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Nos ha tocado vivir un mundo agitado. Los avances de la ciencia y tecnología suceden atropelladamente. La forma de comunicarnos nos ha cambiado la vida. Una pandemia extrañísima nos ataca de repente, a escala global, mostrándonos lo mejor y lo peor de lo que somos, mientras muchos países se polarizan en ideologías opuestas y son corroídos por la corrupción de un dinero y de una violencia insaciables. Queremos recibir aquí sus reflexiones…

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Decíamos ayer que en Colombia se ha dado un paradójico desarrollo social: una clara disminución en desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos -reflejada en la significativa reducción de la pobreza multidimensional- pero ninguna mejoría en la desigualdad en la distribución del Ingreso -medida por el índice Gini del ingreso-.

Esta realidad suscitaba una pregunta: ¿Por qué no mejora la distribución del ingreso y los más ricos siguen teniendo la misma tajada del pastel, si han mejorado los ingresos de los más pobres? La respuesta es compleja, pero una de las razones es la desigualdad en la distribución de la riqueza que es peor que la del ingreso, y como plata llama plata, los que tienen activos que generan rentas de capital, cada vez van a ser más ricos.

La riqueza mundial en manos de muy pocos

La concentración de la riqueza es un problema mundial. Son múltiples los indicadores que muestran que esta desigualdad es mayor que la del ingreso. Por ejemplo, según los datos de la OECD, mientras que el 10% de las familias más ricas recibía entre el 20% y el 28% del ingreso nacional, al mismo tiempo eran dueñas de cerca del 50% de la riqueza, con la excepción de Suecia, donde solo era el 32%; el caso extremo es el de los Estados Unidos donde acaparan el 76%.

En la cúspide de la pirámide, la situación es todavía más aberrante: según los informes de OXFAM, antes de la pandemia, las 85 personas más ricas tenían más riqueza que el 50% más pobre la población. La situación ha empeorado, pues el 1 % más rico ha acaparado el 64% de la nueva riqueza generada en los últimos dos años. También dicen estos informes que los 10 megamultimillonarios del mundo poseen más riqueza que los 3 100 millones de personas más pobres.

Una fuente poco sospechosa de inclinaciones socialistas, como es el banco suizo Credit Suisse (ahora UBS), publica cada año el Global Wealth Report donde la pirámide de la riqueza mundial muestra una situación de enorme inequidad: 2 800 millones de adultos tienen activos por un valor menor a los 10 000 dólares y, aunque son el 52.5% del total mundial, solo poseen el 1.2% de la riqueza global. En tremendo contraste el 1.1% de la población adulta (59.4 millones) atesoraba el 45.8% de la riqueza mundial.

En América Latina también es peor la distribución de la riqueza que la del ingreso, con coeficientes de Gini hasta un 60% más altos en el caso de la riqueza. De nuevo, Colombia es el subcampeón regional de la desigualdad, solo superado por Brasil.

En Colombia la concentración es mayor 

Si en el mundo llueve, en Colombia diluvia: ni siquiera tenemos series estadísticas sobre la evolución de la distribución de la riqueza. Los pocos indicadores que existen, muestran un panorama peor que el del resto del mundo y, como ya se mencionó, peor que nuestros propios índices de concentración del ingreso.

Los datos del Credit Suisse muestran que la pirámide de la riqueza en Colombia es más concentrada. Los adultos que tienen menos de 10 000 dólares de capital, son casi 28 millones (el 76.1%), mientras que 37 000 afortunados (el 0.1%) tienen más de 1 millón de dólares en sus balances.

Son tres las clases de activos que componen la riqueza: propiedad raíz (tierras y construcciones), acciones en empresas y activos financieros (depósitos y bonos). En materia de la propiedad rural, el estudio realizado por el IGAC y la Universidad de los Andes en el 2012, concluía que “la concentración de la tierra en Colombia exhibe una tendencia creciente durante el periodo comprendido entre 2000 y 2009. (…) el Gini de propietarios que pasa de 0.877 en 2000 a 0.886 en 2009”. Con los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2015, el Gini de la propiedad de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) muestra una concentración aún mayor: 90,2

Si un índice de Gini de 90 es escandaloso, más escandalosa aún es la concentración del ahorro financiero donde, según datos de la Superfinanciera, 7 172 propietarios con depósitos superiores a $1 100 millones son el 0.27% del total de clientes, pero son dueños del 64% de las cuentas corrientes; 11 845 (el 0,02% del total) poseen el 62% de los depósitos de ahorro. Como consecuencia, el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 97% para las cuentas corrientes y 93,1% para los depósitos de ahorro.

Mauricio Cabrera Galvis

Octubre, 2023

Publicado en Revista Cambio

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Amnistía Internacional acaba de referirse a problemas de la población que llega de Venezuela a Colombia; pidió garantizar el acceso efectivo a mecanismos de registro y no devolución[1]. Crucial resulta comprender las problemáticas y especificidades de quienes huyen de la crisis venezolana, así como apoyar a las comunidades que los acogen, a partir de propuestas sociales concretas.

Hay que entender y atender especificidades.

Las modalidades y los problemas de este flujo poblacional son diversos:

  1. El paso pendular a Colombia para abastecerse, buscar servicios o recibir remesas de familiares para sobrevivir en Venezuela, pide garantías.
  2. Los indígenas binacionales ven limitado el libre tránsito por su territorio ancestral transfronterizo. Los Wayuu, por ejemplo, del lado venezolano enfrentan dificultades porque no son registrados con el nombre de su casta; en Colombia los tratan como migrantes.
  3. La población con doble nacionalidad, como hijos de venezolanos y de colombianos nacidos en el otro país, o los de segunda y tercera generación, no pueden legalizarse fácilmente.
  4. Las personas que requieren asilo o refugio huyendo de riesgos inminentes, esperan protección, no devolución, y poder trabajar mientras su petición es resuelta.
  5. A los emigrantes que dejan Venezuela buscando alternativas de vida y de trabajo para ellos y sus familias, les urge regularizar su situación y encontrar oportunidades.
  6. Los colombianos que, luego de vivir en Venezuela buscando alternativas económicas o huyendo del conflicto armado, retornan con familias binacionales, necesitan legalizar su situación y plena inserción.
  7. Los venezolanos en tránsito que durante meses atraviesan el Pacífico colombiano, el Tapón del Darién, o el archipiélago de San Andrés para ir por Centroamérica y México hasta Estados Unidos, son sometidos a hurtos, violencias incluso sexuales y a extorsiones del crimen organizado.

Urge plena concertación entre los países involucrados en esta problemática, pues algunos tratan de trasladarla al país vecino. Hay recriminaciones mutuas, por ejemplo entre los gobiernos de Colombia y Panamá en la frontera del Darién. Aunque el gobierno Biden ha abierto oficinas migratorias, donde se puede pedir visas o asilo, hay represamientos de solicitudes, prolongación de espera, deportaciones por parte de Estados Unidos.

