Hablemos de equidad

La equidad está íntimamente relacionada con el ser humano, con su naturaleza inacabada en proceso de realización o despliegue permanente, libre y autónomo (fundamento de su dignidad indiscutible); esencialmente individual y diferente (desigual), pero también y al mismo tiempo, esencialmente social y comunitaria. 

Formar parte de la especie humana conlleva, sin atenuantes, el derecho a profundizar y enriquecer, autónomamente y sin interrupciones, el ser individual y diferente que nos identifica como personas y, al mismo tiempo, el ser social o comunitario que le da sentido a la sociedad. Derecho individual (intransferible) de todos y cada uno, de afianzarse, día a día, como seres humanos, en el sentido que le da Fernando Savater cuando afirma: “nacemos humanos, pero eso no basta; es necesario llegar a serlo”^[1].

Definimos, entonces, la equidad, como la situación en la que todos tienen iguales oportunidades de ejercer el derecho inalienable de llegar a ser cada vez mejores seres humanos. Hablamos de equidad en dos dimensiones complementarias: la primera, referida a los individuos o al derecho a desplegar y disfrutar la individualidad diferente de cada persona; y la segunda, referida a la sociedad, o al derecho a conformar, consolidar y disfrutar la comunidad local, nacional o mundial de la que se forma parte.

Como individuos, libres y autónomos, con intereses, cualidades y defectos, potencialidades y limitaciones diferentes, reclamamos la oportunidad, el derecho, a ser desiguales, es decir, a realizar nuestro potencial específico, a crecer y ser mejores seres humanos a partir de lo que somos. En la práctica, la equidad se da cuando cada individuo tiene la posibilidad de acceder a servicios de salud, seguridad social y educación, de trabajar y generar ingresos, de contar con recursos tecnológicos y crear empresa, de participar en actividades culturales, deportivas o de recreación; y cuando tiene la oportunidad de contribuir y disfrutar, a la vez, desde su individualidad diferente, actividad económica, ubicación social y posición política, a la formación de capital social y al progreso de la comunidad (y a través de ella al progreso de la especie humana).

Como comunidad o grupo reclamamos el derecho, con libertad y autonomía, de definir (converger en) propósitos colectivos de largo plazo y de buscar “máximos” que nos distinguen e identifican como región, como etnia, como grupo diferente, como minoría. En ese sentido la equidad tiene que ver con el respeto por las diferencias grupales y las minorías (etnias, género, regiones, estratos, comunidad LGTBI, ruralidad, migrantes…); con el fortalecimiento de sus identidades y la consolidación de comunidades que le aporten a la sociedad su riqueza histórica y cultural; con el derecho a construir una región y un país donde valga la pena vivir, en el que las diferencias no discriminen, sino que sean aprovechadas en la construcción de una sociedad, una región y un país mejor. 

Condiciones objetivas y subjetivas de equidad

Conscientes de que siempre será posible crecer y realizarnos como seres humanos, se requieren al menos dos tipos de condiciones para lograrlo como personas y como sociedad: de una parte, condiciones subjetivas difíciles de medir, asociadas principalmente a la voluntad, la disposición y la decisión libre de procurar el despliegue propio, personal y colectivo (es nuestro privilegio) y de actuar equitativamente (la voluntad o decisión de las personas y de los grupos, su disposición y capacidad para actuar propiciando condiciones de equidad). De otra parte, condiciones objetivas que pueden medirse, relacionadas con oportunidades y posibilidades reales, resultado principalmente de políticas públicas. La equidad consiste, precisamente, en que esas oportunidades y posibilidades sean iguales para todos los individuos y para todos los grupos, en el sentido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional (“test de proporcionalidad”), según el cual, dos personas en iguales condiciones tienen el derecho a tener el mismo acceso a los mismos bienes o servicios y ser tratados en igual manera.

Es necesario distinguir entre igualdad y equidad. La igualdad en las oportunidades, que corresponde al concepto de equidad, no equivale, ni pretende, ni se mide por la igualdad en los resultados. La igualdad en las oportunidades de disfrutar de salud, alcanzar el nivel educativo y la formación profesional que se desee, ejercer una actividad laboral y generar ingresos, participar en un partido político… no significa igualdad o uniformidad en los resultados observables en ingresos, salud, educación, profesión, actividad laboral o política… Los individuos y los grupos pueden aprovechar las mismas oportunidades de manera diferente, con distintos resultados. Y, en algún sentido, tampoco es siempre posible que las oportunidades sean iguales (quizás nunca lo son): la misma diversidad de quienes las demandan y necesitan requiere que las oportunidades no sean las mismas. 

