La diaria discusión sobre la situación mundial y nacional del COVID-19, la crisis económica, la falta de trabajo, los forcejeos de los políticos de nuestro país, entre otros temas, han relegado a un rincón la discusión y la búsqueda de soluciones de uno de los más graves problemas colombianos: el acaparamiento de la tierra cultivable en manos de muy pocos. Esta situación ha sido una de las causas fundamentales del conflicto armado de nuestro país y, luego de más de 50 años de violencia, fue el primero de los puntos que se firmó en los acuerdos de paz con las Farc, con el propósito de encontrarle soluciones prontas y reales. Hasta hoy, este punto del acuerdo permanece sin implementación.
En 2014, el DANE realizó el Censo Nacional Agropecuario. Esta tarea no se adelantaba en nuestro país desde 1970, hacía 44 años, a pesar de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de hacerlo, al menos, cada diez años. Este hecho revela el desgreño y abandono recurrentes de los diferentes gobiernos hacia los habitantes más pobres del campo colombiano y la falta de coraje para enfrentar y encontrar soluciones reales a las profundas problemáticas agrarias.
Para escribir esta nota consulté varios documentos de los cuales llamo la atención, principalmente, sobre tres: el Censo Nacional Agropecuario de 2014[1], realizado por el DANE; el análisis Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia, publicado en 2017 por Oxfam[2], basado en los datos de ese censo[3] y, finalmente, la publicación de la FAO[4] titulada Concentración y extranjerización de tierras productivas en Colombia, también de 2017.
Como lo presenta Oxfam, usando los datos del Censo de 2014 en la publicación aquí citada, Colombia es el triste líder en desigualdad en la tenencia de la tierra en América Latina. El 1 % de las grandes fincas concentra y posee el 81 % de las tierras cultivables del país (ver gráfico 6, elaborado por Oxfam[5]). Esto significa que el 99 % restante de los propietarios de tierras tienen que repartirse el 19 % de las tierras cultivables.
En 1970, los terrenos considerados grandes, es decir, de más de 500 hectáreas, ocupaban 5.000.000 de hectáreas. En 2014, pasaron a ocupar 47.000.000 de hectáreas (940 % más). Entre 1970 y 2014, su tamaño promedio creció de 1000 a 5000 hectáreas (500 % más). Estos datos indican, no solo un tremendo avance en la concentración de la propiedad de las tierras sino, también, un real acaparamiento del territorio colombiano en manos de, verdaderamente, muy pocos.
Los más grandes poseedores de tierras no son campesinos. Muchos de los dueños son empresas familiares, empresas mineras extranjeras y conglomerados financieros que, aunque se lucran de ellas, encuentran cómo ocultar las ganancias y evadir impuestos. Si se tuvieran ya los avalúos reales de los territorios, los cuales avanzan muy lentamente, los dueños de tierras tendrían que pagar impuestos sobre el valor real de sus propiedades y el país tendría varios billones de pesos más para su desarrollo. Sin embargo, en las corporaciones públicas hay dueños de grandes extensiones que, por razones obvias, tienen poco interés en proponer y aprobar reformas y leyes que harían más equitativa la distribución de la tierra. En contraste, las tierras sí les sirven para obtener subsidios y préstamos bancarios al ponerlas como garantía. De este modo se aprovechan de beneficios orientados a los verdaderos campesinos y para conseguir dinero bancario con subsidios y prebendas diseñados originalmente para beneficiar a los más pobres.
La FAO afirma que el acaparamiento de tierras se da por “la violación de derechos humanos y el control directo de bienes y servicios ecosistémicos como el agua y los recursos minero-energéticos. En el contexto colombiano se ha generalizado históricamente el uso de la violencia, expresada, entre otros, en el despojo y abandono forzado. Desde esta perspectiva, el acaparamiento es esencialmente un ejercicio de control de la tierra con el fin de monopolizar los beneficios económicos, sociales y culturales de su utilización”.
En recientes críticas a la minga indígena de hace unos días se ha hablado de la exagerada dimensión del territorio asignado por la Constitución de 1991 a los resguardos, acusándolos de ser los más grandes terratenientes de Colombia, pero para hacer afirmaciones juiciosas y justas esto hay que mirarlo con detalle. Según el censo de 2018, hay 1.905.617 colombianos que se reconocen como indígenas, el 4.4 % de la población. En 2018, fueron censados indígenas en 115 pueblos nativos.
La Agencia Nacional de Tierras, en el documento Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional reconoce que “si bien es cierto que los pueblos indígenas poseen el 28 % del territorio nacional, su ubicación, calidad, posibilidades de producción y comercialización no son favorables ni suficientes para obtener los recursos necesarios que les permitan una subsistencia digna y acorde con sus características propias y que les posibilite una sustentabilidad”[6].