Oportunidades y riesgos

Son muchas las posibilidades abiertas, pero también los apremios que manifiestan quienes forman parte de estas distintas modalidades de éxodo poblacional.

Además de la atención humanitaria, celebran las decisiones para la legalizar su vida en Colombia, como los Permisos Especiales de Permanencia (PEP), el Estatuto Temporal de Protección (ETP), el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), el Registro Único de Retornados (RUR), etc. 

Destacan también, las iniciativas para evitar ser apátridas, al otorgarles la nacionalidad colombiana a menores nacidos en Colombia que sean hijos/as de venezolanos/as, así como el reconocimiento de derechos a la salud, la educación, socioeconómicos y reproductivos.

Sin embargo, también hacen notar limitaciones de entidades como Migración Colombia para procesar y entregar información generada por encuestas realizadas y con iniciativas de regularización, o por entidades como el Observatorio Nacional de Migración y Salud, que deberían servir a nivel central y en los territorios que los acogen. 

Rechazan declaraciones de altos funcionarios señalando a venezolanos de causar problemas de seguridad pública. Les alarma el riesgo de xenofobia y su uso en las elecciones, pues hay candidatos con discursos discriminatorios o que tratan de instrumentalizarlos. Piden que se les permita votar, al menos en las elecciones locales donde han adquirido residencia.

Iniciativas sociales

A partir del seguimiento sistemático de la situación, se han formulado propuestas para la atención de ese flujo poblacional, iniciativas como Alerta Venezuela y el Observatorio sobre Venezuela[2]. Aquí resumimos algunas:

  • Responder a los anuncios de personajes de los gobiernos centrales de los países, cuando niegan la existencia de ese éxodo.
  • Garantizar la no devolución a Venezuela y un mayor acceso a la nacionalidad colombiana, superando barreras que lo impiden o generen ruptura familiar.
  • Establecer rutas de acceso con enfoque de derechos diferenciados (étnia, género, edad, etc), regularización, protección y atención en especial a población indocumentada y más vulnerable, ampliando los plazos de registro.
  • Propiciar la actuación integral y coordinada de instituciones nacionales y territoriales, en especial en las rutas frecuentadas por ese éxodo poblacional para garantizar orientación, prevención, protección frente a riesgos de ser victimizados por grupos armados irregulares y criminales, y para construir alternativas en las zonas de acogida, de atención e integración.
  • Explicitar derechos y deberes de las personas en situación de movilidad, revisar prevención y procesamiento de delitos contra ese éxodo desde Venezuela.
  • Aplicar la ley antidiscriminación del éxodo poblacional, desarrollando estrategias contra el racismo, la xenofobia, etc.
  • Revisar las iniciativas de retorno voluntario, digno, seguro, de población colombiana en situación de vulnerabilidad en Venezuela.
  • Propiciar el diálogo entre el Estado colombiano, las organizaciones del éxodo poblacional desde Venezuela, la Mesa Nacional de Sociedad Civil para las Migraciones, sobre diversas modalidades de esa diáspora, para garantizar la inclusión y la no-discriminación.
  • Promover la integración socioeconómica y cultural del éxodo desde Venezuela, reconociendo los aportes al desarrollo colombiano, evaluar políticas de integración, como el CONPES 4100 de 2022.
  • Fortalecer la coordinación entre países de origen, tránsito, destino y retorno, para promover el desarrollo de políticas sobre las diversas modalidades de esos flujos poblacionales, cumpliendo el derecho internacional e interamericano.

[1] https://www.elnacional.com/mundo/advierten-que-el-numero-de-venezolanos-refugiados-en-colombia-es-bajo-comparado-con-cifra-de-migrantes/

[2] https://immap.org/…/profiling-venezuelan-migrants-in…/

https://urosario.edu.co/sites/default/files/2023-08/informe-bitacora-migratoria-agosto.pdf

Socorro Ramírez

Publicado en RAZÓN PÚBLICA

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Para nuestro blog es una satisfacción comenzar a publicar una serie de artículos que Hernando Bernal nos ha querido compartir, desde su experiencia y reflexión y que él, con la sencillez que lo caracteriza, las ha bautizado como “Bobadas mías”. Como tales, las iremos publicando.

Confieso que estoy obsesionado con el cambio de época. Y en mis conversaciones cotidianas, muchas personas, con las que dialogo permanentemente, me preguntan lo que quiero decir cuando afirmo que estamos viviendo una época no solo diferente a la de hace unos pocos años, sino enormemente retadora y distinta.

Lo hacen con la mirada evidente de que casi todo sigue siendo lo mismo y que si bien hay progresos en muchas áreas, debilidades y obstáculos en muchas otras, y agravamiento de problemas y conflictos, esto no significa que el cambio sea tan profundo, sino que realmente “es más de lo mismo que hemos experimentado toda nuestra vida”. Posiblemente tengan razón, pero yo me sigo afirmando en que la situación actual presenta características muy diferentes a las de épocas anteriores y que por lo tanto estamos ante la posibilidad de un mundo radicalmente distinto del que hemos vivido hasta el presente, que ha cambiado -de raíz- nuestras formas de relacionarnos.

Es decir, afirmo la existencia de un cambio de época y no me refiero solo a una época de cambio. Cambio de época como ha ocurrido en la historia de la humanidad, desde la aparición de la rueda, el cultivo doméstico de plantas y animales, la fundación de las ciudades, el uso de la pólvora, la era del vapor como comienzo de la industrialización, el uso global de la electricidad, los motores de explosión con energías fósiles convertibles en gasolina, la aviación y la conquista del espacio, y ahora con la generalización de la computación, la robótica y la inteligencia artificial.

Quizás sean solo bobadas mías, pero pienso que la tendencia y los pasos hacia un nuevo orden mundial, tal y como lo ha hecho a nivel religioso el Papa Francisco convocando a un sínodo sobre la sinodalidad, tienen significados muy profundos en lo político y en lo religioso, que son el fundamento de nuestra tradicional visión del mundo, y producen realidades que progresivamente –aunque quizás en forma callada– afectan profundamente nuestras creencias, nuestros valores y nuestra forma de vida. 

Pienso que estos cambios que afectan profundamente nuestros valores tradicionales son el producto y se aceleran por un conjunto de hechos sentidos y vividos cotidianamente, tales como el cambio climático, el deterioro ambiental, el incremento de la inseguridad ciudadana y la impunidad criminal, el estallido de las expectativas y los altos niveles de insatisfacción por parte especialmente de las poblaciones jóvenes, el populismo y la corrupción rampante que amenaza las estructuras políticas, la explosión de la posverdad por el incremento del uso y de la credibilidad en las redes de información, la aceptación y  benevolencia con las formas más extremas de rebeldía y la generalización del pesimismo y de la desesperanza en vastos y muy significativos sectores de la población.