De lo anterior se desprende que medir la equidad, o igualdad en las oportunidades, con medidas de igualdad en los resultados, puede llevar a conclusiones erróneas. La desigualdad en estos es compatible, muchísimas veces, con situaciones donde hay equidad.

Políticas de equidad

Objetivo fundamental de las políticas públicas, una de las responsabilidades más importantes de los gobiernos, que por sí misma justifica la existencia y fortalecimiento del Estado, es garantizar la equidad referida a individuos y a comunidades, y evitar o neutralizar las crisis económicas, políticas, sociales y ambientales que, como la pandemia del COVID-19, frenan ese crecimiento, lo interrumpen o distorsionan. 

La equidad es una condición objetiva de eficiencia, de mayor crecimiento y, sobre todo, de mayor desarrollo, en la medida en que permite aprovechar la riqueza más importante de una sociedad, que es su diversidad, otro de los principales objetivos de las políticas públicas. Cada individuo, cada grupo, tiene cualidades, aptitudes e intereses diferentes con los que busca, autónomamente, su propia realización. La equidad hace posible que ese despliegue del potencial individual y colectivo de todos sus integrantes se ponga al servicio del desarrollo y el bienestar de la comunidad. Desde ese punto de vista la inequidad es sinónimo de despilfarro de los recursos más valiosos de la sociedad. Al mismo tiempo, equidad es una condición subjetiva de bienestar y convivencia, en la medida en que cada individuo, cada comunidad, pondera las oportunidades que tiene para su progreso y percibe la equidad como la posibilidad de dar respuesta a sus propias aspiraciones.

La estrategia principal de las políticas de equidad es la provisión de bienes públicos que estén al alcance de todos: leyes, normas e instituciones que garantizan la participación de todos en la construcción y en los beneficios de una sociedad justa, pacífica y próspera; políticas económicas y sociales que impiden la concentración de poder y promueven una economía incluyente, estable y regenerativa (compatible con el medio ambiente y los recursos naturales^[2]); infraestructura y servicios de educación, salud y seguridad social, de investigación, de información y comunicación que hacen posible una mejor calidad en las decisiones de individuos y comunidades y el despliegue de su potencial diverso. Es decir, bienes públicos que hacen más eficiente la interacción entre individuos y entre grupos y contribuyen a aumentar el bienestar de las comunidades y sus condiciones económicas, políticas, sociales y ambientales^[3].

Equidad en Colombia 

La equidad es un fenómeno complejo y no es posible abarcarlo en un único indicador. Y aunque en la mayoría de las publicaciones, tomando aspectos aislados, se hacen afirmaciones taxativas (muchas de ellas negativas) sobre la equidad en Colombia, es necesario ampliar un poco la mirada para formarse una idea más completa y ver sus aspectos positivos y negativos, los fracasos y los logros del país en materia de equidad.

Y lo primero que es necesario recordar, teniendo en cuenta los conceptos expuestos más arriba, es que son múltiples las oportunidades para crecer como persona o como comunidad y prácticamente imposible examinar la igualdad o equidad con que se ofrecen en un país. Y aun ateniéndose a la consideración de bienes públicos (su oferta y sus deficiencias) resulta muy difícil examinarlos en relación con el efecto que producen en la equidad, para llegar a conclusiones definitivas. Ni es posible tampoco tener en cuenta todas las situaciones en las que se vulnera la equidad de las personas. Haría falta construir un indicador multidimensional de equidad, más complejo que el que existe para medir la pobreza.

En el caso de Colombia son numerosas las políticas y programas sociales que se han diseñado y aplicado, desde hace décadas, por parte del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales, solos y en alianza con organismos nacionales e internacionales, para mejorar la equidad y contrarrestar los impulsores de la desigualdad mencionados por el Banco Mundial. Muy numerosas también las iniciativas que, con el mismo propósito, han sido emprendidas por el sector privado y por fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro. Unas y otras han mejorado la equidad y beneficiado, sin duda, a muchos grupos de la población en distintas regiones. Por esa razón, la tarea de examinar la equidad en nuestro país es particularmente compleja. Eso no significa, por supuesto, que no puedan citarse algunos indicadores muy significativos, reflexionar a partir de ellos y utilizarlos para comparar a Colombia con los demás países.

