneración

En 1878, ante las tendencias centrífugas del país promovidas por el Olimpo liberal, el entonces presidente del Senado y todavía liberal radical, Rafael Núñez, había exclamado: “¡Regeneración administrativa fundamental o catástrofe!”. Llegado por segunda vez a la presidencia de la República en 1883, Núñez se transformó en el jefe de la reacción conservadora. Su exclamación sirvió de consigna política para toda una generación y de símbolo de una época que marcaría la historia colombiana del siglo XX.

Desde un punto de vista social podemos caracterizar el movimiento de la Regeneración como una reacción defensiva de la oligarquía más tradicional frente a dos amenazas: una, la progresiva desarticulación de la nación por las ideas y ambiciones de los caudillos regionales, y la otra, la creciente agitación e indisciplina de las clases subalternas frente a la dominación oligárquica. Para hacerles frente, restablecer la unidad nacional y sobre todo para asegurar la tranquila sumisión del pueblo católico, los dirigentes de la Regeneración buscaron el apoyo de la Iglesia y establecieron con ella una estrecha alianza de carácter antimoderno, hostil y belicoso ante los intentos modernizadores de entonces.

2. El orden antimoderno impuesto por la Regeneración: la clerocracia

Con el triunfo de la Regeneración se inaugura en Colombia “la Nación clerical” ‒la clerocracia‒ o, en otros términos, un orden cultural y político declaradamente adverso a las ideas libertarias de los nuevos tiempos.

La concepción griega del universo como un cosmos, un orden jerárquico inmutable, se había transferido al mundo cristiano y había permanecido vigente en la cultura europea hasta el fin de la Edad Media y el surgimiento de las naciones. A partir del siglo XV, sucesivos acontecimientos como la Reforma, la ciencia moderna, el descubrimiento de América y, finalmente, la Revolución francesa, quebraron en Europa la visión antigua de un orden estático para darle paso a una realidad percibida como Historia y orientada a la progresiva realización de la razón y la libertad. 

Entonces, simultáneamente, el nuevo continente suramericano fue convertido por la Iglesia y la Corona españolas en el refugio del antiguo orden social, amenazado y resquebrajado en el Viejo Continente. Mientras los revolucionarios franceses del siglo XVIII guillotinaban a la pareja real, emprendían la lucha contra la aristocracia y creían encontrar en la idea de la democracia el marco adecuado para el desarrollo de la libertad, en Colombia ‒como en el resto de América Latina‒ los nuevos nombres del régimen político, los ritos y valores democráticos de comienzos del XIX sirvieron para confirmar exactamente lo contrario: las caducas jerarquías impuestas por los colonos españoles y sus descendientes criollos. La Regeneración restituyó en Colombia los rasgos fundamentales del antiguo orden.

El triunfo de la Regeneración quedó consagrado en la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887. En el proemio a la Constitución del 86, Dios ‒no la soberana voluntad del pueblo‒ aparece como “fundamento de las instituciones” y así permanecerá hasta la reforma constitucional de 1988. El artículo primero de la Carta magna, confirmado una vez más por el plebiscito popular de 1957, reafirmó el monopolio religioso de la Iglesia en el país. Declaró que “la religión católica, apostólica, romana es la de Colombia” y presentó la razón por la cual el Estado busca el apoyo de la Iglesia: “los poderes públicos la reconocen como un elemento esencial del orden social”. Por ello, “se obligan a fortalecerla y a hacerla respetar”. Más claro no canta un gallo, según el festivo adagio popular.

En 1887, la Constitución del 86 se vio complementada por el Concordato. Como es sabido, los concordatos fueron pactos establecidos a fines del siglo XIX por las élites laicas occidentales con la Iglesia, tanto después del triunfo de la Revolución en Europa como de la Independencia en Hispanoamérica. Expresan la existencia de unas élites modernizadoras aún débiles que, para consolidar la nueva organización de la sociedad, requieren el respaldo o al menos la neutralidad de una Iglesia todavía poderosa y, a cambio de su apoyo, le conceden privilegios poco acordes con la nueva noción de un derecho universal. En cuanto tales, significan un acuerdo transitorio de una modernidad democrática apenas incipiente con el antiguo régimen absolutista. 