Todo esto necesariamente influye en nuestra percepción de realidad y si bien nos estamos acostumbrando y muchos no lo consideran como algo diferente e inusitado, podría aceptarse que para muchos solo sean simplemente producto de un cambio normal al cual nos estamos acostumbrando. Es decir, sería aceptable para todos afirmar que el cambio es tan sutil, que inconscientemente nos estamos acomodando a él y que no necesitamos considerarlo en una profunda dimensión. 

Cierto además, es que a finales del presente año estamos experimentando y percibiendo los resultados de dos conflictos mundiales de gran alcance, Rusia/Ucrania y Hamás/Israel que de escalarse a nivel nuclear significarían no un cambio de era, sino el fin del mundo, tal como lo concebimos actualmente. Pero esperamos que prevalezcan el miedo y/o la racionalidad para impedir esa situación límite, que no tendría regreso.

Sin embargo, a partir de mi convicción de que estamos entrando a una época nueva, cuando al comienzo de este escrito hago alusión al nuevo orden mundial, me refiero principalmente al hecho de que el Siglo Americano está llamado a calificar servicios y que para mediados del siglo tendremos una nueva realidad global, en la cual China y los países asiáticos, especialmente los de la cuenca del Pacífico, dictarán los parámetros de la regulación internacional, del comercio, de la interacción y el intercambio de ideas, personas y productos a nivel mundial.

Cuando también hago alusión a la convocatoria del Papa Francisco para la reunión de Obispos que se desarrolla en Roma, me refiero especialmente a la reacción profunda y negativa por varios y muy poderosos sectores eclesiales que se oponen a la transformación de la estructura actual de la Iglesia Católica y al hecho de que si el Papa logra su objetivo, miraremos a nuestra Iglesia católica desde una óptica diferente.

Los otros asuntos que señalo como indicadores de cambio, se refieren a una variedad de temas que muestran la transformación de la época actual de las dimensiones política, ecológica, demográfica, informativa, laboral y educativa de nuestras vidas. Y quiero subrayar que la tecnología es el factor determinante de todos esos cambios. De todo ellos quiero hablar en mis posibles elucubraciones, que sugiero deberían interpretarse solo como “bobadas mías”, en razón de mis limitaciones y sesgos filosóficos e ideológicos. A lo mejor podrían titularse de forma distinta, pero no quiero ser pretencioso.

Hernando Bernal Alarcón

Octubre, 2023

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Este video presenta la charla de los Dres. Jose Leonardo Valencia y Martha Castellanos, Rector Nacional y Vice-Rectora Académica de la Fundación Universitaria del Area Andina- La conversación se enfoca en la educación virtual universitaria en Colombia y su desarrollo e implementación. José Leonardo, quien ha sido rector en varias instituciones y ha trabajado en la innovación educativa en América, y Marta, con quien comparte esta presentación , comparten sus perspectivas sobre la democratización y calidad en la educación superior virtual. El video aborda temas como la transformación y democratización de la educación superior, manteniendo la calidad como un pilar fundamental. La charla también incluye una sección para preguntas y comentarios de los participantes. La conversación es muy rica en experiencias y conocimientos sobre la educación virtual, especialmente en el contexto universitario colombiano.

Exjesuitas en tertulia, 5 de Octubre, 2023
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Voy a empezar por una perogrullada: el objetivo de un Ministerio de la Igualdad debe ser disminuir la desigualdad. Lo que no es evidente es de cuál desigualdad estamos hablando y cuál debe ser el foco de su trabajo, pues existen muchas clases. Hay desigualdades regionales, étnicas, de género, de oportunidades y varias otras, pero desde el punto de vista económico, hay tres clases de desigualdades que inciden en todas las mencionadas.

Una es la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos, que es la expresión de la pobreza; otra es la desigualdad en la distribución del Ingreso que refleja cómo se reparte lo producido en la economía, y una tercera es la desigualdad en la distribución de la riqueza, que depende de la acumulación originaria y de los procesos de reproducción del capital.

Desde hace más de 50 años todos los gobiernos han prometido en sus planes de desarrollo disminuir la desigualdad, pero apuntando siempre a la primera y, solo en los últimos años a la segunda. Como resultado se ha producido un paradójico desarrollo social: una notable reducción de la pobreza, sin ningún cambio en la distribución del ingreso y una mayor concentración de la riqueza.

Avances en la distribución de los bienes básicos.

Uno de los signos más visibles de la desigualdad social es la diferencia en el acceso a los bienes básicos como alimentación, salud, educación, vivienda, agua o energía, que no solo determinan la calidad de vida y el bienestar de los hogares, sino que condicionan las oportunidades de progreso en la sociedad. Por ejemplo, diferencias en la alimentación durante la niñez, la calidad de la educación recibida y -hoy en día- el acceso a Internet, condicionan de manera casi inexorable, las posibilidades de trabajo de las personas y, por lo tanto, sus ingresos futuros.

No existe un indicador que mida directamente la desigualdad en el acceso a los bienes básicos, pero sí existen medidas aceptadas que clasifican la población entre pobres que no tienen acceso y quienes sí lo tienen. Son dos los índices de Pobreza que calcula el DANE: el de Pobreza Monetaria que mide cuántas personas no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta familiar, y el de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que identifica a quienes no tienen salud, educación o vivienda con servicios. 

La Pobreza Multidimensional ha descendido de manera significativa en Colombia. En consecuencia, se ha avanzado en la construcción de un mínimo “Estado de Bienestar”, que ha permitido que más hogares tengan una mejor calidad de vida. La línea verde del gráfico es la evolución del IPM, que muestra cómo en la última década, el porcentaje de colombianos privados de estos bienes se redujo a menos de la mitad bajando del 26.5% al 12.9%. La explicación es el aumento de servicios y subsidios ofrecidos por el Estado en la cobertura de la salud, la educación, así como el acceso a vivienda propia. 

Dos comentarios para entender mejor el significado de esta evolución. Primero, el IPM no aumentó durante la pandemia (2020), aunque mucha gente se quedó sin comer, puesto que allí no está incluida la alimentación. Segundo, la disminución del IPM no implica que se haya disminuido la desigualdad en el acceso a estos servicios básicos porque el índice no mide la calidad de éstos. El caso más claro es el de la educación, donde la diferencia entre los colegios privados y los públicos sigue siendo enorme.

En cuanto a la Pobreza Monetaria (línea roja) la historia es diferente. El crecimiento económico impulsado por la bonanza de los hidrocarburos durante los primeros años de la década pasada y la consiguiente creación de empleo, permitieron que disminuyera el número de personas sin ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de bienes, hasta llegar al 34,7% en el año 2018. 

El año siguiente hubo un pequeño aumento, pero en el 2020 la pandemia y la demora y la insuficiencia de los auxilios del gobierno hicieron que explotara la pobreza a niveles aún mayores (42.5%) que en 2012. En los dos últimos años se revirtió un poco este aumento, pero el porcentaje de personas en situación de pobreza es muy similar al de diez años antes.