A lo largo de su historia de construcción de nación y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, Colombia ha avanzado significativamente en el diseño de políticas en favor de la equidad, particularmente en temas relacionados con pobreza, educación, salud y seguridad social. Los índices de pobreza extrema, de pobreza multidimensional y de pobreza monetaria se han reducido significativamente en los últimos 30 años (antes de la pandemia llegaron a ser el 7.2 %, el 20 % y el 27 % de la población, respectivamente). Los avances en cobertura educativa y, especialmente, en servicios de salud, son también un indicador claro de que la aplicación de esas políticas ha traído una mayor equidad con resultados muy positivos para la sociedad colombiana.

No puede decirse lo mismo en relación con la formulación y aplicación de políticas que apuntan a una mejor distribución de la propiedad de activos productivos, físicos y financieros, y de su consecuencia lógica, la distribución del ingreso. Colombia no ha logrado mejorar significativamente el acceso a la tierra (la olvidada reforma agraria), ni ha logrado expandir la práctica cooperativa o las formas asociativas de democratización de la propiedad. El empleo formal sigue siendo un sueño incumplido para más de la mitad de la fuerza laboral y son muy recientes los esfuerzos para expandir el crédito y lograr inclusión financiera. Siguen siendo limitados los beneficios de la seguridad social, especialmente para discapacitados y personas mayores.

Y en relación con la política fiscal el país sigue en deuda de un sistema tributario progresivo y de un gasto público cuya ejecución, año tras año, mejore significativamente la distribución de la riqueza, la protección de los más vulnerables en las crisis y fases recesivas del ingreso nacional y su acceso a condiciones de un mejor bienestar (la regresividad del actual sistema tributario es agravada significativamente por los altos índices de corrupción que se dan en el país). 

Muchos son los estudios que, con indicadores como el coeficiente Gini, muestran que Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos y desiguales del mundo en distribución de los ingresos y el segundo más desigual en América Latina y el Caribe. El Coeficiente Gini de Colombia, que siempre ha sido muy alto (0.56 en 1964) y que a mediados de los 90 estaba en 0.47, ha vuelto a subir: 0.53 en 2020 (con la pandemia), cuando Eslovaquia mostraba un Gini de 0.24. En relación con la tierra, el Gini en Colombia en el mismo año muestra un escandaloso 0.89; y el de la propiedad inmobiliaria, 0.68 (Banco Mundial, 2021).

Lo paradójico de la situación descrita es que, como lo muestran los resultados de varias encuestas^[4], las desigualdades preocupan a los colombianos (cuatro de cada cinco colombianos entrevistados consideran injusta o severamente injusta la distribución de los ingresos) y su reducción casi siempre ocupa lugar destacado en los objetivos propuestos a los planes de todos los gobiernos (nacional y territoriales).

César Vallejo Mejía

Enero, 2022

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^[1] Ya en 1528, Erasmo lo había dicho: “…los hombres… no nacen, se hacen, moldeándose” y Simone de Beauvoir, cuatrocientos años después, escribe “No se nace mujer, se llega a serlo” (citado por Rodolfo R. De Roux en su ensayo: “Aprender a vivir”, Exjesuitas en tertulia, 2021).

^[2] Al estilo de la que propone Kate Raworth (2017) en su libro Doughnut Economics. Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Vermont (USA): Chelsea Green Publishing.

^[3] La falta de esos bienes públicos ‒muestra clara de la precariedad de un Estado carente de políticas públicas‒ genera lo que, en un reciente informe sobre Colombia, el Banco Mundial denomina los “impulsores de la desigualdad”: desigualdad en capital humano (acceso desigual a educación y salud), desigualdad en activos físicos y financieros (acceso a la tierra, al crédito), desigualdad en acceso a buenos empleos (informalidad), brechas territoriales, política fiscal regresiva, programas inadecuados de asistencia social, crisis que afectan más a grupos vulnerables. Ver: BIRF (2021), Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia. https://documents1.worldbank.org/curated/en/602591635220506529/pdf/Main-Report.pdf

^[4] Cifras y Conceptos, Panel de Opinión, septiembre 2021.