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Mauricio Cabrera Galvis

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El reciente proyecto de reforma tributaria no es la reforma estructural que se requiere. Ante ese proyecto, el autor propone tres modificaciones: una tarifa de renta para empresas que no sea plana y uniforme para todas, un tope a la deducción del IVA por compras de bienes de capital y, de mantenerse los días sin IVA, que esto solo se aplique a la venta de productos nacionales.

El proyecto de reforma tributaria 2021 (que tiene el despistador nombre de Ley de inversión social) no es la reforma estructural del sistema tributario que se viene solicitando desde hace varios años. Es solo un alivio temporal a las finanzas públicas, que tiene la virtud de eliminar los aspectos más controvertidos del anterior proyecto que motivaron las protestas del gran paro nacional, pero también elimina algunos de las iniciativas que aumentaban un poco la progresividad de los impuestos en Colombia, e incluye otras que la mantienen o aumentan.

Son dos las grandes ausencias en el nuevo proyecto: una, es no eliminar todo el entramado de exenciones y beneficios tributarios a las personas jurídicas y, otra, dejar de lado el aumento a la tributación de las personas naturales de altos ingresos, con medidas tales como el impuesto al patrimonio o el mayor impuesto a dividendos. Estos temas tendrá que enfrentarlos el nuevo gobierno.

Lo que sí es posible ahora es llevar a cabo algunas modificaciones sencillas que hagan un poco más equitativos los impuestos y den más recursos al fisco.

La primera se refiere a la tarifa de renta para empresas, que se propone elevar a 35 %. Esta tarifa no debe ser plana y uniforme para todos, sino progresiva y diferencial, de manera que sea menor para las pymes y mayor para las grandes empresas. No es conveniente llegar al esquema de las personas naturales donde los más pobres no pagan impuestos de renta, pero sí se puede plantear un rango entre 20 % y 35 %, de acuerdo con el tamaño de las empresas medido, por ejemplo, por su volumen de ventas.

Si resulta complejo introducir una reforma tan radical y se arriesga a entrabar el trámite en el Congreso, por lo menos puede disponerse que el aumento de la tarifa no aplique a las pymes. Minhacienda espera recaudar $6.7 billones por este concepto, pero dada la concentración de las utilidades en Colombia, eximir a las pymes no debe representar más de un 20 % de ese monto.

En la misma línea de progresividad debe imponerse un tope a la deducción del IVA por compras de bienes de capital; por ejemplo, unos 100 SMLV, de manera que se devolvería el IVA a las compras de maquinaria de hasta unos $500 millones anuales, que es el rango de inversiones de capital que puede hacer una pyme. No tiene sentido dar esta gabela a las grandes empresas, sobre todo a las mineras, que no necesitan este incentivo para invertir.

Esta medida además generaría unos importantes recursos que compensarían de sobra la reducción de la primera propuesta. Cuando se introdujo esta devolución en la reforma de 2018, se informó que su costo fiscal sería de $6.6 billones; la DIAN debe conocer la distribución según el tamaño de las empresas, pero me atrevo a estimar que con el tope propuesto pueden ahorrarse por lo menos unos $5 billones.

Una tercera propuesta se refiere a los días sin IVA. No se conocen cifras oficiales de esta propuesta populista, pero el año pasado se mencionaba que cada uno de los tres días pudo haber implicado un menor recaudo de unos $500 a 600 mil millones de pesos.  Deben cancelarse los días sin IVA, pero si no se puede, por lo menos deberían limitarse a la compra de productos nacionales, pues no tiene sentido dar ese incentivo a los productos importados.

Mauricio Cabrera Galvis

Agosto, 2021

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Vuelve a agitarse el debate sobre la eutanasia en Colombia, esta vez por cuenta de un importante avance que trae una nueva sentencia de la Corte Constitucional y de la esperada, pero sorpresiva, respuesta de los obispos colombianos. Ambas abren nuevas esperanzas para personas y familias enfrentadas a situaciones dolorosas e irreversibles.

La Corte reiteró su posición de que toda persona tiene la libertad y el derecho a elegir una muerte digna, y que el personal médico que lo ayude a morir no comete un delito cuando se cumplen ciertos requisitos. El avance de la nueva sentencia consiste en ampliar los casos en que puede solicitarse la eutanasia, de nuevo como un derecho y no como una imposición forzada.

Antes se exigían tres condiciones: que el paciente sufriera una enfermedad terminal, que padeciera un dolor intenso y que fuera una decisión voluntaria y consciente, incluso bajo la forma de voluntad anticipada de un paciente en coma. Ahora se permite también a pacientes con enfermedades graves e incurables, aunque no terminales, como por ejemplo el Alzheimer, que es una especie de muerte en vida.

Las reacciones frente a la nueva doctrina eran previsibles. De una parte, aplausos y reconocimiento de quienes propugnan por un Estado donde no se imponga a nadie vivir según las creencias de otros, por respetables que sean; de otra, críticas y rechazo de quienes piensan que la vida de los demás debe sujetarse a su propia fe.

Paradójico que así como en Estados Unidos algunos de los más fieros opositores al aborto son los más fervientes partidarios de la pena de muerte, acá algunos de los opositores a la eutanasia propugnan también por el porte de armas con la posibilidad de matar a otros. Para estas personas uno no puede disponer de su propia vida, pero sí de la de los demás.

La sorpresa del comunicado de los obispos no es que rechacen la eutanasia, sino el diálogo que proponen, sin mencionar el usual argumento de que Dios es el único que puede decidir sobre la vida y la muerte. Después de muchos siglos en que la Iglesia se alió con los poderes terrenales para matar por sus propias manos –como en la Inquisición- o justificar que los gobiernos mataran, carecía de sentido invocar ese argumento.

 Por el contrario, su posición es plantear consideraciones sobre el tema para contribuir al diálogo “en medio de la realidad democrática y pluralista de nuestra nación”. Se nota el espíritu de misericordia que ha predicado el papa Francisco cuando señalan que las condiciones de grave enfermedad “deben afrontarse con profunda delicadeza y respeto, ya que son situaciones dolorosas, que ponen a prueba a la persona en su integridad y a su entorno familiar”.

Se destaca también el llamado a la solidaridad y el cuidado de los enfermos por la familia, pero sobre todo por el deber del Estado de brindar la atención y los cuidados paliativos, especialmente a los más pobres. Su esperanza es que esta solidaridad haga declinar la intención de terminar con la propia vida.