Además, el Departamento Nacional de Planeación en 2017, al analizar el censo nacional agropecuario encuentra que “el estudio evidencia que el país está conformado por 773 Resguardos Indígenas que abarcan 31.569.990 hectáreas distribuidas como bosque natural en un 93 %, donde 2,8 millones de hectáreas son de territorios étnicos con uso agropecuario, de las cuales el 36,4 % se encuentra en territorios de pueblos indígenas con un 0,65 millones de hectáreas”[7] [el resaltado es mío]. Esto quiere decir que los indígenas tienen asignado un territorio que solo en una reducida proporción pueden usar para agricultura y su posesión, en la práctica, apenas les garantiza su supervivencia, amenazada gravemente por los grupos armados ilegales, los paramilitares, los narcotraficantes y, en fin, por todos los actores que les obligan a desplazarse de los territorios que les fueron asignados constitucionalmente desde 1991.
La ambición económica de los poderosos es el motor del acaparamiento de tierras que pisotea la dignidad de los campesinos minifundistas o arrendatarios y de los indígenas que aún viven de lo que la tierra produce. Si Colombia quiere consolidar la paz, el problema de la tenencia y distribución real del territorio nacional tiene que enfrentarse de verdad. Solo una verdadera voluntad política por parte de los responsables de diseñar y ejecutar las reformas necesarias, con todas las consecuencias que ellas impliquen, podrá poner fin a esta inequitativa lucha por la propiedad, explotación y aprovechamiento del más importante tesoro nacional, la tierra, hasta ahora sin solución.
En esto se juegan la vida todos los que, tristemente y desde hace siglos, siguen siendo los verdaderos siervos sin tierra, como titulaba Eduardo Caballero Calderón una de sus novelas⁸.
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⁸ Eduardo Caballero Calderón (s. f.). Siervo sin tierra. Medellín: Bedout.
Bernardo Nieto Sotomayor
[1] DANE, Colombia. Censo Nacional Agropecuario 2014. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
[2] Oxfam es la sigla del Oxford Committee for Famine Relief (Comité de Oxford de ayuda contra el hambre), organización internacional de carácter benéfico fundada en Gran Bretaña en 1942. Goza de credibilidad y prestancia por su propósito, su trayectoria y por la seriedad de su labor fundamentada en evidencias.
[3] Oxfam (2017). Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia.https://www.oxfam.org/es/informes/radiografia-de-la-desigualdad
[4] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2017). Concentración y extranjerización de tierras productivas en Colombia. http://www.fao.org/3/a-i7843s.pdf (con el respaldo de la unidad de Planificación rural agropecuaria del Ministerio de Agricultura de Colombia).
[5] Oxfam (2017), o. c., p. 14.
[6] Agencia Nacional de Tierras (2018). Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional, p. 5.
[7] Departamento Nacional de Planeación (2017), Asignación especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas, una propuesta de distribución. Bogotá: DNP, p. 20. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Documentos%20GFT/Bolet%C3%ADn%20resguardos%20ind%C3%ADgenas.pdf
2 Comentarios
Bernardo, tu artículo confirma, con my buen soporte de hechos y datos, la gran desigualdad en la tenencia de la tierra en Colombia. Solo quiero complementarlo con una cifra más que es el índice de Gini de la concentración de la propiedad rural.
En 2012 el IGAC y la U. de los Andes publicaron el “Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia,” y una de sus conclusiones coincide con tu análisis: “la concentración de la tierra en Colombia exhibe una tendencia creciente durante el periodo comprendido entre 2000 y 2009. El Gini de tierras, indicador tradicionalmente calculado en Colombia para medir la concentración de la tierra, aumentó de 0.853 en 2000 a 0.863 en 2009.
La tendencia de concentración es particularmente pronunciada para el Gini de propietarios que pasa de 0.877 en 2000 a 0.886 en 2009. Es más, la brecha entre el Gini de propietarios y el Gini de tierras se amplía, con un incremento más brusco en 2006.”
Como sabes el indice Gini de la distribución del ingreso en el país está alrededor de 0.52, o sea que en el caso de la tierra es mucho peor, y de nuevo estamos en el podio de la desigualdad en A.L, pues solo nos superan Paraguay (0.94) y Chile (0.91)
Bernardo. Gracias por tu concienzuda y bien documentada presentacion de la discrepancia en la tenencia de la tierra en Colombia. Solo con datos serios se puede tener un dialogo justo y equitativo, ademas de crear una clara definicion politica que aborde el problema con la seriedad y urgencia que se necesita. Hacer demagogia sin numeros, sin ponderados analisis, y evidencias de las disparidades entre los que controlan el agro colombiano y los que deberian aportar a su desarrollo pero no pueden hacerlo porque se les ha encerrado en parecelas inproductivas y sin acceso a los medios de produccion en las mismas nos continua planteando la urgente, necesaria y justa distribucion de esas inmensas propiedades que no rinden como fuente de alimentacion porque los dueños actuales las tienen hipotecadas para que den mas jugozos dividendos en otras areas no-tan urgentes o necesarias para el desarrollo nacional. Que tu análisis no se quede en este blog sino que llegue a manos de quienes pueden llevar a la accion los datos que presentas pues demuestran cuán lejos estamos como pais para salir de ese ignominioso primer puesto en la tabla que nos presentastes. Primer puesto de verguenza e injusticia. Lo que menos queremos es que siga siendo el status quo defendido por quienes no tienen ninguna consciencia nacional de cual debe ser nuestro bienestar agrícola.