La mala distribución del ingreso no ha mejorado

Los logros en materia de disminución de la pobreza y de acceso a los servicios básicos no han modificado las profundas desigualdades en la distribución del ingreso y la riqueza que existen en Colombia. Según el Banco Mundial, el GINI en 1992 era de 51.5, mientras que el porcentaje de personas en pobreza era superior al 50%. 30 años después los pobres han disminuido y la distribución del ingreso ha empeorado pues el GINI ha subido a 55.6

Con las cifras del DANE se tiene que en 2012 el coeficiente GINI del ingreso era de 53.9 y 10 años después es más alto (55.6), a pesar del crecimiento económico, la gran disminución en la pobreza multidimensional y el aumento de los ingresos monetarios de los pobres. La razón es muy simple: los ingresos de los ricos han subido más. Cuando la marea sube todos los botes suben, pero los que no tienen bote apenas sobreaguan o se pueden ahogar.

Una forma gráfica de ver la baja correlación entre la disminución de la pobreza y la mejoría en la distribución del ingreso es observar las variaciones que han tenido estos dos indicadores desde el 2012. Mientras que la pobreza (línea roja) bajó 15% hasta el 2018, el GINI (línea azul) solo bajó 5.8% hasta 2017 y volvió a subir casi dos puntos el año siguiente. Con la pandemia ambos subieron, pero en la recuperación de 2021 la pobreza bajó y el GINI siguió subiendo.

¿Por qué los más ricos siguen teniendo la misma tajada del pastel si mejoran los ingresos de los más pobres? La respuesta es compleja, pero una de las razones es porque la riqueza está muy concentrada y los frutos del desarrollo los acaparan unos pocos, como se verá a continuación. 

La aberrante concentración de la riqueza

Por razones de espacio, este será el tema de la próxima columna.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en Cambio, Cali, octubre 6 de 2023

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El texto de la reforma a la educación presentado al Congreso es más farragoso que el inicial.

La historia de Pandora es muy instructiva, como todos los mitos griegos. Zeus, molesto con Prometeo por haberse robado el fuego para entregárselo a los humanos, llevó de regalo de boda a Pandora, su cuñada, un recipiente con la advertencia taxativa de no abrirlo. La chica, muy curiosa, decidió ver lo que había dentro y, al hacerlo, escaparon todos los males del mundo. Cuenta el mito que cuando finalmente logró cerrarla solo quedó en el fondo Elpis, el espíritu de la esperanza, que era lo único positivo que habían depositado ahí los dioses.

Algo así está pasando con los proyectos de ley de la educación. El texto de la estatutaria presentado al Congreso es bastante más farragoso que el inicial. Desde luego, no cumple con el requisito esencial de poner al centro a los niños, niñas y jóvenes, de acuerdo con el precepto constitucional de que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Por el contrario, parece que además de repetir lo que ya está dicho en la Constitución y ratificado en múltiples sentencias de la Corte, muestra más interés en garantizar el derecho de los maestros a la protesta –ya garantizado en otras leyes– y a las condiciones laborales que ya cuentan con muchas garantías, como puede verificarse analizando las grandes y merecidas mejoras que ha tenido la profesión.

Olvida, por supuesto, precisar que la mera asistencia escolar no satisface el derecho, ni es enfática en que la calidad debe ser objeto de reclamación ante la autoridad competente, y eso incluye que los estudiantes adquieran las competencias básicas que les permitirán acceder a los demás derechos y oportunidades que pueden romper el círculo de la pobreza. Lo que muestran las pruebas es que un alto porcentaje de los niños están llegando a quinto de primaria sin saber leer y escribir, para no mencionar su pobrísimo desempeño en matemáticas. Si un atributo de un derecho fundamental es que sea inherente a la dignidad humana, y ella se consigue y se enriquece gracias al acceso a los bienes de la cultura, la negación de la lectura es una enorme negación de humanidad.

Anda diciendo el viceministro que por primera vez en la historia de Colombia habrá artes y deportes en todos los colegios del país –lo que es una falacia– pero no ha dicho nada sobre qué se hará para garantizar que los niños, niñas, jóvenes y maestros dominen los aprendizajes básicos. El sábado salió un extenso reportaje sobre la pobreza en los desempeños de los universitarios que estudian licenciaturas. Si las universidades les están entregando títulos, con la anuencia del Ministerio, sin cumplir con altos estándares de desempeño, no hay ley estatutaria que garantice el derecho de sus alumnos o que permita tener confianza en la educación pública.

De otra parte, han aparecido textos de profesores universitarios y otras organizaciones manifestando su inconformidad con el proyecto, pues dicen que se queda corto, que no incluye suficientes compromisos, que no incorpora todas las complejidades relacionadas con los problemas del mundo contemporáneo. También se ha anotado la pobreza de lo relacionado con la primera infancia, desconociendo los avances del país en la última década, así como el cúmulo de estudios internacionales sobre el tema.

Y si aquí se abrió una caja de Pandora, ni qué decir con la reforma de la Ley 30 de educación superior. Ese es un costal de anzuelos, pues la definición misma de educación superior parece que ya no sirve. La ministra del Trabajo ha dicho que no le gusta que metan al Sena en el saco del Ministerio de Educación, y por ahí se filtran muchas preguntas sobre la educación para el trabajo.

Como en el mito griego, todavía queda la esperanza de que la Corte Constitucional, institución reposada y respetable, pueda ayudarnos en su momento a darle sensatez y algo de orden al caos que suele surgir de los muchos discursos y de la poca experiencia en resolver problemas.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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Un fraude electoral facilitado por las fallas de reportes de los fallecidos, sobre todo en lugares apartados del país. No se ha vuelto a hablar de los muertos que votan en las elecciones.

En pasadas épocas electorales, se denunciaba que en los puestos de votación se contaban cédulas de individuos ya difuntos que aparecían sufragando. Un fraude electoral facilitado por las fallas de reportes de los fallecidos, sobre todo en lugares apartados del país.

Curiosa la semejanza de dos palabras con la misma raíz, pero con distinto significado: el o la votante que hace uso del derecho universal al sufragio electoral y el sufragio que se envía al familiar de alguien que ha fallecido. El sufragio, dice el diccionario de la Academia, es el voto de quien tiene capacidad de elegir a otros para ocupar cargos públicos. Pero en el uso cotidiano de la lengua, significa dar el pésame o condolencias, mediante una tarjeta que se envía a los familiares del difunto con la promesa de oraciones que se harán por su eterno descanso.

