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Nos ha tocado vivir un mundo agitado. Los avances de la ciencia y tecnología suceden atropelladamente. La forma de comunicarnos nos ha cambiado la vida. Una pandemia extrañísima nos ataca de repente, a escala global, mostrándonos lo mejor y lo peor de lo que somos, mientras muchos países se polarizan en ideologías opuestas y son corroídos por la corrupción de un dinero y de una violencia insaciables. Queremos recibir aquí sus reflexiones…

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A nosotros, veteranos de muchas batallas, nos corresponde seguir reclamando que los jóvenes tengan más oportunidades y no los conviertan en carne de cañón callejera las ideologías del odio.

Viví cuatro años de mi adolescencia en las cercanías de Zipaquirá. Fueron los años del bachillerato que hice en el colegio-seminario que los padres jesuitas tenían en una finca que se llamaba El Mortiño, pero por ser ambiente campestre la vida no era de club. Nos despertaba una campana a las 4:30 de la mañana, cuando el cuerpo estaba aún tibio bajo las cobijas en aquella fría campiña sabanera. A los que nos gustaba el deporte, como a mí el baloncesto, nos tocaba desperezarnos más rápido para bajar a la cancha a entrenar durante la semana, a menudo bajo esa llovizna pertinaz que cae en el altiplano cundiboyacense.

No me sienta mal como costeño contar esta parte de la historia, sabiendo por enésima vez que García Márquez estudió el bachillerato en un colegio del casco urbano de Zipaquirá. Y mucho menos ahora cuando Egan Bernal, El cóndor de Zipaquirá, ha ganado a los 24 años el Giro de Italia, y antes el Tour de Francia a los 22, para gloria suya y alegría de los colombianos que atravesamos en este momento no digamos los gloriosos, sino los dolorosos, como en el rosario. De algo o de mucho espero que nos sirva este triunfo suyo en Europa, allá donde ciertos compatriotas, al revés del campeón, nos hacen quedar como parias, regando una mala imagen del país.

Egan no se arropó con la bandera del “nos están matando”, mientras subía y bajaba por las montañas de Italia en bicicleta. Al contrario, en sus primeras declaraciones dijo que quería regresar pronto a Colombia, la tierra que ama. ¿Volver a esa Colombia donde matan a los jóvenes?, pensarían algunos europeos mal informados por algunas ONG.

Es necesario que el Estado escuche a los jóvenes, que aumente el presupuesto de la educación y la matrícula cero, que los jóvenes participen con ideas en la democracia, pero que no sea quemando etapas. La justicia no consiste en que la tengan fácil, sino en que haya igualdad de oportunidades, pero también con reconocimiento a los méritos de cada cual. Y todo eso se gana madrugando para entrenar, esforzándose en el estudio, teniendo aguante para llegar lejos, por sí mismos y no con dádivas, dándole duro para resistir los trayectos extenuantes y superar los hándicaps. No son cosas del pasado. 

Por muchos años, y hasta reciente fecha, fui testigo de los largos recorridos en bus que tenían que hacer, y todavía hacen, los estudiantes universitarios para llegar a las seis y treinta de la mañana a la clase de química, de cálculo o de filosofía. Y a nadie le hizo daño esa lucha por ser mejor; por el contrario, los que se esforzaban más eran siempre los que sacaban mejores notas y puntajes en las pruebas Saber. 

Lo que sí es cierto es que el mercado no está ofreciendo más empleo a los jóvenes; pide experiencia cuando no la puede tener quien acaba de terminar sus estudios; paga salarios mínimos cuando empiezan a trabajar, pero sin promocionarlos con mayor remuneración después. 

A nosotros, veteranos de muchas batallas, nos corresponde seguir reclamando que los jóvenes tengan más oportunidades y no los conviertan en carne de cañón callejera las ideologías del odio.

Jesús Ferro Bayona

Publicado en El Heraldo (Barranquilla)

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Hoy, en Colombia, hay 3.600.000 desempleados. En Cali, hay 100.000 más que antes de empezar la pandemia. Se requiere un programa nacional de empleo de emergencia. Para Cali, el papel del gobierno nacional es aportar los recursos. El sector privado debe gerenciar la entidad que debe crearse para administrar el programa y su logística.  

  

El problema es el desempleo. La pobreza, el hambre y la miseria son la consecuencia de no tener un trabajo decente. La explosión social y la protesta de los jóvenes son el reclamo airado por un futuro que se les niega por no tener estudio ni empleo. La Renta Básica o el Ingreso Solidario son necesarios, pero no suficientes, pues a los jóvenes solo les dan presente, mientras que el trabajo les da futuro y, sobre todo, dignidad.

Generar empleo digno es el camino de solución a la crisis social. Y no estamos hablando de unos cuantos miles, pues son 3.6 millones los desempleados en Colombia (15.1 % de las personas que buscan trabajo), además de los millones que se cansaron de buscarlo sin encontrarlo.

La situación en el Valle del Cauca es todavía peor. La tasa de desempleo en Cali es de 18.8 %, con 271.000 desempleados, es decir, 100.000 más que antes de empezar la pandemia. Los jóvenes son los más afectados, con una tasa de 27.1 %, también superior al promedio nacional.

El programa nacional de empleo de emergencia que propuse hace unas semanas puede empezar con un programa regional para crear 100.000 empleos –sobre todo para jóvenes– en el Valle y el norte del Cauca. Organizar un programa de este alcance requiere la intervención coordinada del gobierno nacional, los mandatarios locales y el sector privado.

El papel del gobierno nacional es aportar los recursos para el programa. Pagando el salario mínimo, su costo anual sería de unos $1.4 billones (menos de 0.2 % del PIB). Es un monto imposible de movilizar por el sector privado, pero el gobierno sí tiene la capacidad de conseguir estos USD 450 millones acudiendo a créditos de entidades multilaterales y ayudas internacionales, que de seguro responderán con prontitud dada la atención internacional que han generado los desafortunados sucesos recientes.

El aporte primordial del sector privado (empresas y ONG) no es la plata, pues sus recursos para estos propósitos son más limitados que los del gobierno, sino su capacidad gerencial y organizativa, que es indispensable para el manejo de la entidad que debe crearse para administrar el programa y su logística.

El dinero no es el principal obstáculo para la implementación del programa, sino el montaje, la administración y la logística para la operación de una “empresa” de 100.000 trabajadores: ¿quién va a proveerlos de dotación, alimentación o transporte? ¿Quién va a darles las herramientas necesarias para sus labores? ¿Quién va a proveer los insumos necesarios? ¿Quién va a dirigir la ejecución de las obras? Es el sector privado quien debe asumir esta labor gerencial, como lo hizo en el programa de reconstrucción del Eje Cafetero.

Los mandatarios locales tienen que definir los trabajos que realizarían estos jóvenes. En general, se trata de construir bienes públicos: en el campo, la reforestación y recuperación de cuencas, la construcción de vías terciarias o redes de acueductos rurales. En la ciudad, reparación y mantenimiento de la malla vial o de la infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.) y servicios sociales para las comunidades, tales como comedores comunitarios o promoción de escuelas de deporte.

Además de la creación de empleo, el dinero invertido en este programa impulsará la demanda en la economía, con lo cual las empresas privadas tendrán el incentivo para contratar nuevos trabajadores y el programa podrá desmontarse luego.

Mauricio Cabrera Galvis

Junio, 2021

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La democratización de la tecnología y el hecho de que cualquier persona pueda escribir, editar, grabar y producir textos, fotos y videos en formato profesional y compartirlos casi que sin filtro es un aliciente preocupante para este caldeado estado de ánimo en el que vivimos

Nuestra sociedad está en llamas y las fibras que la mantienen están que se revientan. No es sino mirar lo que ocurre en Colombia con el mes de protestas que parecen no tener fin, la radicalización de posiciones a favor y en contra del uso del tapabocas en Estados Unidos, la escalada en el conflicto entre palestinos y judíos y la polarización con respecto a cualquier tema, para entender que desde la época de la barbarie no habíamos estado tan separados, tan divididos, tan enceguecidos y tan convencidos de que “sólo nosotros tenemos la razón”.

Y aunque sería ilógico decir que esta situación es culpa de la tecnología y de las redes sociales ‒al fin y al cabo nuestros problemas son económicos, sociales, políticos, de raza y de credo‒ la verdad es que la democratización de la tecnología y el hecho de que cada persona pueda escribir, editar, grabar y producir textos, fotos y videos en formato profesional y los pueda compartir casi que sin filtro con todo el planeta (sumado a la credulidad e ignorancia del grueso de los usuarios), sí es un aliciente para este caldeado estado de animo en el que vivimos en este “estallido social”.

Por años pensamos que entre más información, mejor sería nuestra sociedad. Que entre más personas tuvieran acceso a internet, más progreso habría. Que entre más personas tuvieran voz, que entre más puntos de vista pudiéramos escuchar y evaluar, más empáticos podríamos ser y más consensos y puentes podríamos construir.

Pero no fue así.

