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En la primera parte de este artículo, Mauricio Archila ‒en colaboración con Martha Cecilia García‒ expuso lo sucedido en las movilizaciones del 21N y días siguientes, los antecedentes históricos y las luchas de los trabajadores del sector de la salud. Ahora, amplía las movilizaciones a otros sectores sociales, expresa las situaciones de violencia que surgieron y menciona las medidas que ha tomado el Gobierno.

Otro actor que se movilizó al inicio de los confinamientos, y muy radicalmente, fueron los reclusos. No bien se habían decretado las cuarentenas obligatorias, en las cárceles hubo protestas por el hacinamiento y las precarias condiciones sanitarias, lo que hacía temer un rápido y masivo contagio, no solo de presos sino de sus familiares y de los propios guardias penitenciarios. Así, el 21 de marzo se presentaron motines en 17 prisiones; solo en La Modelo de Bogotá 23 presos murieron y 83 resultaron heridos, al igual que siete trabajadores.

El temor al contagio también produjo movilizaciones en algunos municipios y barrios de las grandes ciudades, que llegaron a bloquear sus vías de acceso. Fueron protestas que exhibieron ciertas dosis de xenofobia, especialmente contra los venezolanos, y de lo que Adela Cortina llama aporofobia* –rechazo del pobre– contra los mendigos, habitantes de calle, recicladores y trabajadores informales. A veces, estas acciones por miedo al contagio estaban basadas más en rumores que en información oficial, la cual curiosamente no llegaba a tiempo.

De manera concomitante, la pobreza exacerbada por el cierre de la economía formal e informal derivó en movilizaciones para pedir ayuda, sobre todo al Estado en sus distintos niveles, y a entes privados, apoyos que no se prestaban oportunamente. No faltaron tampoco los falsos anuncios de ayudas, cuando no cierto oportunismo de algunos mandatarios locales para pescar votos en río revuelto, que propiciaron notorias aglomeraciones, que amenazaron con extender el contagio. En casos más desesperados, hubo tomas temporales de espacios públicos para forzar los auxilios o exigir permisos para retornar al trabajo. Por esas vías se presentaron las peticiones de desempleados, vendedores ambulantes y, en general, de los trabajadores informales, algunos de ellos venezolanos, que se hicieron visibles como un nuevo actor de la protesta en el país. Los microtransportadores de todo tipo igualmente participaron en movilizaciones, lo mismo que los “rappitenderos”. Algunos taxistas, además de pedir que se les permitiera trabajar, se opusieron al retorno de Uber. 

La mayoría de estas acciones eran aisladas y reunían poca gente, pero proliferaron a lo largo del país. Nos recuerdan las “protestas del hambre” que se vivían en los inicios del capitalismo en lo que E. P. Thompson acertadamente llamó la “economía moral de la multitud”. En pocos casos derivaron en saqueos de supermercados y locales comerciales. Con el tiempo, las familias necesitadas recurrieron a poner trapos rojos en las ventanas de sus casas o salieron por las calles con el mismo emblema o con banderas de Colombia, gritando desesperadamente por ayuda. A esas voces plañideras se sumaron músicos y mariachis, que deambulaban por las calles dando improvisados conciertos al aire libre. “Si no nos mata el coronavirus, lo hará el hambre”, decían algunos protestatarios en Bogotá a inicios de abril. Estas situaciones se agudizaron a medida que avanzaban los confinamientos más estrictos. 

En algunos casos el desespero por la situación llevó a que se dieran ocupaciones temporales de edificios vacíos con la intención de llamar la atención por ayudas. Hubo también invasiones de terrenos desocupados o baldíos, pero en este caso tenían la ilusión, hábilmente manipulada por expertos en estas lides, de hacerse a un precario lote para vivienda en áreas no aptas para ello, como ocurrió en San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa o Usme en Bogotá, en Soacha, en Cali y en otras ciudades. Las órdenes de desalojo se prestaron para fuertes choques con la policía, especialmente con el Esmad.

Además de los “pobres”, otros actores sociales más organizados manifestaron públicamente sus reclamos. Así, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores asalariados se pronunciaron contra las amenazas de reformas laboral, pensional o tributaria que los perjudicarían. Debido a la caída de la demanda durante las cuarentenas obligatorias y a la falta de apoyo del Estado, muchos trabajadores formales quedaron en la calle. Por eso, un reclamo de este sector era por el derecho al trabajo con la respectiva reactivación económica. Pero también, cuando esta posibilidad se abría, exigían medidas de protección para un retorno seguro al trabajo. Tal fue el caso de los trabajadores bananeros y los de la rama judicial, entre otros.

