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Mauricio Cabrera Galvis

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La lectura bogotana de los resultados de las recientes elecciones regionales tiene el sesgo centralista de creer que lo que sucede en Bogotá es igual al resto del país, y que los electores de las regiones se comportan de la misma manera que los capitalinos. Por eso extrapolan los resultados de Bogotá y sacan conclusiones que generalizan para todo el país. Con lúcidas excepciones, por supuesto.

Que la votación en Bogotá fue una clara derrota para los partidos del Pacto Histórico, no los discute nadie, ni siquiera su candidato perdedor. Que eso significa un regreso del péndulo hacia el centro en una ciudad en la que la izquierda y el centro izquierda habían cosechado victorias importantes, también es un hecho innegable. Que el triunfo de la oposición sea transparente y que sea reconocido rápidamente por los derrotados es una demostración de la fortaleza de la democracia colombiana, es algo incuestionable y que nos debe llenar de sano orgullo democrático.

Lo que no es cierto es que esas conclusiones se apliquen para todo el país, tal vez sí para otras pocas ciudades grandes, pero no para la gran mayoría de municipios y departamentos.

No se trata acá de entrar en la controversia aritmética sobre si el Pacto Histórico ganó o perdió alcaldías y gobernaciones, porque la gran perdedora de estas elecciones fue la democracia colombiana que, con la excepción de unas pocas ciudades, otra vez resultó dominada, controlada, manipulada y manoseada por las maquinarias políticas de siempre, por los clanes regionales, por el partido de los contratistas, e inclusive por las mafias de compradores de votos, que conforman esa hidra de mil cabezas que la periodista Laura Ardila bautizó como la “Colombia Nostra”.

Los nombres de los elegidos en cada una de las regiones del país son bien conocidos, o se encuentran en las crónicas de varios medios de comunicación, de manera que, en lugar de repetirlos acá, con el riesgo de que siempre la lista sea incompleta, conviene mirar el proceso de cómo se llegó a esos resultados.

Partidos sin programas

Aunque este deterioro de la democracia viene de tiempo atrás -si es que alguna vez hubo un tiempo pasado mejor- en esta ocasión se agravó por la creciente debilidad de los partidos políticos, exacerbada con la laxitud del Consejo Electoral que repartió personerías jurídicas a diestra y siniestra, hasta llegar a la increíble cifra de 35 “partidos” políticos registrados, con capacidad de dar, vender o negociar avales y tratar de medrar de los recursos públicos de la reposición de votos.

Con tamaña proliferación de partidos es lógico que se multiplicaran también los candidatos inscritos: después de que se retiraran cientos de precandidatos, según la Registraduría quedaron 251 para 32 gobernaciones, 6.175 para 1.119 alcaldías y 106.429 para concejos municipales. Esto no es signo de una democracia fuerte, sino de una caricatura de democracia. En países como los europeos o Estados Unidos hay solo 2 o 3 candidatos para cada posición.

Consecuencia más grave aun es la desaparición de fronteras ideológicas. En un rompecabezas político de 35 piezas es imposible tener programas diferenciados, ni visiones de país, ciudad o región bien definidas que permitan al elector optar por una afín a sus preferencias. La campaña electoral se convierte entonces en una parodia de concurso de belleza -o de drag queens– donde el ganador es el que tiene la maquinaria más aceitada, el control de más puestos públicos, más contratistas recomendados o simplemente más plata para comprar votos.

En el caso de gobernaciones y alcaldías, como el trapo rojo ya no moviliza masas, ni la mano grande y el corazón firme son capaces de garantizar una mayoría, ni ellos ni ninguno de los otros partidos se animaron a lanzar candidatos propios (solo lo hicieron en 7 departamentos de los más pequeños del país), sino que se juntaron en una mescolanza de avales. Por eso las coaliciones fueron las ganadoras en esta ocasión, con 25 triunfos en las 32 gobernaciones. 

En el cuadro se muestra el número de coaliciones que hizo cada uno de los partidos en las elecciones de gobernadores. El campeón es Cambio Radical con 42 coaliciones (en varios departamentos la coalición se hizo con varios partidos, por lo que la suma es mayor a 32), pero le siguen muy de cerca los conservadores con 40, liberales y la U con 37. El de menor número es la Alianza Verde, con 13.

Más allá del amplio número de juntanzas, la falta de identidad programática se refleja en los socios de las coaliciones. ¿Qué afinidad tiene el otrora glorioso partido Liberal, con los hermanos godos, para haberse juntado en 8 departamentos? y ¿cuáles son sus principios comunes con el Centro Democrático, con el que hizo 6 alianzas?. Lo mismo cabe preguntarse de las 8 coaliciones entre el conservatismo y Cambio Radical, y así se puede recorrer toda la tabla.

La respuesta es muy simple: no se juntan por principios o ideologías similares sino por un objetivo idéntico: no quedarse por fuera de la repartición de la marrana, es decir de los puestos y los contratos departamentales.

PARTIDOS SIN PRINCIPIOS

Además de abandonar sus banderas, los partidos políticos también perdieron la vergüenza. Si en alguna época se cuidaban de seleccionar candidatos que por lo menos no tuvieran problemas con la justicia, ahora esa mínima decencia dejo de ser criterio de selección, tal como lo demuestra un detallado informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Este informe identificó 96 candidatos con “diversos cuestionamientos asociados a: investigaciones judiciales, disciplinarias y/o fiscales; presuntos nexos con estructuras armadas ilegales y/o economías ilegales; investigación por parapolítica o asociación a presuntos hechos y denuncias de corrupción”, de los cuales fueron elegidos 30 en los pasados comicios.

Pares también investigó cuales fueron los partidos que dieron avales o coavales y permitieron a estos candidatos cuestionados ser elegidos; encontró que 18 de los 35 partidos lo hicieron. No es que los otros partidos fueran más estrictos en su selección, sino que sus candidatos cuestionados no fueron elegidos.

Como se observa en el gráfico, el primero fue el Liberal con 15, seguido por el Conservador y Cambio Radical con 13 y 12 respectivamente. Otros partidos que no se muestran en el gráfico dieron 23 avales o coavales. De nuevo la suma es mayor que 30, pues todos los candidatos tuvieron más de un aval.

A este sombrío panorama de la Colombia Nostra, tan distinta a Bogotá, hay que añadir otros fenómenos preocupantes como la alta abstención o el aumento del voto en blanco, todo lo cual hace imperativa una profunda reforma política que rescate la democracia colombiana de su estado de postración.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia.

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Decíamos ayer que en Colombia se ha dado un paradójico desarrollo social: una clara disminución en desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos -reflejada en la significativa reducción de la pobreza multidimensional- pero ninguna mejoría en la desigualdad en la distribución del Ingreso -medida por el índice Gini del ingreso-.

Esta realidad suscitaba una pregunta: ¿Por qué no mejora la distribución del ingreso y los más ricos siguen teniendo la misma tajada del pastel, si han mejorado los ingresos de los más pobres? La respuesta es compleja, pero una de las razones es la desigualdad en la distribución de la riqueza que es peor que la del ingreso, y como plata llama plata, los que tienen activos que generan rentas de capital, cada vez van a ser más ricos.

La riqueza mundial en manos de muy pocos

La concentración de la riqueza es un problema mundial. Son múltiples los indicadores que muestran que esta desigualdad es mayor que la del ingreso. Por ejemplo, según los datos de la OECD, mientras que el 10% de las familias más ricas recibía entre el 20% y el 28% del ingreso nacional, al mismo tiempo eran dueñas de cerca del 50% de la riqueza, con la excepción de Suecia, donde solo era el 32%; el caso extremo es el de los Estados Unidos donde acaparan el 76%.

En la cúspide de la pirámide, la situación es todavía más aberrante: según los informes de OXFAM, antes de la pandemia, las 85 personas más ricas tenían más riqueza que el 50% más pobre la población. La situación ha empeorado, pues el 1 % más rico ha acaparado el 64% de la nueva riqueza generada en los últimos dos años. También dicen estos informes que los 10 megamultimillonarios del mundo poseen más riqueza que los 3 100 millones de personas más pobres.

