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Mauricio Cabrera Galvis

Jesuita, 1969-1975. Filósofo y economista, con experiencia en el sector público (DNP y Minhacienda) y privado (Presidente del Banco de Occidente y de la Fundación FES), además de decano universitario y director programático del Partido Liberal. Ha sido miembro de juntas directivas (Ecopetrol, Grupo de Energía de Bogotá, Banco de Bogotá, Carvajal, Fabricato y otras). Actualmente es Vicepresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y dirige su firma de Banca de Inversión. Es conferencista y columnista de varios periódicos y de la nueva Revista Cambio Colombia. Casado con Adriana Zamorano, son padres de Alejandro y Andrés y felices abuelos de Cristóbal y Matilde.

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Exploración y producción de petróleo

Por Mauricio Cabrera Galvis 29 enero, 2023

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Como uno de los objetivos reiterados por el gobierno es la transición energética, parecería lógico que se plantee una pregunta elemental: ¿cuál es el futuro de la exploración y la producción de petróleo en Colombia? En las últimas semanas se ha dado un debate intenso al respecto, pero el debate se ha desviado hacia temas secundarios que distraen del verdadero problema.

Una primera precisión necesaria es que el problema del petróleo no es de producción, sino de consumo. La urgente y necesaria transición energética no significa necesariamente producir menos petróleo, sino consumirlo menos y sustituirlo por otras fuentes de energías renovables que emitan menos CO_2.Energía solar, eólica, geotérmica y, por supuesto, hidrógeno, son las nuevas fuentes que deben reemplazar los combustibles fósiles si queremos garantizar la supervivencia del planeta y de la especie humana.

De esta consideración proviene la gran paradoja de la transición energética, por lo menos para países como Colombia. Para consumir menos petróleo en el futuro, necesitamos producir más petróleo hoy. Porque sustituir las fuentes de energía es muy costoso y requiere billonarios recursos. Estimativos internacionales indican que el costo anual de la sustitución puede llegar a ser superior a 3 % del PIB mundial. Esta proporción en Colombia significaría más de 30 billones de pesos.

¿De dónde van a salir estos recursos, que son una vez y media lo que se espera recaudar con la última reforma tributaria? Ahí es donde entra el petróleo en la ecuación, porque es una fuente de recursos indispensable para este propósito. Además, no es solo cuestión de plata, sino de experiencia técnica y gerencial para la transición energética, que en Colombia la tiene Ecopetrol, que se ha convertido en una de las empresas líderes en energías no renovables como el hidrógeno.

La segunda precisión importante es que, a pesar de los titulares de algunos medios de comunicación, en Colombia no va a acabarse la exploración de petróleo, por lo menos en la próxima década, ni mucho menos se va a dejar de producir petróleo.

Lo que se ha dicho en las declaraciones oficiales es que no se van a dar nuevos contratos de exploración; pero hoy existen 322 contratos petroleros, de los cuales 207 son de exploración y los otros 115 ya están en etapa de producción. De los primeros, 35 estaban suspendidos y se están dando los pasos para reactivarlos. Con estos contratos habrá actividad exploratoria por lo menos durante diez años, y producción de petróleo ‒por lo menos‒ para otros diez.

En este punto es conveniente recordar la dinámica y los tiempos de los contratos petroleros, que se suscriben para períodos de 30 años, prorrogables por otros 10 o más. La etapa inicial es de 24 meses, la fase de exploración de seis años prorrogables por varios períodos de dos años, y luego viene la etapa de producción, que inicialmente es de 24 años. Ecopetrol, por ejemplo, tiene 265 sitios identificados con posibilidades de descubrimientos de hidrocarburos.

Hoy nadie sabe cuánto petróleo va a encontrarse con estos contratos. Si en uno de ellos aparece otro Cusiana, los demás pueden ser innecesarios; pero si no hay ningún descubrimiento importante, sí se va a necesitar firmar nuevos contratos, posibilidad que ya planteó la misma ministra de Minas. En otras palabras, es prematuro el debate sobre los nuevos contratos de exploración.

Mauricio Cabrera Galvis

Enero, 2023

29 enero, 2023 4 Comentarios

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Misión Orinoquía

Por Mauricio Cabrera Galvis 22 enero, 2023

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

La Orinoquía es la gran posibilidad del país para incrementar de una manera significativa la producción de alimentos, de manera que se logre la soberanía alimentaria y se produzcan excedentes para la exportación. Es una de las últimas fronteras para el desarrollo agrario del planeta.

El problema es que desde hace muchos años se viene diciendo que la Orinoquía es la gran posibilidad del país para incrementar de una manera significativa la producción de alimentos. En lo que va de este siglo se han producido cerca de 30 documentos oficiales con planes y programas para la altillanura y la Orinoquía, además de más de 15 consultorías de universidades y centros de investigación, sin mayores resultados para el desarrollo de la región. Así las cosas, puede llegar a repetirse algo similar a lo que se dice del Brasil: “La Orinoquía es la región del futuro y siempre lo será”.

Para que esto no suceda es necesario un nuevo enfoque en las políticas públicas, donde no solo se plantee un nuevo papel del Estado, sino que se establezcan novedosas formas de colaboración con todo el sector privado: empresarios y campesinos, academia y emprendedores, porque sin el trabajo conjunto de todos estos actores no será posible el desarrollo de la región.

Es posible que ahora sí se pueda. Desde su discurso de posesión el presidente Petro planteó la realización de “una misión del Estado, con todo el sector privado que quiera unirse, debe garantizar la plena alimentación sana de toda la sociedad colombiana y lograr excedentes de exportación”. El objetivo es lograr hambre cero en el país, para lo cual dijo: “necesitamos articular un modelo entre la gran corporación y la producción familiar campesina que respete la biodiversidad en la altillanura”. El sector privado debe responder a esta invitación.

El potencial de la Orinoquía

Con un área de 254.00 km^2, cuatro departamentos ‒Arauca, Casanare, Meta y Vichada‒ representan 22 % del territorio nacional, en su gran mayoría explotadas de una manera poco eficiente. En efecto, 40 % de esta enorme extensión ‒unos 100.000 km²‒ está dedicada a la ganadería extensiva que puede requerir hasta unas 15 hectáreas. para sostener una cabeza de ganado.

Sin necesidad de deforestar, y manteniendo otro 40 % del área de la Orinoquía dedicada a la conservación de bosques naturales o plantaciones forestales, hay un gran potencial para utilizar el resto de esa tierra de manera más productiva. Empezando por la misma ganadería, pues ya hay tecnologías de ganadería sostenible y regenerativa que pueden sostener dos cabezas de ganado por hectárea, aumentando de manera impresionante la producción de carne.

En materia de producción agrícola también hay iniciativas importantes para aumentar la producción de alimentos. Hoy solo unos 10.000 km²(4 %) están dedicados a la agricultura, la mitad de estos en cultivos de palma de aceite y arroz, mientras que a maíz y soya se dedican otros 2000 km². En estos cultivos también se han desarrollado paquetes tecnológicos que incrementan la productividad de la tierra, con la gran ventaja que no son exclusivos de grandes empresas agroindustriales, sino que se han desarrollado esquemas asociativos para la vinculación de pequeños y medianos productores.

Una limitación que tiene la Orinoquía es su escasa población: en tan extenso territorio tan solo habitan 1.8 millones de personas, que son solo 3.5 % de la población nacional. Es una situación de tierra sin campesinos, que puede ser una oportunidad para que haya más campesinos con tierra, pero para lograrlo se requiere que exista la oferta de condiciones básicas de salud, educación y vivienda que atraigan nuevos pobladores y eviten que los actuales migren a las ciudades.

La misión Orinoquía

Lograr el desarrollo equitativo, sostenible y sostenido de un territorio con tanto potencial requiere un nuevo modelo de relacionamiento entre el Estado y el sector privado, en el que no se vean como competidores y contrincantes, sino como socios en la búsqueda de un objetivo común.

Un enfoque que puede permitir este nuevo relacionamiento es el concepto de “Misión Economía” que ha elaborado la profesora Mariana Mazzucato, según la cual “Los enfoques de política orientada por misiones exigen combinar las misiones públicas con los fines privados. Para ello, es necesario que tanto el Estado como las empresas estén dispuestos a colaborar de forma más simbiótica, lo que, a su vez, permitiría replantear el contrato social”.

La profesora Mazzucato ya ha presentado en el país sus proyectos y la invitación del presidente Petro al sector privado es precisamente a que se realice este tipo de misiones para objetivos específicos.