A los sindicalistas les preocupaba igualmente que en las condiciones de confinamiento y con el poder concentrado en la presidencia de la república se expidieran decretos para la ampliación de la jornada de trabajo o la mayor flexibilización de los contratos, que permitieran despidos masivos o el recorte de derechos conquistados. Así, por ejemplo, el sindicato de Cerrejón se lanzó a una huelga a inicios de septiembre en contra de la propuesta de la empresa de un sistema de turnos que terminaría disminuyendo los puestos de trabajo, en medio de la crisis global de la comercialización del carbón. También hubo protestas ante las nuevas amenazas de privatización, como ocurrió con la USO ante el anuncio del gobierno de vender la empresa de transporte y logística de hidrocarburos, Cenit, uno de los activos más importantes de Ecopetrol, y de trasladar a más de 400 trabajadores del segmento de transporte. 

El confinamiento modificó los repertorios de protesta del mundo del trabajo, lo que disminuyó la huelga física y prácticamente impidió las marchas en espacios públicos, con lo que tuvimos un primero de mayo en casa. Igualmente, el magisterio lanzó el 12 y 13 de agosto un “paro virtual” en oposición al retorno presencial a clases y por el cumplimiento de los acuerdos previos, en especial en relación con el servicio de salud de los maestros. Las centrales sindicales, a comienzos de septiembre rechazaron, con caravanas en las principales ciudades del país, el decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, que estableció el piso mínimo de seguridad social en el país –reglamentó la contribución al sistema general de pensiones de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo–, lo que para los sindicalistas era una “reforma laboral”. 

En el campo educativo también se hicieron visibles los estudiantes de universidades públicas, que solicitaron matrícula cero para todos durante los semestres que durara la pandemia. Ante las dificultades de algunas directivas para responder totalmente a este justo reclamo, algunos entraron en huelga de hambre, como fue el caso de las universidades Nacional y del Quindío.

Por su parte, en el mundo rural, indígenas, campesinos y afros se han pronunciado contra los incumplimientos estatales y la violencia que sigue presentándose contra ellos y sus líderes, en particular en el Pacífico y las zonas andinas de Cauca y Nariño. A su vez, los cultivadores de coca se han opuesto a las fumigaciones que, a pesar de la cuarentena, continuaron por órdenes de la administración estadounidense. Esto redundó en abiertos choques con el Ejército en algunas de las zonas más conflictivas, como Catatumbo, Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare y Meta. Los indígenas que se han desplazado a ciudades, como los embera a Bogotá, pidieron apoyos ante su precaria situación económica y de salud, sin que se les respondiera pronta y eficazmente. Algo similar ocurrió con los wayúu en La Guajira, especialmente en el norte, en donde también continuó la disputa con el Estado por las salinas de Manaure.

También estos actores rurales han acompañado a movimientos sociales urbanos, especialmente a los ambientalistas, en contra del extractivismo minero en páramos como Santurbán y de los intentos de fracking que no dejan de insinuarse en plena pandemia.

El confinamiento en los hogares volvió más vulnerables a las mujeres ante la violencia de género ejercida por familiares cercanos, cuando no los feminicidios. En este último caso las más afectadas fueron las trabajadoras sexuales, y más si eran transgénero. Así adquirió pleno sentido la consigna de “¡Si nos tocan a una, respondemos todas!”, levantada el 20 de junio en Bogotá. Para las mujeres el año se había iniciado con mucha agitación en torno al aborto, tanto a favor como en contra.

La violencia contra los líderes sociales y los desmovilizados derivó igualmente en respuestas de ira, a veces con acciones violentas que derivaron en la destrucción de edificios públicos y privados, así como de algunos medios de transporte. Pero no necesariamente eran ataques ciegos, pues muchos de los objetos de ataque son entes representativos de esa violencia, por ejemplo, los CAI el 9 y 10 de septiembre. Y tampoco los protagonistas responden a la categoría vaga y difusa, que tanto le sirve al gobierno, de “vándalos”. Quienes participan en estas protestas de la ira son gentes de carne y hueso, muchas veces jóvenes de escasos ingresos que ven un futuro oscuro, no solo por las precarias condiciones del mercado laboral, sino por la reciente violencia contra ellos, como ha ocurrido con los recientes asesinatos en Cali, Samaniego, Antioquia y Bogotá.

Pero no solo hay estallidos violentos ante la violación de derechos humanos. Se han presentado sugestivas acciones pacíficas, como la Marcha por la Dignidad en defensa de la vida, desplegada desde Popayán y el Catatumbo hacia Bogotá entre fines de junio y principios de julio de 2020. En la misma dirección se orientaba la propuesta de convertir algunos CAI en bibliotecas populares o lugares de la memoria de las víctimas del 9 y 10 de septiembre de 2019. Y más recientemente, el 16 de septiembre, con el derribamiento de la estatua ecuestre del conquistador Sebastián de Belalcázar en Popayán por los misak –antes denominados guambianos–, los legítimos herederos de esas tierras.