En el siglo XIX, el escritor ruso Nikolái Gogol escribió un cuento tétrico con el título Las almas muertas. El protagonista, un tal Chíchikov, junto con su cochero, recorre varias aldeas de Rusia con la intención de comprar almas muertas. En la Rusia de entonces los propietarios tenían derecho a poseer, literalmente, siervos para cultivar la tierra. Los siervos eran considerados propiedad del terrateniente que podían comprar, vender o hipotecar como cualquier bien. Para cuantificar los siervos – también los individuos- se empleaba la palabra “alma”, de uso más frecuente antes en nuestra lengua. Chíchikov se dedicó al negocio de la compra de “almas muertas” para enriquecerse. Sucedía que durante la recaudación de impuestos en muchos casos los propietarios debían seguir pagando por los siervos que ya no vivían. Ahí se hallaba el negocio de Chíchikov, que compraba almas muertas, librando a los propietarios de pagar impuestos por ellos. Chíchikov lograba obtener reconocimiento de los funcionarios estatales, apareciendo como propietario con poder económico para obtener préstamos del Estado. 

El cuento de Gogol tiene rasgos macabros, pero le sirvió para criticar la servidumbre rural, una forma de esclavitud, que se practicaba en Rusia hacía muchos siglos. El escritor ruso no logró con su sátira cambiar el estado de cosas. Se ganó más bien la enemistad de la clase terrateniente, de los funcionarios públicos y del mismo gobierno de los zares.

El cuento de Gogol es pertinente ahora cuando estamos viviendo un octubre bastante agitado en señalamientos de fraude electoral que vienen de distintas vertientes políticas. El voto de los muertos es un fraude macabro.

Jesús Ferro Bayona

Publicado en EL HERALDO, Barranquilla.

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Sus hijos han dicho que estuvo creando hasta el último momento de su vida. Uno de ellos dijo a la prensa que Fernando Botero murió en su ley. Ojalá los colombianos aprendiéramos todos a morir en esa ley, que es la de enaltecer la propia vida como una obra de arte y de prodigar el bien a los demás.

Cuando vi por primera vez, hace bastante tiempo, los cuadros y esculturas de Fernando Botero, no simpaticé con los gordos y las gordas, como dicen, figuras que caracterizan su obra que goza de admiración universal. Las lecturas de los conocedores de su arte y de diversas publicaciones contribuyeron a afinar mi mirada para cambiarla. Menciono entre ellas una del Banco de la República editada con pulcritud y comentarios explicativos de sus cuadros y de la colección de pintores de su colección particular con el título  Donación Botero, muestra de su generosidad con el país al que donó obras de inmenso valor.

Con motivo de su fallecimiento he repasado varias de esas publicaciones. He recordado exposiciones de sus obras, esculturas regadas por calles, museos, plazas, incluso réplicas en lobbies de hoteles en los que me he alojado.  

El maestro Fernando Botero honró a Colombia con su arte que lleva a primer plano a nuestra gente, la violencia, muertos y sicarios, con realismo impresionante. Fue su mirada diferente sobre nuestro mundo, y el retrato que de todo ello plasmó,  lo que me enseñó a apreciar, tras largas reflexiones, los voluminosos trazos de su pincel sobre el lienzo. 

La mejor apreciación de las obras de arte es resultado del aprendizaje que es consecuencia de una pedagogía artística que debiera hacer parte integral de la educación desde la escuela pasando por la universidad, insertándose en la comunicación periodística, por ejemplo. La apreciación artística se aprende leyendo literatura, oyendo música, viendo obras de arte, entre otros aspectos del aprendizaje de las humanidades. Se sustenta en la disciplina que se adquiere como fue la vida del maestro Botero, un pintor disciplinado. 

Sus hijos han dicho que estuvo creando hasta el último momento de su vida. Uno de ellos dijo en la prensa que Fernando Botero murió en su ley. Ojalá los colombianos aprendiéramos todos a morir en esa ley que es la de enaltecer la propia vida como una obra de arte y de prodigar el bien a los demás. 

Seríamos un país diferente. Un país que significara exaltación de la vida, un país que ha abolido, para siempre, el estigma de la violencia. Podremos llegar a la construcción de una sociedad de bienestar, de solidaridad, de una convivencia justa y armoniosa en la medida en que desde la infancia, y sin parar, nos enseñen a crecer en conocimientos que aporten bienestar social pero también humanismo, fundado todo en el esfuerzo de cada día para ser mejores individuos y en la disciplina de vida que nos lleve con dignidad hasta el último suspiro.

Jesús Ferro Bayona

Octubre, 2023

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En Michigan, Biden se unió a los huelguistas del sector del automóvil. Este hecho sin precedentes pone en evidencia la asimetría entre el ritmo de crecimiento de las ganancias y el de los salarios.

La remuneración a los trabajadores se ha ido rezagando y no avanza a la misma velocidad que los excedentes en manos de los propietarios de las empresas y de sus dirigentes. Biden se une a la indignación sindical, porque considera inaceptable la ampliación de esta brecha. Los huelguistas piden un aumento salarial del 40%.

La denuncia de Biden está respaldada por dos estudios recientes del FMI y de la OCDE. De acuerdo con estas investigaciones, entre 2020 y 2021, las ganancias de las empresas aumentaron 53,9%, mientras que los salarios crecieron 7,9%. Las dos consecuencias más claras de esta disparidad son el aumento de la desigualdad del ingreso y el deterioro de la demanda. Pero lo más significativo del análisis del FMI y de la OCDE es poner en evidencia la relación directa entre las ganancias corporativas y la inflación.

Estas ganancias excesivas han sido el resultado de un control monopólico de los precios. Las grandes corporaciones no han permitido que los precios se ajusten a los costos y, entonces, el precio termina siendo artificialmente alto. Este excedente únicamente se justifica por el afán de ganancia. La falta de competencia permite que los capitalistas aumenten sus ganancias en un porcentaje considerablemente más alto que el de los trabajadores. El excedente derivado del control monopólico es perjudicial para el conjunto de la sociedad.

En los análisis convencionales de la inflación se le suele dar relevancia a la incidencia que tienen los aumentos salariales en los precios. Es el argumento que se ha utilizado para frenar las aspiraciones de los trabajadores en las negociaciones anuales del salario mínimo. El FMI y la OCDE invitan a cambiar la óptica de análisis.

Primero, porque muestran que la ausencia de competencia termina expresándose en una mayor inflación, y el control indica que hay debilidades institucionales, que han permitido la consolidación de monopolios con mucho poder.

Segundo, porque es una invitación a los bancos centrales para que modifiquen de manera sustantiva su visión de la política monetaria y de los determinantes de la inflación. Los bancos siguen obsesionados con su pretensión de frenar la inflación por la vía de las tasas de interés. 

La inflación actual no es un fenómeno de demanda. Sus causas son más complejas. Algunas están relacionadas, sobre todo después de la pandemia, con los mayores costos. Pero otras tienen que ver con factores institucionales complejos, como la imposibilidad de controlar el monopolio y de reducir el poder de mercado de las grandes empresas y corporaciones. Esta mirada es integral y supera la perspectiva estrecha que asocia la inflación con el aumento de la cantidad de dinero. Este diagnóstico estrecho no permite explicar la inflación actual.

