El Congreso decidió que habrá matrícula gratuita en todas las instituciones públicas de educación superior. ¿Cuál es la lógica de esta medida? ¿Cuál es su costo? ¿Hasta dónde beneficia a los más pobres?
Del gobierno Duque al gobierno Petro.
El Congreso acaba de aprobar la ley que “establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país”. Este logro es importante para el gobierno porque era una promesa de campaña de Petro, a pesar de que el gobierno anterior ya había hecho algunos avances.
En efecto, en julio de 2021 se habia anunciado que “con la Matrícula Cero el Gobierno del Presidente Duque beneficiará a cerca de 695 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en todo Colombia, que representan el 97 % de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior, para los periodos académicos correspondientes al segundo semestre de 2021 y 2022, y se avanza en una propuesta para convertir esta iniciativa en una política de Estado que perdure en el tiempo”.
La ley aprobada esta semana ofrece gratuidad en la matrícula de forma permanente y aplica para todos los estudiantes que accedan a las instituciones públicas, no solo a los de estratos 1, 2 y 3.
Este es un aspecto importante que conviene examinar pues abre la discusión sobre lo que debe ser la educación superior en Colombia, sus modelos de financiamiento, el acceso, la calidad y su papel en la equidad social.
La educación superior: ¿bien público o bien privado?
Existen dos perspectivas sobre la educación superior, que tienen muy distintas implicaciones económicas y políticas.
En la primera mirada prima el bien público, y por eso considera que el Estado debe asegurar los recursos financieros para la formación avanzada y especializada de todos los ciudadanos que serán el futuro del país. Desde esta perspectiva, la educación superior tiene un papel decisivo para
- el desarrollo de la ciencia a través de la investigación;
- el desarrollo de la industria a través de su vinculación con el sector empresarial;
- el desarrollo general de la cultura a través de la producción intelectual de sus docentes y estudiantes;
- el desarrollo político a la hora de formar opiniones críticas sobre los asuntos del Estado.
De estas responsabilidades surgen principios fundamentales como la autonomía universitaria, que protege la libertad para acceder y divulgar el conocimiento.
Esta visión ha prevalecido en gran parte de Europa, donde la educación superior es pública en una altísima proporción.
La segunda perspectiva tiene un carácter más individualista. La educación superior está hecha principalmente para satisfacer el derecho individual, para asegurar las oportunidades de empleo y de progreso personal sin que esto implique una corresponsabilidad con la sociedad, sea económica o ética.
Esta mirada ha sido prevalente en América Latina. El Estado asume una responsabilidad parcial para sostener a las instituciones públicas que aseguren un porcentaje de oferta, entendiendo que una porción minoritaria de la población puede pagar los altos costos de una educación privada. Esto no significa que los demás fines desaparezcan, pero en la práctica deben contrastarse con la cantidad de recursos disponibles y con la productividad de las instituciones.
Si la educación superior tiene la responsabilidad de asegurar oportunidades de empleo y remuneración a las nuevas generaciones, acceder a la educación superior y ofrecer tantos cupos como sea posible se convierte en un instrumento fundamental de equidad social. Además de cupos directos, el Estado facilita mecanismos de crédito o programas de becas que permitan acceder a la oferta privada.
Es evidente que derribar barreras de acceso es muy importante para combatir las brechas sociales, pero es apenas una pieza de un gran rompecabezas, pues de nada sirve tener gente más calificada si no se crean las oportunidades de empleo que respondan a las expectativas de quienes han hecho grandes inversiones en tiempo y dinero para formarse.
¿Cuántos son los estudiantes?
En una entrevista realizada por la revista Semana en 2019, José Joaquín Brunner señalaba que “uno de los cambios más significativos que han transformado y que seguirán transformando la educación superior es la expansión de la matrícula. En 1950 había 250.000 estudiantes de educación superior en Latinoamérica. Hoy, hay alrededor de 28.000.000.”
“Luego está la explosión de Instituciones de Educación Superior (IES). En 1950 había 75 universidades, hoy hay cerca de 11.000 IES, de las cuales más de 4.000 son universidades. Un tercer fenómeno es el de la privatización. Otro cambio son las fuentes de financiación, porque han dejado de ser puramente estatales. Hoy es financiada —en algunos países—, en gran medida, por las familias y por los propios estudiantes cuando contraen un crédito para estudiar”.
Colombia no es la excepción. A finales de los noventa, la cobertura no superaba el 18 %. Hoy se habla del 51 %, con cerca de 2.500.000 estudiantes matriculados y 296 IES.
