La solución al problema agrario requiere líderes políticos comprometidos

La tenencia y aprovechamiento de tierra en Colombia es una de las problemáticas que más ha afectado al campo y a sus habitantes. Por ello, es muy necesaria la evaluación de acciones pertinentes a este rompecabezas que den prioridad a la verdad, los derechos humanos y la paz.

¿Qué posibilidades tiene Colombia para avanzar en la solución de la tenencia y aprovechamiento de la tierra, uno de los más graves problemas del país y que ha estado en la base de nuestro viejo, sangriento y violento conflicto armado colombiano? ¿Cómo proteger el proceso de restitución de las tierras despojadas o usurpadas a sus legítimos dueños durante el conflicto armado? ¿Cómo dar respuesta a los graves problemas que permanecieron ocultos durante cuarenta y cuatro años, entre 1970 y 2014, cuando Colombia no hizo ningún censo agropecuario, que solo se conocieron con el censo agropecuario de 2014?

Recientemente asistí a una conferencia virtual del doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura y de Hacienda de Colombia, en la que hizo una reflexión sobre problemas antiguos y recientes de la tenencia de la tierra en nuestro país. Este artículo es un resumen personal de los puntos más importantes de su exposición. Después de su exposición, el exministro respondió a las inquietudes y comentarios que le hicieron algunos participantes. 

El problema de la tenencia y explotación de la tierra, constitutivo del problema agrario de nuestro país, siempre se ha tocado, aunque sea tangencialmente, con el largo conflicto armado que nos ha agobiado y que aún no está resuelto. Según el censo agropecuario, Colombia tiene 114 millones de hectáreas de territorio continental. Apenas unos 18 millones están dedicados a la agricultura, mientras que hay 40 millones dedicados a una ganadería extensiva y muy poco productiva.

Con solo 20 millones de hectáreas, mejorando un poco las praderas, y con un manejo menos extensivo del rebaño pueden atenderse los requerimientos de la exportación y del mercado nacional de carne y leche. Con ello, se liberarían más de 20 millones de hectáreas para la agricultura grande, mediana y pequeña. 

Colombia es uno de los pocos países que puede doblar la extensión de tierras aprovechables para la agricultura y crecer su frontera agrícola, sin necesidad de arrasar su bosque natural, como lo han hecho otros países, y sin hacer daño a la silvicultura ni al medio ambiente. Al contrario, Colombia puede mejorarlo; esta posibilidad es una verdadera bendición, aunque no nos damos cuenta de ello.

Chile, por ejemplo, que había sido muy fuerte en el crecimiento de la silvicultura, ya copó su espacio para producir maderas y bosques. Por eso, ha tenido que comenzar a comprar tierra en otras partes del mundo, pues ya no tiene más espacio para sus proyecciones de silvicultura. China ha comprado porciones inmensas del territorio africano para asegurar su seguridad alimentaria en las décadas que vienen, pues el mundo de hoy requiere muchos más alimentos, más agricultura familiar y agricultura extensiva. 

Los datos del DANE revelan una muy alta concentración de la tierra en manos de unos pocos; hay un asfixiante minifundio en Cundinamarca, Boyacá, Nariño y otras regiones, sobre todo del altiplano. Sin embargo, este no es el único problema. La agricultura moderna no es solo una cuestión de tierras sino, también, de insumos.

Uno de ellos, y quizás el más importante, es el agua. A pesar de que somos un país con mucha agua, lluvias y fuentes hídricas, hay muy poca agua dedicada a la agricultura; en esto tenemos muy pobres indicadores. En comparación con Colombia, México, un país mucho más seco, tiene cuatro veces más extensión de tierra con agua dedicada a la agricultura con riego. Colombia tiene un atraso gigantesco en distritos de riego y en el uso racional del agua, de modo que pueda poner a producir las maravillosas tierras con que cuenta.

El primer tema de los acuerdos de paz de la Habana es la transformación rural integral. Se discutió durante año y medio del total de más de cuatro años que duraron las negociaciones. Esto no fue una negociación para y en beneficio de las Farc. Lo que allí se dice sobre política agraria es en beneficio de los agricultores colombianos que no tienen tierra en absoluto o tienen tierra insuficiente. Se trata de llevar más equidad, mejor distribución, más progreso a los campesinos hoy excluidos de la propiedad o que solo tienen una propiedad mínima para ser eficientes: minifundios asfixiantes.

Se acordó que durante los 10 o 15 años del período del posconflicto, luego de los acuerdos de paz, se otorgarán títulos de propiedad a dueños de siete millones de hectáreas y se distribuirán tres millones de hectáreas a campesinos que no tienen tierras o las tienen insuficientemente. Esta decisión debe acompañarse con transformaciones importantes de bienes públicos para esas zonas rurales. Sin embargo, la atención presupuestal para cumplir lo acordado ha sido muy deficiente y se ha llevado con poco interés. Por ello, los resultados hasta este momento son mucho menores a lo esperado en la reconformación de las estructuras agrarias del país. Estamos muy lejos de distribuir tres millones de hectáreas entre los campesinos sin tierra o con tierras insuficientes. Y estamos muy muy lejos de la meta de titular siete millones de hectáreas. 