Una fuente poco sospechosa de inclinaciones socialistas, como es el banco suizo Credit Suisse (ahora UBS), publica cada año el Global Wealth Report donde la pirámide de la riqueza mundial muestra una situación de enorme inequidad: 2 800 millones de adultos tienen activos por un valor menor a los 10 000 dólares y, aunque son el 52.5% del total mundial, solo poseen el 1.2% de la riqueza global. En tremendo contraste el 1.1% de la población adulta (59.4 millones) atesoraba el 45.8% de la riqueza mundial.

En América Latina también es peor la distribución de la riqueza que la del ingreso, con coeficientes de Gini hasta un 60% más altos en el caso de la riqueza. De nuevo, Colombia es el subcampeón regional de la desigualdad, solo superado por Brasil.

En Colombia la concentración es mayor 

Si en el mundo llueve, en Colombia diluvia: ni siquiera tenemos series estadísticas sobre la evolución de la distribución de la riqueza. Los pocos indicadores que existen, muestran un panorama peor que el del resto del mundo y, como ya se mencionó, peor que nuestros propios índices de concentración del ingreso.

Los datos del Credit Suisse muestran que la pirámide de la riqueza en Colombia es más concentrada. Los adultos que tienen menos de 10 000 dólares de capital, son casi 28 millones (el 76.1%), mientras que 37 000 afortunados (el 0.1%) tienen más de 1 millón de dólares en sus balances.

Son tres las clases de activos que componen la riqueza: propiedad raíz (tierras y construcciones), acciones en empresas y activos financieros (depósitos y bonos). En materia de la propiedad rural, el estudio realizado por el IGAC y la Universidad de los Andes en el 2012, concluía que “la concentración de la tierra en Colombia exhibe una tendencia creciente durante el periodo comprendido entre 2000 y 2009. (…) el Gini de propietarios que pasa de 0.877 en 2000 a 0.886 en 2009”. Con los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2015, el Gini de la propiedad de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) muestra una concentración aún mayor: 90,2

Si un índice de Gini de 90 es escandaloso, más escandalosa aún es la concentración del ahorro financiero donde, según datos de la Superfinanciera, 7 172 propietarios con depósitos superiores a $1 100 millones son el 0.27% del total de clientes, pero son dueños del 64% de las cuentas corrientes; 11 845 (el 0,02% del total) poseen el 62% de los depósitos de ahorro. Como consecuencia, el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 97% para las cuentas corrientes y 93,1% para los depósitos de ahorro.

Mauricio Cabrera Galvis

Octubre, 2023

Publicado en Revista Cambio

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Voy a empezar por una perogrullada: el objetivo de un Ministerio de la Igualdad debe ser disminuir la desigualdad. Lo que no es evidente es de cuál desigualdad estamos hablando y cuál debe ser el foco de su trabajo, pues existen muchas clases. Hay desigualdades regionales, étnicas, de género, de oportunidades y varias otras, pero desde el punto de vista económico, hay tres clases de desigualdades que inciden en todas las mencionadas.

Una es la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos, que es la expresión de la pobreza; otra es la desigualdad en la distribución del Ingreso que refleja cómo se reparte lo producido en la economía, y una tercera es la desigualdad en la distribución de la riqueza, que depende de la acumulación originaria y de los procesos de reproducción del capital.

Desde hace más de 50 años todos los gobiernos han prometido en sus planes de desarrollo disminuir la desigualdad, pero apuntando siempre a la primera y, solo en los últimos años a la segunda. Como resultado se ha producido un paradójico desarrollo social: una notable reducción de la pobreza, sin ningún cambio en la distribución del ingreso y una mayor concentración de la riqueza.

Avances en la distribución de los bienes básicos.

Uno de los signos más visibles de la desigualdad social es la diferencia en el acceso a los bienes básicos como alimentación, salud, educación, vivienda, agua o energía, que no solo determinan la calidad de vida y el bienestar de los hogares, sino que condicionan las oportunidades de progreso en la sociedad. Por ejemplo, diferencias en la alimentación durante la niñez, la calidad de la educación recibida y -hoy en día- el acceso a Internet, condicionan de manera casi inexorable, las posibilidades de trabajo de las personas y, por lo tanto, sus ingresos futuros.

No existe un indicador que mida directamente la desigualdad en el acceso a los bienes básicos, pero sí existen medidas aceptadas que clasifican la población entre pobres que no tienen acceso y quienes sí lo tienen. Son dos los índices de Pobreza que calcula el DANE: el de Pobreza Monetaria que mide cuántas personas no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta familiar, y el de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que identifica a quienes no tienen salud, educación o vivienda con servicios. 

La Pobreza Multidimensional ha descendido de manera significativa en Colombia. En consecuencia, se ha avanzado en la construcción de un mínimo “Estado de Bienestar”, que ha permitido que más hogares tengan una mejor calidad de vida. La línea verde del gráfico es la evolución del IPM, que muestra cómo en la última década, el porcentaje de colombianos privados de estos bienes se redujo a menos de la mitad bajando del 26.5% al 12.9%. La explicación es el aumento de servicios y subsidios ofrecidos por el Estado en la cobertura de la salud, la educación, así como el acceso a vivienda propia. 

Dos comentarios para entender mejor el significado de esta evolución. Primero, el IPM no aumentó durante la pandemia (2020), aunque mucha gente se quedó sin comer, puesto que allí no está incluida la alimentación. Segundo, la disminución del IPM no implica que se haya disminuido la desigualdad en el acceso a estos servicios básicos porque el índice no mide la calidad de éstos. El caso más claro es el de la educación, donde la diferencia entre los colegios privados y los públicos sigue siendo enorme.

En cuanto a la Pobreza Monetaria (línea roja) la historia es diferente. El crecimiento económico impulsado por la bonanza de los hidrocarburos durante los primeros años de la década pasada y la consiguiente creación de empleo, permitieron que disminuyera el número de personas sin ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de bienes, hasta llegar al 34,7% en el año 2018. 

El año siguiente hubo un pequeño aumento, pero en el 2020 la pandemia y la demora y la insuficiencia de los auxilios del gobierno hicieron que explotara la pobreza a niveles aún mayores (42.5%) que en 2012. En los dos últimos años se revirtió un poco este aumento, pero el porcentaje de personas en situación de pobreza es muy similar al de diez años antes.

La mala distribución del ingreso no ha mejorado

Los logros en materia de disminución de la pobreza y de acceso a los servicios básicos no han modificado las profundas desigualdades en la distribución del ingreso y la riqueza que existen en Colombia. Según el Banco Mundial, el GINI en 1992 era de 51.5, mientras que el porcentaje de personas en pobreza era superior al 50%. 30 años después los pobres han disminuido y la distribución del ingreso ha empeorado pues el GINI ha subido a 55.6

Con las cifras del DANE se tiene que en 2012 el coeficiente GINI del ingreso era de 53.9 y 10 años después es más alto (55.6), a pesar del crecimiento económico, la gran disminución en la pobreza multidimensional y el aumento de los ingresos monetarios de los pobres. La razón es muy simple: los ingresos de los ricos han subido más. Cuando la marea sube todos los botes suben, pero los que no tienen bote apenas sobreaguan o se pueden ahogar.

Una forma gráfica de ver la baja correlación entre la disminución de la pobreza y la mejoría en la distribución del ingreso es observar las variaciones que han tenido estos dos indicadores desde el 2012. Mientras que la pobreza (línea roja) bajó 15% hasta el 2018, el GINI (línea azul) solo bajó 5.8% hasta 2017 y volvió a subir casi dos puntos el año siguiente. Con la pandemia ambos subieron, pero en la recuperación de 2021 la pobreza bajó y el GINI siguió subiendo.

¿Por qué los más ricos siguen teniendo la misma tajada del pastel si mejoran los ingresos de los más pobres? La respuesta es compleja, pero una de las razones es porque la riqueza está muy concentrada y los frutos del desarrollo los acaparan unos pocos, como se verá a continuación. 

La aberrante concentración de la riqueza

Por razones de espacio, este será el tema de la próxima columna.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en Cambio, Cali, octubre 6 de 2023

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¿Por qué la inflación mundial y la colombiana continúan altas a pesar de la generalizada aplicación de la receta ortodoxa de subir las tasas de interés?