La mezcla de la popularización de los celulares con cámara, de la masificación de las conexiones a internet y la ubicuidad de las redes sociales son, hoy por hoy, la gasolina que enciende y aviva toda clase de conflictos. Es innegable el rol de la tecnología en este zaperoco.

Son cuatro las aristas en las que veo ese rol y que creo vale la pena analizar y entender.

1 – Down the rabbit hole – El rol de los algoritmos 

Adictos al engagement, al like y al retweet, envenenados con el único objetivo de acaparar nuestra atención, de mantenernos cautivos consumiendo sus servicios, de no dejarnos ir, los algoritmos de las redes sociales aprendieron rápidamente que entre más polémico sea un post más interacciones tiene, que entre más radical su contenido más engancha y que entre más tiempo pasa el usuario en la plataforma necesita adentrarse más en la “madriguera del conejo” y consumir contenido cada vez más “pesado”. Y entonces le dieron prioridad a ese tipo de contenido.

Por eso, los terraplanistas han crecido más que nunca, los antivacunas hoy hacen y deshacen en todas partes del mundo y los evangélicos apoyan fervientemente a un megalómano corrupto que viola los 10 mandamientos a diario. Por eso, los cristianos se olvidaron del “ayudarás al prójimo” y están enfrascados en campañas para violentar los derechos fundamentales de todo tipo de personas “no tradicionales”, a pesar de que las bases y los fundamentos de sus movimientos son tan ilógicos que serían chistosos si sus efectos no fueran tan peligrosos.

El año pasado oí un podcast de The New York Times en el que analizan cómo las mismas técnicas que utilizó Isis para radicalizar a miles de personas en Medio Oriente las ha usado QAnon para lavar el cerebro y radicalizar a millones de norteamericanos. 

Y detrás de los algoritmos vinieron los estrategas digitales, los influencers, las agencias y las marcas y los políticos y todo aquel que quiera que un contenido se haga viral: disfrácelo de “oficial”, de “profesional”, de “serio”, pero hágalo polémico y cautivador. Hable de “nosotros” y de “ellos”. Y toque alguna fibra que lleve a su adopción inmediata y ferviente por parte de su población objetivo. Y pida que lo compartan, que se conozca, para que “todos sepan”.

2 – Las cámaras de eco y la polarización

Ayer por la tarde estuve en América Digital hablando sobre algoritmos, inteligencia artificial y redes sociales y terminé conversando con Clarybell sobre las cámaras de eco, uno de los efectos perversos del social media y tema del cual escribí ya casi hace cinco años.

Hoy, más que en ese entonces, el tema está vigente porque durante años hemos “depurado” nuestras redes sociales: hemos incrementado los contactos que piensan como nosotros y hemos nutrido y entrenado a esos algoritmos con un perfil que nos muestra cada vez más contenido con el que estamos de acuerdo y menos con el que disentimos.

Durante ese tiempo hemos silenciado y eliminado de nuestras redes sociales a amigos y familiares que envían cosas que no nos gustan y que comparten contenido con el que no estamos de acuerdo. Nos hemos encerrado en una burbuja, casi impenetrable, en la que todos pensamos igual y a la que no entra nada con lo que no comulguemos.

El resultado es un peligroso convencimiento de que “toda Colombia está de acuerdo”, “todos los ciudadanos concordamos con” x o y tema o “los buenos somos más”, sin que entendamos bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos. De que nuestra posición es la posición de la mayoría. De que nuestra opinión es la verdad y la opinión generalizada. De que si algo no sale como nosotros esperamos es porque hubo trampa (como piensan, por ejemplo, los trumpistas en Estados Unidos ante la victoria de Joe Biden. “¿Cómo puede haber ganado Biden si no conozco a nadie que haya votado por él?”. ¡Se robaron las elecciones! ¡Tomémonos el Congreso!).

El resultado es una radicalización de las opiniones, cada vez más antagónicas, en las que quien piensa diferente es ahora “el enemigo”, está “adoctrinado” o seguro “le están pagando”.

El resultado es una verborrea permanente de contenido, casi nunca producido por nosotros mismos, sino “reenviado en múltiples ocasiones”, que inunda los chats familiares, los muros y perfiles de redes sociales y que embriaga nuestra mente hasta el punto en el que nos convencemos de esa verdad absoluta sin poder escuchar posiciones diferentes.

3 – La avalancha de información = Una menor capacidad de comprender

Es tanta la información que recibimos, o mejor que nos bombardea, que hemos perdido la capacidad de entender. Hoy se estima que recibimos más 90 GB de información en un día, 15 veces más que la que procesábamos al final de los años 80. Un crecimiento exponencial que no ha venido acompañado de una mejora, ni siquiera parcial, en la capacidad física de nuestro cerebro.

Por eso, no solo leemos menos, sino que entendemos menos y casi siempre entendemos lo que queremos entender y no lo que el autor está diciendo. Y por eso, a pesar de tener un mar de datos en la punta de los dedos, nos estamos ahogando por la falta de información de calidad.

Como dice Nicholas Carr, autor de The Shallows: What the Internet is Doing to our Brains:

“Intercambiamos profundidad por amplitud, contemplación por estimulación, creando repercusiones individuales y colectivas importantes”.

Esto, acompañado de un incremento en el nivel de “profesionalismo” de quienes crean contenidos, nos ha llevado a creer y compartir cosas que son 100 % falsas, pero que a simple vista parecen verdaderas. Ello nos ha convertido en el bobo útil por medio del cual se propagan noticias falsas.

4 – Mentiras y verdades a medias

Hace unos años escribí sobre el concepto del “Hermano Menor”. Hice una analogía con el Big Brother descrito por George Orwell en su clásico (y cada vez más importante libro) 1984, pero con un twist: ya no es el gobierno quien nos espía y ve todo lo que hacemos. Somos todos los que hemos creado ese Panopticon, un modelo de vigilancia permanente en el que hay al menos una cámara y un micrófono en cada cuadra por la que pasamos y en el que alguien está grabando todo lo que hacemos. Un modelo en el que nuestro pasado queda registrado para siempre y puede salir a flote en cualquier momento. 

Y, sí, perdimos nuestra privacidad. Pero eso no es lo peor. 

Lo peor es que hoy usamos esas fotos y videos para contar nuestra versión, casi siempre tergiversada, de un hecho o de una historia. Lo peor es que grabamos y compartimos solo fragmentos de un hecho y los compartimos así, de forma parcial y sesgada, sin importar ni el contexto en el que ocurrió ni la totalidad de los hechos. Tomamos lo que queremos, lo que nos sirve para sustentar nuestro discurso y lo usamos, eliminando las partes que van en vía contraria (o no soportan) nuestra forma de pensar o nuestro discurso. 

Podríamos llamarlas verdades selectivas y son casi más peligrosas que las mentiras que contamos. 

No veo una solución a este problema. La tecnología y las técnicas de manipulación mejoran exponencialmente y nuestra capacidad de entender lo que ocurre y cómo se usan está estancada, al punto que será cada día más peligroso. 

Déjenme poner un ejemplo: el peligro de los deepfakes.

Seguramente han visto algún video reciente de Tom Cruise. Si no, háganlo. Quien aparece en ese video no es Tom Cruise, sino que corresponde a una técnica llamada DeepFake, en la que se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para editar videos de tal manera que parezca que una persona específica aparece en él.

¿Qué pasará cuando no sea Tom Cruise quien protagonice el video, sino un líder o un político y diga o haga algo que va en contra de su forma de pensar? ¿Seremos capaces de distinguir la verdad de la mentira? ¿O saldremos como borregos a seguir las instrucciones, a defender lo indefendible? 

¿Qué pasará cuando esa persona sea captada por una cámara real haciendo algo que no debería estar haciendo y para defenderse diga que seguro es un DeepFake? ¿Tendremos la capacidad cognitiva y moral de reprochar ese acto y de obligarlo a lidiar con las consecuencias? ¿O nos convenceremos de que todo es mentira porque “todo el que lo conoce sabe que él/ella no es así”? 

Hoy ya no podemos creer en lo que leemos. ¿Podremos creer entonces en lo que vemos? 

Cierro con una invitación: eduquémonos en cómo están usando la tecnología para dividirnos, para radicalizarnos, para usarnos. Entendamos los avances tecnológicos y sus beneficios, y encaremos sus riesgos con responsabilidad y conocimiento. Retomemos el control de nuestra privacidad, de nuestra seguridad, de nuestros pensamientos. Y entendamos que los extremos no conducen a nada bueno. Por lo menos, no para la mayoría de la gente.

Samir Estefan

Publicado en Techcetera: https://techcetera.co/el-rol-de-la-tecnologia-en-el-estallido-social/  

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Como muchos reconocen, el “estallido” social que nos sobrecoge y agobia, venía gestándose desde hace mucho tiempo. Es ingenuo y falaz pensar que sea parte de una “conspiración internacional” en contra del establecimiento, del gobierno y de los valores nacionales. 