Con la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, los términos de la alianza entre Estado e Iglesia quedan bien definidos en Colombia: el Estado se obliga a defender y fortalecer el monopolio religioso y cultural de la Iglesia en la nación, a cambio de que aquella contribuya al mantenimiento del orden social y el reconocimiento de la autoridad civil. Ese tratado concordatario de paz constituyó, simultáneamente, el punto final de la confrontación radical entre las élites políticas liberales y la Iglesia, y el sólido arranque de una alianza entre ambos poderes que marcaría decisivamente, para bien o para mal, la cultura política colombiana. 

Constitución y Concordato sellaron el triunfo político de la Regeneración. Quince años más tarde se vería ratificado por la victoria militar obtenida en 1902 por el régimen conservador sobre los liberales, tras la cruel y prolongada Guerra de los Mil días. La doble victoria, política y militar, le abrió paso a una prolongada hegemonía conservadora. Habiendo comenzado en 1887, el poder religioso-político de los conservadores se extendería formalmente hasta 1930, pero en la realidad, como lo sugiero enseguida, llegaría mucho más allá, por lo menos hasta el comienzo del Frente Nacional en 1958. 

Ejercido durante más de cuatro décadas y sustentado en la hegemonía cultural de la Iglesia, ese poder creó en Colombia un orden social y político antimoderno basado en una nación clerical. Aun los gobiernos liberales, ya moderados por su negativa experiencia política y militar, mitigaron sus ímpetus casi hasta traicionar sus principios, con una relativa excepción: los intentos de la Revolución en Marcha, de Alfonso López Pumarejo.

3. El monopolio cultural de la Iglesia católica

Desde la última década del siglo XIX hasta mediados del XX, la Iglesia alcanzó y ejerció un amplio y profundo dominio en la cultura colombiana. El artículo 12 del Concordato de 1887 prescribía la enseñanza obligatoria de la religión católica en escuelas, colegios y universidades que, por lo demás, estaban casi todos en manos de la Iglesia. Solo en 1922, los liberales pudieron crear su primera universidad, la Universidad Libre. Todos los textos escolares destinados a la formación de una cultura y una identidad nacionales a través de la enseñanza de la historia, la filosofía y, desde luego, la religión, de uso obligatorio, eran de hecho redactados por religiosos. Por disposición constitucional los colombianos se formaron, pues, durante cerca de medio siglo, en una visión católica e integrista del mundo. 

Pero la influencia cultural de la Iglesia no se limitaba a la educación formal. Tan importante o más era quizás su control en el ámbito privado de la familia. Hasta 1975, no existía en Colombia el matrimonio civil y ningún otro tipo de unión ‒que no fuera la católica‒, era reconocida por el Estado. Quienes se vinculaban por fuera del rito católico se veían sometidos a una enorme presión y discriminación social, sobre todo en las clases medias y altas. Se los señalaba como “amancebados”, y sus hijos, denominados “naturales”, veían recortados sus derechos ciudadanos. Hasta mediados del siglo XX, no eran aceptados en los colegios de religiosos que, como ya decía, eran casi los únicos existentes. 

La mujer, sometida al varón y enclaustrada en el ámbito doméstico, se refugiaba en la religión, mientras el clero ejercía por medio suyo una profunda tutela sobre los varones y la vida íntima del hogar. Se puede decir que, desde el púlpito, la cátedra y el confesonario, la Iglesia controlaba la vida de toda la sociedad hasta sus refugios más íntimos, con la parcial excepción de la costa Caribe y La Guajira. 

A partir de 1930, después de una dominación conservadora de algo más de cuarenta años, accedieron al poder cuatro presidentes liberales (Olaya Herrera, López Pumarejo I, Eduardo Santos y López Pumarejo II) que, ya moderados por las negativas experiencias del pasado, modificaron hasta cierto punto el rumbo del país. La llamada República Liberal trajo “un rápido cambio social y una controversia política que durarían hasta 1946, cuando los conservadores volvieron a asumir el poder” (David Bushnell, en Daniel Samper Pizano, “Lo que nos espera”, Los Danieles, julio 3 de 2022).

