Nos ha tocado vivir un mundo agitado. Los avances de la ciencia y tecnología suceden atropelladamente. La forma de comunicarnos nos ha cambiado la vida. Una pandemia extrañísima nos ataca de repente, a escala global, mostrándonos lo mejor y lo peor de lo que somos, mientras muchos países se polarizan en ideologías opuestas y son corroídos por la corrupción de un dinero y de una violencia insaciables. Queremos recibir aquí sus reflexiones…
Desde antes de la posesión del presidente Gustavo Petro se han venido emitiendo mensajes y tomando medidas dirigidas a la superación de rupturas y cierres de dimensiones cruciales en la relación colombo-venezolana. Hay otras implicaciones claves de esas reaperturas de relaciones y pasos fronterizos formales.
Desde agosto de 2015, el régimen de Nicolás Maduro decidió expulsar a miles de colombianos, marcar sus viviendas para demolerlas y en reiteradas ocasiones ordenó “cerrar la frontera con Colombia”. Aunque hubo reaperturas parciales, la situación se agravó en 2019, cuando rompió relaciones diplomáticas por el reconocimiento que hizo Iván Duque a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego de haberlo apoyado en el concierto Venezuela Aid Live y en sus intentos de ingresar lo recogido como ayuda humanitaria. A su turno, con la pandemia, Duque también ordenó “cerrar fronteras”.
Esa ruptura de relaciones y los “cierres de frontera” ‒que en realidad clausuraron los siete pasos fronterizos formales en una línea limítrofe de 2219 km‒, hicieron proliferar contrabandos y afectaron el desplazamiento del enorme éxodo poblacional desde Venezuela, que se vio obligado a circular por vías informales. Y ahí las “normas” las impone el grupo armado irregular con más fuerza, que aprovecha la ausencia de los Estados para someter a extorsiones, abusos y todo tipo de violencias a quienes circulan por el desierto, la montaña, la selva, los ríos.
Luego de más de siete años de esos cierres y rupturas entre los dos países, Gustavo Petro anunció en su campaña y tan pronto fue electo presidente de Colombia, que reanudaría las relaciones con Venezuela. El primer paso fue la reunión en el Táchira, del canciller Carlos Faría de Venezuela y Álvaro Leyva, quien sería nombrado canciller por Petro. Ambos anunciaron que los dos gobiernos restablecerían relaciones y llamaron al retorno de los venezolanos, pues su regreso mostraría la “normalización” de la situación, lo que generó fuerte reacción en ambos países.
Una vez posesionado, Petro y Maduro hablaron por teléfono y cada uno escogió su embajador en el otro país. Armando Benedetti, nombrado por Petro, llegó desde el 28 de agosto de 2022 a Caracas, asumiendo gran protagonismo y haciendo muchos anuncios en encuentros con Nicolás Maduro y con sus altos funcionarios. Aunque dijo que no se metería en la situación interna de Venezuela, se reunió con el vicepresidente del partido político oficial, Diosdado Cabello, quien le exigió a Petro entregarle al gobierno de Maduro a los exiliados venezolanos residentes en Colombia. Por fortuna, Petro enseguida respondió en Twitter “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”. A su vez, Benedetti dijo que la migración venezolana está regresando a su país y que el supuesto éxodo no existe.
Esa y otras declaraciones causaron reacción en ambos lados. Por ejemplo, su anuncio que Colombia busca que se levante la denuncia presentada en 2021 ante la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de países latinoamericanos y Canadá contra el régimen de Maduro por persecución sistemática de opositores y violación de derechos humanos. Leyva añadió luego a la revista Cambio que el gobierno retira esa denuncia ante la CPI¹. Pero el 20 de septiembre de 2022, la misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela mostró que el Estado venezolano, utilizando servicios de inteligencia civil y militar, ha cometido “graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual” mediante acciones que fueron ordenadas directamente por Maduro y sus colaboradores más próximos para reprimir a la oposición².