La inmensa mayoría de quienes explotan la tierra legítimamente no tiene títulos de propiedad, por muchas razones sociopolíticas de vieja data, herencias sin protocolizar, sucesiones sin terminar, como lo indican los estudios del propio Ministerio de Agricultura. La tercera parte de las fincas cafeteras de Colombia carecen de títulos de propiedad o los tienen de manera muy precaria. Por falta de títulos, los dueños no pueden acceder a créditos, subsidios o a la comercialización y gestión comercial de la tierra. Avanzar hacia la titularización dará movilidad a la gestión de la tierra.

Como algo realmente muy novedoso, en pleno conflicto armado Colombia inició una política de restitución de tierras en favor de quienes habían sido despojados a sangre y fuego o expulsados de sus parcelas entre 1990 y 2010, por paramilitares, guerrilla o por terceros. Los censos demuestran que los despojadores de tierras pertenecieron a alguno de estos grupos. Colombia comenzó una política de restitución de tierras que ha sido la más exitosa en los últimos 5 o 6 años.

Se ha logrado devolver a sus dueños un territorio casi equivalente a Caldas y Quindío juntos. Para reclamar las tierras, quien cree tener derecho a esta restitución, va a la autoridad legítima, la Unidad de Restitución de Tierras. Allí se ayuda al reclamante a acopiar y documentar todas las pruebas que acrediten que sí fue despojado. Cuando la reclamación es seria y respaldada, la autoridad lleva de la mano a los campesinos hasta los tribunales y magistrados, los jueces agrarios, quienes luego del examen de pruebas determinan si la propiedad de un terreno se le quita a alguien y se le devuelve al campesino. 

Con el actual sistema, se está logrando devolver la tierra a sus legítimos dueños en uno o dos años. Dentro de la actual ley está contemplado que si alguien cree que tiene mejor título que el reclamante, puede hacerse presente en el juicio, presentar sus razones y será un juez agrario, no una autoridad administrativa, la que decida y defina quién tiene razón. Esta política de restitución de tierras es tan importante como lo son los acuerdos de paz de La Habana en el tema agrario. Y aunque no forma parte de esos acuerdos, por sus resultados ha sido la política más exitosa en este aspecto.

Colombia, además, tiene un camino muy grande por recorrer en lo que respecta a desarrollar bienes públicos para el sector rural, que son una cuestión fundamental en la política de tierras: inversión en carreteras terciarias, cadenas de frío, tanques de almacenamiento, centros de acopio y todos los servicios con los que debería contar un campesino y que benefician a una comunidad grande para combatir la marginalidad con una verdadera inversión, diferente a los subsidios que se otorgan a quienes tienen mayor influencia en el gobierno, pero que no son los más necesitados. Los acuerdos de la Habana tienen una cantidad de reclamos en este sentido. 

En Colombia ha habido el mito de que solo funciona bien la gran propiedad agraria, pero investigaciones, por ejemplo, de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana han mostrado que la gran propiedad genera igual o menor productividad que la pequeña o mediana propiedad y que no hay razón para marginar a la pequeña y mediana propiedad de los planes de desarrollo rural del país. Está desvirtuado que las pequeñas y medianas propiedades no son productivas. En esto hay congruencia entre los acuerdos para el desarrollo de lo agrario en el período del posconflicto y la buena productividad del campo. 

Los acuerdos marcan la ruta que debe seguirse durante 10 a 15 años del período del posconflicto. El gobierno es el responsable de los avances pero, al paso que vamos, en 15 años no se logrará el compromiso, pues no hay voluntad política para implementarlos. El Ministerio de Agricultura el año pasado tuvo menos recursos que años anteriores. Si no se hace una transformación profunda, tal como se está logrando en la restitución de tierras, seguirán los conflictos. 

Hay gremios, como el de los ganaderos, que quieren poner palos en la rueda a los avances de la restitución de tierras. La ley de restitución implica que solo puedan mantenerse en manos de los actuales propietarios las propiedades que se hayan adquirido de buena fe y exentas de culpa, es decir, sin despojo violento o extorsivo. Sin embargo, hay propuestas de reformas a esa ley que están en el Congreso y que tienen detrás a los grupos más turbios y truculentos comprometidos en el despojo de la tierra. Dichas propuestas quieren impedir la restitución, alegando que “los poseedores de buena fe” que no hayan sacado de sus tierras a los campesinos a sangre y fuego, puedan quedarse con ellas. Es decir, que se acepte como legítima la “buena fe no exenta de culpa”, aunque las tierras se hayan adquirido de manera maliciosa. Por ejemplo, se le pagaba la hectárea a un campesino acosado por la violencia a $500.000, a sabiendas de que el valor real era de $5.000.000. Se quiere establecer que quienes adquirieron tierras con estos mecanismos maliciosos puedan mantenerlas y que en esos territorios no haya restitución de tierras.

Si el gobierno no le pone cuidado a esto, eso puede prosperar en el Congreso actual. Sería muy grave que esa expresión, buena fe “exenta de culpa”, se borrara de la legislación, porque se le abrirían las puertas a los que quieren validar gran parte del despojo de tierras, basado en la extorsión a los campesinos. Se dice que sí hay compromiso con los acuerdos, pero cuando se analizan cifras de entidades serias y evaluadoras de los acuerdos, se ven los pobres resultados. No se observan medidas radicales. 

La paz rural sí es posible. Solo se requiere un verdadero compromiso y ejecución para cumplir los acuerdos. Ojalá surjan candidatos en las próximas elecciones que tengan la justicia rural como tema prioritario y le den relevancia en la conciencia nacional.

Bernardo Nieto Sotomayor

Mayo, 2021