Para responder a esta pregunta empieza a aparecer en los análisis económicos una nueva terminología: “inflación de vendedores”, “inflación por exceso de ganancias”, “avaricia e inflación” (“greedflation). Son términos que eran impensables hace unos años, pero que surgen de la evidencia empírica de la coyuntura actual. 

La visión tradicional de una inflación persistente era una espiral precios-salarios, y la culpa era de los trabajadores: se empezaba con una subida de precios por exceso de demanda, a la cual los trabajadores respondían con exigencia de alzas de salarios para recuperar su poder adquisitivo, lo cual llevaba a los productores a tener que subir los precios, y así se crecía la bola de nieve. La receta clásica era, por lo tanto, subir las tasas de interés para reducir la demanda, y controlar el alza de salarios.

La inflación reciente tuvo un origen muy distinto, mejor dicho dos: la pandemia y la invasión rusa a Ucrania. La primera generó cuellos de botella en toda la cadena logística de distribución de insumos y materias primas que redujeron la oferta de bienes y presionaron los precios al alza. La invasión disminuyó la oferta de cereales de esta región y, sobretodo, disparó los precios de la energía por el recorte del suministro del gas ruso a Europa. En ambos casos se trata de una inflación causada por factores de oferta.

LA “INFLACIÓN DE VENDEDORES”

Aunque la inflación mundial ha bajado un poco, ha sido mucho menos de lo esperado por las autoridades monetarias, a pesar de subidas de las tasas de interés a niveles que no se veían desde hace décadas. En estados Unidos y Europa se han realizado estudios para tratar de explicar esta porfiada inflación, con resultados muy interesantes.

Un primer hecho significativo que ocurrió cuando empezaron a tener efecto las medidas de estímulo adoptadas en todos los países para contrarrestar los efectos de la pandemia, fue que ante el enorme desempleo la recuperación de los salarios fue débil, mientras que el aumento de los márgenes de utilidad de las empresas si fue significativo. 

Un estimativo del Economic Policy Institute muestra que estos márgenes pasaron del 12% al 17% después del COVID, y  atribuye tal incremento al poder de mercado de las grandes corporaciones. Otro estudio de I. Weber de la Universidad de Amherst mira un período más largo y muestra que el margen de ganancias de las empresas (después de impuestos) llegó a un record histórico de 13.5%, solo comparable a los años de la posguerra en el siglo pasado.

Como consecuencia, el mismo estudio estima que mientras en el pasado la contribución de las ganancias empresariales a explicar el alza de los precios había sido tan baja como del 11%, en el actual ciclo inflacionario subió al 33% después de la pandemia y llegó hasta el 53% el año pasado.

En otras palabras, el mayor margen de ganancia explica más de la mitad de la inflación. Por eso se habla de una “inflación de vendedores”, que es la que se origina en la capacidad que tienen empresas con gran poder de mercado para subir los precios, lo que requiere una acción conjunta (no necesariamente coordinada) de la mayoría de los competidores para hacer lo mismo

Para Europa se han hecho estudios para descomponer los factores que están impulsando el alza de los precios, y llegan a concusiones similares en cuanto al papel que juegan las ganancias empresariales. Lo interesante es que no son estudios de una ONG izquierdosa sino nada menos que de economistas del Fondo Monetario Internacional.

La conclusión del FMI es tajante: “Las crecientes ganancias empresariales explican casi la mitad del incremento de la inflación en Europa, en  la medida en que las empresas aumentaron sus precios mucho más que el incremento del costo de la energía importada”.

El gráfico ilustra esta conclusión. Hasta antes de la pandemia los costos laborales (barra azul) eran el principal responsable del aumento de precios, pero a partir de 2021 son las utilidades empresariales (barras rojas) las que empujan la inflación al alza, aún después de que los precios de las importaciones (barras azul claras) empiezan a descender.

IMPLICACIONES DE POLÍTICA

Son varias las conclusiones que se derivan de esta evidencia empírica. La primera es que en la medida en que las utilidades crecen más que los salarios se está produciendo un deterioro en la distribución del ingreso, concentrándose más en los estratos altos de la población, lo cual por supuesto genera descontento social y político. En Inglaterra el desprestigio del gobierno conservador se atribuye en buena parte a esta inflación de vendedores, que en la opinión pública ya se conoce como “greedflation”, o inflación de la avaricia.

La política tradicional de control de la inflación, es decir la subida de las tasas de interés, sirve frente a la tradicional espiral de precios-salarios, pero es poco efectiva frente a los incrementos de las utilidades empresariales. Más aún, las elevadas tasas de interés afectan mucho más a las Pyme, que tienen menos capacidad financiera, y en la medida que se frena la economía se incrementa el desempleo, todo lo cual contribuye también a una mayor concentración del ingreso.

Frente a la persistencia de la inflación, empieza a hablarse de alternativas de políticas que hasta hace poco eran herejías. Reporta el periódico The Guardian que el ministro de finanzas de Inglaterra está analizando medidas para impedir que las compañías hagan exagerados aumentos de precios. En Estados Unidos se discute si resucitar viejas leyes contra los monopolios y la manipulación de precios, o establecer impuestos a ganancias extraordinarias. Inclusive la herejía mayor, el control de precios, vuelve a mencionarse.

COLETILLA

Los datos y los estudios mencionados se refieren a la situación de otros países, pero en Colombia también la inflación ha demostrados ser dura de bajar. Sería muy conveniente que las autoridades investigaran si acá también existe inflación de vendedores y tomaran las medidas adecuadas para controlarla.

Artículo publicado en CAMBIO

Mauricio Cabrera Galvis

Cali, septiembre 22 de 2023

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El Estado se ha convertido en una vaca lechera a la que todos quieren ordeñar, lo cual no significa que no deba dar subsidios a grupos particulares.

Una de las características más paradójicas del capitalismo a la colombiana es la posición contradictoria ante el Estado. Son muchas la personas que piensan que el Estado es la némesis del espíritu emprendedor, un obstáculo al desarrollo de la libre empresa o un estorbo para la prosperidad de los negocios; por eso hay que reducir su tamaño y recortar el gasto público. Esas mismas personas piensan que hay que aumentar el gasto público para que el Estado pueda ayudarlas cuando tienen dificultades.

No es una contradicción exclusiva de Colombia; es de la gran mayoría de los países capitalistas. La manida expresión de “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas” resume bien esa postura, casi universal, de considerar las ganancias de las empresas como propiedad privada de sus accionistas, mientras que las pérdidas son una responsabilidad pública, que el Estado y la sociedad deben asumir.

Son numerosos los ejemplos de exigencias al Estado para que asuma los costos o las pérdidas de determinados negocios. En el sector agrícola son cíclicos. Los cafeteros hacen un esfuerzo de ahorrar parte de las bonanzas, pero cuando se les acaba ese ahorro, exigen que el gobierno les garantice un precio mínimo para la cosecha; los arroceros reclaman subsidios para el almacenamiento de las cosechas; todos los productores solicitan créditos con tasas de interés subsidiadas, y en las épocas pasadas de revaluación, pedían coberturas cambiarias.

En la pandemia, empresarios de todos los tamaños buscaban -y lo lograron- que el Estado les compensara los costos o la pérdida de ingresos causada por un fenómeno por fuera del control del gobierno. Subsidios para la nómina, incentivos a las empresas para la contratación de empleo, reducción de encajes para los bancos y por supuesto, los recursos para el sector salud y los ingresos para la población vulnerable.

Más grave es la situación cuando las ayudas o subsidios se presionan con huelgas paros o bloqueos, como se ha hecho costumbre en el sector transporte. Para evitar bloqueos de las carreteras se congelan los peajes o no se aumenta el precio del diésel, manteniendo un subsidio injustificado. Ante un paro de taxistas, se les concede un precio diferencial de la gasolina, y la amenaza de los motociclistas se conjura subsidiándoles el SOAT.

Así, el Estado se ha convertido en una vaca lechera a la que todos quieren ordeñar, lo cual no significa que el Estado no deba dar subsidios o ayudas a grupos particulares. Por el contrario, si debe utilizar sus escasos recursos para favorecer a un grupo social en particular, debe ser el de los más débiles y desprotegidos.

Es el principio básico del Estado Social de Derecho que se concreta en el artículo 334 de la Carta Política: “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”.

Mauricio Cabrera

Artículo publicado en la revista Portafolio, Bogotá.