A finales de agosto de 2022, Benedetti dijo en entrevista con Efe, que Monómeros Colombo Venezolanos ‒petroquímica, filial de Pdvsa ubicada en Colombia y gestionada por el grupo opositor de Guaidó desde 2019‒, debía volver a manos del gobierno de Maduro, por ser el único reconocido como presidente de Venezuela por Petro. Luego de que la Cámara de Comercio de Barranquilla aceptó el registro que propuso Maduro para la junta directiva, y que el gobierno venezolano recuperó oficialmente el control de la empresa, su embajador Félix Plasencia dijo el 19 de septiembre de 2022 en entrevista con Telesur: “La legalidad, el tránsito cierto de las cosas, toda esa construcción malvada, equivocada, agresiva, que además afectaba los intereses del pueblo venezolano y el pueblo colombiano, termina”³.
Ambos gobiernos anunciaron la reapertura del sistema consular, aunque por su cierre prolongado, algunas sedes requieren un pronto reforzamiento. Resulta una urgencia en ambos lados su pleno funcionamiento, pues es numerosa la población binacional. De hecho, ambos países no solo comparten comunidades indígenas transfronterizas. sino que cada uno ha sido el destino migratorio del otro. Y es grande el número de personas que no han podido regularizar su situación y aparecen “sin ser de aquí ni de allá”⁴ lo que, además de aumentar sus vulnerabilidades por falta de documentos de identificación, les impide movilizarse, acceder a servicios y a oportunidades de trabajo.
Reapertura de pasos fronterizos y comercial
El pasado 8 de septiembre, Maduro y Petro trinaron en Twitter que el 26 de septiembre “reabrirán la frontera”. Petro agregó que solo será para transporte aéreo y de carga. Desde ese anuncio tenían dos semanas para resolver asuntos claves para la reapertura de pasos fronterizos formales ‒por ejemplo, definir permisos de circulación, horarios de movilidad, parqueaderos, coordinación de aduanas y del sistema de movilidad que incluiría regular el paso de vehículos particulares, superar problemas de infraestructura deteriorada en algunas vías de acceso a los puentes internacionales‒. De hecho, el puente Simón Bolívar es sometido del lado colombiano a trabajos de reparación y restauración. Germán Umaña, ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, en reunión con empresarios de ambos países dijo que para esa reapertura antes deben garantizarse condiciones de seguridad y diplomáticas adecuadas.
En cada país se han desarrollado reuniones interinstitucionales para establecer tareas al respecto, pero es poco lo que se ha anunciado de avance en coordinación entre ambos países, de esos procesos necesarios para la reapertura de pasos fronterizos. En cambio, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, declaró que lo que ocurrirá el 26 de septiembre “será un acto simbólico y así lo considero yo, porque esto ha sido muy acelerado y hay procesos de carácter administrativo y legales que deben ser considerados para mejorar las condiciones de los pasos binacionales”.
Además, esa reapertura requiere de coordinación entre la fuerza policía y militar de ambos lados para hacerle frente a muchos problemas de seguridad pública que se aumentaron con el cierre de esos pasos fronterizos formales y la ruptura de relaciones intergubernamentales. Exige también el desmonte del sistema de códigos que desde Venezuela se implementó y generó una especie de legalización del contrabando, el cual suscita resistencia a la reapertura legal. Además, de asuntos normativos y regulatorios por resolver, las sanciones sobre Venezuela tienen efectos en la dinámica comercial con Colombia.