Las Misiones son objetivos concretos dentro de un gran reto, que actúan como marcos y estímulos para la innovación. Deben establecer un conjunto de objetivos claros que solo pueden ser alcanzados mediante un portafolio de proyectos y políticas de apoyo.

Algunas características importantes de las misiones es que debe ser atrevidas e inspiradoras y revestir una gran importancia para la sociedad; marcar una dirección clara; tener fines concretos, medibles y con plazos; llevar a cabo iniciativas de investigación e innovación ambiciosas, pero realistas, y permitir una innovación interdisciplinar, intersectorial y con diferentes actores.

El objetivo que se puede plantear para la Misión Orinoquía es convertir la región en líder de la producción agropecuaria y la protección del medio ambiente, con inclusión social y modelos asociativos que fortalezcan la economía campesina y mejoren la calidad de vida de la población.

Un objetivo tan ambicioso requiere la participación de muchos sectores y entidades del gobierno y del sector privado y su éxito depende de la formulación y estructuración de proyectos bien definidos, a los que deben asignarse los recursos necesarios, definiendo los responsables de su ejecución con metas verificables. En una palabra, proyectos con buena gerencia.

Mauricio Cabrera Galvis

Enero, 2023

22 enero, 2023 1 comentario

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El Sur también existe

Por Mauricio Cabrera Galvis 15 enero, 2023

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

El derrumbe de la montaña en Rosas, Cauca, que bloqueó el tránsito por la olvidada Vía Panamericana, le recordó al gobierno que, como en los versos de Benedetti que cantaba Serrat, “con su esperanza dura / el Sur también existe”, y que es urgente y necesario invertir en proyectos de infraestructura en el suroccidente colombiano, región siempre relegada en las decisiones del presupuesto nacional.

Por supuesto que la situación de la Vía Panamericana en el suroccidente del país no es un problema del gobierno actual, sino que es la crónica de una crisis anunciada. Al gobierno Petro le toca enfrentar la emergencia producida por el taponamiento de la vía y construir a la carrera alternativas terrestres, marítimas o aéreas, que permitan el flujo de personas y bienes entre el suroccidente y el resto del país. El origen de esta crisis viene de muchos años atrás, porque en todos los gobiernos anteriores han sido muy pocos los proyectos de infraestructura que se han realizado en esta región.

La importancia de la llamada Vía Panamericana es indiscutible, pero se necesitó un derrumbe que la taponara para que el país la reconociera. Ahora se repite que es la arteria que une a Colombia con el resto de Suramérica y que es muy grande el golpe a nuestro comercio exterior, pues Ecuador y Perú son los principales destinos para nuestras exportaciones no tradicionales.

También en el plano doméstico ahora se nota lo importante que es la oferta de productos agropecuarios de esta región, como la leche o la papa, para todo el occidente del país. O que esta carretera es indispensable para el abastecimiento de bienes esenciales (alimentos, gasolina, etc.) del departamento de Nariño.

A pesar de su importancia estratégica y económica, el abandono histórico del suroccidente es evidente. La mejor demostración es la asignación de recursos que se hizo en los proyectos de carreteras y autopistas realizados desde comienzos de este siglo. En las denominadas concesiones 3G se suscribieron 16 contratos por 15 billones (unos 30 billones a pesos de hoy), de los cuales ninguno se realizó en el suroccidente.

En las concesiones 4G fueron 29 proyectos por valor de 61 billones (unos 90 billones a pesos de hoy), de los cuales solo dos ‒por valor de cuatro billones‒ correspondieron a una parte de la Vía Panamericana: Santander de Quilichao-Popayán y Pasto-Rumichaca, con la salvedad de que el primero ni siquiera ha podido empezar después de siete años de adjudicado, por problemas de licencias y consultas previas.

El contraste con otras regiones es apabullante. Mientras que para la hoy taponada carretera solo se destinó 5 % del valor invertido, para las carreteras de Antioquia se destinaron 20 billones (26 % del total); en la conexión de Bogotá con los Llanos se han invertido 15.2 billones (20 % del total) y en otras vías, que conectan a Bogotá con sus vecinos, otros 9.5 billones (12.3 %). La Costa Atlántica ha recibido menos en proporción a su extensión, pero le fue mejor que al Suroccidente, pues recibió 8.2 billones (10.6 %).

Ya existen los estudios para la vía Popayán-Pasto ‒proyecto que costaría unos seis billones‒, pero el gobierno anterior no lo incluyó en la primera ola de las concesiones 5G. El presidente Petro anunció su decisión de impulsar este proyecto y aunque tomará varios años en licitarlo y construirlo, ojalá se inicie pronto para enmendar el abandono histórico de un sur que también existe.

Mauricio Cabrera Galvis

Enero, 2023

15 enero, 2023 1 comentario

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Crisis de los SITM

Por Mauricio Cabrera Galvis 18 diciembre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) han sido la gran apuesta del país para modernizar y fortalecer el transporte público como una estrategia para mejorar la calidad de vida en las ciudades, disminuir los tiempos de viaje de los ciudadanos y reducir el uso de combustibles fósiles. La apuesta está a punto de fracasar por las enormes dificultades financieras que enfrentan estos sistemas, que los tienen en riesgo de quiebra.

La quiebra de los SITM

Una empresa está quebrada cuando de manera reiterada sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. Esto está sucediendo con todos los SITM que operan en el país desde hace varios años, pues los buses solo han podido seguir rodando gracias a cuantiosas transferencias de los municipios.

Cuando se diseñaron y estructuraron los SITM, el esquema financiero planeado consistía en que el sector público pagaba la construcción de la infraestructura de carriles dedicados y las estaciones, y le correspondía a los concesionarios privados comprar y operar la flota de buses. La inversión pública era a fondo perdido, pues nunca se recuperaba, mientras que la inversión de los concesionarios, junto con sus utilidades y los gastos de operación, se repagaba con el recaudo de pasajes.

La inversión pública en los siete SITM construidos ascendió a unos $20 billones, de los cuales la Nación aportó 70 %, y los municipios y distritos especiales el 30 % restante, financiado en su mayor parte con recursos de la sobretasa de la gasolina.

Como es flaca sobremanera toda humana previsión, las proyecciones del cierre financiero se quedaron en el papel, los recaudos de pasajes no han sido suficientes para el repago a los concesionarios y, en algunos casos, ni siquiera han bastado para cubrir los gastos de operación, por lo que se han generado cuantiosos déficits que aparecen en el cuadro siguiente y que han tenido que ser cubiertos con transferencias de los municipios para evitar que las ciudades se queden sin servicio de transporte público.

Dos anotaciones sobre estos cuantiosos subsidios: la primera, es que corresponden a los déficits que tenían los SITM antes de la pandemia y que se incrementaron con la reducción de pasajeros generada por el encierro de las ciudades, la cual no se ha recuperado, de manera que los déficits estimados para este año y para 2023 serán aún mayores.

La segunda, es que a pesar del apoyo público, Metrocali de Cali y Megabús de Pereira tuvieron que acogerse a la Ley 550 de reestructuración ante la imposibilidad de pagar sus acreencias.

Los pasajeros que nunca llegaron

Aunque ha habido algunos retrasos en los ajustes anuales que debían hacerse a las tarifas, estos no son significativos y la causa principal de la crisis de los SITM es que no se cumplieron las proyecciones de pasajeros que utilizan estos sistemas. El éxito inicial del Transmilenio en Bogotá, con la troncal de la avenida Caracas, indujo a que se pensara que ese modelo era replicable con igual éxito en las demás ciudades.

La realidad resultó muy diferente, inclusive para las nuevas rutas y el SITP de Bogotá, pues frente a los 5.8 millones de pasajeros diarios que se esperaba, el máximo que se llegó a movilizar antes de la pandemia fue 4.2 millones, es decir, 72 % de lo esperado. Un factor que es más grave en esta ciudad es la cantidad de “colados” que no pagan pasaje, que se estima que puede llegar a 30 % de los usuarios, lo que genera pérdidas al sistema por $40.000 millones mensuales.

En Cali y Barranquilla la situación es mucho peor. En Cali se llegó a un máximo de 490.000 pasajeros/día en 2013, y de ahí descendió a 390.000 antes de la pandemia, es decir, 39 % de la demanda esperada. Barranquilla, por su parte, empezó más tarde, pero tampoco superó 40 % de los pasajeros esperados.

