Por fortuna, el buen juicio y la trayectoria académica de la ministra de Educación permitieron que el diseño y trámite de leyes tan importantes como las anunciadas se hagan con el tiempo suficiente para que la inteligencia propia del sector no termine en unos proyectos indignos de quienes tienen en sus manos enseñar a las nuevas generaciones el valor del conocimiento.
Y conviene decirlo de este modo, porque el borrador de la reforma de la Ley 30 es pobre y el de ley estatutaria resulta irrelevante.
De la educación superior se están ocupando con solvencia las universidades e instituciones del sector. Ya verán si todos los cambios de palabras son solo eso, o hay cambios conceptuales con implicaciones que van más allá de conseguir aplausos en las galerías. Si, por ejemplo, todo lo que ocurre después de “la secundaria o la media”, como reza alguno de los artículos, es educación superior, cualquier curso de habilitación laboral de cien horas calificaría para cumplir la promesa presidencial de los 500.000 cupos nuevos y esto es más barato que asegurarles carreras profesionales en las buenas universidades públicas cuyo costo unitario por semestre es superior a los nueve millones de pesos.
¿Se requiere una ley estatutaria para inventarse un grado doce, cuando ni siquiera se están satisfaciendo las condiciones mínimas de obligatoriedad, acceso y calidad a la secundaria y la media?
Ahora quiero detenerme en el proyecto de ley estatutaria, porque representa una enorme oportunidad para que el Gobierno avance sobre lo que ya está dicho, mucho mejor redactado, con mayor profundidad y claridad conceptual tanto en la Constitución como en la Ley 115, además de ratificado en numerosas sentencias de la Corte Constitucional.
No tiene sentido desgastarse en un trámite legislativo para decir que la educación es un derecho fundamental, sin tomarse el trabajo de decir por qué tiene ese carácter, sin señalar qué se añade a lo que ya tiene el régimen jurídico o sin establecer las implicaciones de semejante declaración. ¿Se requiere una ley estatutaria para inventarse un grado doce, cuando ni siquiera se están satisfaciendo las condiciones mínimas de obligatoriedad, acceso y calidad a la secundaria y la media? Eso para no mencionar el recorte que introduce a la educación inicial, cuya garantía está en pañales. Y no se entiende cómo se refrendan de un plumazo aspectos curriculares y reglamentarios que llevan treinta años y que tendrían que estarse revisando para adecuar el aparato educativo a las profundas transformaciones que ha tenido la sociedad.
Cambiar el concepto de servicio educativo por el de derecho fundamental es ingenuo, por decir lo menos. El proceso educativo ha sido un tema central de filósofos y científicos sociales, y todos coinciden en que trasciende con mucho el ámbito institucional y se nutre de la multiforme riqueza cultural de la humanidad a lo largo de la vida. Pero de ese enorme universo, lo que corresponde garantizar al Estado es la organización de un servicio educativo que dé las mismas oportunidades de acceso a la ciencia y la cultura a todos los ciudadanos.
Es ahí donde tiene sentido poner en el centro el derecho de los educandos, principalmente niños y jóvenes, de modo que esa educación sea inherente a su dignidad y sea exigible ante los gobernantes y los jueces. Si van al colegio y no aprenden lo necesario para avanzar a ciclos superiores, su derecho ha sido vulnerado, tanto como si bajo cualquier pretexto se suspende o restringe el servicio educativo. La ley debería ser clara en los mecanismos para asegurar y exigir las condiciones de calidad, pues la mera asistencia escolar no satisface el derecho. Es en este tipo de ley donde se debe refrendar el principio constitucional de que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás.
Si en alguna parte tienen importancia el rigor filosófico y la disciplina jurídica es precisamente en el discernimiento de los derechos fundamentales. Tengo la certeza de que la ministra Vergara encontrará en las universidades las mentes más lúcidas para acertar en su propósito, dando a la educación la alta dignidad que merece.
Francisco Cajiao
Publicado en El Tiempo, Bogotá, Colombia
1 Comentario
Que no prevalezca la costumbre ilusoria de que los grandes cambios se queden en cambiar los nombres o etiquetas de las cosas. O que los grandes avances consistan en modificar los “estatutos”, normas, artìculos e incluso leyes sin tocar los problemas reales.