La turbulencia violenta que vivimos en este momento tiene causas mediatas que encuentro relacionadas con una clarísima y vieja situación de inequidad social, las cuales son muy difíciles de solucionar a corto plazo y en medio de la presente coyuntura. Sin embargo, si en el Congreso de la República no se enfrentan y atienden con resolución esas causas profundas, aunque las soluciones se demoren un poco, por largo tiempo continuaremos desmoronando el país en medio de la violencia, la destrucción, la corrupción y la ambición de poder. 

El desmadre tiene también causas inmediatas, relacionadas con la pandemia. Son tozudos, duros y ciertos los datos del DANE, que muestran el agravamiento del desempleo y la consecuente pauperización de la clase media. Más de 22 millones de colombianos se debaten para no caer en la extrema pobreza, en la que ya viven millones de compatriotas, llenos de angustia y desazón por miedo a perder la vida por el virus. Sin embargo, tienen que seguir remando cada día contra la corriente para conseguir el pan, un abrigo para pasar la noche y amanecer al día siguiente con la dura tarea de continuar enfrentando un presente sin futuro. 

Y las vacunas aún no llegan para los que están en edad plenamente productiva, para los que tienen que salir a rebuscarse en las calles o para los campesinos que tratan de vender de manera precaria lo que duramente cultivaron en terruños ajenos o en cosechas logradas al debe con bancos hambrientos e inmisericordes. 

El descontento y la desesperación experimentada en los hígados, a punto de estallar, se encontraron con la más inoportuna, regresiva, arrogante e incendiaria propuesta de una reforma tributaria que abofeteó el rostro herido de una mayoría de afectados negativamente por ella. Aunque ya se retiró, esa iniciativa fallida del gobierno fue la chispa que prendió el polvorín. Nunca debió presentarse con el contenido que tenía; por supuesto que se necesitan recursos financieros para salir de la crisis agravada por la pandemia, pero pueden conseguirse sin acogotar a los que menos tienen.

Ciertamente son totalmente reprochables e inaceptables la destrucción de los bienes públicos y privados, la violencia, los bloqueos que afectan aún más la provisión de bienes y productos, que frenan la cadena productiva y generan más desempleo. Los asesinatos de colombianos en medio de esta dura confrontación nos llenan de terror y nos sobrecogen. Tienen que ser investigados y castigados, pero muchos en el país y en el exterior se preguntan si son confiables las autoridades que los identifican, investigan, juzgan y sancionan.

Mirando la terrible violencia desatada, creo que la solución no puede ser la que aplicó en su momento Sansón contra los filisteos. El “muera yo y todos los filisteos” del relato bíblico nos deja ver el absurdo de un titán ciego, embrutecido y desesperado por el dolor, que sacude en medio de gritos con su fuerza descomunal las columnas del edificio para que aplaste a todos al derrumbarse. Después del estruendo, cuando se asiente la polvareda, solo queda el dolor agudizado y sin solución de los pocos sobrevivientes. 

El uso de la fuerza enceguecida y de cualquier origen tiene que parar. La rebelión irracional o la represión brutal amparada en “para-autoridades” ilegales pueden llevarnos a la locura y a la sin salida. Tiene que haber racionalidad y cordura. En esa loca carrera se colaron los más interesados en aprovechar la revuelta para satisfacer sus ambiciones y satisfacerse del caos. 

La sorda discusión entre quienes todavía se quedan en preámbulos y no inician la negociación se desvía de lo esencial, pues quiere lograr absurdos lógicos y jurídicos inviables. Las declaraciones de los “directivos del paro” incluyen exigencias inaceptables para el gobierno y, a su vez, este les exige a los sindicalistas el claro rechazo de los bloqueos a los que eufemísticamente los directivos llaman “cortes temporales de vías”. ¿Qué van a lograr el gobierno y los integrantes del llamado “comité del paro” con estas dilaciones?

Los jóvenes en las calles están ahí, sin que nadie los escuche. Continúa la protesta, siguen desatendidas las voces y las justas peticiones de quienes piden oportunidades para trabajar, para educarse, para dar de comer a sus familias y tener la esperanza de una patria mejor. Luego de más de un mes de fatigantes y fallidos acercamientos entre líderes del paro y el gobierno, que hasta el momento a nada conducen, el gobierno va tomando medidas que más se parecen al autoritarismo de un estado de excepción no declarado y, aparentemente, casi necesario. 

Todavía se desconoce lo que será la nueva propuesta de reforma tributaria con la que se espera que, finalmente y, como debe ser en plena justicia y equidad, quienes más tienen, más aporten, para que el país cuente con los recursos que necesita para superar la crisis y encontrar caminos de concordia. Veo muy difícil que, quienes tienen el poder, quieran ceder y buscar soluciones de fondo, a corto, mediano y largo plazo.

Convocar una consulta popular, consagrada en nuestra Constitución política y en la que se manifieste el pueblo sobre los puntos más álgidos del problema como “constituyente primario”, puede ser una salida a esta coyuntura. Es posible que se demore la convocatoria; que haya saboteo en este Congreso que nada ha hecho para brindar soluciones a la crisis. No obstante, es una salida del constituyente primario en ejercicio de su pleno derecho democrático y plenamente constitucional. Creo que vale la pena apoyar esta idea de la consulta popular, dada la dimensión del problema. En una consulta popular la racionalidad podría primar sobre la polarización. Para eso está en la Constitución. 

Ojalá sea yo un profeta de mal agüero; ojalá me equivoque, pero si no hay verdadero diálogo, altura moral entre quienes conversan y respuestas prontas, que respondan a necesidades concretas, veo cercano un “estado de excepción”, más revueltas y más autoritarismo hasta que, finalmente, la negociación se tenga que hacer ‒o se detenga‒ en medio del desastre de un eventual golpe de estado que frustre ilusiones y ahonde divisiones y nos aísle del concierto mundial de las naciones que viven en paz. 

Cuánta sanación necesitamos y cuánta serenidad, sabiduría y firmeza requieren quienes nos gobiernan. Veo que muchos la reclaman con desilusión y sin esperanza.

Bernardo Nieto Sotomayor

Junio, 2021

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La democracia debe subirle el tono al debate con argumentos y acabar con el de la agresión, porque si no, nos tocará a los ciudadanos, creyentes o no, refugiarnos únicamente en el silencio de esa otra oración que es personal, en busca de energías más sólidas para resistir.

Marchamos en silencio para desbloquear el corazón, la palabra, las manos” clamaban el martes 24 en la pasada “Marcha del silencio” en Cali. La ciudad más poblada y con mayor actividad económica del suroccidente colombiano envió un mensaje de paz y resistencia cuando tememos caer en al abismo si esto sigue como va. Un dato que me llamó la atención, según leí en el periódico caleño El País, es que los marchantes, más de 5000, iban vestidos con camisas blancas y portaban banderas de Cali y Colombia, en rechazo a la violencia, el vandalismo y los bloqueos viales que han golpeado a la ciudad. Había toda clase de personas: jóvenes, empresarios, artistas, miembros de gremios y ciudadanos rasos.

La marcha del silencio de los caleños me hizo recordar la que con el mismo nombre convocó Jorge Eliécer Gaitán el 7 de febrero de 1948, dos meses antes de su asesinato. Impresionante movilización de 100.000 mil personas, en una Bogotá de 500.000 habitantes. Cuando la marcha llegó a la Plaza de Bolívar, sus participantes escucharon a Gaitán cuando pronunció un discurso, dicho con su voz vibrante que todavía resuena en los audios y videos de la época: “Señor Presidente, ‒le decía a Mariano Ospina Pérez‒, os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos… Señor Presidente, os pedimos pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por el cauce de la institucionalidad”. Y con palabras premonitorias de su muerte, el 9 de abril, dijo en la misma Plaza: “Somos capaces, Señor Presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia”. 

El tono de moderación, palabras conmovidas y su contenido darían para un análisis de cómo han cambiado de entonces hasta hoy las formas de ejercer presión política en las calles mediante la movilización de los ciudadanos. Pero la marcha de Cali el martes pasado devuelve las esperanzas de que sin amenazas ni consecuentes vandalismos, se pueda volver a la paz perdida y a las libertades recortadas que ahora padecemos gran parte de los colombianos que rechazamos la violencia y los bloqueos.

“Oración por la Paz” se llamó a las palabras de Gaitán: ya no fue el tono ni el contenido solos, sino el significado que le dio la historia a lo que era más una súplica, un pedido, una solicitud como “cosa sencilla” elevada a los poderes públicos. Oración, inmensa y humilde palabra, que se refiere a los discursos políticos, pronunciados con vigor, pero con respeto que ha sido ya olvidado, si no proscrito, de los recintos que en otra época estimábamos sagrados por representar a la nación y al pueblo, que son el asiento de la soberanía, al contrario del bochornoso espectáculo que tuvo lugar en la Cámara de Representantes el lunes pasado, transmitido por televisión.

La democracia debe subirle el tono al debate con argumentos y acabar con el de la agresión, porque si no, nos tocará a los ciudadanos, creyentes o no, refugiarnos únicamente en el silencio de esa otra oración que es personal en busca de energías más sólidas para resistir.