El impacto de la pandemia agravó la situación financiera de los SITM, pues en 2020 se redujo en más de 60 % el número de pasajeros transportados en todas las ciudades. Aunque el año siguiente se recuperó parte de la demanda, en 2022 en ninguna ciudad se había logrado volver a los niveles de 2019. En Cali, los bloqueos durante el paro nacional llevaron a que no hubiera ninguna recuperación en 2021.

Ante esta realidad se hace indispensable una reestructuración a fondo de los SITM, pues es claro que nos son sostenibles financieramente y no puede seguirse subsidiando permanentemente con recursos de los fiscos municipales, máxime cuando pronto habrá que renovar las flotas de buses.

Mauricio Cabrera

Diciembre, 2022

18 diciembre, 2022 1 comentario

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Crece el déficit externo

Por Mauricio Cabrera Galvis 12 diciembre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Sigue creciendo el déficit externo del país y, por lo tanto, las necesidades de financiarlo con capitales internacionales, lo que incrementa cada vez más los pasivos externos del país. El examen de los datos hasta septiembre, publicados por el Banco de la República (BR) y el Dane, muestra esta realidad y confirma que la vulnerabilidad externa es una de las herencias más complicadas que dejó el gobierno anterior.

La cuenta corriente de la balanza de pagos contabiliza todos los ingresos y egresos de las transacciones de bienes y servicios con el exterior. Cuando compramos al resto del mundo más de lo que vendemos significa que el país gasta más dólares que los que recibe y se produce un déficit que debe ser financiado con créditos externos o con dólares provenientes de la inversión extranjera y de capitales golondrina.

Según el BR el déficit de la cuenta corriente llegó en el tercer trimestre de este año al récord histórico de 7.2 % del PIB, y en lo corrido del año acumuló la impresionante cifra de 16.453 millones de dólares, que se han cubierto con ingresos netos de capital por cuantía similar, lo que significa que los pasivos internacionales del país se han incrementado en ese monto y continúa creciendo el saldo negativo de nuestros activos menos pasivos internacionales, que ya llega a la suma de 176.500 millones de dólares. Le debemos al resto del mundo una suma equivalente al 52 % del PIB, que es lo que produce la economía en un año.

Dos factores explican tamaño déficit. El primero, el saldo del comercio de bienes y servicios, que es negativo en 12.700 millones de dólares y, el segundo, otros 12.900 millones de dólares, que es la diferencia entre lo que pagamos al resto del mundo en intereses por los créditos externos y por dividendos a las empresas internacionales que tienen inversiones en Colombia, y lo que recibimos de otros países por los mismos conceptos.

La suma de estos dos factores arroja un saldo negativo de 25.600 millones de dólares, pero el déficit de la cuenta corriente es menor gracias a los ingresos provenientes de nuestro segundo producto de exportación (después del petróleo), que son los colombianos que han migrado a otros países buscando las oportunidades que no encuentran en su patria y mandan dinero a sus familias. Este año se han recibido 6.873 millones de dólares por estas remesas, que equivalen a 2.7 % del PIB, y otros 3.343 millones de dólares de otras transferencias recibidas por el sector público.

En el comercio de bienes sorprende la dinámica que continúan teniendo las importaciones que en lo corrido del año, según el Dane, llegaron a 53.390 millones de dólares con un crecimiento de 40 % con respecto al mismo período del año anterior. Inclusive, si se compara con lo importado en 2019 ‒antes de la pandemia‒, el crecimiento es aún mayor, de 50 %.

El mayor valor de las importaciones no se debe solo al alza de los precios internacionales de las materias primas, pues en pesos constantes que publica el Dane el incremento es de 30 %. Quienes todavía afirman que en Colombia no ha habido apertura, seguro no han revisado las cifras que muestran que en 1990 las importaciones representaban 8 % del PIB, y este año son el 26 %.

Queda pendiente una interesante pregunta: ¿por qué la devaluación del peso todavía no ha frenado las importaciones?

Mauricio Cabrera Galvis

Diciembre, 2022

12 diciembre, 2022 0 comentario

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El fracaso del transporte público

Por Mauricio Cabrera Galvis 8 diciembre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Para remediar el fracaso del transporte público es necesario invertir para mejorar la calidad del servicio y tomar medidas que desestimulen el uso de los vehículos privados, así estas no sean populares.

Una de las grandes contradicciones o fracasos de las políticas públicas en las últimas décadas es la del manejo de la movilidad urbana. Desde la Ley 310 de 1996 todos los gobiernos han definido como su prioridad los sistemas de transporte público, pero al mismo tiempo han hecho muy poco para desestimular el transporte privado e, inclusive, han mantenido beneficios que incentivan el uso de las motocicletas.

La política de promover el transporte público es incuestionable para tener ciudades sostenibles, puesto que disminuye el uso de combustibles fósiles, es un uso más eficiente del limitado espacio de las vías urbanas, ahorra el tiempo de viajes en la ciudad y reduce la accidentalidad vial.

En este siglo los gobiernos, tanto nacional como territoriales, han invertido más de 20 billones de pesos en el desarrollo de Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) en siete ciudades que tienen más de 600.000 habitantes, al igual que en Sistemas Estratégicos de Transporte (SETP) en ocho ciudades cuya población abarca entre 250.000 y 600.000 habitantes.

A pesar de tan cuantiosas inversiones los resultados han sido muy malos. En 2007, en todos los sistemas de transporte público de las 23 ciudades principales del país se movilizaban 11,7 millones de pasajeros diarios. En los siguientes 15 años la población de esas ciudades aumentó cerca de 30 % y el número de pasajeros… se redujo a 8,5 millones (-27 %).

La única ciudad en la que hubo un ligero aumento fue Medellín (2,7 %). En el otro extremo, en Cali y en Bucaramanga, los pasajeros movilizados se redujeron 67 %; en Barranquilla, 45 %, y en Bogotá, 11 %. En el resto de ciudades la reducción fue de 47 %.

No es ningún misterio la razón de esta tendencia: si aumentó el número de viajes urbanos y disminuyeron los usuarios del transporte público es porque aumentó la cantidad de vehículos privados, en particular las motocicletas.

En 2007 circulaban en el país 5,2 millones de vehículos privados: 2,4 millones de motos y 2,9 millones de carros. En 15 años, el total de vehículos se había más que triplicado hasta llegar a 17,7 millones, sobre todo por el aumento de motos, que fue de 352 %, llegando a 10,8 millones.

Desde el punto de vista individual es lógica la decisión de usar el vehículo privado en lugar de buses, no solo por la comodidad y el ahorro de tiempo, sino por los otros usos del vehículo como medio de transporte familiar. Además, en el caso de las motos se ha facilitado su adquisición, pues con los amplios planes de financiación existentes es posible pagarlas con lo que ahorra la familia en pasajes.

Sin embargo, esta lógica individual tiene un enorme costo colectivo, pues con más vehículos circulando aumentan los trancones, los accidentes y la emisión de gases.

Mauricio Cabrera Galvis

Diciembre, 2022

8 diciembre, 2022 1 comentario

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Movilidad urbana: ¿pública o privada?

Por Mauricio Cabrera Galvis 4 diciembre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Uno de los indicadores utilizados para analizar el grado de desarrollo de un país es la calidad de sus sistemas de transporte público. Con ese indicador se evidencia que Colombia en un país en vía de subdesarrollo porque en las últimas décadas, a pesar de billonarias inversiones en transporte público, este cada vez moviliza menos pasajeros, mientras que el número de vehículos privados crece de manera acelerada.

Se supone que los sistemas de transporte público son fundamentales para reducir la congestión, la contaminación y la accidentalidad de las ciudades. Sin embargo, en lo que ha sido una de las mayores contradicciones de las políticas públicas en Colombia, se han formulado ambiciosos y costosos planes de inversión en distintas modalidades de transporte público, pero a la vez se han dado todas las facilidades para el crecimiento del parque automotor privado.

La decadencia del transporte público

Cali es uno de los casos más dramáticos del retroceso en el uso de transporte público. En 2007, antes de que entrara en funcionamiento el Mío ‒que es el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de la ciudad‒, en todas las modalidades de transporte público (buses, busetas, colectivos, etc.) se movilizaban unos 350 millones de pasajeros al año. En 2015, la cantidad anual de pasajeros, incluyendo los que usaban el Mío, se había reducido a 212 millones (una caída de 40 %) y en 2019 ‒antes de la pandemia‒ solo utilizaron todos los medios de transporte público 186 millones de pasajeros en un año.

