La mejor manera de acabar con las fotomultas no es quitar las cámaras; es enseñando y obligando a cumplir las normas por las que se imponen.
Las infracciones más frecuentes
Las fotomultas son un enorme problema nacional por el número que se impone al año y por el valor acumulado de las deudas de conductores y propietarios de vehículos. Según datos del SIMIT, el año pasado se impusieron en el país 3.5 millones de comparendos originados en las cámaras de foto-detección, y en los primeros 7 meses de este año ya van 1.85 millones.
Cali es un caso particular por la cantidad de comparendos y su composición. En esa ciudad el año pasado se impusieron 745.000 comparendos, es decir el 21% del total nacional, porcentaje que ha subido al 27% en 2026. Lo extraño es que por Cali circula menos del 10% del parque automotor del país, lo cual tiene dos posibles explicaciones; una que en esa ciudad se cometen más infracciones, o que sus autoridades son más eficientes en la detección de infractores.
Sin descartar la primera hipótesis, hay elementos para pensar que la verdadera explicación es la falta de detección de infractores en otras ciudades. Una percepción equivocada es que en el país la mayoría de las fotomultas son por exceso de velocidad. Es cierto que se deben revisar normas absurdas como el límite de 50 km/hora en todas las vías urbanas, aún en aquellas autopistas urbanas con 6 o más carriles y puentes peatonales, pero ese no es el principal problema de las cámaras.
En Cali las multas por exceso de velocidad son solo el 5% de los comparendos impuestos por las cámaras y pasarse semáforos en rojo otro 6%. Casi 3 de cada 4 multas corresponden a vehículos que circulan sin revisión tecno-mecánica (RTM: 37%) o sin SOAT (35%), es decir son más propensos a accidentes, o que no tienen seguro para cubrir los daños causados a terceros.
En el total nacional, el año pasado las multas por velocidad son el 30%, mientras que la proporción de multas por SOAT o RTM fue de solo el 40%, pero no porque haya menos de estas infracciones, sino porque no se detectan: en algunas ciudades como Barranquilla no hay comparendos por estas infracciones, y en Bogotá solo son el 10% del total, lo cual puede deberse a que las cámaras no están calibradas para detectarlas.

De infractores y motos
Otro aspecto que resulta extraño en Cali es que la cantidad de comparendos equivale a las dos terceras partes del número de vehículos que circulan en la ciudad, lo cual no significa que la gran mayoría de los caleños violen las normas de tránsito, sino que hay muchos reincidentes. En efecto, del total de comparendos vigentes solo el 42% corresponde a personas con una sola infracción y otro 38% a personas que tienen entre dos y cinco infracciones. Parece irreal, pero en el registro aparecen 340 personas con más de 100 comparendos.
Este hecho tan insólito está relacionado en parte, con la gran cantidad de comparendos por falta de RTM y SOAT. Si un vehículo está circulando sin estos requisitos le imponen una multa y le dan 10 días de gracia para que los obtenga, pero si no lo hace a los 10 días le impondrán una nueva multa. Pero también se explica por el mercado secundario de motos, muchas veces sin traspasos registrados, de manera que, si la moto comete infracciones, el propietario original sigue respondiendo por ellas.
Esto nos lleva a analizar el tipo de vehículo que comete la infracción. En el país, las motos recibieron el 56% de los comparendos, y en Cali el 75%. Posiblemente si en otras ciudades se vigilara más el cumplimiento del SOAT y la RTM, que son las infracciones más frecuentes, el porcentaje nacional sería similar al de Cali.

La gran cantidad de comparendos a las motos es la consecuencia de dos graves problemas ya muy conocidos: uno, que son muy numerosas las que circulan sin esos dos requisitos y dos, que un número considerable de motociclistas no respetan las normas básicas de tránsito como los semáforos, los límites de velocidad, etc. Por eso el 53% de los fallecidos en accidentes de tránsito y el 70% de los lesionados están relacionados con las motos.

La dimensión económica de las fotomultas es cuantiosa. Con un valor promedio de $750.000 por comparendo, esto significa que el año pasado se impusieron multas por $2.6 billones. Ante esa cantidad de plata se dice que es un gran negocio para los municipios, y se propone que hay que controlarlo porque es una carga muy onerosa para los ciudadanos. Eso intentó el anterior gobierno, y el nuevo va por el mismo camino.
Querer resolver este problema eliminando las cámaras es una posición demagógica y populista, tan irresponsable como la de los vándalos que aprovechan cualquier desorden en la ciudad para destruirlas. Es como si la DIAN, ante los $60 billones que le deben los deudores morosos, decidiera eliminar sus mecanismos y programas de control porque esa deuda es muy onerosa para los contribuyentes. Otro símil, todavía peor, es como si se decidiera no volver a monitorear las áreas sembradas de coca para decir que se acabaron los cultivos ilícitos.
El sistema de las fotomultas debe revisarse y mejorarse: se pueden revisar los límites de velocidad, o ampliar los períodos de gracia para el SOAT y el RTM, o reducir el valor de las multas para estas dos infracciones, pero eliminarlas es promover la impunidad y premiar el incumplimiento de las normas de tránsito. Y las consecuencias se miden en vidas perdidas o personas lesionadas.
Mauricio Cabrera Galvis
Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