Jesús Ferro Bayona

Publicado en El Heraldo (Barranquilla)

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Estamos ante un diálogo de sordos. Al comité del paro le interesa prologarlo para obtener más concesiones; al gobierno también le interesa para quitarle apoyo popular al paro y, hasta de pronto, justificar medidas extremas. Todo ello afecta la economía debido a los bloqueos.

Después de un mes de marchas, manifestaciones y bloqueos, los convocantes del Paro Nacional han logrado obtener algunos de sus justos reclamos, el gobierno ha sido lento y equívoco en su respuesta, y la economía está sufriendo las consecuencias, sobre todo por los bloqueos en ciudades y carreteras, que no son una protesta pacífica.

Sin entrar a discutir cuáles son los actores que propician los bloqueos, lo cierto es que no se han podido levantar porque estamos ante un diálogo de sordos entre un Comité de Paro que no representa a los jóvenes que están en la calle, pero que le interesa prolongar el paro para obtener más concesiones del gobierno, y un gobierno que no toma las acciones preventivas y demora los diálogos porque también le interesa que el paro se prolongue para quitarle apoyo popular y derrotarlo por cansancio, o como dicen algunos –y ojalá no sea cierto– porque quiera justificar medidas extremas como la conmoción interior.

En la economía lo que están generando los bloqueos es un choque de oferta, es decir una disminución en el suministro de bienes y servicios por escasez de insumos o por destrucción de la infraestructura de producción. Si el choque es generalizado, el impacto se da sobre toda la cadena productiva

Un ejemplo es el panadero del barrio que se queda sin harina porque el trigo importado está bloqueado en Buenaventura, pero tampoco tiene margarina porque a la planta que la elabora no pueden entrar los trabajadores, ni azúcar porque los ingenios están parados, ni huevos porque el alimento de las gallinas ponedoras está pudriéndose en un camión que no puede pasar.

También puede ocurrir en la prestación de servicios. Como en el Mío, el sistema de transporte masivo de Cali, cuyas estaciones fueron vandalizadas y quemadas, lo mismo que algunos buses. Otro ejemplo es el servicio esencial de la Justicia cuando vándalos queman el palacio de justicia en Tulúa sin que la fuerza pública haga nada por prevenirlo, a pesar de estar avisada.

Las consecuencias económicas del choque de oferta son desempleo e inflación. Desempleo, porque muchas empresas y negocios, sobre todo los pequeños –como nuestro panadero–, no tienen cómo resistir una parálisis de la producción y las ventas; se quiebran y deben despedir a sus empleados. Inflación, porque la ley de la oferta y la demanda es inexorable y la escasez de papa sube su precio, o si no hay transporte público hacen su agosto los transportadores piratas cobrando más.

El choque de oferta producido por los bloqueos es todavía más grave porque llega después de un grave choque de demanda generado por la pandemia que dejó sin ingresos a millones de colombianos, redujo las ventas del comercio y las empresas, obligando a miles de ellas a cerrar y despedir empleados.

Frente a los choques de oferta no hay instrumentos de política que lo controlen. Aumentar el gasto público, bajar la tasa de interés o emitir dinero sirven para impulsar la demanda, pero son inútiles para aumentar la oferta.

Gran equivocación política de los dirigentes del paro por demorarse en desautorizar los bloqueos porque los más perjudicados por esta situación son, además de los pequeños empresarios, los más pobres vulnerables, porque se les encarecen los alimentos, deben caminar kilómetros para llegar a sus casas o, lo peor de todo, pierden el trabajo y los ingresos.

Mauricio Cabrera

Mayo, 2021

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Hoy se vive la explosión de las inconformidades de amplios sectores de la población. Se manifiesta en la sacralización de la protesta social como un derecho prioritario. Es en parte muy significativa, fruto de la desesperanza que afecta vivencialmente a las juventudes, ante la incertidumbre del futuro y ante la constatación de una realidad que se manifiesta a diario en la disminución progresiva de las oportunidades; específicamente, en lo relacionado con desocupación y bajos índices de empleabilidad, inestabilidad laboral e incapacidad de diseñar e implementar un plan de vida. 

La explosión de inconformidades de amplios sectores de la población es un fenómeno mundial que se ha venido repitiendo en las últimas décadas con situaciones conflictivas, como la primavera de los países árabes, las protestas de las juventudes en Hong Kong, los movimientos de los “indignados” en Europa, los movimientos indigenistas en América Latina y la insurrección en Chile, conducente esta última a un profundo cambio constitucional. Es una ola creciente de insatisfacciones ante los efectos nocivos de desigualdad, injusticia social y disminución de oportunidades, producto de una globalización económica mal concebida y ejecutada, que favorece solo a los que tienen y ahonda las brechas entre los estratos sociales. 

La descripción de esta situación por parte de los analistas del tema se basa en las siguientes reflexiones:

Cabe destacar que tanto gran parte de la juventud simpatizante, así como los estudiantes, fueron quienes constituyeron la base que desató la cadena de eventos que condujo a forjar el movimiento; lo cual, desde una perspectiva amplia, no es para nada accidental, sino más bien necesario. Podemos explicar lo afirmado líneas atrás desde una perspectiva de la juventud como fuerza motora. Las personas que acceden a la educación ganan sentido crítico; dominan además la tecnología y por esto mismo, como medio de expresión, utilizan los medios de información ‒no burocratizados‒ para expresar sus opiniones o para revelar al mundo aconteceres que, en muchos casos, los gobiernos desean ocultar (podemos recordar en este sentido lo ocurrido en los países árabes y cómo el pueblo de esta comunidad pudo revelar al mundo, a través de la Internet, las injusticias cometidas por parte de los mandos militares y políticos)[1].

Nos correspondió el turno de padecer esta situación de desencanto y desesperanza en Colombia, al llegar a los primeros años de la tercera década del siglo XXI, signados además por la explosión de la pandemia del COVID-19 que ha afectado hondamente el crecimiento económico y catapultado la polarización política, las diferencias regionales, la indigencia y el retorno a niveles de pobreza a vastos sectores de la población que en los últimos años habían obtenido un poder de producción y consumo propio de las clases medias, en un país que promisoriamente parecía ingresar al club de los desarrollados. Como lo señala la CEPAL, Colombia forma parte del panorama latinoamericano que se describe en los siguientes términos:

1. Previo al COVID-19, América Latina y el Caribe mostraban bajo crecimiento, espacio limitado de política fiscal y conflictos sociales crecientes. 

2. Sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región: -5,3 %. 

3. Desplome del comercio (-15 %), el turismo y las remesas (-20 %).

4. Aumenta el desempleo con efectos en pobreza y desigualdad. 

5. Con graves efectos diferentes según grupo social: adultos mayores, niñez, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes. 

6. Las medidas anunciadas buscan contener el virus, proteger los ingresos, el trabajo y las empresas. 

7. La pandemia evidenció brechas estructurales y carencias del sistema de salud del régimen de bienestar, así como debilidades históricas del sistema productivo. 

8. Han reorientado sus presupuestos públicos, pero será insuficiente y se requerirá financiamiento externo a bajos costos, con alivios al servicio de la deuda a los MICS y en especial a El Caribe. 

9. El reinicio de las economías nacionales y la flexibilización de la parada productiva requiere equilibrar la trayectoria COVID-19 y las consideraciones socioeconómicas. 

10. Debilitamiento del multilateralismo, proteccionismo y menor cooperación internacional[2].

En búsqueda de una racionalidad para entender la duración e intensidad y las modalidades, procedimientos, actitudes y comportamientos de los paros, bloqueos, agresiones, destrucción y demás formas de violencia implícita en la protesta social, y que además justifican y dan pie a su sacralización como derecho humano prioritario, se encuentran los siguientes principios generalizados a nivel global y adaptados a cada caso particular, así no se encuentren explícitos en cada uno de ellos[3]:

1. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas.

2. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz.

3. El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad.

4. La democracia parte del pueblo (demos = pueblo; cracia = gobierno), así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan solo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partitocrática. 

5. El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma, enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta el colapso.

6. La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices.

7. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo.

8. Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos.

9. Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser Humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy solo lo que compro, por qué lo compro y a quién se lo compro (Manifiesto Democracia Real Ya, 2011)[4].

¿Quién puede dudar de la veracidad y significación de estos asertos? En el procedimiento para el logro de su ejecución queda vedado siquiera reflexionar o criticarlos so pena de aparecer como retardatario. Clamar además, conjuntamente, por el respeto a la vida humana, a la propiedad de las personas o las empresas, por el derecho al trabajo y a la movilidad personal, por el derecho a la asociación y al libre ejercicio de la libertad individual, por la libertad de expresión, por el acceso a las oportunidades de progreso y realización, y por la defensa de la autoridad, el Estado y el bienestar comunitario como fruto del esfuerzo personal y familiar, son conceptos trágicamente retardatarios que deben supeditarse al derecho a la protesta, que es el único valedero. 