En mi modesta opinión el rechazo tajante de los obispos es a la eutanasia impuesta por terceros, lo que comparto, pero se han acercado a conceptos teológicos como el de Hans Küng, quien sostiene que Dios nos ha dado la libertad hasta para decidir sobre nuestra propia muerte.

Mauricio Cabrera Galvis

Agosto, 2021

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El fenómeno de las dinastías electorales no es nuevo ni exclusivo de Colombia. Lo problemático es que los feudos electorales se fortalecieron con las listas abiertas para las elecciones de los cuerpos colegiados, las “operaciones avispa” y el debilitamiento de los partidos. Además, movimientos políticos sin ideología ni principios se volvieron dispensadores de avales

Los hijos no son culpables de los delitos de los padres, ni tienen que heredar las condenas de sus familiares. Es el argumento que más se repite cuando hijos o parientes de políticos que han sido condenados por diversos delitos buscan ser elegidos para algún cargo público, y que ha vuelto a salir a raíz de los cuestionamientos a los elegidos presidentes de la Cámara y el Senado. Es cierto, pero también debería decirse que no deben heredar los votos conseguidos por sus familiares con el poder y el dinero obtenido ilegalmente.

El fenómeno de las dinastías electorales no es nuevo ni exclusivo de Colombia. Basta pensar en apellidos como Bush o Kennedy para constatar que en todas partes se cuecen habas. Lo problemático en nuestro país son dos características de los clanes que corrompen el sistema democrático.

El primero son los feudos electorales que se fortalecieron con las listas abiertas para las elecciones de los cuerpos colegiados, las “operaciones avispa” y el debilitamiento de los partidos políticos. Caciques políticos, dueños de un número de votos suficiente para ser elegidos, se convirtieron en meretrices de la política vendiendo sus votos al mejor postor.

A su vez, movimientos políticos sin ideología ni principios se volvieron proxenetas, dispensadores de avales que recogían bajo su sombrilla personajes de todos los talantes, con el único objetivo de sumar votos que les permitieran pasar el umbral, mantener la personería jurídica y recibir dineros del Estado por los votos obtenidos.

Además, el fraccionado sistema electoral colombiano permite multiplicar las ganancias electorales de los mismos votos, como en las promociones de pague uno y lleve dos. Así, un senador con su cauda de votos amarrados, puede usarlos no solo para elegirse a sí mismo, sino que en las elecciones regionales los moviliza para que su hijo sea elegido al Concejo de la ciudad, y algún pariente cercano, alcalde de otro municipio. Para evitar suspicacias, el hijo y el pariente pueden inscribirse con el aval de otro partido. Todo un ejemplo de solidaridad familiar.

El segundo fenómeno es cuando las dinastías se convierten en clanes mafiosos y políticos, que son delincuentes condenados, se hacen elegir en cuerpo ajeno, utilizando sus maquinarias electorales para que sus hijos o parientes los reemplacen. Si bien pudo haber casos de este estilo el siglo pasado, lo cierto es que la práctica se generalizó en Colombia cuando fue descubierta la alianza entre los paramilitares y políticos de todos los partidos, pero sobre todo del uribismo.

Cuando los tribunales condenaron a varios políticos por lo que se llamó la parapolítica antes de las elecciones de 2010, algunos lograron mantener el aval para sus parientes en los partidos conservador, liberal, de la U y Cambio Radical, pero también otros formaron un nuevo partido, el PIN, donde sus familiares lograron cuatro curules al Senado.

En los comicios de 2104 y 2018 se repitieron los elegidos en cuerpo ajeno, pero ya no solo con los condenados por la parapolítica, sino también con los implicados en los sobornos de Odebrecht. Para las próximas elecciones ya se habla de que, por ejemplo, familiares de la prófuga Aida Merlano, o del senador Pulgar, sobornador de jueces, están buscando avales en varias toldas.

La supervivencia de la democracia requiere que desaparezcan estas dinastías electorales, para lo cual se requieren verdaderos partidos políticos y no montoneras manejadas por caudillos.

Mauricio Cabrera

Julio, 2021

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En el país son varias las preguntas que vienen haciéndose acerca de la eutanasia, desde al menos 1997, cuando Carlos Gaviria hizo una ponencia al respecto y la Corte Constitucional sentenció sobre la muerte digna. Han transcurrido 23 años y el Congreso ha eludido su responsabilidad de legislar sobre ella.

¿Se debe permitir a una persona que tiene una enfermedad incurable que decida no seguir viviendo? ¿Se le puede prohibir que busque anticipar su muerte? ¿Se debe permitir a los médicos que le colaboren en el proceso si el paciente lo solicita?

Estas son las preguntas que se vienen planteando en Colombia desde hace décadas, y que vuelven al primer plano con la reciente expedición de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud, que reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia.

La Resolución 971 es prolija en detallar los requisitos para solicitar la eutanasia, así como en los procedimientos que deben seguir hospitales y médicos para aceptarla o negarla. Tiene un importante avance, pues ya no restringe esta posibilidad a pacientes terminales, sino que acepta que pueda solicitarla un paciente con enfermedad incurable avanzada.

Desde 1997, la Corte Constitucional, con ponencia de Carlos Gaviria, sentenció que por el derecho a la muerte digna no habría responsabilidad penal para el médico que ayude a morir a un paciente terminal que lo ha solicitado por su libre voluntad; además exhortó al Congreso para que regulara el tema de la muerte digna. En 23 años el Congreso ha eludido su responsabilidad, la última vez el semestre pasado cuando se hundió, por falta de apoyo del gobierno, el proyecto de ley presentado por el representante Juan Fernando Reyes                                                                                           Kuri. Hay que seguir insistiendo.

El debate de fondo es si una persona tiene el derecho a elegir libremente sobre su muerte, inclusive renunciando a su derecho a vivir, en casos en que la vida que soporta no es una vida humana digna. La reticencia del Congreso y de una parte de la sociedad colombiana a aceptar este derecho se debe más a creencias religiosas que a argumentos jurídicos. Para muchas personas la eutanasia es un pecado porque solo Dios puede disponer de la vida; para otras hay que aceptar la enfermedad, por dolorosa que sea, así como Jesús aceptó su crucifixión, porque esa es la voluntad de Dios.

Por supuesto que estas creencias son totalmente respetables y no puede forzarse a nadie a que acepte la eutanasia y la practique en contra de su religión. Pero de la misma manera en un Estado laico y pluralista nadie puede imponer a otro sus creencias ni impedir que obtengan la eutanasia otras personas que creen que su dios les ha dado la total autonomía hasta para decidir sobre su propia vida. La obligación del Estado es garantizar que ambos grupos puedan vivir y morir de acuerdo con lo que creen.

