Muerte digna, Vida digna

En el país son varias las preguntas que vienen haciéndose acerca de la eutanasia, desde al menos 1997, cuando Carlos Gaviria hizo una ponencia al respecto y la Corte Constitucional sentenció sobre la muerte digna. Han transcurrido 23 años y el Congreso ha eludido su responsabilidad de legislar sobre ella.

¿Se debe permitir a una persona que tiene una enfermedad incurable que decida no seguir viviendo? ¿Se le puede prohibir que busque anticipar su muerte? ¿Se debe permitir a los médicos que le colaboren en el proceso si el paciente lo solicita?

Estas son las preguntas que se vienen planteando en Colombia desde hace décadas, y que vuelven al primer plano con la reciente expedición de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud, que reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia.

La Resolución 971 es prolija en detallar los requisitos para solicitar la eutanasia, así como en los procedimientos que deben seguir hospitales y médicos para aceptarla o negarla. Tiene un importante avance, pues ya no restringe esta posibilidad a pacientes terminales, sino que acepta que pueda solicitarla un paciente con enfermedad incurable avanzada.

Desde 1997, la Corte Constitucional, con ponencia de Carlos Gaviria, sentenció que por el derecho a la muerte digna no habría responsabilidad penal para el médico que ayude a morir a un paciente terminal que lo ha solicitado por su libre voluntad; además exhortó al Congreso para que regulara el tema de la muerte digna. En 23 años el Congreso ha eludido su responsabilidad, la última vez el semestre pasado cuando se hundió, por falta de apoyo del gobierno, el proyecto de ley presentado por el representante Juan Fernando Reyes                                                                                           Kuri. Hay que seguir insistiendo.

El debate de fondo es si una persona tiene el derecho a elegir libremente sobre su muerte, inclusive renunciando a su derecho a vivir, en casos en que la vida que soporta no es una vida humana digna. La reticencia del Congreso y de una parte de la sociedad colombiana a aceptar este derecho se debe más a creencias religiosas que a argumentos jurídicos. Para muchas personas la eutanasia es un pecado porque solo Dios puede disponer de la vida; para otras hay que aceptar la enfermedad, por dolorosa que sea, así como Jesús aceptó su crucifixión, porque esa es la voluntad de Dios.

Por supuesto que estas creencias son totalmente respetables y no puede forzarse a nadie a que acepte la eutanasia y la practique en contra de su religión. Pero de la misma manera en un Estado laico y pluralista nadie puede imponer a otro sus creencias ni impedir que obtengan la eutanasia otras personas que creen que su dios les ha dado la total autonomía hasta para decidir sobre su propia vida. La obligación del Estado es garantizar que ambos grupos puedan vivir y morir de acuerdo con lo que creen.

También dentro de los cristianos hay diversidad de opiniones, como la del teólogo Hans Küng, quien fue un constante defensor de la eutanasia voluntaria. Para la misma Iglesia católica el derecho a la vida nunca ha sido absoluto: no solo justificó durante muchos años los asesinatos de la Inquisición, sino que hasta hace unos años la posición del Catecismo Católico, era que la “enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye (…) el recurso a la pena de muerte” (n. 2267)*.

La Iglesia estaba equivocada: el derecho a la vida sí debe prevalecer, pero también, como dijo Küng, el derecho de cada persona de definir sobre su vida y su tránsito hacia la muerte cuando su vida ya no es digna.

* Catecismo de la Iglesia Católica (2000). Bogotá: San Pablo, p.745.

Mauricio Cabrera G.

Julio, 2021