El monopolio eclesiástico le produjo óptimos réditos tanto a las élites laicas como a la misma Iglesia. El respaldo del clero a las instituciones políticas y el cultivo de un respeto incondicional a su autoridad en el sentimiento religioso popular les confirió a las instituciones su peculiar estabilidad, notoria en el contexto latinoamericano. De igual manera, el apoyo prestado por el Estado a la Iglesia y la concesión del control cultural sobre la sociedad, le permitió a la institución religiosa lograr una implantación sociológica y un arraigo cultural acaso sin parangón en América Latina.

La hegemonía clerical trajo consigo muy diversos resultados. Me limito a una triple observación, importante para el propósito de este ensayo. Ante todo, la Iglesia ‒junto con los partidos políticos‒, forjó la identidad nacional de los colombianos, y aun quienes se creen más ajenos a la Iglesia revelan con frecuencia, en sus actitudes y comportamientos, una idiosincrasia católica, es decir, dogmática, moralista y autoritaria. 

En segundo término, gracias al sólido arraigo de la cultura política en los sentimientos religiosos de la nación, el Estado colombiano contó durante largo tiempo con un amplio respaldo que, así estuviera basado en un respeto integrista a la autoridad, tuvo el mérito de mitigar durante largo tiempo la necesidad de coerción armada. Por ello, al menos durante la primera mitad del siglo XX, el Estado colombiano no se vio obligado a desarrollar un aparato militar tan poderoso como el de otras naciones latinoamericanas. Otra cosa es lo que ha venido aconteciendo desde entonces y, en especial, desde los inicios del siglo XXI hasta hoy. 

Esperemos que el nuevo gobierno vaya disminuyendo el recurso a las armas en la medida en que se aclimatan la paz y la convivencia interna e internacional. Digamos, finalmente, que el monopolio educativo de la Iglesia creó una cultura casi monolítica y excluyente de toda diferencia. En efecto, si se tiene en cuenta que la familia, la escuela y la parroquia eran las tres instancias casi exclusivas de socialización de la época, el control sobre ellas le concedía a la Iglesia una hegemonía cultural casi completa, le garantizaba su propia reproducción y penetración social, y excluía de la cultura casi toda competencia y pluralismo religioso e ideológico. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

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El texto anterior inició la presentación de los dos modelos políticos ideales que las élites latinoamericanas tenían a su disposición para adelantar la construcción de un nuevo Estado y la unificación de la Nación, una vez consumada de la Independencia.

4. La democradura

Mediante el primer modelo de organización nacional, la democradura, las élites hispanoamericanas intentaron construir verticalmente la nación, imponiendo desde el Estado semicolonial la autoridad coercitiva de las armas. De tendencias obviamente anticolonialistas, libertarias y modernizantes, los jefes liberales político-militares de la Independencia y sus sucesores entraron muy pronto en conflicto con la Iglesia católica. Con ello, se ganaron la oposición de la poderosa institución eclesiástica y de los jefes conservadores, nostálgicos del antiguo orden en el que gozaban de abundantes privilegios, a la vez que se enajenaron el sentimiento religioso de las clases subalternas, hondamente influidas por la Iglesia. 

Las élites liberales optaron entonces por enfrentar la resistencia del clero y el faltante de legitimación popular con la fuerza de las armas. Se dio así comienzo al círculo vicioso entre carencia de legitimación popular y abuso de la fuerza estatal, cuya dinámica ha tendido a realimentarse sin cesar en el continente: los abusos de la fuerza desgastan la legitimidad de las instituciones e insubordinan los ánimos, y estos suelen suscitar, en reacción, un aumento de violencia estatal o privada. El resultado final son instituciones coercitivas, mal llamadas “fuertes”, pero en realidad inestables. Por este camino, los abanderados de las ideas liberales del siglo XIX terminaron convertidos en caudillos autoritarios de naciones rebeldes cuyo sentimiento religioso se habían enajenado. En Colombia, este se fue el caso del gran caudillo de Popayán y luego por dos veces presidente de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera. Inicialmente conservador, “Mascachochas” se sintió abandonado por su partido, el conservador, y se hizo liberal radical.