También dentro de los cristianos hay diversidad de opiniones, como la del teólogo Hans Küng, quien fue un constante defensor de la eutanasia voluntaria. Para la misma Iglesia católica el derecho a la vida nunca ha sido absoluto: no solo justificó durante muchos años los asesinatos de la Inquisición, sino que hasta hace unos años la posición del Catecismo Católico, era que la “enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye (…) el recurso a la pena de muerte” (n. 2267)*.

La Iglesia estaba equivocada: el derecho a la vida sí debe prevalecer, pero también, como dijo Küng, el derecho de cada persona de definir sobre su vida y su tránsito hacia la muerte cuando su vida ya no es digna.

Catecismo de la Iglesia Católica (2000). Bogotá: San Pablo, p.745.

Mauricio Cabrera G.

Julio, 2021

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En el mundo, muchos bienes y servicios están aumentando sus precios, lo que ha hecho aparecer el fantasma de la inflación. Sin embargo, no hay que caer en el pánico ni tomar medidas que pongan en peligro la frágil reactivación mundial.

Vuelven a aparecer las nubes negras de la inflación en la economía mundial, sobre todo en Estados Unidos, y con ellas los llamados de algunos alarmistas a los bancos centrales para que aprieten las clavijas de la política monetaria y “enfríen” las economías, porque la recuperación de la pandemia va muy rápida. ¿Tienen razón, o es solo una herencia de teorías trasnochadas?

Es un hecho que se está dando un incremento de los precios de muchos bienes y servicios. En Estados Unidos, el IPC registró en mayo un aumento anual de 5 %, mientras que en la zona euro subió de 0.9 % a 1.9 %, pero en Japón sigue cercano a 0 %. En los llamados mercados emergentes ha subido a 4.5 %.

¿Qué está jalonando esta subida de precios? ¿Es un choque temporal o una tendencia duradera? Son preguntas que deben responderse para determinar la política que hay que seguir.

El presidente del Federal Reserve de Estados Unidos (FED) ya insinuó que para contrarrestar esta aceleración de la inflación están pensando elevar sus tasas de interés…. a partir de 2023. Es un claro mensaje de que siguen más preocupados por el desempleo, que ven este aumento de precios como transitorio y que no es causado por presiones de demanda que deban ser controladas con restricciones monetarias.

Hasta halcones antiinflacionarios, como la revista The Economist o el Fondo Monetario Internacional, reconocen el hecho, pero llaman a no caer en el pánico ni tomar medidas que pongan en peligro la frágil reactivación mundial. Una razón es que en las cifras anuales de inflación hay una distorsión estadística, pues se está midiendo contra un período en que bajaron los precios, de manera que parte del impacto actual es solo recuperación de la deflación anterior. Por eso, el FED proyecta que en 2022 la tasa de inflación caerá a 2.1 %.

El ejemplo más claro de esta distorsión son los precios de los combustibles. El petróleo ha triplicado su precio, desde 25 dólares el barril en abril del año pasado, pero solo para volver al nivel de precios promedio de 2019. Por eso, el IPC gringo ‒sin combustibles ni alimentos‒ crece 1.5 % menos que el índice total.

Pero la razón principal para no tomar medidas contraccionistas es que buena parte del aumento reciente de los precios ha sido causado por problemas de oferta y no por exceso de demanda. Dice el FMI que la subida de precios de los alimentos es una tendencia que empezó antes de la pandemia, por la peste porcina en China y África y la caída de la producción mundial de aceites vegetales. A esto hay que añadir la imposición de tarifas de importación por la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

La pandemia, señala también el FMI, agudizó la tendencia al alza con las restricciones en la cadena de oferta de alimentos, lo que se empeoró con el aumento de los costos de transporte, pues los fletes marítimos se han triplicado en el último año.

El pronóstico es que los precios de los alimentos van a continuar altos este año y el próximo, afectando más a los países emergentes que, además, tienen el impacto de la devaluación de sus monedas sobre los precios de los alimentos importados. Pero es evidente que inflación por aumento de costos no se maneja frenando la demanda. Afortunadamente, así lo ha entendido el Banco de la República.

Mauricio Cabrera

Julio, 2021

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En el año 2020, la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial se incrementó de manera sustancial: los ricos ganaron más y los más ricos ganaron todavía más. Debiido a ello, la desigualdad aumentó, como sostienen las investigaciones del banco Credit Suisse, uno de los más grandes de Suiza.

Como en el poema de Zalamea, llegan más pobres a las escalinatas, porque los pocos ricos cada vez tienen una tajada más grande de la riqueza mundial: “Todos los índices muestran que la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial aumentó sustancialmente en 2020: la participación del 10 % más rico subió 0.9 puntos porcentuales, la del 1 % más alto subió 1.1 % puntos y el Gini empeoró en 0.6 puntos”.

Esta contundente afirmación no es de alguna ONG castrochavista interesada en desprestigiar el sistema capitalista, ni de economistas sospechosos por progresistas, como Piketty o Stiglitz. Tampoco son cifras inventadas, pues están sustentadas con una sólida base de información.

Lo que la hace muy creíble es que lo dice una entidad que tiene por qué saberlo, porque le maneja la riqueza a buena parte de esos privilegiados. Se trata del Global Wealth Report, que cada año publica el instituto de investigaciones del Credit Suisse, el tercer banco suizo por el tamaño de los activos que maneja.

La versión 2021 del reporte se concentra en los efectos del COVID-19 sobre la riqueza mundial y su distribución. Un primer hallazgo inesperado es que a pesar de la crisis económica generada por la pandemia, la riqueza mundial no se redujo; por el contrario,  incrementó en 7.4 %. Más extraño aún: los países más afectados por el COVID-19 fueron los que registraron las mayores ganancias en riqueza.

La explicación de esta paradoja, según el Credit Suisse, está en la intervención de los gobiernos y los bancos centrales que irrigaron toneladas de dinero en las economías y bajaron las tasas de interés, lo que elevó los precios de las acciones y la finca raíz. Como los pobres tienen muy poco de estos activos, aunque recibieron ayudas monetarias para compensar las pérdidas de empleo e ingresos, no se beneficiaron de esas alzas.

En la base de la pirámide, 2879 millones de adultos tienen una riqueza menor a 10.000 dólares; son el 55 % de la población, pero solo poseen el 1.3 % de la riqueza mundial. El incremento de la desigualdad es evidente, puesto que el año pasado eran 2768 millones (53.6 %), y su participación en la riqueza era 1.4 %.