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En una muestra del profundo conocimiento que maneja sobre el tema, nuestro compañero Mauricio nos compartió informaciones extraordinarias que nos trajeron respuestas a muchos interrogantes sobre la llamada crisis energética en nuestro país, la cual a veces los medios de comunicación distorsionan. Compartimos esta extraordinaria tertulia con nuestros lectores.

Exjesuitas en tertulia- 14 de Septiembre, 2023
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El crecimiento económico se frenó hasta un mísero 0.3% anual en el segundo trimestre de este año. Así lo había previsto el Banco de la República, de manera que su Junta ahora puede decir: ¡Misión cumplida, lo logramos!

Por supuesto, el objetivo del Banco no era frenar la economía, sino controlar la inflación, pero dado que en esta ocasión las principales causas del aumento de precios eran de oferta y de costos, se sabía que la subida de las tasas de interés no aumentaría la oferta y solo incidiría sobre la inflación a través de un freno a la demanda y por ende a la actividad económica.

En efecto, en el mundo entero fueron tres los choques de oferta que elevaron los precios: uno, el aumento del precio del petróleo y la energía causado por la invasión rusa a Ucrania; dos, la escasez de alimentos y materias primas provocada por esa invasión y agravada en Colombia por factores climáticos y de infraestructura vial; tres, las secuelas de los problemas de transporte y contenedores que dejó la pandemia.

En este contexto, los bancos centrales de todo el mundo subieron sus tasas de interés, que es la receta de libro de texto para combatir la inflación. Es evidente que las tasas no tienen nada que ver con la mala cosecha de papa, ni con el recorte del gas ruso en Europa, ni con el suministro del trigo de Ucrania, pero aún así las subieron porque de esa forma encarecían el crédito, lo que redujo el consumo y la inversión.

Intereses e inflación 

Una forma intuitiva de entender la interrelación entre crecimiento, inflación y tasas de interés es poner en un mismo gráfico la evolución de estas tres variables. En Colombia la inflación (línea verde) empezó a subir desde el segundo semestre del 2021, después del paro nacional, pero se aceleró su ritmo ascendente a principios del 2022 por los mencionados choques de oferta, hasta llegar a un máximo de 13% al final de ese año. Después ha descendido un poco por las mejores cosechas y la disminución de la actividad económica.

Por su parte el Banco, que en abril de 2021 al comienzo de la pandemia empezó a bajar sus tasas hasta llevarlas a 1.75% en una acertada política de estímulo a la economía,cambió de rumbo a finales del mismo 2021, cuando la inflación empezó a repuntar, y en una acción sin precedentes las elevó trece veces consecutivas hasta llevarlas a 13.25% (línea azul). La consecuencia inmediata fue el aumento de las tasas de captación y de créditos del sistema bancario, así como las de la deuda pública.

Al comparar la evolución de estas dos variables, se observa que el aumento de los intereses no ha hecho mella significativa sobre la inflación. En parte por el rezago normal que tiene la política monetaria sobre los precios, pero también porque hay precios de algunos bienes y servicios que han subido por factores de oferta y, por lo tanto, su respuesta a la subida de la tasa de interés es menor y más demorada.

En efecto, hay tres componentes del IPC que explican el 63% de la inflación a julio: Alimentos y bebidas, Alojamiento y servicios públicos y Transporte. Sus variaciones anuales son 21.4%, 21.71% y 19.66% respectivamente, todas muy por encima del IPC total. 

Es evidente que la subida de estos precios depende de causas diferentes al exceso de demanda. Los servicios públicos y el transporte son de la categoría que se denomina administrados, pues se determinan por decisiones administrativas, como por ejemplo la gasolina o la energía eléctrica. Por su parte los alimentos dependen más de las cosechas en el caso de los nacionales, o de los precios internacionales en el caso de los importados

Intereses y crecimiento 

Donde sí se ha sentido de manera clara el impacto de la subida de intereses es en el ritmo de crecimiento económico. La variación del Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE, línea roja) que publica el DANE con periodicidad mensual, viene con una clara tendencia a la baja desde mayo del año pasado, a pesar de un pequeño repunte en enero de 2023, que se debe más a un tema estadístico por la base de comparación del año anterior.

La correlación inversa entre la línea roja del ISE y la azul de la tasa del BR es evidente.  Aún reconociendo que hay factores de incertidumbre política que han podido incidir en la desaceleración de la economía, esto no puede llevar a desconocer el impacto negativo de las altas tasas de interés sobre la actividad económica. Son varios los canales principales a través de los cuales opera este impacto.

En primer lugar, el encarecimiento del crédito de consumo. Con tasas de las tarjetas de crédito superiores al 40%, es inevitable que los consumidores las utilicen menos; lo mismo sucede en el caso de la venta de vehículos, aunque en este caso las tasas no han subido tanto. Por eso no es de extrañar que en junio el sector comercio (que incluye vehículos) hay registrado una caída anual del – 3.2%.

El sector de la construcción registró una caída aún mayor (-3.7%) en el mismo período, también por causas relacionadas con las mayores tasas de interés. De una parte,el subsector que tuvo una mayor caída fue el de las obras civiles, donde también el alza de tasas ha impedido el cierre financiero de proyectos ya adjudicados.

De otra parte, es notorio el frenazo en el subsector de la construcción de vivienda que de incrementos superiores al 20%, pasó a un modesto -aunque todavía positivo- 3.1%. Acá se conjugaron las demoras en la asignación de subsidios para vivienda de interés social, con una reducción de la demanda por las mayores tasas de las hipotecas. Inclusive han sido numerosos los casos de retiros de compradores de proyectos en construcción o sobre planos. 

La conclusión es que el país se ha quedado con el pecado de la desaceleración económica y sin el género de la menor inflación.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo para CAMBIO

Cali, septiembre 2, 2023

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11 de Septiembre de 1973. El palacio presidencial de Chile es bombardeado por aviones y tanques de las propias fuerzas armadas chilenas. El traidor general Pinochet, con el apoyo de Nixon, Kissinger y la CIA, dirige un sangriento golpe de estado para  derrocar al gobierno legítimo de Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido por el voto popular en América Latina. Allende prefiere morir antes que entregar el poder a los golpistas.

Al cumplirse 50 años de ese día aciago que cambio la historia del continente, se han hecho conmemoraciones, se han escrito artículos y libros, lo mismo que realizado eventos, para analizar el golpe, sus causas y consecuencias, el proceso del neoliberalismo chileno desde la dictadura y su caída, los años de la concertación social demócrata, el péndulo que regresó a la derecha al poder y que nuevamente dio paso a una izquierda más radical. 

Son tantos los materiales producidos que es casi imposible decir algo nuevo sobre esta historia, de manera que quiero intentar una lectura diferente, a partir de un elemento que ha estado presente en todas las etapas, expresando en sus versos y su música los sentimientos de los actores del experimento revolucionario de Chile, de las víctimas de la dictadura y de los sobrevivientes que miraron haca adelante y reconstruyeron la esperanza. 

LA NUEVA CANCIÓN CHILENA (NCC)

En los años 1960 se desarrolló en Chile un movimiento de músicos que buscaba recuperar e innovar la música folclórica del país, a partir de los trabajos de folkloristas como la gran Violeta Parra y sus hijos Isabel y Ángel, quienes fundaron en 1965 la “Peña de los Parra”. Allí llegaron con sus canciones Víctor Jara, y grupos como Quilapayún, Inti-Illimani o Illapu.

Pronto el contacto con las raíces populares los puso cara a cara con la desigualdad y la pobreza del pueblo chileno, que en realidad estaba presente desde el principio pues era Violeta quien cantaba que “Chile limita al centro con la injusticia”. Entonces la NCC se involucró con el proceso de cambios sociales que vivía el país en esa época, a punto tal que muchos de los grupos se volvieron militantes del gobierno de la Unidad Popular (UP).

Son años de lucha / son años de hacer / la patria que espera volver a nacer”, cantaba Isabel Parra en su nostálgico recuerdo de Víctor Jara, asesinado por la dictadura. Sabían que el proyecto de la UP implicaba un cambio total de la sociedad y sí lo decía su himno: “Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente / Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.

Era grande, y muy romántica, la ilusión del socialismo democrático, :“¡Venceremos! Todos juntos haremos la historia / Socialista será el porvenir”, y total la confianza en que “El pueblo unido jamás será vencido”.