En un primer momento, como resultado inmediato de la Independencia, la democradura tendió a imponerse en todo el continente. Y donde este esquema logró prevalecer a lo largo del siglo XIX, trajo consigo el debilitamiento de la Iglesia y el fortalecimiento de las élites laicas frente a ella, a cambio de un excesivo peso de las armas y la coerción en la vida nacional. Este desequilibrio se traduciría, en el siglo XX, en una desmedida influencia de los ejércitos en el Estado y, en muchos casos, en una prolongada sucesión de golpes y dictaduras militares. 

5. La clerocracia

El modelo alternativo, la clerocracia, no se fundaba en el poder vertical de las armas sino en la articulación horizontal de la nación como fundamento del Estado, sobre la base de una clara hegemonía cultural religioso-política. En algunos países, como en Colombia, constituyó un segundo momento pendular de reacción frente al radicalismo liberal. Ante la agitación social y la inestabilidad institucional generada por el Olimpo radical en la segunda mitad del siglo XIX, algunas élites liberales buscaron a fines del siglo la reconciliación con la Iglesia e incluso recabaron su apoyo para obtener, a través de ella, el apoyo popular. Esta vía, por ser más consensual, fue también más sólida y capaz de garantizar la estabilidad de las instituciones estatales, fundándolas en la unidad cultural de la nación. Hizo, además, menos necesario el recurso a las armas e inhibió el crecimiento y la influencia excesiva de los ejércitos en el Estado de aquella época. Hipotecó, sin embargo, la autonomía de las élites civiles en manos de la jerarquía eclesiástica, politizó al clero y consolidó en la cultura nacional el beligerante espíritu integrista de la Iglesia de entonces. El caso de Colombia fue paradigmático.

Desde luego, hablo aquí de modelos ideales. En todas las naciones latinoamericanas se combinaron en distinto grado ambas formas de poder político, democraduras y clerocracias, tanto entre sí como con las instituciones nominalmente democráticas y en todas ellas se produjeron oscilaciones del predominio de un modelo al de su contrario, pero en casi todas las repúblicas uno de los dos esquemas llegó a adquirir, desde fines del siglo XIX y hasta mediados del XX, una influencia predominante en la formación de la Nación y del Estado. En Colombia se impondría durante un siglo la clerocracia.

II. La Regeneración y su lógica (1886-1953)

Por haber nacido en el seno de la cultura monolítica de la cristiandad medieval, buena parte de las corrientes emancipadoras del siglo XIX asumieron su misma forma dogmática e intransigente. Hasta la misma libertad fue asumida como dogma y, paradójicamente, se la quiso imponer de manera autoritaria. Por ello, el choque entre las nuevas tendencias liberales y la Iglesia a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX fue particularmente enconado. En Colombia, el enfrentamiento se produjo antes y quizá con mayor virulencia que en los demás países de América Latina, aunque también se revirtió muy pronto. El levantamiento de los criollos contra los hidalgos españoles se había iniciado, como ya lo dije, con la drástica oposición del Papa, la jerarquía y el alto clero a los dirigentes de la Independencia. A partir de 1845, se produjo la violenta reacción liberal contra la Iglesia.

En efecto, tras la muerte de Bolívar en 1830, el antiguo Virreinato de la Nueva Granada (1857-1861) se había convertido en República federal, en consonancia con la reivindicación de libertad, no solo individual sino también de las regiones. No obstante, los dos presidentes neogranadinos, ambos conservadores, pretendieron desconocer el federalismo y se acogieron a la legislación centralista y autoritaria de la Constitución de 1858. 