El 32 % de las IES son públicas y concentran alrededor del 50 % de la matrícula, incluyendo el SENA. Pero cuando se habla de financiamiento del sector es necesario considerar que esta institución, adscrita al Ministerio de Trabajo y Protección Social, concentra casi el 20 % de la matrícula pública, y siempre ha sido gratuita. De manera que la discusión debe centrarse en el resto de las IES públicas que tienen una población aproximada de 780.000 estudiantes, frente a 1.200 000 que asisten a las privadas.
Entre 2006 y 2018 la matrícula oficial pasó de 517.500 a 779.000, lo que representó un crecimiento del 50,5 %, sin que los recursos provenientes del Estado hubieran aumentado de manera proporcional al aumento de estudiantes ni al de los costos de infraestructura y funcionamiento.
Mientras tanto la matrícula privada pasó de 622.400 a 1.200.000, un 92 % de aumento, con costos crecientes a lo largo de todo el período, habida cuenta de que las instituciones privadas dependen en cerca de 70 % de la matrícula.
A partir de 2015 se ha registrado un decaimiento en la demanda, con tasas negativas en 2018. Todavía no se conocen con precisión los datos posteriores a la pandemia del coronavirus, pero es claro que ya no hay el mismo crecimiento de hace una década.
Las promesas del gobierno Petro
El gobierno de Petro se inclina por la visión de la universidad como un bien público, pues propone nuevas instituciones oficiales en todos los territorios y sin costo de matrícula para los estudiantes. Este gobierno prometió construir 26 nuevas universidades y crear 500.000 cupos adicionales durante el período.
En el mismo sentido, se harán las anunciadas reformas al ICETEX para reducir las tasas de interés a los créditos vigentes y el cobro de una tasa a las universidades privadas.
También está pendiente el trámite de una reforma a la Ley 30 para ajustar los mecanismos de financiación de las universidades públicas.
Hasta ahora no se ha dicho cuál será el costo de estas promesas, pero con certeza habrá que tasarlo en billones.
Matricula gratuita, equidad y deserción
Por el momento, lo único concreto es la matrícula gratuita que representa una proporción pequeña del presupuesto total del sector, pues según algunos estudios , el pago de esta tarifa solamente representa el 16 % en promedio de los ingresos totales de las instituciones.
La pregunta que queda después de examinar los recursos efectivos de los cuales va a disponer el gobierno y los altísimos costos de una educación superior de alta calidad, sin la cual no hay posibilidad de reducir las brechas sociales, es qué efecto real puede tener esta medida.
Sin duda será un alivio para la población matriculada en las universidades públicas, pero ello no garantiza que esa población sea la de más bajos ingresos, pues los criterios de admisión suelen estar ligados a una suerte de meritocracia que favorece a quienes a lo largo de su formación básica han tenido mejores oportunidades educativas tanto en la familia como en los colegios.
Tampoco es claro que la financiación de la matrícula afecte las tasas de deserción que, si bien obedecen a muchos factores económicos, ellos tienen mayor relación con el sostenimiento, el transporte y los elementos de estudio que con la matrícula que para la inmensa mayoría es actualmente muy reducida.
Es necesario considerar que buena parte de las causas de la deserción están asociados con una mala formación básica que no da a los jóvenes las herramientas para enfrentar las exigencias académicas de una formación avanzada. De eso no se ha dicho nada.
Habrá que esperar a que aparezcan las demás fichas del rompecabezas.
Francisco Cajiao
Julio, 2023
Publicado en Razón Pública
2 Comentarios
Francisco; Una aclaración sobre los temas del artículo sobre la Universidad. En las discusiones que se han debatido desde la época del Padre Borrero en Ascún, se ha clarificado que las funciones de la Universidad – como tu bien las enumeras en tu escrito – son comunes para todas, independientemente de su naturaleza. Las instituciones oficiales las desarrollan con recursos fiscales, y las no oficiales provisionan fondos mediante la figura jurídica de fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro. En esa forma se defiende la naturaleza de “bien público social” que es parte sustantiva de la naturaleza de la Universidad.
Como creo mas en la practica que en las bellas teorias diria dos cosas:
Seria mas justo y logico que empezaran conn los estratos 1,2,3, que no tienen los recursos de los siguientes, mientras se encuentra un presupuesto para que sea para todos.
Que esa gratuidad sea para carreras que tengan una salida laboral. Nada se saca con tener un titulo universitario que no abra ninguna puerta. Recuerden que “los tigres asiaticos” salieron de pobres formando tecnicos. Ya deberia estar superada esa vision de que se es “doctor” o nada.