A la clase media (con riqueza entre 10.000 y 100.000 dólares) tampoco le fue bien: en número, se redujo de 14.7 % a 13.7 % de la población; su porción de la torta bajó de 34 a 32.8 %.

En la cúspide de la pirámide, a aquellos que poseen más de un millón de dólares les fue muy bien: aumentaron de 50.8 a 56 millones, y su participación en la riqueza mundial pasó de 43.4 a 45.8 %.

En Colombia la desigualdad en la distribución de la riqueza es un problema que no ha preocupado nunca a los gobiernos, a punto tal que ni siquiera hay cifras que permitan medir su evolución.

*          *          *

Adenda: La semana pasada señalaba que el gran esfuerzo del gobierno para erradicar 130.000 hectáreas de coca era tan inútil como el de Sísifo, puesto que las Naciones Unidas reportaron una disminución de solo 11.000 hectáreas en el área sembrada. Según el gobierno gringo la situación es todavía peor, pues en su medición el área sembrada aumentó (sí, aumentó) en 33.000 hectáreas. 

Lo más trágico es que ninguno de los dos gobiernos reconoce que la guerra contra las drogas fracasó y que es necesaria una estrategia diferente.

 Mauricio Cabrera Galvis

Junio, 2021

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Hace 50 años el presidente Richard Nixon le declaró la guerra a las drogas mediante la erradicación de los cultivos. Pero como en el mito de Sísifo, el esfuerzo del Estado colombiano por reducir el área sembrada de coca y ganar la guerra contra las drogas ha resultado inútil.

Ya es casi un lugar común decir que los programas de erradicación de cultivos de coca en Colombia son un trabajo como el de Sísifo, condenado por haber desafiado a los dioses a empujar una gran roca por una empinada montaña, solo para ver que se rodaba cuando estaba a punto de llegar a la cima, y debía volver a empezar a empujarla, y así por los siglos de los siglos.

No hay mejor alegoría para describir la inutilidad del enorme esfuerzo del Estado colombiano por reducir el área sembrada de coca, y el todavía más inútil esfuerzo de ganar la guerra contra las drogas mediante la erradicación de cultivos. Esa guerra fue declarada por el presidente Nixon hace 50 años y el consenso general es que está perdida.

Los resultados de los programas de erradicación son frustrantes y, además de eso, serán perjudiciales si se reanuda la fumigación con glifosato. En una de sus últimas declaraciones antes de su lamentable fallecimiento, el ministro Carlos Holmes anunció que en 2020 el gobierno había logrado su meta de erradicar 130.000 hectáreas sembradas de coca.

Un gran esfuerzo, pero como le pasa a Sísifo, la piedra se rodó y hay que volver a empezar. Esta semana la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), reportó que en el mismo 2020 el área sembrada de coca no se había reducido en la cantidad erradicada por el gobierno, sino solo en 11.000 hectáreas, al pasar de 154.000 a 143.000. No son cifras falsas de ninguna de las dos fuentes, sino que la diferencia la explica una sola palabra: resiembra. Un 91.6 % del área erradicada se volvió a sembrar.

En 2019 sucedió algo muy similar, aunque un poco menos frustrante. El gobierno erradicó 100.000 hectáreas de coca, pero según el Simci el área sembrada solo se redujo en 15.000, al pasar de 169.000 a 154.000 hectáreas, porque la resiembra fue de 85 %

La mayor frustración de nuestro Sísifo es que, a diferencia del mitológico que siempre tenía que subir la misma montaña, la montaña de la cocaína se eleva cada año. A pesar de la reducción de 15 % en el área sembrada, el Simci muestra que en estos tres últimos años en el país la cosecha de hoja de coca aumentó 2 % y la producción de cocaína subió casi 10 %, pues pasó de 1120 toneladas en 2018 a 1228 toneladas en 2020. Las innovaciones tecnológicas de los narcotraficantes para aumentar su productividad son más eficientes que la estrategia represiva.

La dinámica de la resiembra no se explica porque a los campesinos colombianos les gusten las actividades ilícitas, sino por una causa más sencilla: el hambre y la necesidad de conseguir ingresos para sobrevivir. Son más víctimas que delincuentes. La coca es la única alternativa de subsistencia en territorios donde el Estado no está presente, donde no hay vías ni facilidades para vender otros productos.

Por eso, la erradicación forzosa o voluntaria, y peor si es con glifosato, es una estrategia condenada al fracaso si no va acompañada con un programa integral de sustitución de cultivos como el que se estableció en el punto 4 del Acuerdo de Paz con las Farc. Es la única forma de que la roca que empuja Sísifo no vuelva a rodarse.

Mauricio Cabrera Galvis

Junio, 2021

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Los bloqueos surgidos durante el paro en varias carreteras nacionales, especialmente en el suroccidente del país, han incidido en un desabastecimiento que ha ocasionado que se dispare la tasa de inflación debido a un choque de oferta.

Se aceleró la inflación. Después de casi un año con aumentos de precios por debajo de la meta del Banco de la Republica, en el pasado mes de mayo la tasa de inflación anual llegó a 3.30 %, como consecuencia del desabastecimiento producido por los bloqueos a varias carreteras nacionales. 

Varias reflexiones son pertinentes al respecto:

1) El impacto del desabastecimiento sobre la inflación, sobre todo de alimentos y combustibles, se comprueba al examinar los componentes del Índice de precios al consumidor (IPC). El aumento de los precios de los alimentos (9.52 %) es casi el triple del IPC total, mientras que el de los energéticos (4.58 %) crece 50 % más. En consecuencia, la variación de los índices que calcula el DANE, sin contar estos dos componentes, se mantiene en niveles cercanos al 2 % anual.

2) Otra comprobación de que la causa del aumento de los precios es la reducción de la oferta de alimentos se tiene cuando se observan las diferencias en la tasa de inflación entre varias ciudades. Las mayores tasas de inflación se registran en las ciudades del suroccidente, la zona más afectada por los bloqueos: Popayán (23 %), Florencia (21.4 %), Cali (19.6 %); además, en ellas los precios de los alimentos han tenido aumentos superiores a 20 %. Por el contrario, en la Costa Atlántica los bloqueos fueron mucho menores y, por ejemplo, en Cartagena, la variación del IPC anual siguió por debajo del 2 %, y el de alimentos fue una tercera parte del nacional. Registros similares se tienen en Montería, Sincelejo o Riohacha.