Ante la situación, Tomás Cipriano de Mosquera, gobernador del Cauca, y Juan José Nieto se alzaron contra el gobierno y se tomaron el poder, retornando al federalismo. En este espíritu se redactó la Constitución de Rionegro (1863), que cambió el nombre de la Nueva Granada por el de Estados Unidos de Colombia (1863-1886) y dio paso a trece sucesivos gobernantes liberales radicales, inspirados en la Constitución de Rionegro. Además de Mosquera, entre ellos se cuentan personajes como Manuel Murillo Toro (1864-1866, 1872-1874) y Aquileo Parra (1876-1878).

Los gobiernos liberales reaccionaron con fuerza contra la Iglesia. El arzobispo de Bogotá y los jesuitas fueron expulsados del país en 1849; en 1853, el Estado se separó de la Iglesia y proclamó la libertad religiosa; en 1861, un obispo fue encarcelado y el clero fue obligado a prestar juramento de fidelidad al régimen. Por segunda vez se expulsó a los jesuitas y se suprimieron todas las órdenes religiosas; en 1863, la Constitución de Rionegro suprimió el nombre de Dios de su proemio, confirmó la separación de Iglesia y Estado, estableció el matrimonio civil obligatorio, introdujo el divorcio vincular y la “tuición” o vigilancia y control del Estado sobre la Iglesia. 

Con la reafirmación del federalismo y con este primer intento de secularización de las instituciones estatales ‒que no correspondía a una evolución cultural de la sociedad, sino a las inclinaciones políticas de los caudillos regionales‒ se debilitaron, simultáneamente, los dos centros de poder y las dos instancias de identificación simbólica de los colombianos en el seno de la nación: el Estado central y la Iglesia católica. Las dos rupturas, sumadas, caldearon los ánimos, cargaron de contenido religioso las pasiones políticas, dieron identidad y diferencia a los dos partidos, liberal y conservador, los cuales, desde mediados del siglo XIX, promovieron numerosas confrontaciones armadas. Finalmente, como sucede con frecuencia, el radicalismo extremo terminó por arruinar la nación y suscitar una poderosa reacción contraria, igualmente radical: el movimiento conservador y centralista de la Regeneración. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

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El artículo anterior planteó interrogantes como si existe en Colombia una relación entre orden, religión y violencia, o su existencia simultánea es meramente fortuita y si hay razones que nos permitan esperar que esta simbiosis contradictoria esté en vías de desaparición. El texto siguiente introduce la organización que seguirá este ensayo.

Dividiré mi exposición en tres puntos. En primer lugar, presento los dos modelos políticos ideales que las élites latinoamericanas tenían a su disposición para adelantar la construcción de un nuevo Estado y la unificación de la Nación, una vez consumada de la Independencia. Mediante estos modelos espero caracterizar el régimen que se implantó en Colombia desde fines del siglo XIX. En segundo término, me refiero justamente al orden antimoderno impuesto por Núñez y su movimiento, orden que, a mi juicio, en realidad se extiende desde 1886 hasta el golpe de Rojas Pinilla en 1953, por decir lo menos. Y, en tercer lugar, con una reflexión sobre los actuales gérmenes de una nueva cultura política tal como han quedado planteados a partir de la época constituyente que se abrió en 1991, aunque señalo también los enormes obstáculos que dificultan la tarea.

I. Los modelos ideales de las nuevas repúblicas 

Apenas concluidas las batallas de la Independencia, las élites políticas y militares de América Latina se vieron enfrentadas a un enorme reto: darle unidad y coherencia a Estados y Naciones democráticas aún inexistentes. El orden colonial y sus instituciones habían perdido toda legitimidad. La gesta emancipadora no solo había desalojado a la Corona española de su antigua colonia sino que, con ello, había abolido de raíz la posibilidad de restablecer la monarquía. 

Los jefes de la Independencia tenían, pues, ante sus ojos inmensos territorios mal comunicados, todavía poco conocidos y, en casos como en el colombiano, abruptamente parcelados por selvas y cordilleras. Y, lo que es más complejo, encontraban poblaciones segmentadas por la geografía y por estratos sociales de acuerdo con diferencias étnicas, económicas, sociales, culturales y políticas. Conviene subrayar desde ahora un punto fundamental: el Estado sigue siendo el gran ausente de buena parte del territorio colombiano y, cuando tiene alguna presencia, suele ser precaria, políticamente parcializada y casi exclusivamente militar.

