¿Qué está sucediendo en Tibú, Norte de Santander? Para entenderlo hay que remontarse a comienzos del siglo XX, cuando comenzó la concesión petrolera. En esta población la ausencia del Estado ha sido enorme y ello se refleja, por ejemplo, en su tasa de homicidios por 100.000 habitantes ‒la más alta del país‒, en una impunidad de 93 % en los casos de homicidio y de 99 % en la de desaparecidos.
En el primer video aparecen el joven de 18 años y el niño de 12 en el local comercial, maniatados con cinta pegante y una cara de terror impactante. Mientras el video enfoca a los protagonistas, se oye una voz masculina en off que dice “lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras”.
En el segundo video, también dentro del establecimiento de comercio, los “detenidos” están detrás de un hombre desafiante con gorra negra, camiseta roja de manga larga y un morral, que explica que ellos (¿quiénes?) se “están haciendo cargo” (dos personas por fuera del cuadro le extienden el puño en señal de agradecimiento y él responde con un gesto similar y una cara de autoridad servicial). El mismo sujeto añade: “si las autoridades los sueltan y después… (corto silencio), eso ya no es problema de nosotros.” El video termina con el “vocero” del grupo autorizando a las personas presentes para que hagan videos y tomen fotos del joven y el niño. El tercer momento de esta película macabra son las fotografías del joven y el niño tirados boca abajo, aun con las manos amarradas, en un rastrojo en la vía que conecta a Tibú con El Tarra, con la cabeza destrozada por proyectiles, en medio de una mancha de sangre ya seca.
Para entender lo que pasa en Tibú, Norte de Santander y, en general, en la zona del Catatumbo, hay que retroceder la película 115. Esta zona limítrofe con Venezuela fue objeto de concesión petrolera en 1905 con el contrato entre el presidente Rafael Reyes y el general Virgilio Barco. El general Barco “engordó” su concesión hasta 1914, cuando la cedió a las empresas estadounidenses Colombian Petroleum Company y South American Gulf Oil Company. Estas empresas iniciaron un proceso de intervención y construcción que permitió que, entre 1938 y 1968, la zona tuviera vías carreteables (en 1968 eran 800 km), hospitales, escuelas, clubes sociales, barrios con alcantarillado y luz eléctrica para los ingenieros, profesionales y extranjeros, grandes extensiones de potreros para ganado, más de 500 pozos petroleros, un oleoducto de 400 km hasta Coveñas en el golfo de Morrosquillo y tres aeropuertos, entre los cuales figuraba el de El Tarra ‒que en 1938 tenía el mayor número de vuelos entrantes y salientes de toda Suramérica (Renán Vega, 2009)‒. Todo esto sin la presencia del Estado y todo a pesar de la pobreza generalizada de la población.
Empezando la década de los 30, y por petición de las compañías petroleras, llegó el ejército para enfrentar a las tribus indígenas Motilones-Barí. Entre 1910 y 1960 el número de indígenas presentes en el territorio cayó un 70 % y las tribus perdieron cerca de 11.900 km². Hubo incluso algunas épocas en las que las empresas petroleras pagaban precio por cabeza de los indígenas en sus territorios. La violencia como herramienta de control social.
En 1945, aún sin una presencia del Estado, Tibú se convirtió en corregimiento de Cúcuta y 32 años en municipio. Con 2737 km² (1000 km² más que Bogotá D.C.) y una extensa frontera con Venezuela, el territorio recibió la presencia del ELN y del EPL (década de los 70), de las FARC (década de los 80), de los paramilitares (finales de los 90), del Clan del Golfo y los Rastrojos (después de 2004) y, para rubricar la gesta de muerte y dolor, de las disidencias de las FARC (después de 2017).
En principio, son los recursos de la extracción petrolera y la porosa frontera con Venezuela lo que atrae a los actores armados, pero ya en los primeros años de este siglo la ausencia estatal y la multiplicidad de actores armados inauguraron el negocio de los cultivos de coca y su transformación con toda la parafernalia de desplazamiento, corrupción y muerte que lo acompaña.
En 2020, año de encierro y de pandemia (bueno, quizás solo en algunas grandes ciudades) Tibú tuvo una tasa de 206 homicidios x 100.000 habitantes (Bogotá, 12 x 100.000, Medellín, 14 x 100.000, Cali 43 x 100.000 y Cúcuta de 38 x 100.000). Estas cifras van acompañadas de un 93 % de impunidad. Respecto a la desaparición forzada Tibú, con 45.000 habitantes, tuvo 1268 desaparecidos entre 1985 y 2018, mientras Medellín, con 2.400.000 habitantes, 2977. ¡Una barbaridad! La impunidad en este caso es del 99 %. Nadie responde.
La histórica ausencia estatal (concesión petrolera, coca, pobreza generalizada); la presencia constante de actores armados ilegales; la violencia homicida, la desaparición forzada y la impunidad generalizada condenaron a muerte hace muchos años a los presuntos ladrones “detenidos” por los ciudadanos en ese local comercial. El Estado, en buena parte ausente de esta película, no aparecería milagrosamente ese sábado en el casco urbano de Tibú. Lo predecible, dolorosamente, era ‒como dijo el ciudadano del primer video‒ que los encontrarán tirados en la orilla de una carretera.
No hay derecho. No hay Estado. ¡Ay, país!
Enero, 2022