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Cambiar el concepto de servicio educativo por el de derecho fundamental es ingenuo.

Por fortuna, el buen juicio y la trayectoria académica de la ministra de Educación permitieron que el diseño y trámite de leyes tan importantes como las anunciadas se hagan con el tiempo suficiente para que la inteligencia propia del sector no termine en unos proyectos indignos de quienes tienen en sus manos enseñar a las nuevas generaciones el valor del conocimiento.

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