El gobierno de Allende enfrentó dificultades desde antes de empezar. Hoy se conocen los documentos de las conversaciones de Nixon y Kissinger en 1970 dando instrucciones a la CIA para que apoyaran a los militares para que no dejaran posesionar a Allende. No lo lograron, pero en los tres años siguientes desarrollaron, junto con los partidos de derecha, toda una estrategia de paros, bloqueos y asesinatos para desestabilizar al gobierno y provocar una guerra civil.

Los artistas vivían esta tensión y la plasmaban en sus obras. En el último libro que publicó antes de morir, el inmenso Neruda clamaba “Yo no quiero la patria dividida/ ni por siete cuchillos desangrada/ cabemos todos en la tierra mía.” Y Jara, además de musicalizar este poema, denunciaba con voz más fuerte la amenaza: “De nuevo quieren manchar/ la tierra con sangre obrera/ los que hablan de libertad y tienen las manos negras.

Las premoniciones se cumplieron el fatídico 11 de Septiembre. Pinochet y sus secuaces se tomaron el poder y comenzaron 19 años de sangrienta dictadura caracterizada por la represión contra los opositores, la violencia, los asesinatos y la tortura cometidos en nombre de la civilización cristiana para conjurar el peligro comunista.

Víctor Jara fue uno de los primeras víctimas. Sus asesinos acaban de ser juzgados y condenados por este crimen. Otros como los Quilapas o los inti tuvieron la “suerte” de estar en gira de conciertos en Europa. Salvaron sus vidas pero sufrieron largos años de exilio, soportando el dolor por los compañeros muertos, la nostalgia por la patria y la constatación de que el proyecto era inviable.

Chile Herido, era el lamento de los Inti: “El canto se hizo silencio/ cayó violenta la noche/ en Chile sangra una herida.”. Tal vez la mejor expresión de los sentimientos del exilio es la Luz Negra de los Quilapas: “habría que decir que en lo inmediato/ la vida se ha ido haciendo más difícil/ de rojo se mancharon nuestros sueños/ y todas las banderas que flamearon/ se han ido desgarrando con el viento “

CANCIÓN NUEVA

No se rindieron y mantuvieron viva la esperanza, con la fuerza de la noble llama solidaria/ de hombres que en todos los colores/ nos dan aliento de araucaria”, que agradecía Isabel Parra. Por ejemplo, la ilusión con que Pablo Milanés cantaba, “Yo pisaré las calles nuevamente/ de lo que fue Santiago ensangrentada/ y en una hermosa plaza liberada/ me detendré a llorar por los ausentes”.

Son innumerables las canciones producidas en el exilio que muestran esa esperanza, desde la ilusión de que la dictadura caería pronto con el Malembe: “Aquí traigo mi Malembe/ para darle duro y fuerte,/ a esos cuatro generales/ que causaron tanta muerte”, hasta la decantada certeza de que algún día se harían realidad las proféticas palabras de Allende: “Rojas banderas revivirán/ las anchas alamedas de la libertad”.

Y cuando cayó la dictadura:  “la vida triunfó, la patria vivió/ el pueblo por siempre venció/ y siempre vencerá”. Y volvieron como volvió Mario Benedetti a su Uruguay: …rotos pero enteros./ Diezmados por perdones y resabios./ Un poco más gastados y más sabios./ Más viejos y sinceros.”

Después del golpe el movimiento de la NCC se vino a llamar “Canción Nueva”, que a pesar de los años sigue vigente, aunque el modelo socialista haya fracasado, porque como lo cantó Jara unos meses antes de su asesinato: “canto que ha sido valiente,/ siempre será Canción Nueva¨.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo para CAMBIO

Cali, Septiembre 9 de 2023

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La acusó de lavado de dinero, de traición a la patria y de promover un golpe de Estado.

Desde las masivas protestas de abril de 2018 la dictadura deDaniel Ortega en Nicaragua inició una arremetida contra la Iglesia católica acusándola de lavado de dinero, de traición a la patria y de promover un golpe de Estado. Un obispo fue condenado a 26 años de cárcel, decenas de sacerdotes y religiosos han sido capturados y unos 100 han huido al exilio o les han cambiado la cárcel por la expulsión del país y la pérdida de la ciudadanía.

El más reciente de estos ataques es la toma de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por los jesuitas, a la que él acusó de ser un centro de terrorismo y organizador de grupos delincuenciales, por lo que ordenó la expropiación de todos sus bienes y la revocatoria de su acreditación universitaria.

Si bien la expropiación a los jesuitas es claramente una venganza y un cobro de cuentas contra una comunidad religiosa y una institución que han levantado su voz contra las graves violaciones a los derechos humanos y handefendido su autonomía universitaria, no es el único caso.Antes de la toma de la UCA ya habían sido cerradas otras dos universidades católicas y dos cristianas.

La persecución no se ha limitado a instituciones vinculadas a iglesias. Desde diciembre de 2021 el régimen de Ortega ha expropiado en total 27 universidades.

Se trata de una acción de represalia puesto que las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018,cuando miles de personas se manifestaron contra el régimen de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes que, según organismos de derechos humanos, ocasionó 355 muertos, más de 2000 heridos, miles de presos políticos y llevaron al exilio a unos 100 000 nicaragüenses.

No deja de sorprender la saña de Ortega contra todo lo que le huela a cristianismo. Su formación fue con los jesuitas y hace tan solo unos años declaraba que “Soy revolucionario gracias a Cristo”. Además, un numeroso grupo de sacerdotes y religiosos tomó parte activa en la revolución sandinista que derrocó a Somoza en 1979, entre los que destacaba Ernesto Cardenal, el sacerdote, poeta y místico de la isla de Solentiname, que fue Ministro de Cultura del primer gobierno revolucionario, pero que moriría desilusionado, como tantos otros, de la traición de Ortega a los ideales de la revolución.

Es cierto que Juan Pablo II fue un ensañado enemigo del primer gobierno sandinista y de los religiosos que lo apoyaron, a punto tal que suspendió del sacerdocio a Ernesto Cardenal y persiguió a los seguidores de la Teología de la Liberación.

Pero también es cierto que otra parte de la Iglesia se la ha jugado por los derechos de los pobres y marginados, hasta dar su vida por ellos, como los cinco jesuitas asesinados en El Salvador por proclamar estos principios cristianos.

El comunicado de respuesta de la Universidad Centroamericana a Ortega termina así: “Dios es quien tiene la última palabra sobre la historia y la tendrá también sobre Nicaragua”.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista PORTAFOLIO.CO Bogotá

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Por su buena calificación de riesgo, el precio de la deuda externa del país en los mercados internacionales no tiene ningún descuento.

Colombia no puede realizar operaciones de canje de deuda por naturaleza como lo hicieron Ecuador y Belice; es decir, que no es posible que Colombia pueda financiar acciones contra el cambio climático con recursos que hoy dedica al pago de su deuda externa. Sin embargo, si existen otros mecanismos alternativos para obtener recursos para programas como la protección de la Amazonía.

La razón por la cual el canje de deuda por naturaleza no es utilizable en Colombia, es que por su buena calificación de riesgo, el precio de su deuda externa en los mercados internacionales no tiene ningún descuento, como sí lo tenían los bonos de Ecuador y Belice. En estas circunstancias se hace imposible una operación de canje voluntario que reduzca el valor de las deudas y libere recursos para adelantar programas de protección ambiental.

Son varios los mecanismos que puede utilizar Colombia para estos propósitos. En primer lugar, acudir a créditos de entidades multilaterales (BM, BID y CAF) y bilaterales (entidades de países como EE. UU. y Europa), las que ofrecen créditos en condiciones un poco menos onerosas que los prestamistas privados. Hoy el discurso de estas entidades le dan gran prioridad a las cuestiones ambientales, de manera que el acceso a estos créditos es una posibilidad muy concreta y de corto plazo.

En segundo lugar, está la llamada ‘Financiación Mixta’ (Blended Finance), que consiste en la utilización de ayudas financieras de las entidades multilaterales o bilaterales para movilizar recursos de capital privado. Un ejemplo es el otorgamiento de una garantía multilateral a la emisión de un bono para financiar un proyecto de generación eólica. Así el riesgo del bono ya no es el mismo del país, sino el de la entidad garante (que es AAA) así se reduce el costo de la deuda y se pueden obtener plazos más largos.