Y todo esto disfrazado con la voluntad de paz y el aparente rechazo a la violencia como mecanismo retórico para institucionalizarla. Si no es así, o se pone en duda, simplemente acuda a los medios de la opinión pública, especialmente los noticieros, donde la palabra “pacífico” o “pacífica” antecede o califica tanto las marchas, como las agresiones, como los incendios, como el ansia de destrucción y sus consecuencias, como el asalto a las ambulancias, como el saqueo a los transportes de víveres y medicamentos, como la destrucción sistemática de las agencias del Estado al servicio de la justicia y del orden, haciéndose verbo en el estilo de los locutores que la repiten (pacífica) por lo menos cada minuto y que exportan su producto comunicacional para crear imágenes que desvirtúan la realidad más allá de las fronteras. 

La sacralización del derecho a la protesta es solo un instrumento para neutralizar al Estado, subvertir el orden y propiciar el caos, como mecanismo para una nueva realidad que se apresura establecer y que solo se vislumbra como el preludio, utilizando medios democráticos como las próximas campañas presidenciales ya en proceso, para inmovilizar el poder gubernamental y político en la manida conceptualización del “bolivarismo” criollo, credo compartido por las disidencias en conjunto con Cuba, con Maduro, con el ELN, y también con vastos sectores de la juventud del país. 

1 Galvis Gómez, Fabio Andrés (2012). Análisis de la figura de “Los indignados” a la luz de la teoría de la subpolítica de Ulrich Beck. Revista Filosofía UIS, 11(2), 81-96.

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafilosofiauis/article/view/3365/4639

² Bárcena, Alicia (2020), Diez mensajes centrales. Marco analítico de los efectos del COVID-19. Santiago de Chile: CEPAL.  https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/200605_final_presentacion_parlamericasv_alicia_barcena.pdf

³ Velasco Acedo, Pilar (2011). No nos representan. El Manifiesto de los Indignados en 25 propuestas. Madrid: Martínez Roca.

⁴ Galvis, Fabio, o. c.

Hernando Bernal A. 

Mayo, 2021


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Continuando la discusión sobre la igualdad, el autor plantea que la desigualdad es en sí una fuente positiva de oportunidades y al mismo tiempo una fuente de limitaciones que cada individuo y cada sociedad debe conocer y manejar para el bienestar de sus miembros y, en el caso de los individuos, para su propio desarrollo y perfeccionamiento personal.  

La diversidad cultural proviene de muchos aspectos, fuerzas e interrelaciones sociales ampliamente estudiadas por sociólogos y antropólogos. Una de ellas es la raza, centro de tantas malas interpretaciones, conceptos, crímenes y estereotipos a lo largo de la historia. Superada históricamente la duda de si los aborígenes americanos y africanos eran seres humanos, la actual organización social mundial respeta las características propias de cada raza, aceptando sus diferencias y respetando sus derechos. En un esfuerzo de compensación por las injusticias del pasado, se resalta el valor y la grandeza de todas las razas, especialmente las minusvaloradas por los europeos en el pasado, y se les conceden derechos especiales, diferentes a los del común de los ciudadanos. Se utilizan políticas de trato positivo desigual para compensar pasados tratos negativos desiguales. Las razas, miembros todos dignos de la especie humana, son diferentes, no iguales, origen de culturas y civilizaciones diversas y valiosas.

Otra fuerza que colabora en la cultura es la lengua. La idea del esperanto como una lengua universal es solo una anécdota. Cada país cuida su lengua y aquellos que comparten una misma lengua se cuidan de hacer respetar sus orígenes, estructuras y expresión literaria. La riqueza mundial se considera en el cuidado de las diversas lenguas e incluso se hacen grandes esfuerzos por conservar aquellas de pequeños grupos cuya lengua ancestral puede estar en vía de extinción. En este tema lo menos que se busca es la igualdad.

Los seres humanos a lo largo de su existencia sobre el planeta en los últimos 10.000 años ‒que califico de civilización‒, se han organizado en grupos originarios de ciudades, regiones, razas, religiones, que han dado nacimiento a civilizaciones tan importantes y tan desiguales como la sumeria, la egipcia, la griega, la romana, la hindú, la china, la europea o la cristiana. Quienes defienden la igualdad, ¿desearían que tal diversidad de historias y realidades no hubiera existido y que en el futuro hubiera solo una civilización? En ese caso, ¿cuál debería ser la civilización igual a la que todos perteneceríamos: la norteamericana, la china, la musulmana, la eslava…?

En forma similar, las naciones y los Estados (cerca de 200 en la actualidad) responden por definición a características diferentes de historia, lengua, raza, geografía, recursos, etc. Su tamaño, su nivel de desarrollo, su influencia en el mundo, sus problemas y éxitos los diferencian a unos de otros, además de muchas otras variables económicas, sociales y políticas. Según las teorías económicas y administrativas, la competitividad de las naciones y su riqueza se origina en fuerzas internas y externas que no son iguales para todos y que permiten la realidad actual y futura, tanto de un mundo globalizado como internamente de las naciones. 

En un momento dado, al final del siglo XX, se pensó que la llamada “globalización” iba a uniformizar y despersonalizar las naciones, las culturas, las personas. Se creyó que los medios de comunicación se volverían universales, iguales para todos. Esta posible igualdad asustó a muchos. Por fortuna, las fuerzas sociales fueron más interesantes y resultó una globalización de la tecnología para apoyar una gran diversidad y oferta de contenidos adecuados a cada cultura o interés, incluso personal.  

Médicos, ingenieros, abogados, políticos, sicólogos, antropólogos se necesitan para la vida humana actual en el planeta. Las universidades ofrecen formación para más de 100 profesiones diferentes. Se requieren, existen y ofrecen programas de preparación técnico-profesional como mecánicos, electricistas, conductores de maquinaria pesada, laboratoristas, etc. Las profesiones son una fuente de desigualdad por las características de las tecnologías, especializaciones, dificultad, oferta o demanda de las mismas.

En el mundo del gobierno de las naciones aparecen múltiples funciones, desde el presidente o cabeza del gobierno, pasando por ministros, directivos de empresas sociales, maestros, jueces ‒con sus jerarquías‒, funcionarios técnicos, personal que atiende al público, recaudadores de impuestos, militares ‒con su gradación‒, policía, etc., etc., y en las organizaciones productivas aparecen gerentes, investigadores, directores de plantas, empleados de cuello blanco, trabajadores, secretarias, mensajeros, etc., etc. 

En el mundo económico se han ensayado diversos modelos de asignación de los frutos del esfuerzo productivo. Quienes han considerado que el resultado lo recibe solo el Estado para luego darles a los ciudadanos una parte igual a todos, han fracasado en la práctica y no tienen una posibilidad real de defenderse con un sistema justo que promueva la innovación, la creatividad y el progreso individual y colectivo. Igual crítica se hace del otro extremo, en el cual solo se benefician con la creación de riqueza los dueños de los medios de producción.

Las capacidades necesarias, los estudios, la preparación, la experiencia para las diferentes funciones y roles entre los miembros de la sociedad no son iguales. La organización social, cualquiera que sea el sistema político adoptado, es fuente de desigualdad. Además, la oportunidad de crecer y diferenciarse de sus congéneres parece ser un impulso natural de la especie humana. 

Si todos los hechos anteriores no fueren suficientes para entender que la búsqueda de igualdad es contraria a la realidad, queda por estudiar al individuo como persona. Filosóficamente, la conclusión más digna del ser humano es que cada uno es único e irrepetible. El ser es uno, bueno y verdadero ‒enseña la ontología‒ y la antropología filosófica, concretada en la sicología, concluye que cada ser humano es una persona diferente a cualquier otra persona de su especie. Es la base de nuestra dignidad y de los derechos de todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, origen, nacionalidad, lengua, religión o situación. Por ello, cada ser humano es diferente a todos los demás. Nos aterra la posibilidad de un mundo uniforme con todos iguales como robots. Las obras de Huxley y Orwell no son el modelo que deseamos para el futuro.

La desigualdad es, entonces, una realidad intrínseca a la sociedad humana. Es más, es una riqueza de la especie, así como la diversidad lo es de otras especies y del mundo físico.

Ante ello, quienes pregonan la igualdad buscan aclarar su posición con argumentos tales como que lo que se busca es la igualdad de oportunidades, la igualdad ante el Estado y similares. Ni siquiera en este contexto la fenomenología y la lógica permiten concluir que el enfoque sea correcto.

Por todas las fuentes intrínsecas individuales y sociales ya explicadas, es imposible que todos los seres humanos tengamos las mismas oportunidades.

Dada la existencia, de naciones, civilizaciones, razas, lenguas, niveles de desarrollo, niveles de ingreso, ideologías y religiones presentes en el mundo real es imposible pensar que un hijo de un socialista francés tenga las mismas oportunidades que el hijo de los príncipes herederos de Inglaterra, hablando de sociedades de un nivel similar de desarrollo. Tampoco lo son las oportunidades educativas de los niños de Silicon Valley y las de los niños de un pequeño poblado suramericano. Las oportunidades de democracia no son iguales para un norteamericano en Estados Unidos que para un árabe en Irán.

Las oportunidades y limitaciones son diferentes para cada uno, sin que ello necesariamente sea negativo. Si lo fuere o pareciere indeseable, nadie puede hacer nada, fuera de esfuerzos simbólicos por disimular dichas desigualdades y limitaciones. 

