La megaelección del 21 de noviembre en Venezuela *

Por: Socorro Ramirez
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Por diversas razones, conocemos poco lo que sucede en el vecino país. La megaelección a la que se refiere este texto convocó a 21.159.846 electores, que debían elegir 3082 cargos, en 14.262 centros de votación donde había 30.106 mesas electorales y 33.186 máquinas para votar.

Empezando diciembre, no todos los resultados están consolidados. El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó 22 de 23 gobernaciones –en la de Barinas, donde nació Hugo Chávez, su hermano es candidato, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la suspendió‒ y reconoció 334 de 335 alcaldías ‒falta la de Arismendi. Y mostró participación de 42 % ‒que contrasta con 61 % alcanzado en 2017 en los comicios regionales‒ y una abstención de 58 %.

Hay debate sobre lo que reflejan esos resultados. Empezando por la abstención, si más que atender llamados de algunos opositores a no participar en elecciones muestra desinterés y/o reacción contra las élites políticas oficialistas u opositores. Así lo anunciaban encuestas previas sobre identificación política, donde aparecía el 40 % de venezolanos sin filiación política, 73 % no creía en el liderazgo oficialista ni opositor, 78,6 % asumía que esas elecciones no iban a incidir en un cambio, 15 % chavismo inconforme con Maduro, 10 % chavismo comprometido, 17 % opositores identificados con sus líderes y 18 % que no apoyan a sus dirigentes [1].

Exigencias y observación del proceso electoral

Esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones electorales arrancaron por iniciativa ciudadana, en particular del Foro Cívico, que impulsó soluciones urgentes en Venezuela frente a la pandemia, la crisis política y humanitaria, la redemocratización, y con actores claves ayudó a concretar la vinculación de dos opositores expertos en la nueva directiva del CNE, que actualizó y mejoró registro electoral, máquinas de votación, sistema automatizado y auditado del proceso. En medio del arranque de los diálogos en México, el régimen accedió a revertir algunas inhabilitaciones de partidos políticos opositores cuya dirigencia y símbolos habían sido intervenidos por el TSJ en junio-julio de 2020.

Esta vez, la observación acreditada en algunas etapas, no en todo el proceso electoral, fue realizada por 300 personas de cuatro misiones internacionales y seis organizaciones de la sociedad civil venezolana.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) de 136 personas, en su declaración preliminar mostró que el marco legal electoral cumple con la mayoría de estándares internacionales básicos, que en consultas con diferentes sectores el actual CNE fue evaluado como el más equilibrado de los últimos 20 años, aunque sigue sin poder sancionatorio de violaciones a normas electorales. Entre los problemas señaló precaria información electoral, instalación de puntos rojos y dispositivos de control de votantes, uso de recursos del Estado y medios públicos en su campaña, 94 % de mesas observadas no cerraron a tiempo por mala organización y operación remate del oficialismo, y falta de independencia judicial e irrespeto al Estado de Derecho que afectaron las condiciones, equidad y transparencia de las elecciones.

El Observatorio Electoral Venezolano valoró como avance en esta megaeleción, con respecto a comicios anteriores, el nuevo CNE, el sistema técnico de votación, la reactivación de tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), las mejoras en las condiciones electorales que estimularon la participación opositora. También mostró falta de independencia de los poderes públicos, existencia de presos políticos, inhabilitaciones de candidatos, intervenciones judiciales de partidos opositores, ventajismo oficialista en medios públicos. Con la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación [2] y otras organizaciones muestran irregularidades como proselitismo a favor de candidatos oficialistas en radio o televisión estatal y por funcionarios gubernamentales, puntos de inducción del voto con intimidación o uso de recursos públicos, Ley contra el Odio como amenaza a la libertad de expresión, bandas armadas o violencia en centros electorales y sus alrededores.

Opositores: más votos, menos representación

Desde 2015, la mayoría de partidos de oposición no postulaban candidatos en las elecciones regionales, presidenciales y parlamentarias argumentando irregularidades y malas condiciones electorales. La suma de votos de distintos sectores opositores (4,42 millones, 54 % del total) sobrepasa los que obtuvo el chavismo monolíticamente centralizado, pero la división entre agrupaciones participantes (también hubo abstencionistas) dispersaron los votos, al no ponerse de acuerdo en torno a un solo candidato para un mismo cargo.

Al menos tres vertientes significativas expresaban la división opositora:

  • La MUD volvió a participar en elecciones, pero sin consenso, mientras partidos de la coalición presentaban candidatos, Juan Guaidó era ambiguo entre votar o abstenerse, llamaba a luchar por condiciones para elecciones presidenciales y que solo cuando ocurrieran dejaba de ser presidente interino, y aumentaron las tensiones por denuncias de corrupción y mal uso de recursos de Venezuela a los que han accedido en Colombia o en Estados Unidos.
  • La Alianza Democrática había participado en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020 con estructuras paralelas de partidos opositores judicializados por el gobierno, por lo que fue señalada de “alacranes filochavistas” y colaboracionistas. En estas megaelecciones hizo sugerencias sin eco, primero de construir una hoja de ruta conjunta, luego de realizar primarias donde había varias candidaturas opositoras reñidas, pero la MUD rechazó esas propuestas.
  • Partidos con presencia local como Alianza del Lápiz, Fuerza Vecinal, chavismo disidente e independientes.