Otro mecanismo es el ‘Pago por servicios ambientales’ que son incentivos monetarios ofrecidos a propietarios o trabajadores de terrenos en los que pueden prestar algún servicio a favor del medio ambiente, tales como cuidado y mantenimiento de bosques o recuperación de cuencas hidrográficas. Así se asigna a esos servicios un valor de mercado que es pagado por un agente interesado, que puede ser particular o público.

El comunicado de los presidentes en Belem apunta al objetivo de que se reconozca la protección de la Amazonía como un ecoservicio esencial para la salud del planeta que debe ser pagado por los países desarrollados.

Finalmente, el mercado de Bonos de Carbono, donde empresas que por regulación deben disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y no pueden hacerlo, deciden compensarlas comprando a otro agente la reducción de toneladas de carbono que ha logrado, por ejemplo en un proyecto de reforestación. Aunque en Colombia ya existe una regulación de estos mercados, la realidad es que todavía hay obstáculos para su desarrollo e integración con los países que tienen excedentes de emisión.

Artículo publicado en PORTAFOLIO, Bogotá.

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Se ha venido discutiendo en distintos foros internacionales el canje de deuda por naturaleza, es decir la posibilidad de que los países en desarrollo puedan destinar a acciones contra el cambio climático, recursos que hoy dedican al pago de su deuda externa. 

Ecuador y Belice son dos países que en el último año han realizado este tipo de canjes, en operaciones que se han considerado muy exitosas y que se citan como ejemplos a seguir.

Para analizar la posibilidad de realizar operaciones similares en el caso de Colombia, se presenta a continuación una breve descripción del mecanismo (cómo opera, quiénes son los actores involucrados y los requisitos para implementarlo) y luego el detalle de los casos de Ecuador y Belice.

Los mecanismos de canje de deuda.

El canje de deuda por naturaleza es uno de los programas que se han utilizado para aliviar la situación de países que ha incumplido sus pagos de deuda o están en grave riesgo de incumplirlos. En la crisis de la deuda latinoamericana en los años 80 del siglo pasado, se hicieron muy populares los programas de conversión de deuda en capital (Debt for equity swaps), que fueron utilizados por países como México, Chile, Argentina entre otros.

La conversión de deuda en capital de empresas privadas es un mecanismo que se ha utilizado desde hace muchos años para fortalecer la estructura financiera de las empresas. En ese caso se trataba de una negociación directa entre los acreedores y el deudor, y así se ha utilizado en Colombia en el marco de las reestructuraciones de la Ley 550 (o ahora Ley 1116). En el caso de la deuda soberana la conversión en capital es diferente, pues el deudor es el país y la inversión se realiza en empresas privadas.

En los mismos años 80 se hicieron unas cuantas operaciones de canje de deuda por naturaleza, donde el acreedor otorgaba un descuento sobre la deuda, a cambio de compromisos del país para adelantar programas de conservación. Colombia hizo dos en los años 90, pero no con acreedores comerciales, sino con deuda bilateral con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.

Un canje es útil para un país cuando le disminuye el valor de la deuda y por ende los recursos dedicados al servicio de la misma, de manera que pueda usarlos en programas de conservación de la naturaleza. Para ello es necesario que los acreedores estén dispuestos a conceder un descuento significativo sobre el valor de sus créditos. La entidades multilaterales rechazan por principio conceder descuento sobre el valor de sus créditos, y por eso no se han realizado canjes con ellas.

Cuando se trata de una canje de deuda con bancos comerciales o con tenedores de bonos emitidos en el mercado internacional, es casi imposible que estos acreedores privados den ese tipo de descuentos de manera voluntaria, de manera que solo se pueden hacer cuando el mercado es el que impone el descuento; es decir, cuando la percepción del riesgo de incumplimiento del deudor lleva a que haya acreedores dispuestos a vender sus créditos por un valor menor.

Belice: canje para proteger la biodiversidad.

Belice es un pequeño país sobreendeudado, con una deuda pública externa que equivale alrededor del 60% del PIB, que tiene dificultades fiscales para repagar capital e intereses; dos terceras partes de esa deuda se tienen con entidades multilaterales y bilaterales, y el resto con banca comercial y con tenedores de bonos. El riesgo de incumplimiento implica que sus bonos tuvieran una muy baja calificación y se cotizaran con descuento en el mercado. 

De otra parte, en su costa tiene 270 km de barrera coralina, una de las reservas marinas de mayor biodiversidad en el mundo, pero también, de las más amenazadas por el cambio climático , además de la excesiva pesca, las construcciones y un turismo depredador. Por su misma situación fiscal, Belice no tenía suficientes recursos para proteger este frágil ecosistema. 

Ante estas dos situaciones se abrió la posibilidad de un canje de deuda por naturaleza que promovió la ONG The Nature Conservancy (TNC), realizado en noviembre del año pasado así:

  • TNC emitió un nuevo “bono azul” por US$ 364 millones, garantizado por una agencia del gobierno de Estados Unidos (International Development Finance Corporation – DFC), lo que permitió que el bono tuviera una calificación de grado de inversión Aa2.
  • Con estos recursos, TNC hizo un préstamo a Belice para que recomprara bonos por US$ 553 millones (equivalentes al 10% del PIB) con un descuento del 45%. Con el saldo se cubrieron gastos de la transacción y se creó un fondo de US$ 23.5 millones para financiar programas de conservación.
  • En el neto, Belice obtuvo una reducción de la deuda de US$ 189 millones y con la reducción del servicio de la deuda, se comprometió a invertir US$ 84 millones en los próximos 20 años, en la protección de la barrera coralina.

Ecuador: la conservación de las Islas Galápagos.

El caso de Ecuador es similar, pero de mayores dimensiones. También se trata de un país con riesgo de incumplimiento en el servicio de la deuda externa, por lo cual los US$ 17.657 millones de bonos que ha emitido se cotizan con descuento; de otra parte tiene la necesidad de proteger la reserva de las Islas Galápagos, uno de los ecosistemas de mayor importancia en el mundo.

El canje de deuda se realizó el pasado mes de mayo en las siguientes condiciones:

  • El gobierno ecuatoriano emitió unos nuevos “Bonos marinos de Galápagos” por valor de USD 656 millones, los cuales fueron comprados por una entidad creada en Irlanda con el respaldo del banco Credit Suisse (antes de que quebrara).
  • El bono se emitió con una garantía del BID por US$ 85 millones y además tuvo un seguro de riesgo político de la misma DFC por el valor total de la emisión.
  • Con estos recursos, el gobierno ecuatoriano recompró el 9.3% de sus bonos comerciales (US$ 1.628 millones), con un descuento del 60%.
  • La reducción de la deuda externa ecuatoriana fue de US$ 972 millones, y en compensación, el gobierno constituyó el Fondo de Vida de Galápagos con un aporte de US$ 450 millones que se invertirán en los próximos 20 años para fortalecer las áreas protegidas de Galápagos  priorizando labores de monitoreo, control y patrullaje, para asegurar la integridad de los ecosistemas marinos claves del archipiélago.

Eu una próxima columna analizaré la posibilidad de realizar operaciones similares en Colombia, así como otras alternativas que tiene el país para obtener recursos para programas de protección ambiental.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en CAMBIO, Colombia.

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En el discurso del presidente Petro en la instalación de las nuevas sesiones del Congreso de la República, extenso como es su costumbre, planteó una gran cantidad de temas importantes para el futuro del país e hizo anuncios de propuestas de políticas que piensa llevar al Congreso e implementar en lo que queda de su mandato. Me referiré aquí a solo unas cuantas, pues es imposible siquiera mencionarlas todas, en el espacio de esta columna.

Lo primero es el tono el discurso, muy diferente a los recientes balconazos, pues primó un tono conciliador y propositivo que culminó con un llamado al diálogo y una invitación a un gran acuerdo nacional cuyo objetivo debe ser construir una sociedad más justa y productiva. Para ser consecuente con esta invitación Petro se quedó a oír los discursos críticos de la oposición, elemental cortesía que nunca tuvo el expresidente Duque.

