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Ley estatutaria de educación: ¿mejora o demagogia?

Por Francisco Cajiao
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Sin mucha discusión pasó en la Cámara la Ley Estatutaria de la Educación: estos son los motivos que la hacen importante, éstos son sus aciertos y éstas son sus equivocaciones.

Una ley importante

Después de un trámite sin complicaciones en la Cámara de Representantes, la ley estatutaria que garantiza la educación como un derecho fundamental, será discutida en la Comisión Primera del Senado. Urge que los senadores vayan más allá de las proposiciones de corrección de estilo que predominaron en las sesiones de la Cámara.

Esta ley es mucho más importante de lo que puede parecer. En primer lugar, se le dará concreción jurídica a un derecho consagrado en la Constitución de 1991 y se establecerá, con la mayor precisión posible, su carácter de derecho fundamental.

Después de promulgarse la Constitución de 1991, se habló sobre la necesidad de una ley estatutaria que regulara el derecho a la educación y que obligara al Estado a garantizar su satisfacción. Desde entonces, la Corte Constitucional ha emitido múltiples sentencias donde analiza la naturaleza de este derecho y las responsabilidades de diferentes actores (familia, sociedad y Estado) para garantizarlo. Puede decirse que los aportes de la Corte a la educación han sido más efectivos e innovadores que cualquier reforma propuesta desde el ejecutivo.

Sin embargo, todavía debemos afrontar muchos retos para que los colombianos tengan un mejor sistema educativo. En la exposición de motivos de la ley estatutaria, el gobierno argumenta que se trata de saldar una deuda histórica, lo cual es cierto si se considera que hemos pasado más de 30 años esperando una propuesta de este calibre.

El único problema es que, a comienzos de los 90, no existía un cúmulo de sentencias emitidas por la Corte, las cuales ratificaban lo que se pretendía establecer por ley. Incluso, en la misma exposición de motivos se incluye una extensa y valiosa recopilación de la jurisprudencia generada a lo largo de estas tres décadas.

En segundo lugar, no hay que olvidar la inequidad en el acceso a una educación que ofrezca a toda la población condiciones similares para el desarrollo de sus talentos y habilidades. Es una realidad que los colombianos más vulnerables tienen mayores barreras para acceder a la educación desde la primera infancia. Si lo logran, tal y como lo evidencian las pruebas internacionales y nacionales, la calidad es deplorable.

Por lo tanto, la calidad no es secundaria cuando se pone sobre la mesa el goce del derecho a la educación. Si se le ofrece a los niños y los adolescentes, y no hay una transformación significativa en sus respectivos proyectos de vida, no tiene ningún sentido. Es como si el derecho a la salud se garantizara solo con el otorgamiento de una cita médica, pero dejando de lado la enfermedad que motivó la consulta.

En tercer lugar, esta ley debería especificar el modo como los colombianos podrán acceder a este derecho, quién es el responsable de garantizar los servicios necesarios, quién velará por su cumplimiento y de qué forma se organiza y financia el sistema.

Puntos a favor

En pocas palabras, la Cámara de Representantes aprobó los siguientes puntos positivos:

1. Incorporar la educación inicial como derecho fundamental. Este es un asunto de máxima importancia, pues múltiples estudios internacionales muestran que las brechas sociales, en lo que corresponde al nivel educativo y todo lo que de él se desprende, se inician en la primera infancia. Por ejemplo, en Portugal existe una política de atención a los niños en las primeras etapas del desarrollo, la cual ha tenido un impacto fundamental en los resultados educativos posteriores.

2. Intentar una síntesis de lo ya consagrado a través de sentencias de la Corte Constitucional. Compendiar toda la jurisprudencia sobre el tema para formar un solo cuerpo legal es muy importante. Sin embargo, buena parte de las sentencias tienen un desarrollo filosófico y conceptual que en el proyecto de ley difícilmente se comprende su relevancia.

3. Llevar la obligatoriedad hasta el final de la educación media. No sobra anotar que, aunque se ha dicho que la educación básica desde transición hasta noveno grado es gratuita y obligatoria, no hay ninguna autoridad en el país que garantice su cumplimiento; especialmente, en comunidades pobres o en zonas rurales, donde los niños abandonan muy pronto su escolaridad.

Puntos en contra

1. El articulado es una lista de buenos deseos que, al no tener metas de cumplimiento, simplemente no está garantizando ningún derecho. En todas partes se anuncia que el proyecto abarca desde la primera infancia hasta la educación superior, pero, pese a las garantías y prerrogativas para las minorías, no se especifica de donde saldrán los recursos.