Para ayudar a la reactivación del comercio binacional y la integración subregional, Petro propuso en Lima que Venezuela y Chile regresen a la Comunidad Andina. La vicepresidenta Delcy Rodríguez habló sobre disposición de su gobierno a negociar ese reingreso a la CAN, que requiere precisar condiciones, nuevos términos, dimensiones, etapas, normativa, base institucional indispensable para garantizar la viabilidad de posibles acuerdos y definir el alcance de la integración que, lejos de reducirse a lo comercial, se proyecte a la integración humana, educativa, cultural. Maduro dijo que un equipo de oficiales de ambos gobiernos está trabajando para acelerar la reactivación económica y comercial; anunció el 26 de agosto que propondrá a Petro la creación de una zona económica binacional, comercial y de desarrollo productivo, que podría comenzar entre Norte de Santander y el Táchira, y luego ampliarse al Zulia, Apure y Amazonas.
No han hablado los dos gobiernos sobre la necesidad de recuperar y poner en marcha la institucionalidad binacional para la vecindad. Resulta crucial que funcione la Comisión Binacional y Fronteriza (Combifron), que reunía a las fuerzas militares y policías de ambos países para revisar conjuntamente las problemáticas de seguridad en la frontera compartida y no se reúne desde mayo de 2009, o la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (Copiaf), conocida como Comisión de Vecindad, que reunía sectores institucionales, empresariales, académicos y sociales de ambos países y buscaba fortalecer nexos positivos binacionales, concertar la realización de obras de infraestructura, ambientales y sociales en beneficio de las poblaciones fronterizas.
Ayuda de un país al otro ante problemas cruciales
El gobierno de Petro, en la intención de avanzar en la estrategia de paz total que de manera diferenciada abarca a todos los actores armados de Colombia, empezó por revivir los diálogos de paz con el ELN, levantó órdenes de captura y de extradición a los negociadores de esa guerrilla para que pudieran viajar a Venezuela a reunirse con sus compañeros y definir cómo van a asumir esa negociación. Además, el 11 de septiembre de 2022, Petro le pidió a Maduro que Venezuela sea garante de esos diálogos ‒lo había sido en las conversaciones en Quito y en La Habana 2017-2018‒ y Maduro aceptó asumir ese papel.
En Colombia y en Venezuela se ha señalado, entre otras cosas que, dado que el ELN se ha convertido en guerrilla binacional, a ambos lados les conviene el fin de la acción armada de ese grupo. Como actúa en algunas regiones venezolanas en coordinación o a favor del régimen ‒por ejemplo, en el Arco Minero donde el gobierno venezolano autorizó desde 2016, la explotación de oro, coltán, tierras raras, con graves daños ambientales y sociales por el trabajo forzado impuesto a indígenas‒, Maduro tendría no solo que ser garante sino comprometerse como parte de la negociación para que el ELN ponga fin a su acción armada en los dos países. Al mismo tiempo, a ambos lados se ha dicho que Petro debería estimular y apoyar la negociación entre el gobierno y las oposiciones venezolanas para que, a través de elecciones democráticas y libres en Venezuela, genere alternancia en el poder y resuelva las crisis de ese país. Ese asunto también ha sido pedido desde Estados Unidos donde, además, el papel del régimen de Maduro como garante de la paz en Colombia suscita reacciones en contra por parte de algunos legisladores demócratas y republicanos.
Así, lo que necesitan ambos países no es solo “normalizar las relaciones” entre los gobiernos centrales, proceso necesario como parte del pleno restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares. Tratándose de una vecindad tan intensa como la colombo-venezolana, requiere además la participación de todos los sectores para la reconstrucción de esa relación: gobiernos e instituciones nacionales, autoridades y sectores de ambos lados de todos los ámbitos fronterizos, gremios económicos y cámaras de comercio, académicos y redes y organizaciones sociales.
Solo así podrán abordarse todas las dimensiones cruciales que involucran a los dos países en lo institucional, social, ambiental, económico y de seguridad. El restablecimiento de las relaciones binacionales tiene un alcance sustancial.
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² https://www.elnacional.com/venezuela/politica/la-onu-acusa-a-maduro-y-a-jefes-de-inteligencia-de-crimenes-de-lesa-humanidad/ https://www.ohchr.org/es/%20cenezuela
Socorro Ramírez
Septiembre 19, 2022