Una de sus grandes preocupaciones sigue siendo el cambio climático porque es una realidad que pone en peligro la supervivencia de toda la humanidad. Colombia emite solo el 0.21% de los gases de efecto invernadero que produce el mundo, pero la principal fuente de emisión en Colombia no es el uso de combustibles fósiles, ni mucho menos su producción, sino la deforestación y la ganadería extensiva.

Por eso es muy relevante el compromiso del presidente Petro de defender la Amazonía y su intento de buscar el apoyo de la comunidad internacional. En lo primero ya hay hechos que mostrar pues, dijo el presidente, la deforestación en la Amazonía se redujo un 36%. La acción internacional ya se puso en marcha con el foro de Leticia celebrado hace unas semanas, y que se debe concretar en la reunión de presidentes de los países con responsabilidad sobre la selva que se realizará en Belén de Pará el próximo mes.

En lo que se refiere a la búsqueda de la Paz, Petro ofreció una interesante interpretación histórica del conflicto en Colombia que para él tiene tres etapas: la primera, la violencia conservadora de mediados del siglo pasado, que con el acuerdo excluyente del Frente Nacional dio paso a la segunda, una guerra de la insurgencia contra el Estado que buscaba tomarse el poder.

Con el acuerdo de paz con la FARC y el que está en camino con el ELN se debe acabar la violencia insurgente y queda una tercera violencia que es la de grupos armados que “no tienen bandera política. Su bandera es controlar la riqueza, la extorsión generalizada, el oro, la cocaína, la mujer, la esclavitud moderna, el éxodo”.

En esta perspectiva, otra tendencia global que nos afecta es el cambio en el mercado de drogas ilícitas, donde el letal fentanilo está sustituyendo a la cocaína. Por eso están disminuyendo los envíos de cocaína a Estados Unidos y como el fentanilo no se produce en Colombia, el país perderá participación en las cadenas mundiales del narcotráfico. Esto exige del Estado una acción más rápida en la sustitución de cultivos de coca, para que los grupos armados de la tercera violencia no se apoderen de esos territorios.

*    *    *

COLETILLA: Son muchos los otros temas importantes incluidos en el discurso del presidente, como por ejemplo la reindustrialización del país o la reforma agraria. Una lástima que este periódico no haya informado a sus lectores sobre estos planteamientos, aunque fuera para criticarlos.

Mauricio Cabrera Galvis

Julio, 2023

Publicado en la revista Portafolio, Bogotá

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En Buenaventura, ciudad asolada por la violencia y la guerra entre bandas criminales, el presidente Petro lanzó una propuesta que ha desatado gran polémica: dijo que les pagará a algunos jóvenes para que dejen de delinquir y entren a estudiar. “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”, fueron sus palabras.

En lugar del escándalo fariseo e ideológico contra la frase “pagar para no matar¨ es necesario analizar la propuesta que tiene un objetivo incuestionable, porque hay preguntas muy válidas sobre su implementación y, sobre todo, porque hay alternativas que pueden ser más eficaces para lograr el objetivo de sacar a los jóvenes de la violencia.

Lo primero que hay que decir es que la propuesta no es nueva. En varias ocasiones se ha utilizado el mecanismo de incentivos monetarios para inducir una conducta determinada por parte de los beneficiarios. El programa de “Familias en acción” es el ejemplo más conocido y de mayor cobertura. También se ha usado para disminuir la violencia como lo hizo la alcaldía de Mockus que, con mucho éxito, ofreció mercados a los pandilleros, a cambio de pistolas y puñales.

Tampoco es una propuesta inesperada. De hecho, el presidente dijo que estos pagos se harían como parte del programa “Jóvenes en Paz”, que es un programa incluido en el Plan de Desarrollo, donde se propone (artículo 348) “la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentra en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad”.

Nadie puede objetar la necesidad de estas iniciativas en un país donde la tercera parte de la población se acuesta con hambre; en el que hay 1.2 millones de jóvenes desempleados y casi tres millones que ni estudian ni trabajan. Mucho menos en una ciudad como Buenaventura donde el desempleo juvenil alcanza el 47%. Lo que es discutible es que programas de transferencias monetarias sean la mejor alternativa para esos jóvenes.

Lo que se necesita es un programa de empleo para jóvenes que cree rápidamente 100 000 nuevos puestos de trabajo. Estos jóvenes, pagados por el Estado, se dedicarían a proyectos de creación de bienes públicos que no requieren un alto grado de capacitación: reforestación y recuperación de cuencas, vías terciarias en el campo, la malla vial en las ciudades, reparación y mantenimiento de infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.), y de servicios sociales para las comunidades.

Para que el programa funcione se requiere la articulación con los gobiernos locales y la colaboración del sector privado, como lo plantea el mismo artículo 348 del PND. Lo primero es fundamental, pues los proyectos que emplearían a los jóvenes son locales y requieren de la aprobación de alcaldes y gobernadores. La participación del sector privado (empresas y ONGs) se requiere para administrar el programa y su logística. Como se hizo con el FOREC[1] en la reconstrucción del eje cafetero, después del terremoto de 1999.

La pobreza y el hambre de los jóvenes es consecuencia de la falta de un trabajo digno. Las transferencias monetarias les dan presente pero no futuro; por el contrario, un trabajo remunerado les da ingresos para vivir, pero sobre todo les da dignidad, y es el mejor incentivo para no matar.


[1] Fondo para la Reconstrucción Económica y Social del Eje Cafetero.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en Cambio, Colombia

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Los habitantes de la Guajira, en particular los pueblos wayuu, viven en una dramática situación secular de pobreza, desprotección social y falta de acceso a los servicios básicos esenciales. 

Para enfrentarla, el presidente Petro y todo su gabinete se movilizaron a ese departamento, desde donde despacharon por una semana, anunciando un plan de choque con proyectos prioritarios para atender las necesidades más urgentes, y decretando una emergencia económica para desarrollar soluciones estructurales.

No hay duda de la urgencia de mejorar las condiciones de vida de la población del departamento, pero para hacerlo de manera eficiente debe tenerse muy presente que el problema no es la falta de recursos -porque la Guajira los ha tenido en abundancia-, sino la debilidad institucional, la incapacidad de gerenciar proyectos y, sobre todo, la corrupción que ha desviado los cuantiosos recursos de regalías que ha recibido a unos cuantos bolsillos privados, en lugar de beneficiar a toda la población.

La crisis humanitaria de la Guajira 

Los indicadores que resumen de manera más completa la grave situación social y económica de la Guajira son los de la incidencia de la Pobreza y la Pobreza Extrema que calcula el DANE. El primero nos dice cuantas personas de cada departamento tenían en 2021 ingresos mensuales inferiores a $354.000. 

Aunque suene increíble a esas alturas del siglo XXI, en la Guajira dos terceras partes de la población viven en situación de pobreza, siendo el departamento con la incidencia más alta, el 67.4%, seguido por Chocó con 63.4%; en contraste, el promedio nacional era de 39.3%, y la menor tasa la tenía Cundinamarca con 22,8%. Enormes e injustificadas diferencias regionales.La situación de pobreza extrema o miseria es la de aquellas personas que no tienen ni siquiera para la alimentación básica, pues sus ingresos mensuales en 2021 eran inferiores a $161.000. De nuevo la Guajira tiene el deshonroso primer lugar con un 40.4% de su población en esas condiciones, que es más de 3 veces el promedio del resto del país, y nueve veces más que el departamento con mejores condiciones que es Risaralda con el 4.8%.

Las consecuencias de esta falta de ingresos sobre la calidad de vida de la población están resumidas así en las consideraciones del decreto de declaratoria de la emergencia económica:

“el departamento de La Guajira atraviesa una grave crisis humanitaria que se estructura -fundamentalmente-en la falta de acceso a servicios básicos vitales, materializada en causas múltiples, tales como: (i} La escasez de agua potable para el consumo humano; (ii) la crisis alimentaria por dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos; (!ii} los efectos del cambio climático acentuado por los climas cálido desértico y cálido árido que predominan en el territorio y que viene afectando profundamente las “fuentes de agua; (iv) la crisis energética y la falta de infraestructura eléctrica idónea y adecuada, en especial en las zonas rurales, a pesar de que la Guajira cuenta con el más alto potencial para la generación de energía eólica y solar del país; (v) la baja cobertura para el acceso a los servicios de salud, en especial en zonas rurales; vi) la baja cobertura en el sector de educación, con altos índices de deserción escolar, infraestructura de baja calidad y malas condiciones laborales para los educadores”

El diagnóstico no es nuevo y, por ejemplo, desde hace 6 años la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con la protección de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del departamento, y también tuteló los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana y el agua potable de las poblaciones indígenas.