Casi todas las ciudades del país, exceptuadas Bogotá y Medellín, también sufrieron caídas en el número de pasajeros movilizados en transporte público, lo que se agravó con la pandemia, como se observa en el siguiente cuadro:

En Barranquilla, en 2007, más de un millón de pasajeros utilizaba a diario el transporte público, cifra que se redujo en 26 % en 2019, incluyendo los usuarios de Transmetro, que es el SITM de la ciudad. El caso de Bucaramanga es aún más agudo, pues allí la reducción fue de 50 %, de nuevo incluyendo su SITM, que se denomina Metrolínea.

Solo en Bogotá y Medellín el comportamiento fue diferente, pues con el éxito inicial de Transmilenio y del Metro de Medellín, en esas dos ciudades el número de usuarios del transporte público se incrementó 7 % en el período señalado. En el resto de ciudades del país el descenso fue del orden de 25 %.

Con la pandemia la tendencia se hizo más pronunciada, de manera que las últimas cifras del DANE muestran que en el tercer trimestre de 2022 en todas las ciudades, con excepción de Medellín, se registraba una menor movilización de pasajeros en transporte público que 15 años atrás. La comparación es más grave si se recuerda que en este período la población urbana creció cerca de 30 %.

Su majestad la moto

Si el número de habitantes ha aumentado, si las distancias de desplazamiento son más largas, si el Estado ha invertido más de $20 billones (equivalente a lo que se espera recaudar en la reforma tributaria) en la infraestructura de los SITM en siete ciudades, ¿por qué ha disminuido el número de pasajeros del transporte público?

La respuesta es de Perogrullo: ha aumentado el número de vehículos privados, en especial las motocicletas:

En 2007 circulaban en el país 50.000 vehículos de transporte público; 15 años después solo lo había 36.000. Es cierto que la entrada en funcionamiento de los SITM permitió la chatarrización de buses y busetas obsoletos, pero también otros salieron de circulación por falta de pasajeros que se pasaron a sus vehículos privados. La contrapartida es que en el mismo período aumentaron cerca de cuatro millones de automóviles particulares y ocho millones y medio de motocicletas, lo que significa incrementos de 140 % y 352 %, respectivamente.

Desde el punto de vista individual es totalmente lógica la decisión de usar el vehículo privado en lugar de buses o busetas, no solo por la comodidad y el ahorro de tiempo, sino porque en el caso de las motos las facilidades de financiación y los subsidios tributarios permiten que se pague la moto con lo que se ahorra la familia en pasajes. Sin embargo, la decisión individual tiene un enorme costo colectivo, pues con más vehículos circulando aumentan los trancones, los accidentes y la emisión de gases que calientan el planeta.

Un agravante que agudiza la tendencia es que se crea un círculo vicioso difícil de romper: la gente busca su vehículo privado porque es mala la calidad del servicio público de transporte, pero esta calidad se deteriora aún más porque al disminuir el número de pasajeros se reducen los ingresos de los transportadores, que se quedan sin recursos para aumentar la frecuencia o el número de rutas.

No es fácil revertir la tendencia al predominio del vehículo privado sobre el transporte público, pero si se quiere mejorar la calidad de vida de las ciudades, disminuir la congestión de las vías y reducir el consumo de combustibles para hacer la transición energética es necesario no solo invertir para mejorar la calidad del servicio público, sino que es indispensable tomar medidas que desestimulen el uso de los vehículos privados, así estas no sean populares.

El impacto de esta reducción de pasajeros ha sido desastroso para los SITM, que hoy están a punto de quebrarse, pero este será tema de otra columna.

Mauricio Cabrera Galvis

Diciembre, 2022

4 diciembre, 2022 2 Comentarios

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El petróleo en la transición energética

Por Mauricio Cabrera Galvis 29 noviembre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

No sirve de nada que un productor pequeño, como Colombia, renuncie a los ingresos petroleros que necesita para financiar la transición energética.

La transición energética en Colombia significa disminuir la demanda de petróleo. Sin embargo, para poder hacerlo necesitamos aumentar la producción de petróleo. Esta aparente paradoja tiene dos explicaciones: una, que la demanda de petróleo en el mundo y en Colombia no depende de la producción de petróleo en nuestro país y dos, que la transición energética es muy costosa y los ingresos del petróleo ayudan a financiarla.

Una de las políticas claves del gobierno Petro es la transición energética justa, entendida como la sustitución de combustibles fósiles por nuevas fuentes de energía renovables y menos contaminantes. Es una política no solo acertada, sino necesaria y urgente, e inaplazable porque el calentamiento global es la amenaza más grande que enfrenta la humanidad.

En los países desarrollados la transición energética implica disminuir el consumo de energía; en Colombia es diferente, porque acá tenemos que aumentar la oferta de energía para garantizar a toda la población el acceso a la energía que hoy no tiene y que esta provenga de fuentes no contaminantes.

Otra diferencia importante es que nuestra huella de carbono es muchísimo menor. Por lo tanto, la gran responsabilidad de la descarbonización de la economía es de ellos. En efecto, mientras que la emisión de CO₂ per cápita en Colombia es de solo 1,75 ton, en China es 7,4 ton. y en Estados Unidos es 14,3 ton.

Sin embargo, no son buenas las perspectivas de reducción del uso de la energía o del petróleo en el mundo. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA) muestran que con las políticas actuales mientras la demanda de energía aumentaría 24 % hasta el año 2050, la de petróleo lo haría en 8 %.

El panorama es un poco mejor si los países cumplen los compromisos que han anunciado en foros como el COP 26. En este caso, la demanda de energía bajaría un poco (1,5 %) para el 2050 y el uso del petróleo disminuiría una tercera parte. El problema es que para alcanzar estos objetivos es necesario invertir entre 6 y 10 billones de dólares anuales, es decir, entre el 6 % y el 10 % del PIB mundial, y una proporción similar en Colombia.

Colombia debe disminuir el consumo de combustibles fósiles y reemplazarlos por fuentes de energía renovables, pero la producción misma del petróleo cada vez genera menos gases contaminantes por el esfuerzo tecnológico que está haciendo Ecopetrol para reducir el 50 % de sus emisiones antes de terminar esta década.

Lo mismo sucede en el resto del mundo. Como en el caso del narcotráfico, reducir los cultivos de coca no resuelve el problema mientras exista una fuerte demanda por alucinógenos. Así, la emisión de CO₂ no se va reducir porque se produzca menos petróleo, sino solo cuando disminuya su demanda.

Mientras tanto no sirve de nada que un productor pequeño como Colombia renuncie a los ingresos petroleros que necesita para financiar la transición energética.

Mauricio Cabrera Galvis

Noviembre, 2022

29 noviembre, 2022 0 comentario

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Petróleo y transición energética justa

Por Mauricio Cabrera Galvis 20 noviembre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

¿Qué papel debe jugar el petróleo en la transición energética justa en Colombia? Esta es la pregunta clave para definir el futuro de la política petrolera del país. Para responderla es necesario hacer dos distinciones fundamentales. La primera, que el objetivo de la política pública es la transición energética en Colombia, no en el mundo; la segunda, una cosa es la demanda nacional de petróleo y combustibles fósiles y otra, muy distinta, la producción en Colombia de los mismos.

Transición energética en Colombia y en el mundo

Transición energética significa consumir menos energía y sustituir los combustibles fósiles que emiten más CO₂ por nuevas fuentes de energía renovables y menos contaminantes. Es una necesidad urgente e inaplazable porque el calentamiento global produce catástrofes ambientales, degrada los ecosistemas y amenaza las posibilidades de vida en el planeta Tierra.

Pero, para el caso de Colombia, la transición energética justa también significa garantizar a toda la población el acceso a la energía que hoy no tiene, y que esta provenga de fuentes no contaminantes. Por lo tanto, a diferencia de los países desarrollados, en Colombia debe aumentar la demanda de energía en las próximas décadas.

El objetivo de disminuir las emisiones de gases invernadero es un compromiso que ha asumido la mayoría de los países del mundo, aunque es claro que los países desarrollados son los mayores responsables de la contaminación, pues son los que más utilizan combustibles fósiles, como se observa en el gráfico siguiente:

Mientras en Colombia cada habitante emite menos de dos toneladas de CO₂, países como China o Alemania emiten cuatro veces más, y Estados Unidos 14.2 toneladas por habitante, es decir ocho veces más que nuestro país. Esta comparación no implica que Colombia no deba descarbonizar su economía, pero sí reconocer que los esfuerzos que hagamos acá no tendrán gran impacto sobre la meta mundial de cero emisiones, si los grandes contaminantes no se comprometen en serio con ese objetivo.