3) El aumento de la inflación se debe a un choque de oferta, es decir, a una disminución de la oferta de ciertos productos y servicios, muy diferente al aumento de precios que se produce por un exceso de demanda. Además, es un fenómeno transitorio, pues en la medida en que se van levantando los bloqueos y se normaliza el suministro de alimentos y materias primas, los precios han empezado a bajar, de manera que es posible que en unos dos meses se tenga una variación negativa del IPC de alimentos y una reducción del IPC total.

4) Las medidas de contracción monetaria –subida de tasa de interés o disminución del dinero en circulación– pueden ser útiles (aunque no siempre) para controlar una inflación de demanda, pero cuando el choque es de oferta no solo son inútiles, sino que además son perjudiciales, pues pueden conducir al peor de los mundos, un estancamiento con inflación. No hay duda de que la Junta Directiva del Banco de la República conoce bien esta diferencia y no va a responder a un aumento de la inflación por razones de oferta con un incremento de sus tasas de interés, sobre todo cuando el desempleo sigue por encima de 15 %.

5) Una consecuencia muy negativa de este aumento de la inflación causado por el desabastecimiento de alimentos es que afecta en mayor proporción a los más pobres y vulnerables: el incremento de los precios de la canasta de bienes y servicios de los más pobres (3,84 %) y el de los vulnerables (4,03 %) es superior al índice promedio, mientras que el de los más ricos ha sido inferior (2.27 %).

Bloqueos a carreteras que perjudican la economía nacional y que agudizan el hambre en los hogares más pobres no tienen legitimidad para reclamar los cambios necesarios y urgentes a la precaria situación de estos grupos sociales.

Mauricio Cabrera

Junio, 2021

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Hoy, en Colombia, hay 3.600.000 desempleados. En Cali, hay 100.000 más que antes de empezar la pandemia. Se requiere un programa nacional de empleo de emergencia. Para Cali, el papel del gobierno nacional es aportar los recursos. El sector privado debe gerenciar la entidad que debe crearse para administrar el programa y su logística.  

  

El problema es el desempleo. La pobreza, el hambre y la miseria son la consecuencia de no tener un trabajo decente. La explosión social y la protesta de los jóvenes son el reclamo airado por un futuro que se les niega por no tener estudio ni empleo. La Renta Básica o el Ingreso Solidario son necesarios, pero no suficientes, pues a los jóvenes solo les dan presente, mientras que el trabajo les da futuro y, sobre todo, dignidad.

Generar empleo digno es el camino de solución a la crisis social. Y no estamos hablando de unos cuantos miles, pues son 3.6 millones los desempleados en Colombia (15.1 % de las personas que buscan trabajo), además de los millones que se cansaron de buscarlo sin encontrarlo.

La situación en el Valle del Cauca es todavía peor. La tasa de desempleo en Cali es de 18.8 %, con 271.000 desempleados, es decir, 100.000 más que antes de empezar la pandemia. Los jóvenes son los más afectados, con una tasa de 27.1 %, también superior al promedio nacional.

El programa nacional de empleo de emergencia que propuse hace unas semanas puede empezar con un programa regional para crear 100.000 empleos –sobre todo para jóvenes– en el Valle y el norte del Cauca. Organizar un programa de este alcance requiere la intervención coordinada del gobierno nacional, los mandatarios locales y el sector privado.

El papel del gobierno nacional es aportar los recursos para el programa. Pagando el salario mínimo, su costo anual sería de unos $1.4 billones (menos de 0.2 % del PIB). Es un monto imposible de movilizar por el sector privado, pero el gobierno sí tiene la capacidad de conseguir estos USD 450 millones acudiendo a créditos de entidades multilaterales y ayudas internacionales, que de seguro responderán con prontitud dada la atención internacional que han generado los desafortunados sucesos recientes.

El aporte primordial del sector privado (empresas y ONG) no es la plata, pues sus recursos para estos propósitos son más limitados que los del gobierno, sino su capacidad gerencial y organizativa, que es indispensable para el manejo de la entidad que debe crearse para administrar el programa y su logística.

El dinero no es el principal obstáculo para la implementación del programa, sino el montaje, la administración y la logística para la operación de una “empresa” de 100.000 trabajadores: ¿quién va a proveerlos de dotación, alimentación o transporte? ¿Quién va a darles las herramientas necesarias para sus labores? ¿Quién va a proveer los insumos necesarios? ¿Quién va a dirigir la ejecución de las obras? Es el sector privado quien debe asumir esta labor gerencial, como lo hizo en el programa de reconstrucción del Eje Cafetero.

Los mandatarios locales tienen que definir los trabajos que realizarían estos jóvenes. En general, se trata de construir bienes públicos: en el campo, la reforestación y recuperación de cuencas, la construcción de vías terciarias o redes de acueductos rurales. En la ciudad, reparación y mantenimiento de la malla vial o de la infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.) y servicios sociales para las comunidades, tales como comedores comunitarios o promoción de escuelas de deporte.

Además de la creación de empleo, el dinero invertido en este programa impulsará la demanda en la economía, con lo cual las empresas privadas tendrán el incentivo para contratar nuevos trabajadores y el programa podrá desmontarse luego.

Mauricio Cabrera Galvis

Junio, 2021

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Estamos ante un diálogo de sordos. Al comité del paro le interesa prologarlo para obtener más concesiones; al gobierno también le interesa para quitarle apoyo popular al paro y, hasta de pronto, justificar medidas extremas. Todo ello afecta la economía debido a los bloqueos.

Después de un mes de marchas, manifestaciones y bloqueos, los convocantes del Paro Nacional han logrado obtener algunos de sus justos reclamos, el gobierno ha sido lento y equívoco en su respuesta, y la economía está sufriendo las consecuencias, sobre todo por los bloqueos en ciudades y carreteras, que no son una protesta pacífica.

Sin entrar a discutir cuáles son los actores que propician los bloqueos, lo cierto es que no se han podido levantar porque estamos ante un diálogo de sordos entre un Comité de Paro que no representa a los jóvenes que están en la calle, pero que le interesa prolongar el paro para obtener más concesiones del gobierno, y un gobierno que no toma las acciones preventivas y demora los diálogos porque también le interesa que el paro se prolongue para quitarle apoyo popular y derrotarlo por cansancio, o como dicen algunos –y ojalá no sea cierto– porque quiera justificar medidas extremas como la conmoción interior.