Lo que afirmo es que la desigualdad es en sí una fuente positiva de oportunidades y al mismo tiempo una fuente de limitaciones que cada individuo y cada sociedad debe conocer y manejar para el bienestar de sus miembros y, en el caso de los individuos, para su propio desarrollo y perfeccionamiento personal.  

Similar análisis puede hacerse del concepto de la igualdad ante el Estado, ante la justicia, etc. Los derechos y deberes de los ciudadanos se concretan en la práctica de manera individual y con las características propias de cada grupo e individuo. Por ello, las sociedades con razón identifican grupos vulnerables (los pobres) o especiales (indígenas, mujeres o niños), por lo cual las relaciones con el Estado o la justicia son diferentes. Similar actitud adoptan las organizaciones mundiales con los países que tienen diverso grado de desarrollo y las naciones entre sí, para complementarse en sus relaciones políticas, económicas y sociales.

Así, la desigualdad no es solo una utopía, sino que además no es deseable. 

Pero entonces, ¿debemos aceptar la miseria, la pobreza, el subdesarrollo, las desigualdades extremas, la discriminación y la injusticia dentro de la sociedad y entre las naciones, y no hacer nada para eliminarlas del mundo?

Creo que la búsqueda de la igualdad es una solución falsa para problemas reales, cuyo desenlace hay que buscarlo con otro enfoque más realista, más posible y, sobre todo, más profundo para el ser humano. Es a lo que invito a quienes se interesan en el desarrollo del ser humano.

Carlos Torres H.

Mayo, 2021

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Nuestros jóvenes no saldrán de la pobreza si no les damos oportunidades para usar su inteligencia.

En estos días difíciles nos asalta el vocabulario de la desesperanza: aumento de la pobreza monetaria, tasas de desempleo crecientes, destrucción de grandes sectores del aparato productivo, recrudecimiento de la violencia y miles de jóvenes desesperados, de quienes sabemos muy poco porque nadie los representa y nada tienen que perder en un trasegar trágico por las calles.

Hace más de un año se cerraron los colegios donde millones de niños y adolescentes podían compartir con sus compañeros, desarrollar sus capacidades y recibir una ración alimenticia diaria. Ya no parecen interesados en estar medio conectados a aparatos electrónicos. La calle los ha puesto en contacto con quienes terminaron bachillerato hace uno, dos, tres años y hacen parte de las oleadas de manifestantes que no encontraron opción de seguir sus estudios o trabajar dignamente.

Esta deserción anímica del proceso educativo tiende a convertirse en efectiva acelerando la reproducción de la pobreza. Ser uno de los países más inequitativos del mundo tiene un precio enorme y ahora se ha hecho evidente de la peor forma posible. Con el atraso educativo que estamos fabricando será mucho peor: quienes pretenden victorias políticas hoy no dicen que la cuenta gorda la pagarán durante muchos años los que menos tienen, como siempre.

Somos un país pobre porque no hemos encontrado ningún camino que podamos andar juntos. Hemos vivido inmersos en confrontaciones viscerales, con una clase dirigente centrada en intereses particulares y mezquinos y con un atraso educativo evidenciado una y otra vez, tanto en las oportunidades de acceso al conocimiento como en la calidad de lo que se ofrece a las clases populares. Esto es lo que nos hace pobres.

Nos hace pobres la ausencia de una utopía de carácter ético, capaz de acercar las diferencias. Distintos procesos han mostrado que el deseo de vivir en paz es una ilusión que periódicamente revive porque estamos hartos de la violencia, de ser vistos por el mundo como salvajes, ansiosos de que las nuevas generaciones tengan una nueva oportunidad.

Por desgracia, quienes pusieron en la presidencia a Iván Duque no quisieron ver que, más allá del articulado y de las reservas que se discutían en las élites, el acuerdo con las Farc además de un respiro para las comunidades víctimas de la guerra era, sobre todo, un imperativo ético para todos. Los combatientes siempre son pobres: soldados, guerrilleros, policías, niños y niñas reclutados por grupos de uno y otro bando. Los hijos de quienes aúpan el conflicto no combaten, no se asoman por allá porque están haciendo negocios o estudiando en universidades extranjeras. Los miedos con los que atizaron el odio sí son de ellos, pues veían en los acuerdos amenazas a sus eternos privilegios.

Ahora la impotencia y frustración colectivas son como una enfermedad peor que la pandemia. La sensación de que la vida no vale nada se hace patente viendo las multitudes agolparse en las marchas pacíficas o en las batallas a muerte, sin importar que esa otra muerte infecciosa deambule entre quienes por una vez sienten la euforia de estar juntos en algo.

Los dirigentes del Gobierno y del paro (que también son clase dirigente) centrados en defender sus terquedades no tienen prisa, sin acabar de reconocer que no representan a casi nadie: el Gobierno por su desprestigio y debilidad, y los líderes del paro por creer que obtienen una gran victoria bloqueando el país sin importar qué se deba hacer para reconstruirlo, ni a quién se lleven por delante. Luego nadie se hace responsable del aumento de precios de la comida, la pérdida de puestos de trabajo o el cierre perpetuo de los colegios. Los males siempre caen sobre los más débiles.

Nuestros jóvenes, que muestran su angustia en las calles, no saldrán jamás de la pobreza mientras no les demos oportunidades para usar su inteligencia.

Francisco Cajiao

Mayo, 2021

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La semana pasada, Mauricio Cabrera argumentaba que la falta de empleo decente es el problema y que la búsqueda de soluciones debería ser prioridad gubernamental y del sector privado. Ahora se refiere ‒y cuestiona‒ el plan de choque del gobierno, pues se requiere, primero que todo, un repunte fuerte de la demanda. Sin ello, las empresas no van a contratar trabajadores.

Para promover la creación de empleo juvenil el gobierno acaba de lanzar un “plan de choque”, consistente en dar a las empresas un subsidio de 25 % del salario mínimo ($227.000) por cada nuevo joven que contraten, pagando todas las prestaciones y parafiscales. Con recursos por un billón de pesos destinados al programa, el gobierno espera que se generen 500.000 nuevos empleos.

Sin ánimo de ser Casandra de oráculos pesimistas, debo decir que el plan tiene mucha probabilidad de fracasar, porque parece diseñado por personas que no tienen conocimiento de cómo las empresas toman la decisión de contratar un trabajador. Tres conversaciones imaginarias, pero muy reales, sirven para ilustrar esa afirmación.

Primera, en el restaurante del barrio, que estuvo cerrado seis meses por la pandemia, y que ha vuelto a abrir con aforo restringido, la chef y esposa del administrador le dice a su marido: “con ese subsidio del gobierno, ahora podemos contratar a los dos meseros que tuvimos que despedir el año pasado”. El marido le pregunta: “con dos meseros más, ¿vamos a tener más clientes al almuerzo o a la comida?”.

La chef responde que no, porque la gente todavía le tiene miedo al COVID-19. Sin embargo, con su sensibilidad social insiste en contratar a sus antiguos meseros. El marido saca su calculadora y le dice: “si les pagamos el salario mínimo, cada uno nos va a costar $1.4 millones mensuales; el gobierno nos da $227.000, ¿De dónde sacamos el resto?

La segunda es en un taller que confecciona prendas de vestir para conocidas marcas de ropa y que el año pasado tuvo que despedir a 10 de las 20 mujeres que empleaba porque le cancelaron muchos pedidos. El dueño llama al administrador y le dice que vuelva a engancharlas porque hay que demostrar que las políticas del gobierno sí sirven.

El administrador, con paciencia, corre su modelo en el computador y le presenta los resultados: “10 jóvenes nos pueden producir unos $50 millones mensuales de prendas de vestir; contratarlas nos cuesta $14 millones al mes; la tela y los materiales para la confección, unos $25 millones; otros costos y gastos unos $6 millones, de manera que es buen negocio porque tendríamos una utilidad de $10 millones, más los $2.2 millones del subsidio”. Pero temeroso, le pregunta al dueño: “¿a quién le vamos a vender esa ropa? Si no tenemos pedidos, ¿de dónde vamos a sacar los $47.8 millones que no nos da el gobierno?

Tercera, una gran empresa de alimentos que paga el doble del salario mínimo y que durante la pandemia aumentó sus ventas y para poder producir más contrató 10 nuevos trabajadores, pero ahora ha vuelto a los niveles anteriores de ventas. El presidente pide a su equipo que evalúe la contratación de 10 jóvenes para aprovechar los subsidios del gobierno. El gerente de operaciones le dice que serían un estorbo porque no tiene funciones para asignarles; al de talento humano le gusta la idea porque podrían aprovechar para jubilar anticipadamente a 10 empleados muy antiguos; pero el financiero replica y afirma que le costarían $28 millones, pero el gobierno solo le da $2.2 millones.

Conclusión: mientras no haya un repunte fuerte de la demanda, las empresas no van a contratar nuevos trabajadores. Si ahora se quiere generar 500.000 nuevos empleos, solo un programa de empleo público como el que planteé la semana pasada puede hacerlo.