El futuro de la demanda de petróleo

El problema radica en que la humanidad no puede vivir sin energía y hoy los combustibles fósiles son la principal fuente de energía y seguirán siéndolo por décadas. Mientras haya millones de vehículos a gasolina o diésel, mientras las fábricas necesiten energía para mover sus máquinas, mientras las plantas de generación de energía funcionen con hidrocarburos, mientras los consumidores sigan utilizando productos de plástico en toda su vida cotidiana, seguirá existiendo una enorme demanda por hidrocarburos y sus derivados.

Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) muestran que el consumo de energía seguirá creciendo, por lo menos, durante dos o tres décadas, dependiendo de las políticas adoptadas por los países desarrollados, las que determinarán también si el consumo de petróleo se mantiene constante hasta 2050 o comienza a disminuir en unos 10 años.

El IEA proyecta tres escenarios del consumo mundial de energía: dos probables y uno deseable, pero improbable. El primero (actual) supone que en el mundo se mantienen las políticas actuales de reducción de emisiones y estímulo a energías renovables. Como no hay un esfuerzo adicional, no se logra el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados.

El segundo escenario (compromisos) se construye a partir de los compromisos de reducción de emisiones anunciados por los países en foros como el COP 26, a pesar de que casi ninguno haya adoptado todavía políticas para cumplirlos. En este escenario la temperatura se incrementaría en 1.7 grados.

El tercer escenario es hipotético y quiere mostrar cómo debería comportarse la demanda de energía y de combustibles fósiles para alcanzar la meta de cero emisiones en el año 2050.

En el escenario “actual” (en azul en el cuadro siguiente) el consumo diario de energía en el mundo equivale hoy a unos 212 millones de barriles de petróleo (m/bd), y continuará aumentando hasta el año 2050, cuando alcanzaría 262 m/bd. La demanda de petróleo aumentará de 94 a 102 m/bd, mientras que la de gas se mantendrá casi constante. La que si disminuirá más de una tercera parte será la de carbón, por ser el combustible más contaminante.

Si todos los países cumplieran sus compromisos (Escenario “Compromisos”, en verde esperanza en el cuadro) la demanda mundial de energía se mantendría constante hasta 2040 y luego se reduciría un mínimo 1.5 % en la década siguiente. Lo que sí se lograría en este escenario es la disminución de la demanda de combustibles fósiles, que serían sustituidos por energía solar, de viento y de agua.

Así, para el año 2050, el consumo de petróleo bajaría una tercera parte, de 95 m/bd a solo 57 m/bd; el uso de gas natural tendría una reducción similar y de nuevo el carbón tendría la mayor caída, de 70 %.

La dificultad de realizar este escenario radica en su costo. Un estudio del Fondo Monetario Internacional estima que en la próxima década se necesitarán entre 6 y 10 billones de dólares anuales en inversiones mundiales adicionales, tanto públicas como privadas, para mitigar el cambio climático. Esto equivale a entre un 6 % y 10 % acumulado del PIB mundial anual. Los requerimientos para Colombia se estiman en una proporción similar del PIB.

Y la producción de petróleo ¿qué?

En Colombia, la transición energética implica aumentar las fuentes de energía renovables para que podamos disminuir el consumo de gasolina, diésel y carbón; el uso del gas sí debe aumentar para sustituir la leña en los fogones campesinos y el carbón en las termoeléctricas.

Pero disminuir el uso del petróleo y sus derivados en Colombia no implica que acá debamos disminuir su exploración y explotación. Por el contrario, debe mantenerse y ojalá aumentarse, por dos razones: una, económica, y otra, estratégica.

La razón económica es que la transición energética es muy costosa y se necesitan multimillonarias inversiones para producir hidrógeno como combustible o para aumentar la generación eólica, la solar y la hidroeléctrica. Los cuantiosos ingresos que genera el petróleo son indispensables para financiar la transición. De hecho, Ecopetrol hoy no solo aporta billonarios recursos al fisco, sino que además lidera la transición energética con sus plantas solares y sus inversiones para producir hidrógeno y combustibles más limpios.

La razón estratégica se fundamenta en que Colombia es un pequeñísimo productor de petróleo, que aporta solo el 0.7 % de la oferta mundial, de manera que disminuir la producción de petróleo en Colombia no ayuda para nada en la transición energética, ni en el país ni en el mundo.

Para reducir la emisión de CO₂ debe disminuirse la demanda de combustibles fósiles, porque mientras haya quien use petróleo, habrá empresas y países que lo produzcan. En la lucha contra el calentamiento global no puede cometerse el mismo error que en la guerra contra las drogas, que ha sido pretender ganarla combatiendo a los productores y tratando de reducir la oferta, en lugar de disminuir la demanda. Si hacemos lo mismo con la explotación de petróleo también perderemos.

Por el contrario, podemos generar un círculo virtuoso: si mantenemos o aumentamos la producción de petróleo, y con la transición energética disminuimos su consumo en Colombia, tendremos más excedentes para exportar y más recursos para financiar esa transición.

Mauricio Cabrera Galvis

Noviembre, 2022

20 noviembre, 2022 2 Comentarios

Actualidad

Poner fin a la prohibición, ¡ya!

Por Mauricio Cabrera Galvis 13 noviembre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Coincidieron esa semana dos nuevos llamados para denunciar el fracaso de la guerra mundial contra las drogas y exigir que Colombia y el mundo adopten una nueva política antidrogas: el del presidente Petro en diversos foros en Francia y el de la Comisión Global de Política de Drogas. Son distintos a muchos de los llamados anteriores.

La Comisión Global es un grupo de 32 líderes mundiales, que incluye 15 expresidentes de países tan diversos como Suiza, Polonia, Suráfrica, Nueva Zelanda, Brasil, México, Chile y, por supuesto, Colombia, que desde 2011 viene estudiando el problema del narcotráfico y proponiendo cambios en la política para luchar contra ese flagelo.

Desde una posición inicial cautelosa, en la que señalaban que el tema de las drogas debía tratarse más como un problema de salud pública y no de policía, sus más recientes posiciones proponen directamente la legalización y regulación de todas las drogas llamadas ilícitas, derivadas de los cultivos de marihuana, hoja de coca y amapola.

Coincide con esta propuesta la posición del presidente Petro, pero con el hecho significativo de ser el primer presidente de Colombia que la plantea estando en ejercicio y que, como tal, convoca una conferencia internacional para lograr un consenso de todos los países involucrados que permita poner fin al prohibicionismo

Coinciden también las dos propuestas en el señalamiento del estruendoso fracaso del enfoque represivo, no solo porque ha sido incapaz de frenar el aumento de los cultivos de marihuana y coca en Colombia, sino por la estela de violencia, muertes y corrupción que ha dejado en nuestro país, mientras que en Estados Unidos no solo se queda la mayor parte de las utilidades del tráfico, sino que se ha convertido en el primer productor de marihuana en el mundo.

El subtítulo del reporte de la Comisión Global sobre la política de drogas en Colombia es El camino a una regulación justa y parte de una premisa elemental: para poder regular la droga es necesario que esté legalizada, puesto que no puede pedirse que el Estado regule y dicte normas sobre el comercio de un producto que es ilegal.

Un aspecto importante de las propuestas de despenalización y legalización de la droga que hace la Comisión Global es que van más allá del campo puramente penal y plantean que “Colombia debe adoptar un enfoque integral sobre las políticas de drogas que se base en los derechos humanos”, priorizando la reparación de los daños causados por largos años de prohibición, garantizando a los drogadictos el acceso a medicamentos como derecho a la salud y promoviendo la participación de los pueblos históricamente marginados.

De esta manera, la nueva política debe ser un “medio para garantizar el disfrute de los derechos culturales, económicos y sociales, aumentar las oportunidades del campesinado y fortalecer el Estado de derecho en el país”, lo que debe redundar en un “mayor grado de seguridad pública y promover la confianza entre los ciudadanos y el Estado”, además de lograr la desmovilización y reinserción de todos los grupos armados que controlan y viven del negocio del narcotráfico, lo que permitirá avanzar en la búsqueda de la Paz Total.

No hay que hacerse ilusiones, pero es posible que el peso internacional de los proponentes y el liderazgo que puede asumir Colombia lleve a que esta vez pueda lograrse el fin de la prohibición.