En la economía lo que están generando los bloqueos es un choque de oferta, es decir una disminución en el suministro de bienes y servicios por escasez de insumos o por destrucción de la infraestructura de producción. Si el choque es generalizado, el impacto se da sobre toda la cadena productiva

Un ejemplo es el panadero del barrio que se queda sin harina porque el trigo importado está bloqueado en Buenaventura, pero tampoco tiene margarina porque a la planta que la elabora no pueden entrar los trabajadores, ni azúcar porque los ingenios están parados, ni huevos porque el alimento de las gallinas ponedoras está pudriéndose en un camión que no puede pasar.

También puede ocurrir en la prestación de servicios. Como en el Mío, el sistema de transporte masivo de Cali, cuyas estaciones fueron vandalizadas y quemadas, lo mismo que algunos buses. Otro ejemplo es el servicio esencial de la Justicia cuando vándalos queman el palacio de justicia en Tulúa sin que la fuerza pública haga nada por prevenirlo, a pesar de estar avisada.

Las consecuencias económicas del choque de oferta son desempleo e inflación. Desempleo, porque muchas empresas y negocios, sobre todo los pequeños –como nuestro panadero–, no tienen cómo resistir una parálisis de la producción y las ventas; se quiebran y deben despedir a sus empleados. Inflación, porque la ley de la oferta y la demanda es inexorable y la escasez de papa sube su precio, o si no hay transporte público hacen su agosto los transportadores piratas cobrando más.

El choque de oferta producido por los bloqueos es todavía más grave porque llega después de un grave choque de demanda generado por la pandemia que dejó sin ingresos a millones de colombianos, redujo las ventas del comercio y las empresas, obligando a miles de ellas a cerrar y despedir empleados.

Frente a los choques de oferta no hay instrumentos de política que lo controlen. Aumentar el gasto público, bajar la tasa de interés o emitir dinero sirven para impulsar la demanda, pero son inútiles para aumentar la oferta.

Gran equivocación política de los dirigentes del paro por demorarse en desautorizar los bloqueos porque los más perjudicados por esta situación son, además de los pequeños empresarios, los más pobres vulnerables, porque se les encarecen los alimentos, deben caminar kilómetros para llegar a sus casas o, lo peor de todo, pierden el trabajo y los ingresos.

Mauricio Cabrera

Mayo, 2021

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La semana pasada, Mauricio Cabrera argumentaba que la falta de empleo decente es el problema y que la búsqueda de soluciones debería ser prioridad gubernamental y del sector privado. Ahora se refiere ‒y cuestiona‒ el plan de choque del gobierno, pues se requiere, primero que todo, un repunte fuerte de la demanda. Sin ello, las empresas no van a contratar trabajadores.

Para promover la creación de empleo juvenil el gobierno acaba de lanzar un “plan de choque”, consistente en dar a las empresas un subsidio de 25 % del salario mínimo ($227.000) por cada nuevo joven que contraten, pagando todas las prestaciones y parafiscales. Con recursos por un billón de pesos destinados al programa, el gobierno espera que se generen 500.000 nuevos empleos.

Sin ánimo de ser Casandra de oráculos pesimistas, debo decir que el plan tiene mucha probabilidad de fracasar, porque parece diseñado por personas que no tienen conocimiento de cómo las empresas toman la decisión de contratar un trabajador. Tres conversaciones imaginarias, pero muy reales, sirven para ilustrar esa afirmación.

Primera, en el restaurante del barrio, que estuvo cerrado seis meses por la pandemia, y que ha vuelto a abrir con aforo restringido, la chef y esposa del administrador le dice a su marido: “con ese subsidio del gobierno, ahora podemos contratar a los dos meseros que tuvimos que despedir el año pasado”. El marido le pregunta: “con dos meseros más, ¿vamos a tener más clientes al almuerzo o a la comida?”.

La chef responde que no, porque la gente todavía le tiene miedo al COVID-19. Sin embargo, con su sensibilidad social insiste en contratar a sus antiguos meseros. El marido saca su calculadora y le dice: “si les pagamos el salario mínimo, cada uno nos va a costar $1.4 millones mensuales; el gobierno nos da $227.000, ¿De dónde sacamos el resto?

La segunda es en un taller que confecciona prendas de vestir para conocidas marcas de ropa y que el año pasado tuvo que despedir a 10 de las 20 mujeres que empleaba porque le cancelaron muchos pedidos. El dueño llama al administrador y le dice que vuelva a engancharlas porque hay que demostrar que las políticas del gobierno sí sirven.

El administrador, con paciencia, corre su modelo en el computador y le presenta los resultados: “10 jóvenes nos pueden producir unos $50 millones mensuales de prendas de vestir; contratarlas nos cuesta $14 millones al mes; la tela y los materiales para la confección, unos $25 millones; otros costos y gastos unos $6 millones, de manera que es buen negocio porque tendríamos una utilidad de $10 millones, más los $2.2 millones del subsidio”. Pero temeroso, le pregunta al dueño: “¿a quién le vamos a vender esa ropa? Si no tenemos pedidos, ¿de dónde vamos a sacar los $47.8 millones que no nos da el gobierno?

Tercera, una gran empresa de alimentos que paga el doble del salario mínimo y que durante la pandemia aumentó sus ventas y para poder producir más contrató 10 nuevos trabajadores, pero ahora ha vuelto a los niveles anteriores de ventas. El presidente pide a su equipo que evalúe la contratación de 10 jóvenes para aprovechar los subsidios del gobierno. El gerente de operaciones le dice que serían un estorbo porque no tiene funciones para asignarles; al de talento humano le gusta la idea porque podrían aprovechar para jubilar anticipadamente a 10 empleados muy antiguos; pero el financiero replica y afirma que le costarían $28 millones, pero el gobierno solo le da $2.2 millones.

Conclusión: mientras no haya un repunte fuerte de la demanda, las empresas no van a contratar nuevos trabajadores. Si ahora se quiere generar 500.000 nuevos empleos, solo un programa de empleo público como el que planteé la semana pasada puede hacerlo.

Mauricio Cabrera

Mayo, 2021

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La falta de empleo decente es el problema, La búsqueda de soluciones que permitan ofrecer cientos de miles de nuevos puestos de trabajo debería ser la prioridad de toda la sociedad: gobierno y sector privado.

“…no quiero que naide pase las penas que yo pasé”, cantaba el gran Atahualpa Yupanqui. Este es el clamor latente de los miles de jóvenes que se han tomado las calles para manifestar sus frustraciones, su indignación, sus sueños de tener un futuro que hoy se les niega. Según la encuesta de Cifras y Conceptos el desempleo es hoy el principal problema del país para 74 % de los jóvenes.