Las diversas expresiones opositoras no intentaron organizar primarias ni un comando conjunto de campaña: primaron sus divisiones. Sumándolas, habían logrado 117 alcaldías; unidas, habrían ganado más (en 2013 obtuvieron 26 y más de 30 con respecto a las que alcanzó en 2017). La MUD lanzó tarde sus candidatos, logró cerca de 1,5 millones de votos y unas 59 alcaldías (18 % del total), la Alianza sacó 1,3 millones de votos, 37 alcaldías (11 %), los otros partidos lograron 21 alcaldías (6 %).

Unidas la MUD, la Alianza y Fuerza Vecinal habrían ganado al menos 13 de 23 gobernaciones, pero solo obtuvieron tres; en varios casos la división favoreció al PSUV. Por ejemplo, en el Táchira, de haber participado unidos, lo hubiesen derrotado por más de 50.000 votos, en Mérida, sumados serían 46.348 más que el elegido, en Falcón le hubiesen ganado con más de 35.000 votos.

Oficialismo con menos votos y más representación

El régimen chavista/madurista muestra el mapa de Venezuela pintado de rojo y se declara  triunfador ante la comunidad internacional y la desmoralización opositora; sin embargo, cada vez está más debilitado en todos los planos. Su Gran Polo Patriótico (GPP) perdió un tercio de votos con respecto a elecciones anteriores, por el rechazo poblacional de entre 80 % – 85 % ante 22 años de múltiples crisis de Venezuela. Aunque aún hay disputa en dos estados, con 3,9 millones de votos obtuvo 19 gobernaciones y 211 alcaldías, solo cinco triunfos con más del 50 % (Caracas, Aragua, Carabobo, Delta Amacuro y Vargas).

Como muestra un artículo al respecto [3], con herramientas tecnológicas mejora su biocontrol social, usa información estatal, la cruza con la base de datos del PSUV y chequea a sus votantes, sectoriza su propaganda para controlar la población objetivo y beneficiar a su base con planes sociales y asistenciales, depósitos de pagos y bonos, aceptación de la dolarización de la economía. Buscaron al votante medio, a jóvenes apolíticos y a lo que queda de la clase media prometiendo hasta prosperidad. Así, tratando de garantizarse resultados favorables, vía diversas entidades públicas y el gobierno, hizo amenazas, chantajes, ataques contra diversos opositores, y despliegue promocional usando recursos públicos. Todo eso y la división opositora ayudó a que el oficialismo, con menos votos y logrando movilizar a su favor menos electores, se quedara con la mayoría de cargos.

Una dimensión con posible repercusión es mostrada por Control Ciudadano: desde las elecciones regionales de 2013, la presencia de militares en gobiernos estaduales o municipales ha venido disminuyendo: de 52 % entre 2013-2017, bajó a 30 % entre 2017-2021 y cayó a 17 % para 2021-2025. Así, de siete oficiales en reserva activa que ejercieron como gobernadores (Apure, Bolívar, La Guaira, Lara, Trujillo, Yaracuy, Aragua), ahora lo harán en cuatro estados (Lara, Sucre, Trujillo, Yaracuy) y la alcaldesa de Libertador en Caracas, uno de los cargos de elección más importantes, pues es sede de los poderes públicos. Y cuando efectivos de la Fuerzas Armadas Bolivarianas asumen cargos públicos civiles suelen reproducir esquemas de militarización de la estructura de gestión; con su disminución en gobiernos regionales, los comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral y de las Zonas Operativas de Defensa Integral pasan a ejercer una tutela militar indebida sobre las competencias de las gobernaciones, en especial en estados dirigidos por gobiernos opositores, como podría suceder en Zulia, Cojedes y Nueva Esparta [4].

Retos para gobierno y oposiciones

Estos resultados generan retos grandes para el oficialismo en un país cuyo Producto Interno Bruto ha acumulado un derrumbe de 79 % entre 2013-2020; luego de tener en 1997 el PIB per cápita más alto de América Latina, ahora es más bajo que el de Haití (según el Fondo Monetario Iinternacional). La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida muestra que 94 % de hogares está bajo la línea de pobreza y casi 74 % en condiciones de pobreza extrema. El ingreso mínimo legal mensual pasó de US400 en 2001 a US2,5 mensuales en 2020 en medio de la hiperinflación.

Las fuerzas opositoras tienen el reto de construir acuerdos en torno a una sólida estrategia electoral unitaria que propicie la organización y movilización ciudadana. Definir si apoya al Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) que decidió presentar el 6 de diciembre ante el CNE una propuesta de reglamento para activar el referéndum revocatorio permitido por la Constitución. Y el G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) debe resolver la permanencia o no del gobierno interino de Guaidó, cuyo período extendido vence en enero de 2022, y debe reconfigurar la MUD con reglas y vocería claras, y definir la estrategia sobre un proyecto país que una a buena parte de las oposiciones [5].

¿Será que gobierno y opositores retoman la mesa en México y ahí ayudan a generar condiciones para elecciones libres, justas, verificables, que recuperen el poder del voto y abran una ruta democrática para una transición pacífica y negociada con apoyo de la comunidad internacional?

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[1] https://efectococuyo.com/opinion/realidad-poselectoral-y-ahora-que/

[2] https://efectococuyo.com/politica/puntos-rojos-voto-asistido-observadores-nacionales-21nov/

[3] https://nuso.org/articulo/Venezuela-maduro-Guaido-elecciones/

[4] https://efectococuyo.com/politica/control-ciudadano-disminuye-presencia-militar-gobiernos-regionales/

[5] https://efectococuyo.com/politica/abstencion-opositora-en-comicios-regionales-castigo-o-desafeccion/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=descarga-cocuyo-7-143-encrucijadas-que-dejo-el-21N

Socorro Ramírez

* Artículo publicado en noviembre 29 de 2021 

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