Mauricio Cabrera Galvis

Noviembre, 2022

13 noviembre, 2022 1 comentario

Actualidad

Las líneas azules del Partido Liberal

Por Mauricio Cabrera Galvis 6 noviembre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Las “líneas rojas” que trazó el partido liberal para aprobar la reforma tributaria en el Congreso* son en realidad unas líneas azules que demuestran lo conservador que se ha vuelto ese partido, abandonando sus principios históricos de lucha por la equidad y contra los privilegios de los ricos y poderosos.

Desde el programa liberal de Alfonso López Pumarejo en 1935, ya se afirmaba que “El partido liberal de Colombia seguirá luchando contra la inseguridad y contra los privilegios de todas las clases en busca de una igualdad de medios y oportunidades”. Sin ir tan atrás, a comienzos de este siglo, la plataforma ideológica del partido estableció como uno de los objetivos de los liberales el “Restablecimiento de un sistema tributario progresivo, eficiente y equitativo”.

Puede ser que a la bancada parlamentaria o a su director no les importen esas declaraciones históricas, pero por lo menos sí debían ser coherentes con lo que el mismo director escribió en abril de este año en un documento titulado La Colombia de hoy** que circuló durante la campaña electoral.

Veamos algunas de esas contradicciones

Impuesto a las pensiones mayores de $10 millones

En el documento se afirmaba: “Es importante establecer una tributación eficaz para las personas naturales adineradas que pagan poco en comparación con las empresas”.

Sin embargo, los congresistas liberales tumbaron el impuesto a las megapensiones con el falaz argumento que estaban defendiendo a los pobres pensionados, cuando en realidad están favoreciendo a una pequeña minoría y, sobre todo, defendiendo su propio bolsillo. pues en el futuro tendrán pensiones superiores a ese valor.

Para entender el injustificado privilegio que defendieron los liberales hay que recordar que en Colpensiones hay $1.8 millones de pensionados, de los cuales solo 8.613 (0.49 %) tienen pensiones superiores a 12 salarios mínimos. En los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, maestros y otros funcionarios públicos hay 700.000 pensionados y solo 7.928 (1.1 %) tienen pensiones altas.

Es decir, que arropados en un lenguaje demagógico de defensa de los intereses de los colombianos, solo favorecían a 16.500 personas que hoy reciben un cuantioso subsidio del Estado (o sea, de los contribuyentes), porque lo que cotizaron no les alcanza para la elevada pensión que están recibiendo. Los 497 pensionados de los fondos privados sí ahorraron lo suficiente, pero recibieron otros beneficios, pues no pagaron impuestos sobre los ingresos que ahorraron.

El impuesto al patrimonio y a la finca raíz

En abril decía el director del partido: “Hay que cerrar tantos huecos que tiene el Estatuto tributario, que esconde las tarifas reales de tributación, muy inferiores a las nominales y a las que dicen que pagan las personas con bienes de fortuna”.

La bancada no estuvo de acuerdo y trazó dos líneas rojas: intentó bajar el impuesto al patrimonio y eliminar el impuesto de timbre a las transacciones de finca raíz superiores a $800 millones. Su argumento era que estos tributos “generan riesgo para la desestimulación (sic) del ahorro y abre riesgo de doble tributación sobre los inmuebles”.

Estos dos nuevos tributos son los que más contribuyen a hacer más progresivo el régimen tributario en Colombia, pues las personas que tienen más de $3000 millones en patrimonio, o que pueden comprar un inmueble de $2000 millones están en un nivel muy alto de la distribución del ingreso. Por fortuna, en la plenaria no se acogieron las objeciones liberales, y se mantuvieron las propuestas del gobierno, aunque en el caso de impuesto al patrimonio no se logró que se contabilizaran los bienes al valor comercial.

Exenciones a las empresas y a las iglesias

De tiempo atrás la posición liberal había sido la de eliminar las múltiples exenciones a las empresas. Así lo reiteraron en el documento de abril: “Los liberales hemos propuesto eliminar todas las exenciones tributarias que durante varios gobiernos se les han entregado a las grandes empresas de la economía formal, con la excusa de que son ellas las que generan el empleo. Esto es evidentemente falso”.

Y en relación con la baja tributación de algunas empresas plantearon una propuesta que se incluyó en el proyecto de reforma: “Se puede considerar también la introducción de un impuesto mínimo de renta para las empresas, que permita mejorar sustancialmente la equidad en la tributación.

En contra de esta propuesta, la sexta línea azul de la bancada era: “6. Debe eliminarse la tributación mínima de las empresas. No hacerlo terminaría en una renta presuntiva del 15 %”, lo cual, además, era un sofisma porque la renta presuntiva se calcula sobre el patrimonio, mientras que en este caso era un impuesto mínimo sobre las utilidades recibidas.

También defendieron los congresistas liberales el mantenimiento de otras exenciones como las de las zonas francas y la deducibilidad de las regalías que pagan las empresas minero energéticas, y se opusieron al impuesto a las bebidas azucaradas.

Estas líneas azules también fueron derrotadas en la plenaria, aunque sí lograron excluir del tema de las regalías y de la sobretasa a las exportaciones a todos los minerales distintos a carbón y petróleo.

Finalmente, otra evidente contradicción con los principios liberales fue la de impedir que se gravaran las actividades comerciales de las iglesias con otro sofisma, pues según ellos lo hacen como “defensores de la libertad de cultos y de la labor social que desarrollan en las comunidades”. La realidad es que la propuesta no afectaba ni a las actividades religiosas ni a las de beneficencia que realizan las iglesias. Solo a los negocios no relacionados con esas actividades.

* https://twitter.com/PartidoLiberal/status/1585018769717354497

** https://es.scribd.com/document/571780195/Documento-Cesar-Gaviria

G. Mauricio Cabrera G.

Noviembre, 2022

6 noviembre, 2022 1 comentario

Actualidad

Impuesto al oro

Por Mauricio Cabrera Galvis 30 octubre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Los artículos 37 y 38 del proyecto de Reforma Tributaria establecen un impuesto marginal de 10 % a las exportaciones de oro, cuando el precio internacional del metal supere los USD 400/onza troy. Según la exposición de motivos del proyecto, con este tributo se espera recaudar alrededor de un billón de pesos .

Las quejas y reclamos por el impuesto marginal a las exportaciones de oro no se hicieron esperar. Como la mayoría de los críticos a la reforma, la razón para oponerse a este impuesto no es la verdadera, es decir, que afecta sus bolsillos y reduce la rentabilidad de su negocio, sino que se buscan otros argumentos. En este caso las grandes mineras de oro han aducido dos: primero, que buena parte del oro del país se exporta por contrabando, por lo que sería muy difícil lograr aplicar el impuesto; segundo, que este impuesto afectaría la formalización de los productores de oro más pequeños.

En los primeros debates en el Congreso, el ministro anunció que eliminaría el impuesto marginal a las exportaciones de oro en razón a los dos argumentos señalados. Creo que sería una equivocación hacerlo, y que este impuesto debe mantenerse, no solo porque estos dos argumentos son cuestionables, sino sobre todo porque es muy baja la contribución actual de las regalías que pagan los productores de otro.

La insignificante regalía del oro

Desde las épocas coloniales Colombia ha sido un importante productor de oro, pero con la reciente bonanza del precio internacional del metal el oro se convirtió en el tercer producto de exportación colombiano después del petróleo y del carbón, superando al café y duplicando las exportaciones de flores. El año pasado los ingresos por este concepto fueron de USD 3140 millones, el triple de lo exportado en 2015.

Más impresionante que este crecimiento resulta el ínfimo valor que recibe el país como regalías por la explotación de este recurso no renovable. En 2021, tan solo $326.000 millones, que equivalen a 2.7% del valor exportado, como se observa en el cuadro siguiente.

Resulta curioso observar cómo, cuando sube el precio del oro, el volumen de exportaciones es mayor al volumen de producción. Así, en 2021, según el DANE se exportaron 69.1 toneladas de oro, pero el ministerio de Minas solo registra una producción de 55.3 toneladas. O la gente salió a vender sus joyas ante la pérdida de ingresos por la pandemia o hay exportaciones ficticias para lavar dinero.

Las regalías han disminuido como proporción de las exportaciones, pasando de 5.8 % en 2015 al mencionado 2.7 % del año pasado, lo cual se explica porque las regalías se cobran sobre el volumen producido, que es menor que hace ocho años.

Es absurdo el régimen de regalías del oro en Colombia, que desde la ley 141 de 1994 se estableció en 80 % de 4 % del precio internacional, es decir, 3.2 % del valor producido; además, no es una regalía creciente ‒como en el caso del petróleo‒, que aumenta cuando sube el precio internacional. Solo para comparar cabe recordar que la producción de sal paga cuatro veces más: 12 % sobre el 100 % del valor en boca de mina. Seguimos como en el tiempo del cacique Tisquesusa, cuando en el altiplano cundiboyacense la sal era más valiosa que el oro.