La relación entre la concentración de la riqueza y la inflación abre una puerta de análisis novedosa, que debería llevar a que los bancos centrales modifiquen de manera sustantiva su percepción de los factores determinantes de la inflación. La regulación de la inflación obliga a realizar cambios estructurales, comenzando por la eliminación del poder monopólico de las grandes corporaciones.

Jorge Iván González

Octubre, 2023

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Consagrar la educación como un derecho fundamental de todos los individuos es un paso importante que debe incluir el derecho a la educación superior. La consagración de la educación como derecho fundamental, además, contribuye a mejorar la equidad social que es un propósito central del actual gobierno.

De los 502,6 billones del presupuesto nacional 2024, 70,4 billones se destinarán a la educación. Es un monto importante para reforzar un sector clave del desarrollo humano de los colombianos. El drama es que las necesidades educativas son enormes. Si esos recursos se administran con eficiencia y se mantiene la tendencia de su crecimiento en los tres años de gobierno que siguen, la juventud colombiana tiene futuro.

Sin embargo, no basta con que la financiación de la educación aumente. Se requiere que haya un norte en las políticas educativas, un plan de desarrollo adecuado para el sector y saber hacer lo que hay que hacer. Por eso, el proyecto de ley estatutaria de reforma que el Ministerio de Educación presentó para debate y aprobación del Congreso es crucial. El proyecto debe armonizarse con el presupuesto nacional para que la financiación no se convierta en un elefante blanco, en un país que no tiene los recursos financieros que los países más desarrollados manejan con holgura. 

En ese sentido, y refiriéndome a la educación superior, el aumento de la cobertura que busca el proyecto es de entrada un asunto que abre la discusión: crear 500 mil cupos nuevos, o pasar de 55% a 62% de matriculados en los próximos tres años es una meta loable. Social y políticamente resonante incluso. El riesgo que se corre es que mientras la cobertura crece, la calidad, si no recibe la inversión requerida, desfallece. 

Esa es una debilidad que los expertos, entre ellos rectores de cuatro prestantes universidades privadas, vienen anotándole al proyecto. La calidad no da réditos sociales y políticos inmediatos, como suele pasar con la cantidad de estudiantes que entren al sistema, pero es fundamental para el desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, egresados que demuestren sólida formación básica, competencias profesionales en las empresas públicas y privadas, manejo de otro idioma distinto al español y comportamientos éticos en los negocios y en la vida ciudadana, son los que abren horizontes seguros de competencia en el mundo globalizado con retornos de prosperidad económica y social al país.

Consagrar la educación como un derecho fundamental de todos individuos es un paso importante que debe incluir el derecho a la educación superior. La consagración de la educación como derecho fundamental, además, contribuye a mejorar la equidad social que es un propósito central del actual gobierno. Pero la equidad entendida solo como cobertura produciría mayor desempleo si no hay idoneidad profesional de los egresados en el mercado laboral.

Jesús Ferro Bayona

Octubre 20, 2023

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¿Por qué la inflación mundial y la colombiana continúan altas a pesar de la generalizada aplicación de la receta ortodoxa de subir las tasas de interés?

Para responder a esta pregunta empieza a aparecer en los análisis económicos una nueva terminología: “inflación de vendedores”, “inflación por exceso de ganancias”, “avaricia e inflación” (“greedflation). Son términos que eran impensables hace unos años, pero que surgen de la evidencia empírica de la coyuntura actual. 

La visión tradicional de una inflación persistente era una espiral precios-salarios, y la culpa era de los trabajadores: se empezaba con una subida de precios por exceso de demanda, a la cual los trabajadores respondían con exigencia de alzas de salarios para recuperar su poder adquisitivo, lo cual llevaba a los productores a tener que subir los precios, y así se crecía la bola de nieve. La receta clásica era, por lo tanto, subir las tasas de interés para reducir la demanda, y controlar el alza de salarios.

La inflación reciente tuvo un origen muy distinto, mejor dicho dos: la pandemia y la invasión rusa a Ucrania. La primera generó cuellos de botella en toda la cadena logística de distribución de insumos y materias primas que redujeron la oferta de bienes y presionaron los precios al alza. La invasión disminuyó la oferta de cereales de esta región y, sobretodo, disparó los precios de la energía por el recorte del suministro del gas ruso a Europa. En ambos casos se trata de una inflación causada por factores de oferta.

LA “INFLACIÓN DE VENDEDORES”

Aunque la inflación mundial ha bajado un poco, ha sido mucho menos de lo esperado por las autoridades monetarias, a pesar de subidas de las tasas de interés a niveles que no se veían desde hace décadas. En estados Unidos y Europa se han realizado estudios para tratar de explicar esta porfiada inflación, con resultados muy interesantes.

Un primer hecho significativo que ocurrió cuando empezaron a tener efecto las medidas de estímulo adoptadas en todos los países para contrarrestar los efectos de la pandemia, fue que ante el enorme desempleo la recuperación de los salarios fue débil, mientras que el aumento de los márgenes de utilidad de las empresas si fue significativo. 

Un estimativo del Economic Policy Institute muestra que estos márgenes pasaron del 12% al 17% después del COVID, y  atribuye tal incremento al poder de mercado de las grandes corporaciones. Otro estudio de I. Weber de la Universidad de Amherst mira un período más largo y muestra que el margen de ganancias de las empresas (después de impuestos) llegó a un record histórico de 13.5%, solo comparable a los años de la posguerra en el siglo pasado.

Como consecuencia, el mismo estudio estima que mientras en el pasado la contribución de las ganancias empresariales a explicar el alza de los precios había sido tan baja como del 11%, en el actual ciclo inflacionario subió al 33% después de la pandemia y llegó hasta el 53% el año pasado.

En otras palabras, el mayor margen de ganancia explica más de la mitad de la inflación. Por eso se habla de una “inflación de vendedores”, que es la que se origina en la capacidad que tienen empresas con gran poder de mercado para subir los precios, lo que requiere una acción conjunta (no necesariamente coordinada) de la mayoría de los competidores para hacer lo mismo

Para Europa se han hecho estudios para descomponer los factores que están impulsando el alza de los precios, y llegan a concusiones similares en cuanto al papel que juegan las ganancias empresariales. Lo interesante es que no son estudios de una ONG izquierdosa sino nada menos que de economistas del Fondo Monetario Internacional.

La conclusión del FMI es tajante: “Las crecientes ganancias empresariales explican casi la mitad del incremento de la inflación en Europa, en  la medida en que las empresas aumentaron sus precios mucho más que el incremento del costo de la energía importada”.