Así mismo, en las ciudades a lo largo de la cuarentena hubo nuevamente cacerolazos contra las medidas del gobierno y, en algunos casos, en apoyo de autoridades locales, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Pero han sido menos frecuentes y nutridos en comparación con los vistos en el 21 N.

Por su parte, gremios como los de los industriales, los comerciantes y los transportadores presionaron por medidas de apoyo estatal o por reapertura de sus sectores. Pero estos gremios no suelen protestar, pues acuden al cabildeo y a la presión directa al gobierno, que les da más réditos sin incurrir en los costos de las movilizaciones. 

Fueron más visibles los mítines de mayores de 70 años, intelectuales o miembros de las elites, que se pronunciaron enérgicamente contra el recorte de su libertad al obligárseles a permanecer en mayor confinamiento que al resto de la población, mientras el gobierno los trataba condescendientemente como “abuelitos”. Fue lo que se llamó la “rebelión de las canas”, que logró medidas judiciales a su favor al suprimirse esta discriminación por la edad. 

Y no faltaron algunas movilizaciones en apoyo del senador Álvaro Uribe Vélez ante su detención domiciliaria en El Ubérrimo, decretada por la Corte Suprema de Justicia el 4 de agosto. Estas fueron acciones con un cierto sesgo autoritario que deslegitimaban a las altas cortes y al sistema judicial.

Vistos los actores y las demandas de las protestas en tiempos del Covid-19, con sus continuidades y novedades, digamos algo sobre los repertorios. Hubo una evidente limitación en la presencia física por los confinamientos y el cierre de espacios públicos con el fin de evitar el contagio; aunque se dieron encuentros, por lo común no fueron muy masivos. Mucha gente teme el contagio y por eso no se mete en conglomeraciones que no permitan la necesaria distancia. A partir de la apertura gradual de mayo y sobre todo de septiembre, se han incrementado las multitudes y hasta han desbordado cualquier expectativa, como ocurrió con las revueltas del 9 de septiembre y días siguientes. 

Durante los tiempos duros de la cuarentena se recurrió más bien a los cacerolazos, a los letreros para pedir ayuda en casas y edificios, los trapos rojos, e innumerables convocatorias por redes a acciones virtuales. La más notoria fue el “paro virtual” de Fecode de agosto.

Algo que no es muy visible durante estos meses de pandemia es la profundización de la crisis, tanto socioeconómica, como ambiental y política. Aquí se hace evidente la mayor debilidad del Estado, no solo como protector de la vida y salud de los ciudadanos, sino en su funcionamiento institucional, debido al manejo autoritario de la pandemia. La retórica del orden y la patria, a la que le apuestan el Centro Democrático y sus aliados, termina debilitando al Estado, especialmente en las ramas legislativa y judicial, pues refuerza la excepcionalidad constitucional y el manejo presidencialista de la pandemia. Pero además le cierra la puerta a reformas necesarias como la de la policía, pues considera que este cuerpo es fundamental para contener la protesta y para atacar los cultivos de uso ilícito. 

El gobierno de Duque, que había abierto algunas puertas de negociación en su primer año de mandato, se endureció con el 21N. Su ensimismamiento se ha profundizado ahora con la pandemia y los poderes autocráticos que se ha arrogado. La respuesta ante los reclamos ciudadanos es cada vez más la represión ‒y crecientemente letal‒, como se vio en los primeros días de septiembre.

Pero además ha habido un deterioro de lo público y de los bienes considerados comunes, pues el gobierno, en aras de estimular la recuperación económica, disminuye la tasa tributaria y amplía exenciones a los más pudientes, sin descontar que sigue el extractivismo, introduce reformas lesivas al mundo del trabajo y anuncia más privatizaciones mientras continúa el desmonte del Estado. Estamos ante una mezcla explosiva de violencia y neoliberalismo que no anticipa buenos vientos para nuestra precaria democracia. 

Para finalizar, podemos decir que ni la pandemia ni la violencia han detenido las protestas, pero sin duda han debilitado una masiva participación y la presencia en espacios públicos. Se vislumbra que la olla a presión contenida parcialmente por los confinamientos, los toques de queda y las cuarentenas durante la pandemia, vuelva a estallar. Ignoramos si a los niveles del 21 N; es difícil saberlo, pues la violencia ha debilitado a las organizaciones sociales, pero esto mismo puede dar pauta a unas expresiones más anómicas, desorganizadas y violentas como las revueltas de la ira, que harán añorar los tiempos “organizados” del paro agrario de 2013 o de la Mane (Mesa amplia nacional estudiantil) en 2011. Pero este círculo vicioso de protesta/represión parece ser lo que buscan los “halcones” de derecha y de la insurgencia para rearmarse y retornar a la guerra que tantos réditos les da. 

Hoy más que nunca necesitamos una paz integral y duradera.

* Cortina, Adela (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós.

Mauricio Archila y Martha Cecilia García