La falta de empleo decente es el problema y la búsqueda de soluciones que permitan ofrecer cientos de miles de nuevos puestos de trabajo debería ser la prioridad de toda la sociedad: gobierno y sector privado.

Por supuesto, la pobreza y el hambre también asedian. Pero son solo la consecuencia de no tener un trabajo digno que les dé los ingresos para vivir. Por eso, propuestas como la Renta Básica son totalmente indispensables para que la gente pueda comer y sobrevivir, y se deben implementar ya, pero no son la solución de fondo del problema.

A los jóvenes y sus familias la Renta Básica les da presente, pero no les da futuro. El trabajo remunerado les da ingresos, pero sobre todo dignidad.

Se necesita un programa de empleo de emergencia que cree en el país por lo menos 500.000 nuevos puestos de trabajo. En medio de una recesión como la actual, el Estado es el único que tiene la capacidad de generar y financiar a corto plazo tal cantidad de empleos, pero no tiene la capacidad de administrarlos todos. Por eso, se requiere también la participación de la empresa privada y la sociedad civil.

Los subsidios a la nómina hubieran servido en marzo del año pasado, antes de que desaparecieran 4.5 millones de empleos, pero hoy ninguna empresa va a contratar un nuevo trabajador solo porque le cubran el 30 o 40 % del costo salarial, salvo que tenga la certeza de que va a poder vender lo que produzca ese trabajador, pues no tiene cómo pagar el resto del salario y los demás costos de producción.

¿Qué se ponen a hacer esos 500.000 trabajadores? Proyectos de creación de bienes públicos que no requieren un alto grado de capacitación: reforestación y recuperación de cuencas, de vías terciarias en el campo, de la malla vial en las ciudades, reparación y mantenimiento de infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.), servicios sociales para las comunidades, y tantas necesidades de bienes públicos que tiene el país.

Existen ejemplos exitosos de este tipo de programas. A nivel muy local y micro, el programa Guardianes de Paz y Cultura de la anterior alcaldía de Cali, que rescató a miles de jóvenes pandilleros. En un nivel territorial, el FOREC, que coordinó la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto de 1999, es un caso de eficaz colaboración público-privada.

El más ambicioso de estos programas fue el Civilian Conservation Corps (CCC) del presidente Roosevelt en medio de la gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. A lo largo de seis años empleó a cerca de 3.000.000 de personas, en su mayoría jóvenes, en labores de construcción de infraestructura y conservación y desarrollo de los recursos naturales en los terrenos de los parques nacionales.

El gobierno nacional debe liderar y financiar la creación de un programa similar, articulado con los gobiernos locales para su ejecución y con el sector privado para su administración.

Mauricio Cabrera Galvis

Mayo, 2021

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En el artículo anterior sobre el mismo interrogante, el autor planteaba varias hipótesis acerca de las causas de la confrontación que está viviendo Cali desde hace 12 días. Aquí las complementa, basado en varias cifras escalofriantes.

El paro continúa. Van 12 días de manifestaciones, plantones y bloqueos, pero también de actos de vandalismo y violentos enfrentamientos con la fuerza pública, que han dejado demasiados muertos y heridos de ambas partes. Cali sigue siendo la ciudad donde la confrontación es más intensa ¿Cómo fue posible que llegáramos a esta situación y que se prolongue tanto? La semana pasada plantee algunas hipótesis que hoy quiero complementar.

Ante todo, el contexto social. El director del DANE presentó la semana pasada, en un foro organizado por la Universidad Javeriana, las cifras de la pobreza y la desigualdad en Cali. Los resultados del impacto de la pandemia en la ciudad son aterradores. Perdonarán los lectores la cantidad de cifras, pero son necesarias para entender lo que ha sucedido.

En país de ciegos el tuerto es rey, y a comienzos de 2020 la situación de Cali era menos mala que en el resto del país, con una tasa de pobreza de 21.9 % frente a un 35.7 % nacional; en pobreza extrema los porcentajes eran 4.7 y 9.6 respectivamente, y en el índice de desigualdad 0.46 y 0.52. En cuestión de empleo la situación de Cali sí era ligeramente peor: 12.1 frente a 11.5.

Entonces llegó la pandemia y todo empeoró en el país. Se perdieron los avances sociales de una década: la pobreza nacional llegó a 42.5 (un aumento de 7 puntos) y 3.5 millones de personas se volvieron pobres (un aumento de 20 %). También se agrandó la desigualdad medida por el índice de Gini, que pasó de 0.52 a 0.54, volviendo a los niveles de comienzos de siglo.

Lo que en el país fue tormenta, en Cali fue huracán. La tasa de pobreza aumentó 15 puntos (el doble de la nacional) ‒llegó a 36.3‒ y el número de pobres aumentó 67 %, es decir, más del triple de lo que pasó en el país. Otro indicador alarmante es la pérdida de ingresos de los más pobres: mientras que en el conjunto del país fue de 24 %, en Cali fue de 50 %.

No hay explicación clara de estas diferencias, sobre todo porque los aumentos del desempleo sí han sido similares. El DANE presenta la radiografía del enfermo y corresponde a las universidades y centros de investigación encontrar las causas. Lo que es evidente es que un deterioro de esta magnitud, así sea en la capital del cielo, es el caldo de cultivo más propicio para una explosión social como la que estamos viviendo.

De otro lado, en la prolongación del paro confluyen dos factores; por una parte, el objetivo de grupos criminales de todas las tendencias que han infiltrado la legítima protesta para crear caos y zozobra y, por otra, la lenta y tardía respuesta del gobierno, tanto para atender los justos reclamos de la población, como para enfrentar con más inteligencia y menos violencia los desmanes y el vandalismo.

Dos ejemplos de la equivocada respuesta oficial: si el gobierno no hubiera tardado cinco días en retirar la reforma tributaria y hubiera llamado al diálogo desde el principio, el paro no habría tenido tanto combustible para continuar. Y si en lugar de enfrentar con la fuerza los bloqueos en la ciudad y en las carreteras, cuando ya se habían organizado, hubiera identificado con inteligencia los sitios donde iban a producirse e impedido que se formaran,  se habrían evitado muchos muertos y heridos.

Mauricio Cabrera Galvis

Mayo 9, 2021

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En el paro nacional que comenzó el 28 de abril, Cali fue la ciudad más afectada. Y los disturbios continuaron los días siguientes. La pregunta es por qué sucede esto en una ciudad que en el pasado se caracterizó por su civismo. Cualquiera que sea la causa, debe haber una fuerte reacción ciudadana contra toda clase de violencia.