Pobreza en medio de la abundancia y la corrupción. 

Lo inexplicable es que se mantenga esa situación inhumana en un departamento que ha recibido cuantiosos recursos por concepto de regalías del carbón y el gas. En efecto, desde 1994, la Guajira ha recibido más de 15 billones de pesos (de 2023), que deberían haber sido suficientes por lo menos para dotar de agua potable a todos sus habitantes, o para conectarlos a las redes de energía.

En realidad, sí se han adelantado múltiples proyectos, pero muchos han quedado inconclusos, o se culminan, pero no se les da continuidad ni mantenimiento. Por ejemplo, en el caso del suministro de agua se han construido 6.400 pozos y jagueyes, pero la mayor parte de estos sistemas se encuentra fuera de servicio debido a fallas en los esquemas organizativos que permitan responder frente al mantenimiento, operación y sostenibilidad.

El Índice de gestión de Proyectos de Regalías que calcula Planeación Nacional refleja esta incapacidad de realizar proyectos, aunque se tengan los recursos. La Gobernación de La Guajira ocupa el puesto 31° entre los departamentos con 50,9 puntos, mientras que la alcaldía de Riohacha ocupa el puesto 832° entre las 986 entidades ejecutoras (y el último entre las capitales de departamento) con 50,6 puntos, ubicándose ambas dependencias en rango insuficiente. 

Una de las explicaciones de este desperdicio de recursos es sin duda, la debilidad institucional. En 12 años –desde la elección de Kiko Gómez– la Guajira ha tenido 15 gobernadores distintos, algunos que solo han durado unos cuantos meses y la mayoría destituidos al ser vinculados a casos de corrupción, delitos electorales y otros procesos penales abiertos.

Lo peor es la impunidad sistemática. Según la secretaría de Transparencia de la Presidencia, entre 2010 y 2023 se presentaron “922 delitos contra la administración pública y solo en el 16 por ciento de los casos hubo capturas; en un 2 por ciento se dictaron condenas, y las imputaciones fueron del 24 por ciento. Se evidenciaron 700 casos sin imputación, 770 sin captura, 765 sin acusación y 899 sin condenas. En consecuencia, el 86% delitos relacionados con hechos de corrupción en la región está en inminente riesgo de prescripción, mientras que el 11% por ciento ya ha prescrito”.

Para que la Emergencia Económica y social decretada por el Gobierno para la Guajira tenga éxito, debe incluir medidas de emergencia judicial contra la corrupción.

Mauricio Cabrera Galvis

Julio, 2023

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia.

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En cuanto a los resultados de las 1.000 empresas más grandes del país, no hay duda que el 2022 fue un año extraordinario para ellas, consolidándose la recuperación de la pandemia que había empezado desde al año anterior.

El informe de la Superintendencia de Sociedades sobre los balances del año pasado de las 1.000 empresas más grandes del país, arroja información muy interesante, no solo sobre cómo le fue al sector empresarial, sino también sobre el grado de concentración y su distribución regional y sectorial.

En cuanto a los resultados, no hay duda que el 2022 fue un año extraordinario para las empresas, consolidando la recuperación de la pandemia que había empezado desde al año anterior. En efecto, el total de sus ingresos operacionales se incrementó en 34%, y sus utilidades en 40.8%, muy superior al incremento del PIB nominal de 22%. Esto puede significar un deterioro en la distribución del ingreso en la medida como las empresas más grandes del país aumentaron su participación en el valor agregado por la economía.

Consecuencia directa de las mayores utilidades es la notable mejoría en la rentabilidad empresarial. El indicador usual de Retorno sobre Patrimonio (ROE) que había bajado hasta 7.6% el año de la pandemia, se recuperó a 14.4% en 2021 y subió a un excepcional 18.1% el año pasado.

Por supuesto, estos totales agregados esconden grandes diferencias entre empresas, pues no a todas les fue tan bien; inclusive, 139 empresas reportaron pérdidas por un total de $10.5 billones. Es un resultado menos bueno que en 2021, cuando 120 empresas tuvieron pérdidas por $9.8 billones.

También hay diferencias importantes por sectores. En el sector de hidrocarburos y minería solo hay 52 empresas, pero obtienen el 45% del total de utilidades, de las cuales más de la mitad corresponden a Ecopetrol, mientras que un número similar de empresas de la construcción (45), solo obtiene el 3.3% del total. Los grupos más numerosos de empresas están en los sectores de manufactura (314) y servicios (304), siendo más rentable el primero, que recoge el 13.8% de las utilidades.

El centralismo bogotano … y regional

La información de la Superintendencia confirma la gran concentración regional de las grandes empresas donde, a nivel país, sobresale el centralismo bogotano, pero también en cada una de las regiones se ve el mismo centralismo alrededor de las capitales (y sus áreas metropolitanas).

En Bogotá, que tiene alrededor del 18% de la población colombiana, se “registra” el 47% de las empresas más grandes del país, que además son las más rentables, toda vez que obtienen el 74% de las utilidades del grupo. A estas se deben sumar las 64 empresas registradas en Cundinamarca, ubicadas todas en municipios aledaños a Bogotá, como Chía, Cota, Cajicá o Mosquera. En consecuencia, en la Sabana de Bogotá se “registra“ más de la mitad de las 1 000 empresas.

Es relevante decir que se “registra”, porque otro aspecto del centralismo atávico del país es que en Bogotá se establecen muchas empresas que no producen nada en la capital pero que allí tienen su domicilio legal, posiblemente por la cercanía con las 3 ramas del poder público. Así, por ejemplo, en la Sabana de Bogotá no hay un solo pozo petrolero ni una mina de carbón, pero todas las empresas del sector están domiciliadas en la capital. Lo mismo sucede con el níquel, el arroz, el café, el tabaco, para citar otros casos de producciones realizadas en otras partes del país.

Dos departamentos -Antioquia y Valle- concentran otro 29% de las grandes empresas, de manera que en otros 18 departamentos solo se ubican 186 de las 1 000 empresas. Peor aún, en 10 departamentos no hay ni una sola.

Si en Bogotá llueve, en el resto del país no escampa. De las 185 empresas registradas en Antioquia, solo tres están por fuera del Valle de Aburrá, en Amagá, Marinilla y Apartadó. El resto, en Medellín o en los municipios aledaños como Bello, Itagüí, Envigado o Rionegro. En el Valle sucede lo mismo, con todas las empresas ubicadas en Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira. Las más alejadas están, una en Buga y otra en Zarzal. El centralismo no es exclusivo de los bogotanos.

¿A dónde va la plata de la salud?

En la base de datos de la Supersociedades se presenta información parcial sobre 99 entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud; de estas, 24 son EPS y 75 son IPS[1]. Desafortunadamente, no se tiene el detalle de los gastos administrativos o de prestación de servicios que permitirían dar un poco de claridad sobre el destino de los billonarios recursos del sector.

Lo que se sabe es que las EPS tienen un mayor volumen de ingresos operacionales ($69 billones), pero el resultado del grupo es negativo en $2.3 billones. Al desagregar, se observa que solo 5 dan utilidades, una está en equilibrio y las otras 19 arrojan pérdidas por valor de $2.6 billones.

El resultado de las IPS es inverso. Una mayoría de 67 entidades da utilidades por $2.4 billones, mientras que 8 (casi todos hospitales públicos) arrojan pérdidas de $155.000 millones. Con resultados similares que se vienen presentando desde hace varios años, el patrimonio del grupo de EPS es negativo en $1.3 billones, mientras que el de las IPS es positivo en $1.4 billones. Esta puede ser una explicación de la continua aparición de nuevas clínicas o centros de atención médica, a la vez que desaparecen algunas EPS.


[1] Instituciones privadas que prestan servicios de salud.

Mauricio Cabrera Galvis

Julio, 2023

Artículo para la revista Cambio

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