2. Aunque las expectativas son enormes, no existe el más mínimo esfuerzo organizativo y financiero. El Estado actuaría de manera irresponsable si no establece el papel de alcaldes, gobernadores, directores de instituciones y demás actores del sistema educativo para garantizar el derecho a la educación. Asimismo, se menciona la calidad, pero no especifica su importancia ni bajo qué parámetros se establecerán sus niveles.

3. Lo mismo sucede con la formación de los maestros. El articulado se centra en sus derechos laborales, ampliamente consagrados en otras normas, e ignora las necesidades de los estudiantes. Se pretende la incorporación automática de miles de profesores provisionales, pero se ignoran sus habilidades académicas y pedagógicas. Si la ley se aprueba, este será de los pocos puntos de aplicación inmediata.

4. Capítulo aparte merece el tema de la Educación Superior: No es claro por qué la educación superior formal es un derecho fundamental. No se especifica si la educación terciaria se comprenderá como un sistema orientado a la formación para el trabajo cualquiera que sea su modalidad; tampoco se contemplan otras maneras de formación y habilitación laboral que han surgido gracias a las nuevas tecnologías.

En este aspecto, la participación del sector privado y entidades como el SENA serán claves. Hay que discutir si el derecho fundamental es ir a las universidades de manera gratuita o si la población podrá acceder a una opción de formación postsecundaria para realizarse como persona e incorporarse a la vida productiva.

No hay claridad sobre la autonomía de las instituciones. No se sabe si los estudiantes, profesores y autoridades educativas tendrán algún tipo de deber ineludible que afecte la fundamentación filosófica de las instituciones, sus objetivos primordiales de docencia e investigación y el cultivo de una ciudadanía crítica.

No es oportuno legislar sobre el gobierno universitario en una ley sobre el derecho a la educación, ya que dicha problemática debería regularse en una propuesta independiente. Sin embargo, varios artículos están orientados con ese propósito. Por ejemplo, no es claro qué parte del derecho fundamental a la educación le corresponde al derecho a la organización y la protesta, aspectos que deben garantizarse, ya que están estipulados en la Constitución de 1991.

5. No hay un reconocimiento equilibrado del papel del sector privado. De esta manera, los colombianos no tendrán el derecho a elegir el tipo de educación que consideren mejor. Por este motivo, es deseable que la discusión en el Senado de la República aborde con mayor profundidad los aspectos filosóficos de una ley tan importante para el desarrollo de nuestro país.

Más allá del carácter reivindicativo del proyecto, hay que avanzar hacia una concepción más prospectiva, que permita construir una nación con capacidad colectiva de progreso científico, económico y político basada en el conocimiento, la justicia social y la paz.

Francisco Cajiao

Junio 2, 2024

Publicado en Razón Pública.com

4 Comentarios
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4 Comentarios

Hernando+Bernal+A. 13 junio, 2024 - 6:15 am

Pacho: Objetivo, serio, profundoo y claro tu comentario. Ojalá sea tenido en cuenta ppr los legisladores. Del actual gobierno no espero ninguna respuesta, dado qeu su posición está cegada por su propia ideología. Saludos. Hernando

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EDGAR A RAMIREZ 13 junio, 2024 - 9:48 am

Ideología querer que la educación sea derecho fundamental y bien común de los colombianos?
Como su nombre lo indica, es estatutaria y serán otras leyes las que reglamenten el derecho, como para acusarle “buenos deseos”en contra.
La autonomía no puede estar por encima de la Constitución y sus mecanismos de participación democrática.
Sufiente espacio le quita al negocio de la derecha retardataria.

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Pedro Benitez 13 junio, 2024 - 11:43 am

Pacho excelente analisis gracias por compartir. Vimos muy contetos a los enadores cuando salieron de la aprobación pero veo que todavia hay mucha tela que cortar. Ojala los vacios que ves puedan ser subsanados antes que salga aprobada definitivamente.
Saludos
Pedro Benítez P

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Juan L Gomez 13 junio, 2024 - 12:46 pm

Gracias Pacho: me queda el sabor que entre más se legisla, más confusos e inciertos estamos, y esto en general. Hoy sufrimos de exceso de información (redes, fake News, etc…), pero el mal del exceso de legislación es tan viejo como la republica.

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