Es cierto que en la América hispana subsistían factores importantes de una cierta unidad cultural, como la amplia difusión de la lengua castellana, una cierta religiosidad católica, la historia común de la Colonia, la gesta compartida de la Independencia y el fervor libertario del momento. Con todo, estos aglutinantes carecen de estructura institucional. No permiten crear y mantener por sí solos la unidad de las naciones ni la firmeza de los Estados. La monarquía había sido derrocada, es verdad, pero subsistía aún el esqueleto político y administrativo de la Colonia –el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, los Virreinatos, las Capitanías generales, las Audiencias, el Consulado y el Cabildo–. Estas instituciones debían ser ajustadas al nuevo espíritu de las jóvenes Repúblicas y era indispensable establecer un principio de autoridad legítima que le diera vida a la nueva organización social. 

Por entonces solo subsistía una institución poderosa, poseedora de una larga experiencia histórica, de una vasta estructura internacional bastante bien implantada en el continente y con profundas raíces en la cultura popular latinoamericana: la Iglesia católica, único polo institucional que podía facilitar la unidad cultural de las nuevas naciones, fundar una cierta comunidad de valores y normas, y cimentar la estabilidad política de sus instituciones. Solo ella disponía de los recursos institucionales, el poder económico y la penetración geográfica, social y cultural requeridos para adelantar semejante tarea. 

Sin embargo, las élites liberales de la hazaña libertadora experimentaban ante la Iglesia profundos y justificados reparos. Se trataba de una institución eminentemente colonial, beneficiada y protegida por la Corona española con el Patronato de Indias, hostil a la modernidad y más económico-política que religiosa. En los siglos XV y XVI, la Corona había adelantado su expansión hacia América con el ánimo de restaurar en ultramar una cristiandad en decadencia, amenazada en tierras europeas por el Renacimiento y la Reforma, y luego enclaustrada en el espíritu defensivo de la Contrarreforma, movimiento que abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de la guerra de los Treinta Años, en 1648. 

Es de interés señalar que, en septiembre de 1540, cinco años antes de Trento, había sido fundada la Compañía de Jesús* con el propósito explícito de ponerse al servicio incondicional del Papa, quienquiera que fuese, en la lucha contra las nuevas corrientes. En esa perspectiva, los jesuitas crearon y pusieron en marcha el movimiento de la Contrarreforma, comenzando por el impulso a la convocatoria del Concilio “ecuménico”, que en aquel momento no significaba “interconfesional”, como ahora, sino de la Iglesia supuestamente “universal”. 

Durante la Colonia, la Iglesia española le había otorgado su legitimación esencial a la autoridad real y a las relaciones sociales impuestas por los invasores hispanos, de carácter servil o esclavizante, que solo contó con la muy reducida resistencia y la dura crítica de un par de frailes dominicos. 

Desde los inicios de la modernidad y especialmente después de Revolución francesa, la Iglesia había asumido posición en Europa contra las ideas liberales y democráticas. Ante las batallas libertadoras del nuevo continente, el mismísimo papa Pío VII había tomado posición contraria en su Breve Etsi longissimo, del 30 de enero de 1816, y había señalado a sus jefes como “promotores de sedición”. La jerarquía eclesiástica latinoamericana, de origen español y nombrada por la Corona, así como gran parte del alto clero, también español, se habían opuesto a la emancipación (aunque debe reconocerse también que muchos curas rebeldes del bajo clero se sumaron a la campaña libertadora). En consecuencia, no parecía adecuado recurrir al apoyo oficial de la Iglesia para construir un nuevo orden poscolonial, pero tampoco resultaba fácil para las élites encontrar un medio alternativo para impulsar la cohesión nacional. 

2. Instituciones democráticas sin sujeto social

Un primer proyecto ‒que hubiera sido el más coherente con el espíritu antimonárquico y libertario de la Independencia‒ habría consistido en construir una verdadera democracia moderna, asentada sobre una cierta equidad etnosocial y sobre mecanismos más o menos transparentes de legitimación política y control popular. Pero esta posibilidad era ilusoria. Carecía, en América Latina, de los indispensables presupuestos históricos, sociales y culturales que la propiciaron en Europa occidental. 