El gráfico ilustra esta conclusión. Hasta antes de la pandemia los costos laborales (barra azul) eran el principal responsable del aumento de precios, pero a partir de 2021 son las utilidades empresariales (barras rojas) las que empujan la inflación al alza, aún después de que los precios de las importaciones (barras azul claras) empiezan a descender.

IMPLICACIONES DE POLÍTICA

Son varias las conclusiones que se derivan de esta evidencia empírica. La primera es que en la medida en que las utilidades crecen más que los salarios se está produciendo un deterioro en la distribución del ingreso, concentrándose más en los estratos altos de la población, lo cual por supuesto genera descontento social y político. En Inglaterra el desprestigio del gobierno conservador se atribuye en buena parte a esta inflación de vendedores, que en la opinión pública ya se conoce como “greedflation”, o inflación de la avaricia.

La política tradicional de control de la inflación, es decir la subida de las tasas de interés, sirve frente a la tradicional espiral de precios-salarios, pero es poco efectiva frente a los incrementos de las utilidades empresariales. Más aún, las elevadas tasas de interés afectan mucho más a las Pyme, que tienen menos capacidad financiera, y en la medida que se frena la economía se incrementa el desempleo, todo lo cual contribuye también a una mayor concentración del ingreso.

Frente a la persistencia de la inflación, empieza a hablarse de alternativas de políticas que hasta hace poco eran herejías. Reporta el periódico The Guardian que el ministro de finanzas de Inglaterra está analizando medidas para impedir que las compañías hagan exagerados aumentos de precios. En Estados Unidos se discute si resucitar viejas leyes contra los monopolios y la manipulación de precios, o establecer impuestos a ganancias extraordinarias. Inclusive la herejía mayor, el control de precios, vuelve a mencionarse.

COLETILLA

Los datos y los estudios mencionados se refieren a la situación de otros países, pero en Colombia también la inflación ha demostrados ser dura de bajar. Sería muy conveniente que las autoridades investigaran si acá también existe inflación de vendedores y tomaran las medidas adecuadas para controlarla.

Artículo publicado en CAMBIO

Mauricio Cabrera Galvis

Cali, septiembre 22 de 2023

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El Estado se ha convertido en una vaca lechera a la que todos quieren ordeñar, lo cual no significa que no deba dar subsidios a grupos particulares.

Una de las características más paradójicas del capitalismo a la colombiana es la posición contradictoria ante el Estado. Son muchas la personas que piensan que el Estado es la némesis del espíritu emprendedor, un obstáculo al desarrollo de la libre empresa o un estorbo para la prosperidad de los negocios; por eso hay que reducir su tamaño y recortar el gasto público. Esas mismas personas piensan que hay que aumentar el gasto público para que el Estado pueda ayudarlas cuando tienen dificultades.

No es una contradicción exclusiva de Colombia; es de la gran mayoría de los países capitalistas. La manida expresión de “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas” resume bien esa postura, casi universal, de considerar las ganancias de las empresas como propiedad privada de sus accionistas, mientras que las pérdidas son una responsabilidad pública, que el Estado y la sociedad deben asumir.

Son numerosos los ejemplos de exigencias al Estado para que asuma los costos o las pérdidas de determinados negocios. En el sector agrícola son cíclicos. Los cafeteros hacen un esfuerzo de ahorrar parte de las bonanzas, pero cuando se les acaba ese ahorro, exigen que el gobierno les garantice un precio mínimo para la cosecha; los arroceros reclaman subsidios para el almacenamiento de las cosechas; todos los productores solicitan créditos con tasas de interés subsidiadas, y en las épocas pasadas de revaluación, pedían coberturas cambiarias.

En la pandemia, empresarios de todos los tamaños buscaban -y lo lograron- que el Estado les compensara los costos o la pérdida de ingresos causada por un fenómeno por fuera del control del gobierno. Subsidios para la nómina, incentivos a las empresas para la contratación de empleo, reducción de encajes para los bancos y por supuesto, los recursos para el sector salud y los ingresos para la población vulnerable.

Más grave es la situación cuando las ayudas o subsidios se presionan con huelgas paros o bloqueos, como se ha hecho costumbre en el sector transporte. Para evitar bloqueos de las carreteras se congelan los peajes o no se aumenta el precio del diésel, manteniendo un subsidio injustificado. Ante un paro de taxistas, se les concede un precio diferencial de la gasolina, y la amenaza de los motociclistas se conjura subsidiándoles el SOAT.

Así, el Estado se ha convertido en una vaca lechera a la que todos quieren ordeñar, lo cual no significa que el Estado no deba dar subsidios o ayudas a grupos particulares. Por el contrario, si debe utilizar sus escasos recursos para favorecer a un grupo social en particular, debe ser el de los más débiles y desprotegidos.

Es el principio básico del Estado Social de Derecho que se concreta en el artículo 334 de la Carta Política: “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”.

Mauricio Cabrera

Artículo publicado en la revista Portafolio, Bogotá.

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Los departamentos de Amazonas y Antioquia son intrínsecamente diferentes. No obstante la evidencia de esta afirmación, la asimetría fundamental que existe entre las regiones de Colombia no se tiene en cuenta en las decisiones de política pública.

El reconocimiento de que existen diferencias sustantivas es la primera condición para lograr la convergencia regional. Las grietas entre departamentos son abismales. Por ejemplo, el presupuesto de inversión para 2024 en Amazonas es de $361.000 millones, mientras que en Antioquia es de $8,3 billones. Esta divergencia no favorece la convergencia. Para superar una brecha tan grande sería necesario modificar de manera sustantiva los criterios que actualmente se utilizan para distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Las normas existentes parten de un falso diagnóstico que pretende homogeneizar entidades que son cualitativamente diferentes.

La distribución de recursos del SGP se realiza teniendo como criterio principal la población y algunas de sus características, como el nivel de necesidades básicas. Estas variables son las mismas para Antioquia, Valle, Chocó, Amazonas, y para cualquier departamento del país. No tiene sentido continuar midiendo con el mismo patrón regiones tan disímiles.

La heterogeneidad de los departamentos obliga a que las decisiones de la política pública reconozcan esta diversidad y, entonces, la asignación de recursos tendría que seguir lógicas diferentes. Las mayores transferencias al Amazonas se justifican porque el departamento tiene selvas y ríos. Si se mantiene el actual criterio poblacional, la brecha entre Amazonas y Antioquia se seguirá ampliando de manera endógena, y a un ritmo exponencial. De forma similar, a los departamentos que están en el litoral Pacífico se les debe asignar recursos porque tienen una riqueza ambiental única en el planeta.

Si los criterios de asignación respetaran las heterogeneidades, los recursos recibidos por Amazonas podrían ser iguales o superiores a los de Antioquia. Una distribución de esta naturaleza reduce las desigualdades geográficas, y potencia las vocaciones funcionales de cada uno de los departamentos.