Mauricio Cabrera

Mayo, 2021

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En medio del paro nacional, el gobierno anunció que se garantizará la matrícula gratuita para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que asisten a las universidades públicas. Esta medida no resolverá el problema del acceso a la educación. La dificultad de acceder a ella tiene raíces profundas en Colombia. 

La demanda por educación superior comenzó a disminuir en 2016, y esta tendencia se hizo más visible desde 2019. En 2020, la pandemia aumentó la preocupación sobre los indicadores de deserción en todo el sistema educativo y de matrícula nueva en las universidades privadas.

Casi 500. 000 jóvenes finalizan el bachillerato cada año, pero apenas 192.000 ingresan de inmediato a la educación superior: 308.000 jóvenes quedan fuera del sistema, o sea que cada cinco años tenemos millón y medio de personas entre 18 y 23 años que deben solicitar trabajo no calificado.

Aproximadamente, 51 % de los 192.000 jóvenes que continúan sus estudios opta por instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas de carácter público; el 49 % restante se matricula en centros privados.

1.557.000 jóvenes deciden hacer un pregrado y 710.000 estudian carreras técnicas y tecnológicas, usualmente ofrecidas por el SENA, que representa entre 18 % y 20 % de la oferta oficial y gratuita del país.

Si bien la decisión del gobierno es un alivio para muchas familias, no resuelve los problemas de acceso a la educación superior, pues no crea nuevos cupos en la educación pública.

En medio de la crisis fiscal y el descontento creciente de la población, el presidente Duque ha ofrecido destinar una suma superior a 600.000 millones de pesos por semestre para otorgar matrículas gratuitas a aquellos estudiantes de origen popular. Por el momento la decisión cobija el próximo semestre, pero se prometió convertirla en política de Estado. Para cumplir la promesa seguramente habrá que reformar la ley que regula el financiamiento de la educación superior.

La idea del gobierno no afecta a las instituciones privadas, que se financian con el valor de las matrículas, pero sí afecta las oportunidades de estudiantes pobres, que no logran un cupo en entidades oficiales: hay que recordar que la población de los estratos 2 y 3 abunda en las universidades privadas.

Pero el mayor problema de la educación no es la matrícula.

Desde hace mucho tiempo la proporción entre el número de estudiantes graduados y el total de quienes ingresaron a primer año de carrera ha ido disminuyendo: la tasa de deserción o abandono tiende a aumentar más que a disminuir.

Entre 2010 y 2016, la tasa deserción anual osciló alrededor del 10 % ‒o sea, que entre 40 % y 50 % de la cohorte que ingresó a primer año acaba por no graduarse‒; estas cifras, desde luego, varían según la universidad y el programa académico.

La principal causa de la deserción estudiantil es la falta de dinero. Los mayores costos para los estudiantes de las universidades públicas son la manutención y la movilización.

Las instituciones públicas más grandes están ubicadas en las ciudades principales y allí llegan muchos estudiantes procedentes de los municipios periféricos que ‒sin contar con los gastos académicos propiamente dichos‒ deben costearse una vivienda, su alimentación y el transporte.

Para financiar estos gastos existen tres alternativas: trabajar y estudiar simultáneamente, recibir un apoyo familiar o pedir un crédito de mediano plazo al ICETEX.

Desde luego hay otras causas de deserción, como el bajo rendimiento académico, la insatisfacción con la carrera elegida o la oportunidad de vincularse a alguna actividad laboral que represente ingresos. En época de crisis, las familias que pierden sus empleos no pueden sufragar los altos costos de estudiar en vez de trabajar, especialmente si esa educación no garantiza un mejor futuro económico.

La última encuesta de jóvenes de la Universidad del Rosario y Cifras & Conceptos mostró que para las personas es más importante conseguir empleo que proseguir sus estudios. La misma encuesta constató que los jóvenes confían más en la universidad pública, algo muy significativo si se tiene en cuenta que casi todas las demás instituciones sociales merecen las peores calificaciones. Esta valoración se debe a la calidad de los profesores, a la investigación y las oportunidades de movilidad social.

Pero no es fácil garantizar el acceso y la calidad en la educación a quienes provienen de los sectores menos favorecidos.

El proceso de selección de las universidades públicas debe ser transparente, sin distinción de género, credo, raza u origen social. Ahí radica su carácter democrático y su capacidad de consolidar una cultura basada en el conocimiento y el esfuerzo individual y colectivo, indispensables para forjar nuevas generaciones que impulsen el progreso económico, científico y cultural de la nación.

Pero las brechas sociales obstaculizan la misión de las universidades.

Normalmente, las universidades reciben muchas más aplicaciones de las que pueden aceptar. Por eso solo se garantiza un cupo a quienes obtengan las mejores calificaciones en las pruebas de Estado o en las que realizan las instituciones.

Según un informe de la oficina de admisiones de la Universidad Nacional, en septiembre de 2019 “61.902 aspirantes presentaron prueba de admisión para el primer semestre de 2020. 69 % de los aspirantes pertenecen a los estratos 2 y 3, entre los que predominan los menores de 18 años”. De este grupo de aspirantes ingresó apenas un 8 %, es decir, que un poco más de 50.000 candidatos no consiguieron un cupo en la universidad.

Algo parecido ocurre en las demás universidades el país. Las expectativas de cientos de miles de jóvenes se frustran cada año, porque tuvieron una educación previa de mala calidad, porque no leen y escriben bien, porque tienen un precario razonamiento matemático o porque no tuvieron procesos de orientación profesional para entender sus talentos y aspiraciones.

Algunos de quienes no consiguieron los primeros lugares tienen un buen examen de Estado y sus familias están dispuestas a sacrificarse para apoyarlos. Los jóvenes acuden a las universidades privadas de bajo costo que suelen ser menos exigentes en sus condiciones de ingreso.

La ausencia de una educación inicial, la mala calidad de la educación básica y media, totalmente desconectada del sistema de educación superior, y la escasez de capital cultural en las familias y comunidades más pobres son factores que amplían las brechas sociales.

Sin salidas en las instituciones se crea una cultura de la desesperanza. La economía informal, las actividades ilegales y los grupos violentos de diversa índole se nutren de este segmento poblacional que cada año aumenta en forma acumulativa.

Por si fuera poco, la educación pública del país se cerró durante casi un año y medio. Parece que volvemos a las épocas cuando se les prohibía a los esclavos, los indios o los pobres aprender a leer y escribir, porque el poder sobre otros se alimentaba de la ignorancia; pero hoy esta no le sirve a nadie, porque las economías contemporáneas necesitan el conocimiento y la capacidad de aprendizaje para crecer. Además, los pueblos con mala educación abren sus puertas al autoritarismo.

Cuando le preguntaron a Angela Merkel por qué invertía tanto en la educación en Alemania, ella respondió que la ignorancia era demasiado costosa.

Hace mucho el Estado demostró que es incapaz de garantizar el derecho a la educación y por eso se perdió la esperanza de construir equidad a través de ella.

No es fácil entender que una consigna reiterada del paro sea el “No a la alternancia”, como si negar la educación a los millones de niños más pobres fuera una ganancia social. Menos aún se entiende que eso provenga de quienes lideran a los maestros que, como funcionarios del Estado, son los garantes directos de este derecho.

Francisco Cajiao

Mayo, 2021

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La voz angustiada de un padre que en las afueras de Cali contaba cómo desde su dormitorio oyó de repente llorar de pánico a su pequeño hijo que jugaba en el jardín, mientras derribaban el portón de su casa unos indígenas de la minga que irrumpieron en el conjunto residencial donde vive, estremeció vivencias desagradables de un pasado que tengo sepultado en mi memoria.

Quienes nacimos en los años cuarenta del siglo pasado decimos que somos hijos de la violencia sin buscarlo. Empezamos a crecer bajo el impacto emocional del asesinato de Gaitán, el 9 de abril, que no entendíamos, y el desmadre de la gente enardecida con palos y machetes que recorría el territorio nacional, mientras los locutores de radio transmitían noticias con tal dramatismo que sentimos que estábamos en un caos social sin salida. En aquellos años todo era confuso: el estado de sitio decretado por Ospina Pérez, el golpe de Estado de Rojas Pinilla, el asesinato en una cantina de Bogotá del exguerrillero Guadalupe Salcedo, los discursos políticos ‒voces agudas que parecían salir de los sepulcros‒, y no es metáfora, porque Colombia estaba viviendo sucesos en los que se blandía el espectro de la muerte.  Vivimos el escalofrío de la dictadura, las muertes en el campo y las ciudades, los jóvenes asesinados el 9 de junio de 1953, la caída del dictador.