En efecto, no existía en el continente hispánico una burguesía que, a través del conflicto con la aristocracia terrateniente, hubiera desarrollado una clara consciencia acerca del carácter universal de la ley y el derecho en contra de un orden social jerarquizado por una escala de privilegios particulares. Más bien ejercía su indiscutida dominación política una oligarquía a la vez terrateniente, agroexportadora y militar que, en el marco de instituciones nominalmente democráticas, continuaba considerando sus antiguos y nuevos privilegios como derechos incuestionables. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay élites en Colombia que no están muy lejos de ese punto de vista. 

Nada permitía esperar que, ni antes ni ahora, esa oligarquía renunciara a ellos espontáneamente. Tampoco existía un movimiento obrero organizado y capaz de reivindicar sus atribuciones ciudadanas, sino un campesinado disperso, ignorante y ligado a sus patronos por relaciones de lealtad y servidumbre. Numerosas comunidades indígenas se hallaban dispersas, desarticuladas y sometidas por la fuerza o la seducción a sus nuevos amos, y abundantes grupos de población negra esclavizada fueron distribuidos por el territorio nacional, sobre todo por las dos costas colombianas, Pacífica y Caribe, por las riberas del Magdalena y a lo largo y ancho de amplios territorios del suroriente, como el Cauca y el Valle. 

Finalmente, no se habían desarrollado aún sino muy reducidos sectores medios, los que, por sus ansias de ascenso social, suelen ser los principales defensores de los derechos ciudadanos. En suma, las nuevas instituciones y normas democráticas carecían de sujeto social. Representaban una “democracia sin pueblo”. En consecuencia, reitero que, cuando la Corona española fue expulsada, no existían en América Latina las condiciones necesarias para la vigencia real de la democracia. 

3. Entre la democracia y el absolutismo

Expulsada la monarquía, el continente quedó sumido en un limbo político del que nacieron formas híbridas de organización social y poder. Bajo nombres, normas e instituciones propios de la democracia norteamericana se conservaron las prácticas sociales del autoritarismo tradicional. Surgieron entonces las peculiares democraduras (del francés Pierre Rosanvallon) y clerocracias (del argentino Carlos Lombardi) latinoamericanas, mezcla singular de absolutismo, clericalismo y democracia.

El poder absoluto de los monarcas europeos se había apoyado sobre dos formas complementarias de autoritarismo: la coerción estatal, ejercida por las armas, y un cierto consenso asentado sin embargo en una cultura religiosa autoritaria, que prescribía la sumisión incondicional a la autoridad terrena en nombre de Dios. 

La Reforma impulsada por Lutero y la misma Iglesia católica dividieron la cristiandad en dos vertientes, católicos y protestantes, que darían lugar a un siglo de guerras de religión. La Revolución francesa de 1789, inspirada en la norteamericana de 1775, consumó el cuestionamiento luterano al doble principio católico de autoridad, a la vez armado y cultural, para tratar de sustituirlo por relaciones consensuadas de los ciudadanos entre sí y con el Estado. Se imponía entonces la idea del famoso “pacto social” entre ciudadanos libres e iguales. En cambio, en América Latina pervivieron las dos formas del autoritarismo ‒la coerción armada y un amplio consenso fundado en una religiosidad autoritaria‒, pero separadas y combinadas, cada una a su manera, con las nuevas formas democráticas. El predominio de una u otra forma de autoritarismo, coercitivo o consensual, armado o cultural, y su combinación específica con la democracia nos ayudará a establecer el marco de comprensión de la naturaleza y evolución de los Estados y Naciones latinoamericanas. 

* El mero nombre de “Compañía” y la denominación del más alto superior como “General”, revelan el espíritu combativo de los jesuitas, impuesto por Ignacio de Loyola, un antiguo soldado “desgarrado y vano”, según sus propias palabras.

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

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