Este ejercicio de equidad tiene la ventaja adicional, de que contribuye a reducir los niveles de pobreza. La disminución de la pobreza en Amazonas se logrará porque la inversión en proyectos, como la reforestación, tendrá un impacto favorable en el nivel de ingresos de sus habitantes, y en un mejoramiento de la calidad de vida.

La distribución de los recursos en función de la población no se ha traducido en una reducción de las desigualdades. Es necesario, entonces, modificar de manera sustantiva los principios que han determinado las transferencias. La convergencia en la calidad de vida se logrará únicamente cuando Amazonas y Antioquia tengan niveles de inversión similares.

Al replantear el SGP se deberían seguir dos postulados básicos. Por un lado, aceptar que departamentos como el Amazonas no se pueden comparar con Antioquia. Y, por otro lado, cualquier ley propuesta debe eliminar los porcentajes fijos, dejando espacio a la discrecionalidad.

Los departamentos son cualitativamente diferentes, y son incomparables. Este principio también se le debería aplicar a los municipios. Es absurdo que actualmente, en la llamada categoría 6 se agrupen 964 municipios de un total de 1.104.

Jorge Ivan González

Publicado en La República, Bogotá

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En una muestra del profundo conocimiento que maneja sobre el tema, nuestro compañero Mauricio nos compartió informaciones extraordinarias que nos trajeron respuestas a muchos interrogantes sobre la llamada crisis energética en nuestro país, la cual a veces los medios de comunicación distorsionan. Compartimos esta extraordinaria tertulia con nuestros lectores.

Exjesuitas en tertulia- 14 de Septiembre, 2023
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El crecimiento económico se frenó hasta un mísero 0.3% anual en el segundo trimestre de este año. Así lo había previsto el Banco de la República, de manera que su Junta ahora puede decir: ¡Misión cumplida, lo logramos!

Por supuesto, el objetivo del Banco no era frenar la economía, sino controlar la inflación, pero dado que en esta ocasión las principales causas del aumento de precios eran de oferta y de costos, se sabía que la subida de las tasas de interés no aumentaría la oferta y solo incidiría sobre la inflación a través de un freno a la demanda y por ende a la actividad económica.

En efecto, en el mundo entero fueron tres los choques de oferta que elevaron los precios: uno, el aumento del precio del petróleo y la energía causado por la invasión rusa a Ucrania; dos, la escasez de alimentos y materias primas provocada por esa invasión y agravada en Colombia por factores climáticos y de infraestructura vial; tres, las secuelas de los problemas de transporte y contenedores que dejó la pandemia.

En este contexto, los bancos centrales de todo el mundo subieron sus tasas de interés, que es la receta de libro de texto para combatir la inflación. Es evidente que las tasas no tienen nada que ver con la mala cosecha de papa, ni con el recorte del gas ruso en Europa, ni con el suministro del trigo de Ucrania, pero aún así las subieron porque de esa forma encarecían el crédito, lo que redujo el consumo y la inversión.

Intereses e inflación 

Una forma intuitiva de entender la interrelación entre crecimiento, inflación y tasas de interés es poner en un mismo gráfico la evolución de estas tres variables. En Colombia la inflación (línea verde) empezó a subir desde el segundo semestre del 2021, después del paro nacional, pero se aceleró su ritmo ascendente a principios del 2022 por los mencionados choques de oferta, hasta llegar a un máximo de 13% al final de ese año. Después ha descendido un poco por las mejores cosechas y la disminución de la actividad económica.

Por su parte el Banco, que en abril de 2021 al comienzo de la pandemia empezó a bajar sus tasas hasta llevarlas a 1.75% en una acertada política de estímulo a la economía,cambió de rumbo a finales del mismo 2021, cuando la inflación empezó a repuntar, y en una acción sin precedentes las elevó trece veces consecutivas hasta llevarlas a 13.25% (línea azul). La consecuencia inmediata fue el aumento de las tasas de captación y de créditos del sistema bancario, así como las de la deuda pública.

Al comparar la evolución de estas dos variables, se observa que el aumento de los intereses no ha hecho mella significativa sobre la inflación. En parte por el rezago normal que tiene la política monetaria sobre los precios, pero también porque hay precios de algunos bienes y servicios que han subido por factores de oferta y, por lo tanto, su respuesta a la subida de la tasa de interés es menor y más demorada.

En efecto, hay tres componentes del IPC que explican el 63% de la inflación a julio: Alimentos y bebidas, Alojamiento y servicios públicos y Transporte. Sus variaciones anuales son 21.4%, 21.71% y 19.66% respectivamente, todas muy por encima del IPC total. 

Es evidente que la subida de estos precios depende de causas diferentes al exceso de demanda. Los servicios públicos y el transporte son de la categoría que se denomina administrados, pues se determinan por decisiones administrativas, como por ejemplo la gasolina o la energía eléctrica. Por su parte los alimentos dependen más de las cosechas en el caso de los nacionales, o de los precios internacionales en el caso de los importados

Intereses y crecimiento 

Donde sí se ha sentido de manera clara el impacto de la subida de intereses es en el ritmo de crecimiento económico. La variación del Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE, línea roja) que publica el DANE con periodicidad mensual, viene con una clara tendencia a la baja desde mayo del año pasado, a pesar de un pequeño repunte en enero de 2023, que se debe más a un tema estadístico por la base de comparación del año anterior.

La correlación inversa entre la línea roja del ISE y la azul de la tasa del BR es evidente.  Aún reconociendo que hay factores de incertidumbre política que han podido incidir en la desaceleración de la economía, esto no puede llevar a desconocer el impacto negativo de las altas tasas de interés sobre la actividad económica. Son varios los canales principales a través de los cuales opera este impacto.

En primer lugar, el encarecimiento del crédito de consumo. Con tasas de las tarjetas de crédito superiores al 40%, es inevitable que los consumidores las utilicen menos; lo mismo sucede en el caso de la venta de vehículos, aunque en este caso las tasas no han subido tanto. Por eso no es de extrañar que en junio el sector comercio (que incluye vehículos) hay registrado una caída anual del – 3.2%.

El sector de la construcción registró una caída aún mayor (-3.7%) en el mismo período, también por causas relacionadas con las mayores tasas de interés. De una parte,el subsector que tuvo una mayor caída fue el de las obras civiles, donde también el alza de tasas ha impedido el cierre financiero de proyectos ya adjudicados.

De otra parte, es notorio el frenazo en el subsector de la construcción de vivienda que de incrementos superiores al 20%, pasó a un modesto -aunque todavía positivo- 3.1%. Acá se conjugaron las demoras en la asignación de subsidios para vivienda de interés social, con una reducción de la demanda por las mayores tasas de las hipotecas. Inclusive han sido numerosos los casos de retiros de compradores de proyectos en construcción o sobre planos. 

La conclusión es que el país se ha quedado con el pecado de la desaceleración económica y sin el género de la menor inflación.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo para CAMBIO

Cali, septiembre 2, 2023

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