¿Por qué se justifica el impuesto marginal a la exportación de oro?

Aunque hace años he venido proponiendo que debe aumentarse la regalía a la producción de oro, debo reconocer que es más eficiente y más fácil de controlar la propuesta de un impuesto marginal a la exportación, por la discrepancia que existe entre el volumen de producción y el de exportación.

Ahora bien, los dos argumentos en contra del impuesto al oro no son suficientes para eliminarlo de la reforma tributaria. Puede ser cierto que haya exportaciones de oro de contrabando, pero el volumen reportado por el DANE es suficiente para tener un recaudo cercano a 1 % del PIB. Además, como lo ha señalado el exministro José Fernando Isaza y lo demuestran las cifras, el contrabando opera en sentido contrario, es decir, ingresos no declarados de oro para venderlo y lavar dineros ilícitos.

Tampoco parece cierto que este impuesto vaya a incentivar las exportaciones de contrabando o la minería informal, porque al establecerse como un impuesto marginal sobre la diferencia en ingresos frente a un precio base de USD 400/onza troy, su impacto sobre los ingresos de los productores es muy bajo, mientras que el beneficio para el fisco sí es significativo.

En efecto, suponiendo un volumen de exportaciones de 60 toneladas ‒que es el promedio de los últimos cuatro años‒, puede calcularse cuál sería el valor del impuesto que se debería pagar por cada USD 200 que aumente el precio de la onza troy, con los siguientes resultados:

Así, por ejemplo, si el precio fuera de USD 1000, el impuesto solo representaría 6.0 % del valor exportado, y el gobierno recaudaría unos $503.000 millones. En las condiciones actuales de precio cercano a los USD 1800, el valor del impuesto sería 7.8 % de las exportaciones y el recaudo fiscal de casi $1.2 billones.

Dado que los ingresos por encima del precio base son utilidad neta para el productor, pues sus costos de producción no se incrementan, no parece factible que una tributación tan pequeña se convierta en un desestimulo para la producción, o un incentivo para el contrabando. Por supuesto que teniendo en cuenta los márgenes de rentabilidad del lavado de dinero, tampoco va a frenar los ingresos de oro de contrabando.

El gobierno no debe renunciar a esta fuente de recursos tributarios, sobre todo porque no ha habido ninguna propuesta para reemplazarla.

Mauricio Cabrera Galvis

Octubre, 2022

30 octubre, 2022 2 Comentarios

Actualidad

Campesinos sin tierra, tierra sin campesinos

Por Mauricio Cabrera Galvis 23 octubre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Después de 60 años de espera y frustraciones parece que al fin la reforma agraria está en marcha. Como lo ha explicado la ministra de Agricultura, Cecilia López, ya se inició la legalización de predios con la titulación de 618.000 hectáreas que se están repartiendo; de otra parte, se tienen identificadas otras 125.000 hectáreas expropiadas a los narcos y también se firmó el acuerdo con Fedegan para la compra de tres millones de hectáreas.

El gobierno tiene claro que la sola entrega de tierras no basta, sino que es necesario estructurar todo un programa para que los campesinos que la reciben puedan desarrollar proyectos productivos. Esto incluye muchos otros elementos, tales como crédito, paquetes tecnológicos, infraestructura vial, distritos de riego y canales de comercialización. Es un programa costoso, pero ya se están identificando recursos, tanto del presupuesto nacional como de la cooperación internacional, para realizarlo.

Con esta política habrá tierra para los campesinos colombianos; lo que no se sabe es si en el futuro habrá campesinos para cultivar esa tierra, por la tendencia al despoblamiento del campo colombiano. No hay duda de que los desplazados y víctimas recibirán con gran alegría las tierras que les adjudiquen, pero no es seguro que sus hijos quieran quedarse en el campo o más bien prefieran migrar a las ciudades, como han venido haciéndolo desde hace décadas.

Del campo a la ciudad

La masiva migración de campesinos a la ciudad es un proceso que viene dándose desde la primera mitad del siglo pasado. Inicialmente, fue inducida por la violencia conservadora; luego, en los años 70, fue impulsada por la política económica de las cuatro estrategias y de nuevo, a finales de los 90 y los primeros años de este siglo, fue acelerada por la violencia paramilitar y guerrillera. Así, mientras que hacia 1950 en el campo vivía cerca de 60 % de los colombianos, medio siglo más tarde este porcentaje había bajado a 30 %.

En lo corrido del siglo XXI continuó la tendencia a la migración a las ciudades, a pesar de algunos avances en la disminución de la violencia, de manera que la población del sector rural solo se incrementó en 7 % (750.000 personas), mientras que la de las cabeceras aumentó 32 % (9.5 millones de personas). En consecuencia, el año pasado los habitantes urbanos llegaron a 78 % de la población total y solo 22 % permanecía en el sector rural.

Esta tendencia general de la población se refleja también en la dinámica del empleo. Entre 2001 y 2021 se crearon en el país 5.4 millones de empleos, pero de estos solo 316.000 (menos de 6 %) fueron en la zona rural. La tasa anual de crecimiento del número de ocupados en las ciudades fue de 42 %, mientras que en el campo fue de solo 7.1 %.

Población y empleo en campo y ciudad (en millones)
	2001	2021	Variación %
Nacional
Población total	39.862	50.140	25,8 %
Población económicamente activa	19.128	24.617	28,7 %
Ocupados	16.452	21.857	32,9 %
Desocupados	2.675	2.760	3,2 %
Cabeceras
Población total	29.453	38.981	32,4 %
Población económicamente activa	14.265	19.516	36,8 %
Ocupados	12.002	17.090	42,4 %
Desocupados	2.263	2.426	7,2 %
Centros poblados y rural disperso
Población total	10.409	11.159	7,2 %
Población económicamente activa	4.863	5.101	4,9 %
Ocupados	4.451	4.767	7,1 %
Desocupados	412	334	-18,9 %
Fuente: DANE.

Tan bajo crecimiento de la población total y de los trabajadores no se debe a que el sector agrícola se haya estancado, pues en estas dos décadas el PIB agrícola creció 65 %. En solo los últimos 10 años el área sembrada se expandió de 2.9 a 4.6 millones de hectáreas; así mismo, el área destinada a ganadería pasó de 29 a 39 millones de hectáreas. Se está produciendo mucho más en el campo con menos trabajadores, lo cual equivale a un importante aumento de la productividad laboral que no se ha visto reflejado en los salarios.

Por la calidad de vida de los campesinos

La realidad que se experimenta en casi todo el sector rural es una escasez de mano de obra. Los cultivadores de café, de palma o de cacao, lo mismo que los ganaderos, manifiestan las dificultades que están teniendo para conseguir trabajadores para las labores de cosecha, a pesar de la presencia de migrantes venezolanos que han aumentado un poco la oferta de mano de obra.

No es difícil entender por qué los jóvenes campesinos prefieren buscar en las ciudades otras oportunidades de trabajo en lugar de las labores a sol y agua que realizaron sus padres y abuelos. No solo es la posibilidad de obtener un mejor salario, que no siempre se da, pues muchas veces solo logran empleos informales, sino sobre todo la calidad de vida por los servicios que encuentran en la ciudad.

Cuando han conformado una familia y tienen hijos, saben que en la ciudad tienen posibilidad de obtener vivienda propia con los subsidios públicos, así como acceso a mejores escuelas donde los niños no tienen que caminar kilómetros diarios, y servicios de salud mucho más completos que los precarios puestos de salud de sus veredas.

Ante esta realidad es indispensable incluir como uno de los elementos de la reforma agraria la provisión de bienes públicos que mejoren la calidad de vida de los campesinos. No es suficiente que tengan un pedazo de tierra propia o que logren mayores ingresos en sus proyectos productivos; tampoco que tengan oportunidades de trabajo decente, como mejores salarios y prestaciones sociales.

Vivienda digna, educación de calidad para sus hijos y acceso a servicios de salud son elementos esenciales para que los campesinos, en particular los jóvenes, quieran permanecer en el campo. Es obligación prioritaria del Estado ofrecer estos bienes públicos en todo el sector rural del país para no terminar en una reforma agraria que sea exitosa en resolver la injusticia de campesinos sin tierra, pero que lleve a una situación de tierra sin campesinos.

