Paz total: complejas dimensiones y avances esperanzadores

Existen iniciativas de paz que han generado interrogantes y en otros casos se han realizado modificaciones que merecen ser analizadas.

El presidente Gustavo Petro denominó Paz Total a la política central de su gobierno, la cual ha despertado tanto esperanzas como controversias. Examinar los fundamentos legales que ha ido logrando, así como los desarrollos que ha tenido, permite ver cómo esa crucial tarea ha ido perfilando las dimensiones claves para que no se quede en anuncios genéricos.

Construcción de fundamentos

Para darle soporte legal a la política de paz total, el 3 de noviembre de 2022 el Congreso aprobó la Ley 2272 –a partir de sesiones conjuntas de las Comisiones primeras que conciliaron y votaron los proyectos de ley 181 del Senado y 160 de la Cámara–, y al día siguiente fue firmada por el presidente Petro. 

La nueva ley modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, de orden público, que le otorga al presidente facultades para adelantar negociaciones con grupos armados al margen de la ley, promover la convivencia y definir políticas de seguridad. Es posible que el gobierno vaya a necesitar leyes adicionales, según los avances en distintas mesas de diálogo, los requerimientos de entidades nacionales y territoriales que apliquen los acuerdos a los que se vaya llegando en las distintas mesas, y el papel que jueguen las organizaciones sociales y humanitarias regionales y nacionales.

Mediante el Decreto 2422 de 2022 se creó la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, con el fin de coordinar la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros a ciudadanos –hombres y mujeres– pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privados de la libertad. En esta comisión participan los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ejerce la secretaría técnica.

Detrás de la violencia de la mayoría de los grupos armados ilegales se halla el problema de las drogas. Ante el total fracaso de la guerra contra ellas, Petro propone reforzar la lucha contra los traficantes y el blanqueo de dinero; descriminalizar cultivos de coca y marihuana para que los indígenas y campesinos no sean los castigados, y legalizar y regular la venta y el consumo ocasional y recreativo. Tratándose de un problema clave para el avance de la paz total, urgen desarrollos legislativos que sustenten la nueva política.

Ejes y procesos de la paz total

El gobierno Petro ha señalado que la paz total está compuesta por tres ejes: (i) desactivar los factores de violencia mediante procesos de paz y a través del sometimiento a la justicia; (ii) proteger la vida, empezando por la de los más amenazados: líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de grupos que han optado por la paz, y (iii) lograr la paz social y convivencia ciudadana que permita resolver pacíficamente conflictos cotidianos, los cuales se desarrollarían a través de –al menos– siete procesos, a saber:

1) Implementar el Acuerdo con las FARC. Como mostró la Comisión de la Verdad, en los cuatro años de gobierno de Iván Duque solo se avanzó 30 %; el mayor rezago se registra en la implementación del capítulo étnico (13 %) y en las medidas de género (12 %). Al recibir como presidente electo el Informe de la Comisión de la Verdad, Petro se comprometió a cumplir sus recomendaciones y el Acuerdo de Paz.

2) Negociar con el ELN. El gobierno nombró una delegación diversa y el ELN intentó equilibrar sus representaciones territoriales. En el intento anterior hubo frentes que no aceptaron participar, como el de Chocó, pese a la presión de comunidades negras e indígenas. El 12 de diciembre de 2022, al concluir su primer ciclo, la mesa que sesionó en Caracas anunció acuerdos humanitarios que comenzarían en el Medio San Juan (Chocó) y el Bajo Calima (Valle), pero el frente Occidental que actúa allí convocó paro armado indefinido a partir del 15 de diciembre. Es de esperar que la presión social y gubernamental hagan cumplir los acuerdos humanitarios y que la mesa retome las negociaciones y logre la paz.

3) Decidir el tratamiento a las disidencias. Se cuestiona incluir en las negociaciones de paz u ofrecerle beneficios a Iván Márquez y a otros reincidentes que abandonaron el Acuerdo de Paz.

4) Buscar el sometimiento a la justicia de bandas criminales de distinto tipo. Existen interrogantes sobre lo que ocurriría si a pesar de que esos procesos sean exitosos continúan la violencia y las economías ilegales; cómo garantizar que entes como las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo renuncien al rentable negocio criminal y no vuelvan a delinquir. El proyecto inicial les concedía reducción de penas y posibilidad de retener parte de su capital, pero el gobierno tuvo que suprimir esas concesiones por rechazos en el Congreso. Petro ha presentado la reconciliación de Shottas y Espartanos en Buenaventura como primer logro de la paz total, en el que fue clave el papel de la Iglesia.

5) Establecer regiones de paz o territorios para adelantar diálogos de paz, que podrían partir de los municipios categorizados como “zonas más afectadas por el conflicto armado” y donde están los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

6) Nombrar como gestores de paz a los jóvenes de la “primera línea”, algunos encarcelados por presuntos delitos en el estallido social, lo cual tiene complejidades jurídicas que ameritan discusión pública y precisión gubernamental. Como los gobiernos de Uribe y Santos nombraron gestores de paz a guerrilleros presos que fueron liberados para facilitar acercamientos con las FARC y el ELN, su uso podría sugerir que esos jóvenes forman parte de grupos armados ilegales, acusación que ellos siempre han rechazado. Se ha exigido diferenciar entre personas condenadas y otras con procesos dilatados por carencia de evidencias o pruebas precarias.

También se pide que las condiciones de liberación de detenidos estén reguladas por la ley y no sean discrecionales del gobierno. Además, se ha cuestionado el anuncio de Petro del 14 de diciembre acerca del pago mensual de $1.000.000 a 100.000 gestores de paz que nombraría; se ha dicho que podrían pasar a ser colectivos puestos al servicio de eternizar a Petro en el poder. El fiscal le ha pedido al gobierno explicar “de qué es vocero el gestor de paz”, y que la justicia determine sobre salida de privados de la libertad. El ministro del Interior aclara que no es amnistía, indulto ni perdón judicial, que quienes sean escogidos por la Comisión Intersectorial como beneficiarios de esa medida quedan vinculados judicialmente a expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia judicial, pues los procesos no se suspenden. Asimismo, se ha cuestionado la judicialización masiva que hizo la Fiscalía contra manifestantes y el contraste con la lentitud de la investigación de abusos de la Policía.

7) Reemplazar el servicio militar obligatorio por el servicio social para la paz. El servicio sería de 12 meses, concedería certificado equivalente a la libreta militar, contaría como experiencia laboral, y podría prestarse en cualquiera de las 11 modalidades que enumera: 

(i) promoción de alfabetización digital; 

(ii) trabajo con víctimas del conflicto armado, defensa de derechos humanos y del derecho internacional humanitario; 

(iii) apoyo a la refrendación y cumplimiento de acuerdos de paz; 

(iv) promoción de la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización; 

(v) protección de naturaleza, biodiversidad, fuentes hídricas, hábitats marinos y costeros, riqueza ambiental y forestal; 

(vi) promoción de la paz étnica, cultural y territorial, respetando la autodeterminación, autonomía, y los usos y costumbres de esas comunidades; 

(vii) protección y cuidado de personas en discapacidad y de mayores en vulnerabilidad; 

(viii) trabajo en la reforma rural integral; 

(ix) vigilancia del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación; 

(x) trabajo con personas damnificadas o afectadas por amenazas naturales, y 

(xi) promoción de educación y actividades de gestión del riesgo y cambio climático. 

Ese proyecto causó fuertes críticas y dejó puntos por esclarecer, como los referidos a la objeción de conciencia o a quienes no deseen acogerse a ninguna de las dos alternativas.

Socorro Ramírez

Diciembre, 2022