Vivimos la fundación de Marquetalia por parte de la guerrilla, el paro violento contra López Michelsen, el estatuto de seguridad de Turbay Ayala, la salida intempestiva de García Márquez hacia México, que los colombianos percibimos como si nos dejara a merced de fuerzas oscuras que aterraban. Sin lograr reponernos aún del miedo generalizado, se produjo la toma del Palacio de Justicia, el penoso llamado de Reyes Echandía, con el telón de fondo de una balacera y el ruido temible de tanques que veíamos en directo en la televisión subiendo a la brava por las escalinatas de aquel magno edificio en llamas. Y después siguieron las bombas de Pablo Escobar, la impresión horrorosa de que el narcotráfico gobernaba al país, los asesinatos de líderes políticos en los aeropuertos, el secuestro de Álvaro Gómez, la explosión del avión de Avianca, los disparos mortales contra Carlos Pizarro dentro de otro avión que apenas alzaba el vuelo, y, sin descansar, el proceso 8000, los secuestros interminables, los diálogos de paz en medio del conflicto, el desplazamiento de pueblos por los paramilitares, el terrorismo de las células urbanas de grupos guerrilleros de diversos nombres, los acuerdos de La Habana acompasados por el “Quizás, quizás…” que sonaba burlón ante un país en vilo.  

¿Qué nos toca ahora? Manifestaciones indefinidas, vandalismo contra los bienes públicos y privados, odios en las redes sociales, diálogos que se alargan sin llegar a nada concreto hasta el momento. Los colombianos, que somos mayoría pacífica ‒entre los cuales nos contamos los hijos de la violencia‒, no podemos continuar con esa cadena de rencores que han hecho tanto daño a la convivencia. ¿Para cuándo la paz tan frágil y esquiva? 

Jesús Ferro Bayona

Publicado en El Heraldo (Barranquilla)

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La falta de empleo decente es el problema, La búsqueda de soluciones que permitan ofrecer cientos de miles de nuevos puestos de trabajo debería ser la prioridad de toda la sociedad: gobierno y sector privado.

“…no quiero que naide pase las penas que yo pasé”, cantaba el gran Atahualpa Yupanqui. Este es el clamor latente de los miles de jóvenes que se han tomado las calles para manifestar sus frustraciones, su indignación, sus sueños de tener un futuro que hoy se les niega. Según la encuesta de Cifras y Conceptos el desempleo es hoy el principal problema del país para 74 % de los jóvenes.

La falta de empleo decente es el problema y la búsqueda de soluciones que permitan ofrecer cientos de miles de nuevos puestos de trabajo debería ser la prioridad de toda la sociedad: gobierno y sector privado.

Por supuesto, la pobreza y el hambre también asedian. Pero son solo la consecuencia de no tener un trabajo digno que les dé los ingresos para vivir. Por eso, propuestas como la Renta Básica son totalmente indispensables para que la gente pueda comer y sobrevivir, y se deben implementar ya, pero no son la solución de fondo del problema.

A los jóvenes y sus familias la Renta Básica les da presente, pero no les da futuro. El trabajo remunerado les da ingresos, pero sobre todo dignidad.

Se necesita un programa de empleo de emergencia que cree en el país por lo menos 500.000 nuevos puestos de trabajo. En medio de una recesión como la actual, el Estado es el único que tiene la capacidad de generar y financiar a corto plazo tal cantidad de empleos, pero no tiene la capacidad de administrarlos todos. Por eso, se requiere también la participación de la empresa privada y la sociedad civil.

Los subsidios a la nómina hubieran servido en marzo del año pasado, antes de que desaparecieran 4.5 millones de empleos, pero hoy ninguna empresa va a contratar un nuevo trabajador solo porque le cubran el 30 o 40 % del costo salarial, salvo que tenga la certeza de que va a poder vender lo que produzca ese trabajador, pues no tiene cómo pagar el resto del salario y los demás costos de producción.

¿Qué se ponen a hacer esos 500.000 trabajadores? Proyectos de creación de bienes públicos que no requieren un alto grado de capacitación: reforestación y recuperación de cuencas, de vías terciarias en el campo, de la malla vial en las ciudades, reparación y mantenimiento de infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.), servicios sociales para las comunidades, y tantas necesidades de bienes públicos que tiene el país.

Existen ejemplos exitosos de este tipo de programas. A nivel muy local y micro, el programa Guardianes de Paz y Cultura de la anterior alcaldía de Cali, que rescató a miles de jóvenes pandilleros. En un nivel territorial, el FOREC, que coordinó la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto de 1999, es un caso de eficaz colaboración público-privada.

El más ambicioso de estos programas fue el Civilian Conservation Corps (CCC) del presidente Roosevelt en medio de la gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. A lo largo de seis años empleó a cerca de 3.000.000 de personas, en su mayoría jóvenes, en labores de construcción de infraestructura y conservación y desarrollo de los recursos naturales en los terrenos de los parques nacionales.

El gobierno nacional debe liderar y financiar la creación de un programa similar, articulado con los gobiernos locales para su ejecución y con el sector privado para su administración.

Mauricio Cabrera Galvis

Mayo, 2021

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Tal vez resulte más inteligente recurrir al diálogo y a la confianza en el ejercicio de la razón. Es difícil entender por qué la protesta social organizada y pacífica, cargada de razones y argumentos susceptibles de ser debatidos y negociados en un marco de racionalidad democrática, termina activando grupos violentos y energúmenos completamente impermeables al ejercicio de la razón.

No siempre es sencillo el ejercicio de la razón. Con mucha frecuencia nos mueven emociones muy primitivas, ancladas en el origen de la especie. La supervivencia, en su forma más básica, tiene exigencias de alimentación y protección frente a las condiciones hostiles del entorno, y los seres vivos hacen hasta lo imposible para conseguirlas. El miedo, entre otras emociones, es una forma de protección que desencadena mecanismos de huida del peligro o genera formas de agresión necesarias para enfrentarlo.

En momentos como los actuales es difícil entender por qué la protesta social organizada y pacífica, cargada de razones y argumentos susceptibles de ser debatidos y negociados en un marco de racionalidad democrática, termina activando grupos violentos y energúmenos completamente impermeables al ejercicio de la razón.


Quienes inician una acción política legítima para reclamar en las calles que el Gobierno atienda las condiciones de pobreza que amenazan la supervivencia de millones de personas afectadas por una parálisis económica de más de un año son incapaces de ayudar a proteger la vida, honra y bienes de aquellos en cuyo nombre protestan.

La destrucción de los sistemas de transporte público, el bloqueo del suministro de alimentos, medicinas y combustibles afectan los precios, el empleo y la salud en mayor medida de los más pobres. Por eso no es fácil entender. Sin duda, el miedo está presente: alguien con miedo se vuelve muy peligroso, sea gobernante, policía o manifestante.

En los sesenta, el obispo brasileño Helder Camara publicó su libro La espiral de violencia para tratar de comprender la violencia estructural en América Latina y las posibles formas para enfrentarla. Dice que hay una violencia inicial que se expresa en las condiciones de pobreza extrema de grandes masas poblacionales en los países subdesarrollados. Esta situación suscita una segunda forma de violencia ejercida por los oprimidos hacia sus opresores que termina, a veces, en una lucha armada sustentada en ideologías de izquierda. Pero la generalización de que toda idea de izquierda conduce a la violencia descalifica cualquier cambio que lleve a reducir las brechas sociales y da origen a una tercera forma de violencia: la represión y la persecución sistemática de quienes sueñan una sociedad más justa, con el argumento de que están subvirtiendo el orden.

Se decía entonces que la única solución era la lucha armada. Camara, sin embargo, plantea la necesidad de soluciones no violentas. En estos cincuenta años hemos explorado otras soluciones. A pesar de las dificultades que siguen teniendo los países para resolver sus problemas, se han conseguido salidas razonables a dictaduras militares, ha habido gobiernos de izquierda capaces de atender necesidades colectivas en marcos de acción democráticos y hay también, por desdicha, países que se encuentran estancados porque no han entendido ni superado sus propias espirales de violencia.

Ahora nos ha tocado el turno. Se han buscado salidas a las guerrillas con procesos de paz. Hubo logros importantes en la Constitución del 91. Se logró un buen acuerdo con las Farc, pero los descontentos reactivaron la espiral moviendo el miedo para ‘emberracar’ a la gente. Los mismos sectores hablan de ‘rabia social’, desencadenada por su propio gobierno con una reforma tributaria que en las condiciones de pandemia era un acto violento. Para rematar, acogen la teoría de la ‘revolución molecular disipada’, inventada por un neonazi chileno que ha estado instruyendo a nuestros altos mandos militares. Se suman iniciativas de venta de armas a particulares, disparar contra los revoltosos y declarar el estado de conmoción interior.

Tal vez resulte más inteligente escuchar a Helder Camara y recurrir al diálogo, a la búsqueda de acuerdos pacíficos y a la confianza en el ejercicio de la razón.

Francisco Cajiao

Mayo, 2021

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Nuestro invitado nos introdujo en la ciencia de la economia política, que es diferente de la economia clásica y muchas veces está aislada de las ciencias sociales. Un recorrido rápido desde los precursores de la época clásica de la economía lo llevó hasta la corriente actual de la “ley de los mercados”. Los modelos políticos se fueron acercando a las visiones de la economía capitalista o socialista. Los valores de la socialdemocracia lo llevaron a presentar las soluciones planteadas por dos grandes pensadores económicos de hoy: Thomas Piketty y Esther Duflo.

Presentación al grupo “Exjesuitas en tertulia” el 22 de Abril del 2021
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