Mauricio Cabrera Galvis

Octubre, 2022

23 octubre, 2022 5 Comentarios

Actualidad

¿Inflación o recesión?

Por Mauricio Cabrera Galvis 9 octubre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

¿Qué prefiere usted, que el año entrante la inflación se mantenga alrededor de 10 % y que la economía crezca un 3 %, o que la inflación baje a 6 %, el crecimiento del PIB sea 0 % y aumente el desempleo? Este es el dilema que hoy enfrentan las autoridades monetarias- Es una pregunta tan difícil como la que le hace el tío impertinente a un niño pequeño: ¿usted a quien quiere más: a su papá o a su mamá?

Ante todo, hay que decir que no se trata de una pregunta abierta como ¿usted que prefiere: inflación o crecimiento? A esta pregunta cualquier economista razonable respondería con su palabra mágica: ¡depende! Porque la respuesta depende de las circunstancias y las magnitudes. Por ejemplo, cuando la inflación es de 80 % anual, como en Argentina, no hay duda que hay que bajarla a cualquier costo, pero con una inflación de 10 % y originada en aumento de costos y factores externos, la respuesta no es tan clara.

Es claro que un aumento de las tasas de interés del Banco de la República sí sirve para frenar la inflación, pero el mecanismo que funciona, que es el encarecimiento del crédito que desestimula el consumo y la inversión, a su vez frena la demanda agregada y, por lo tanto, el crecimiento económico. Por eso, se plantea el dilema entre inflación y crecimiento.

Por una interpretación equivocada de la Constitución del 91, hasta el año 1999 la posición del Banco frente a este dilema era que siempre prefería bajar la inflación a costa del crecimiento y el empleo; más aún, que su meta de inflación siempre debería ser menor que la del año anterior.

La Corte Constitucional corrigió esos desatinos en su sentencia C-481 de 1999, en la que definió de manera inequívoca que la finalidad del Banco no es exclusivamente luchar contra la inflación, sino que también debe preocuparse por el crecimiento, puesto que como organismo del Estado debe colaborar a sus objetivos esenciales como son mejorar la calidad de vida de la población, el pleno empleo y la distribución equitativa. Es un mandato similar al que tiene el Federal Reserve de los Estados Unidos.

Lo que la Corte no hizo, ni podía hacer, era determinar límites cuantitativos a esos dos objetivos y por eso, en la práctica la pregunta inicial con valores específicos es tan difícil de responder. Al seguir subiendo sus tasas de interés, el Banco ratificó que prefiere que la inflación baje el año entrante, aun sabiendo que podemos llegar a una recesión. Lo hace porque le preocupa el aumento de los intereses internacionales y porque cree que si no recupera la credibilidad de su meta y se consolidan expectativas de inflación altas, se perjudicará el crecimiento de mediano plazo.

El gobierno, por su parte, hubiera preferido que no subieran más las tasas, no solo por el seguro impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo, sino porque cree que van a empezar a disminuir las presiones de aumento de precios, en particular los de los alimentos y los servicios públicos, de manera que la inflación empezará a descender sin necesidad de frenar más la demanda.

Las dos posiciones son opiniones válidas sobre un futuro que ninguno de los dos puede predecir con certeza. Pero la decisión ya fue tomada y tendremos menos inflación y menor crecimiento.

Mauricio Cabrera G.

Octubre, 2022

9 octubre, 2022 0 comentario

Actualidad

Desaceleración económica y tasas de interés

Por Mauricio Cabrera Galvis 2 octubre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

La economía colombiana enfrenta un claro proceso de desaceleración y estancamiento. Después de alcanzar un crecimiento anual del PIB de 10 % en el primer semestre de este año, el Banco del República pronostica que el crecimiento del año entrante será de solo 0.7 %, un nivel tan bajo que sería el tercer peor año de la historia desde que se llevan estadísticas, tan solo superado (hacia abajo) en la recesión de 1999 y en el año de la pandemia.

Para entender la aguda desaceleración de la economía hay que tener en cuenta dos hechos: el primero, que no es un fenómeno que se vaya a dar el año entrante, sino que empezó a gestarse desde inicios de este año y, el segundo, el papel que tienen las decisiones del mismo Banco de la República en su pronóstico.

Una desaceleración anunciada

En un caso típico de estadísticas engañosas, la forma como se han presentado los datos de crecimiento del primer semestre de este año llega a la conclusión de que estamos en una bonanza económica sin antecedentes en la historia del país. En efecto, en el segundo trimestre del año se registró un crecimiento del PIB de 12.6 % comparado con el mismo período del año anterior, cifra superior al crecimiento de China en sus mejores épocas.

¿Cómo explicar esos sorprendentes resultados en un contexto mundial afectado por la guerra de Ucrania, la subida de los precios de las materias primas, la inflación y los rezagos de los problemas logísticos de la pandemia?

En primer lugar, porque es una ilusión estadística generada por la base de comparación, puesto que en el segundo trimestre de 2021 el crecimiento fue negativo por el manejo de la protesta social. Segundo, porque al hacer la comparación anual se incluyen los buenos resultados del segundo semestre del año pasado y se disimula el freno al crecimiento que se empezó a dar este año.

Una forma de apreciar esta ilusión estadística es con el Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) que reporta el DANE, que si bien es solo un dato aproximado del crecimiento de los distintos sectores productivos, sí tiene la ventaja de ser mensual y permite ver la tendencia de corto plazo del crecimiento. La línea naranja del gráfico siguiente presenta los cambios mensuales del ISE desde el año pasado.

Lo primero que se observa es la caída drástica en abril y mayo de 2021, los meses del paro nacional, que a pesar de la recuperación del mes de junio, implican un trimestre sin crecimiento económico, que al ser la base de comparación con el mismo período de 2022 arroja el ya mencionado excelente resultado de este trimestre.

También se aprecia en la gráfica que el segundo semestre del año pasado continuó con una tendencia positiva, con una tasa de crecimiento de 6.8 % respecto del nivel alcanzado en junio. Sin embargo, esta tendencia cambia desde el inicio de este año, cuando ya se empieza a frenar la economía, toda vez que en tres meses (enero, mayo y julio) se registran crecimientos negativos, y el ISE del mes de julio muestra un crecimiento de solo 1.5 % respecto del valor de diciembre.

Lo más preocupante de la cifra negativa del mes de julio (-0.3 %) es que es el resultado de una caída de la producción en todos los sectores de la economía, con la excepción de las de información y telecomunicaciones, que crecen 1.1 %, y las de inmobiliarias, que pasan raspando con 0.2 %. La caída es más aguda en el sector financiero y de seguros (-3,2 %) y en los servicios administrativos y de apoyo (-2.7 %).

La profecía autocumplida del Banco de la República

La segunda razón de un pronóstico de crecimiento del PIB de solo 0.7 % para el año entrante depende de los mismos que lo hicieron, es decir, del Banco de la República, que con sus decisiones de política monetaria está induciendo de manera explícita una desaceleración de la economía.

En el gráfico anterior la línea azul muestra la evolución de la tasa de interés de intervención del banco central, que en solo un año ha subido de 1.75 % a 10 %. La razón aducida por la Junta Directiva del Banco para este acelerado incremento es la necesidad de reducir el alza de los precios, que ya ha superado el 10 % anual y, sobre todo, la de controlar las expectativas de inflación, para mantener su credibilidad ante el mercado.

Es claro que la inflación actual se debe principalmente a factores de oferta, como la reducción de las cosechas de alimentos, y al incremento de costos como los de las materias primas importadas. Y es claro también que la subida de las tasas de interés no va a aumentar la cosecha de papa ni a bajar el precio del trigo de Ucrania, pero eso no significa que no sirva para controlar la inflación, solo que lo hace por una vía que frena el crecimiento económico.

El mecanismo es conocido: al subir las tasas de interés se hace más costoso el crédito y se desestimulan tanto la inversión como el consumo. La gente deja de hacer compras con tarjeta de crédito financiada al módico 36 %. Así se disminuye la demanda y bajan los precios, pero también el crecimiento económico.

Ese efecto no es inmediato, sino que actúa con un rezago que se ha calculado entre 9 y 12 meses. Por eso, es posible que la desaceleración de julio ya refleje las alzas de intereses del año pasado, pero sí es seguro que el año entrante se sentirá el efecto total, de manera que el pronóstico del Banco de la República es más bien una profecía de desaceleración que se cumple por sus decisiones de elevar las tasas de interés.

Mauricio Cabrera Galvis

Octubre, 2022

2 octubre, 2022 0 comentario

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