Millones de personas participaron en el paro nacional del pasado 28 de abril y cientos de miles que salieron a las calles en todo el país para protestar contra el gobierno lo hicieron de manera pacífica. Pero en algunas ciudades, sobre todo en Cali, se desataron actos de violencia y vandalismo sin justificación ni relación alguna con las causas de la legítima protesta. ¿Por qué sucede esto en Cali?

Hay razones muy válidas para la protesta ciudadana: hambre, desempleo, encierro por la pandemia y mucha desigualdad. Basta ver los reportes entregados por el Dane esta semana, sobre el impresionante aumento de la pobreza, la miseria y el desempleo, para constatar que la situación social es una bomba de tiempo. El proyecto de reforma tributaria fue la chispa que la hizo estallar.

Dicho esto, hay que repetir la pregunta: si las marchas y manifestaciones fueron pacíficas en la inmensa mayoría de los 600 municipios del país en donde se realizaron, ¿por qué en Cali se desató la violencia? ¿Por qué continúa a pesar de los llamados de los organizadores del paro a que no haya más actos públicos?

No es fácil la respuesta y requiere un profundo análisis sociológico, pero se pueden plantear algunas hipótesis, a partir del hecho de que la mayoría de saqueos, bloqueos y actos de vandalismo son protagonizados por jóvenes. Una es el rápido y desordenado crecimiento de la ciudad generado por migraciones masivas de poblaciones del Pacífico y el Cauca, desplazados a su vez por la violencia o la falta de oportunidades, aumentado en los últimos años con los migrantes venezolanos.

Esto ha generado una urbe segmentada y segregada, con muchos habitantes sin sentido de pertenencia ni el reconocido sentido cívico de los caleños. Además, con niveles de desempleo muchísimo más altos que el promedio nacional, los jóvenes de esas comunas no ven futuro ni razones para cuidar o defender una ciudad que no les ofrece alternativas y frente a la cual solo sienten rabia y rencor.

Este contexto es propicio para que grupos criminales, narcotraficantes y otras especies recluten a estos jóvenes para quienes unos pesos ganados fácilmente son el camino de la supervivencia y el ascenso social. En medio de las protestas estos mismos jóvenes son convocados, y responden con celeridad, para el saqueo, los bloqueos y el enfrentamiento a la Fuerza Pública que en lugar de prevenir responde con la misma violencia insensata.

¿Quiénes se benefician de esta violencia? No son los organizadores del paro nacional que tienen objetivos políticos bien definidos: tumbar la reforma tributaria, oponerse al gobierno y ganar en las elecciones del año entrante. Para esos objetivos los desmanes son contraproducentes porque deslegitiman la protesta y generan una reacción contraria en muchos votantes, sobre todo de clase media, que les hace perder apoyo político.

Sí se benefician de una parte los delincuentes, y de otra los grupos de extrema derecha que encuentran argumentos populares para la represión, las políticas de mano dura, para sustentar sus propuestas de entregar armas a la población civil y lograr réditos electorales para sus candidatos que las promueven. Por eso no son absurdas las hipótesis de que por lo menos parte de los actos violentos y los desmanes son provocados por infiltrados de esas tendencias.

Cualquiera que sea la causa, debe haber una fuerte reacción ciudadana contra toda clase de violencia.

Mauricio Cabrera Galvis

Mayo, 2021

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Un análisis completo de la reforma tributaria que está en marcha debe responder tres preguntas: una, ¿se necesita?; dos, ¿qué debe incluir? Y, tres, ¿cuándo debe hacerse?

Con respecto a la pregunta de si es necesaria una reforma tributaria, no hay discusión: la coyuntura de la pandemia ha agrandado el hueco fiscal y se necesita recaudar ingresos adicionales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso sí, no puede decirse que se requiere para financiar los programas contra la pobreza y la desigualdad, porque estos no pueden ser la cenicienta del gasto público y si no hay impuestos nuevos hay que recortar gastos inútiles del Estado.

En cuanto a su contenido, desde hace muchos años hay un amplio consenso de que el país necesita una reforma estructural que simplifique el régimen tributario y lo modifique para que cumpla los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia. Esto quiere decir que se eliminen exenciones, que las rentas de capital de las personas naturales paguen más impuestos y que se disminuyan la evasión y la elusión.

La tercera pregunta es más complicada, porque el gobierno enfrenta la presión de los mercados financieros nacionales e internacionales para reducir el déficit fiscal pero, por otro lado, el mismo presidente Duque dijo hace unos meses que hacer una reforma tributaria en medio de la pandemia era suicida, porque subir impuestos reduce la demanda agregada y, por lo tanto, el empleo y el crecimiento.

El presidente tiene razón, salvo en un caso específico, que en los textos de economía se conoce como el “multiplicador del presupuesto balanceado”. Es “balanceado” porque ocurre cuando el gobierno sube los impuestos en una cierta cantidad, pero aumenta el gasto en la misma cuantía, y no se disminuye la demanda agregada. Por el contrario, se aumenta, porque para pagar los impuestos los particulares disminuyen su consumo, pero también sus ahorros, de manera que el aumento del gasto público es mayor que la disminución del consumo privado. Por eso hay un multiplicador que estimula el crecimiento y el empleo.

La mala noticia es que ese no es el caso con el proyecto de reforma presentado por el gobierno y, por lo tanto, sí va a producirse el suicidio pronosticado por el presidente. En efecto, según las cifras del Ministerio de Hacienda, la reforma aspira a recaudar $23.4 billones, pero el aumento del gasto será solo de $7.2 billones: $4.6 billones para el Ingreso Solidario, $1.8 billones para devolución del IVA y $0.8 billones para otros programas y subsidios.

El resto del nuevo recaudo se dedicará a reducir el déficit fiscal y la deuda pública, objetivos necesarios, pero no en medio de la aguda recesión económica que ha generado la pandemia y su manejo. Tal como está planteada, esta reforma frenará la recuperación y aumentará el desempleo; por eso, es inoportuna y debe aplazarse, sin que eso implique que deba aplazarse un programa de ingreso mínimo garantizado para los pobres y vulnerables.

De todas maneras es urgente aumentar ya los ingresos del fisco, pero afortunadamente hay otras alternativas para hacerlo que afectan mucho menos la demanda y el empleo, como la propuesta del presidente de la Andi de suspender los beneficios tributarios creados en la reforma de 2019, el Iva a las transacciones de finca raíz, el aumento de las regalías al oro y otras que analizaré posteriormente.

Mauricio Cabrera Galvis

Abril, 2021

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