Home Autor
Autor

Mauricio Cabrera Galvis

dollar, currency, funds-2091739.jpg
Download PDF

Ante las grandes fluctuaciones del precio del dólar, que ya se cotiza cerca de los $4.100,  nadie se atreve a pronosticar si va a seguir bajando o volverá a subir. Yo tampoco.

Lo que sí es posible es examinar lo que los economistas llaman los “fundamentales” de la tasa de cambio, es decir los factores reales que inciden en las tendencias de largo plazo del precio de la divisa. 

Uno de ellos es el balance de las transacciones de bienes y servicios con el exterior que se resumen en la cuenta corriente de la balanza de pagos (CCBP); el otro es el balance de los flujos de entrada y salida de capitales que determina el endeudamiento neto del país con el exterior. Son las dos cuentas que conforman la oferta y demanda de dólares.     

Compramos afuera más de lo que vendemos.

En la CCBP el país viene registrando saldos negativos desde principios del siglo, llegando el año pasado a un máximo de USD 21.500 millones, equivalentes a 6.2% del PIB. Este déficit significa que estamos importando más bienes y servicios de lo que exportamos, es decir que la demanda de dólares es mayor que la oferta. No hay duda que esta es una de las razones que impulsó el aumento del precio del dólar hasta $4.800.

En 2014 y 2015 el país había registrado unos déficits en la CCBP similares a los del año pasado, pero con una diferencia muy importante, pues en esos años se acabó la bonanza petrolera y el precio del crudo cayó de 100 a menos de 40 dólares por barril. Por el contrario, el año pasado los precios del barril de petróleo fueron otra vez cercanos a USD 100, de manera que el déficit se produjo por el enorme crecimiento de las importaciones que llegaron a un máximo histórico de USD 72.000 millones.

Sin embargo, el primer trimestre de este año hubo un cambio de tendencia y el déficit de la CCBP se redujo a USD 3.422 millones (4.2% de PIB), mientras que en el mismo período del año anterior había sido de USD 5.372 millones (6.2% del PIB). En otras palabras, se redujo un poco el exceso de demanda de dólar, lo que disminuyó la presión alcista en el mercado y debe haber contribuido a la caída del precio de la divisa.

La mala noticia es que esa mejoría no se dio por un aumento de las exportaciones sino por la caída de las importaciones. Hasta abril, las exportaciones mostraban una disminución de 11.8%, producida por los menores precios del petróleo, la caída de la cantidad de café exportado y de los productos manufacturados (-3.1%) que no han reaccionado todavía al estimulo de la devaluación del peso.

En cuanto a las importaciones, cayeron 13.2% por las menores compras de materias primas (-17.0%) y de bienes de capital para la industria, mientras que las compras de bienes de consumo se mantuvieron casi iguales, con algunas excepciones como los textiles y prendas de vestir que sí disminuyeron cerca del 30%. Esto significa que el desplome de las importaciones no se dio por la devaluación, sino por la desaceleración de la economía y por la caída de la producción que requiere menos materias primas. Así sucedió en la gran recesión de 1999.

La prosperidad al debe

Cuando alguien gasta más de lo que tiene, o cuando un país compra en el exterior más de lo que vende, alguien debe financiar ese déficit; cuando esto se repite por años, el país va acumulando pasivos con el exterior que lo van haciendo más vulnerable a las fluctuaciones de los mercados de capitales internacionales.

Colombia ha tenido la fortuna de contar con abundantes fuentes de financiación externa que le han permitido cubrir su déficit en la CCBP. De una parte, recursos de inversión extranjera directa que en lo corrido del siglo, suman USD 227.000 millones, de los cuales el 38% ha ido para hidrocarburos y minería, el 16% para el sector financiero y el 15% para la industria. El sector agrícola solo ha recibido el 1.6% de ese total. 

La otra fuente de financiación han sido los créditos externos por valor de USD 151.000 millones, de los cuales el sector público ha recibido el 56% y el privado el restante 44%. En consecuencia, como proporción del PIB, la deuda externa del país pasó del 36% al 55%.

Por supuesto, en economía no hay almuerzo gratis, y hay que pagar por esos pasivos externos. En el período los inversionistas extranjeros han recibido dividendos por un valor de USD 166.000 millones (casi el 75% de lo que invirtieron), y por intereses se han pagado USD 82.000 millones. Estos dos rubros se contabilizan dentro de los egresos de la cuenta corriente y explican parte del déficit.

Por supuesto, además de acumular pasivos con el exterior, los residentes del país también adquieren activos en el exterior. Los colombianos han invertido cerca de USD 73.000 millones en empresas extranjeras y otro tanto en bonos y fondos de inversión internacionales; además, el Banco de la República ha acumulado reservas por USD 58.000 millones.

De todas maneras son más los pasivos que los activos externos del país, por lo que es negativa la posición de inversión internacional neta. Como se observa en el gráfico, es negativa en USD 180.000 millones. No es extraño este valor, dados los déficits de la CCBP de este siglo, pero sí es alarmante el ritmo de crecimiento, toda vez que a principios del siglo era de solo USD 25.000 millones.

Más allá de lo números absolutos, lo que importa para un país -como para cualquier deudor- es su capacidad de pago. Utilizando un indicador que no es muy preciso porque mezcla un saldo (las reservas internacionales) con un flujo (los ingresos anuales por exportaciones), pero sí da una idea de los recursos con que cuenta el país para atender sus pasivos externos, se puede observar cómo ha aumentado la vulnerabilidad externa del país, pues de un nivel de 1.15 al principio del siglo, ha bajado hasta 0.62.

La continuidad de la estabilidad macroeconómica del país y su tradición de buen deudor que nunca ha incumplido sus pagos, han permitido que se financien los crecientes déficits de la Balanza de Pagos. Hacia el futuro es indispensable mantener esas condiciones, pero también se requiere un gran esfuerzo de los sectores público y privado para aumentar las exportaciones y sustituir importaciones de manera que se disminuya el déficit y se requiera menos financiación. 

Mauricio Cabrera Galvis

Junio, 2023

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

1 comentario
0 Linkedin
pump jack, oilfield, oil-848300.jpg
Download PDF

Es muy probable que, en unos años, sí se necesite adjudicar nuevos contratos de exploración, pero, en el corto y mediano plazo, al país no le va a pasar nada si en dos o tres años no se firma ninguno porque hay suficiente actividad exploratoria en marcha y porque el resultado de los nuevos contratos toma tiempo en materializarse.

El debate sobre la política petrolera del país se ha centrado en la discusión sobre si se autorizan o no nuevos contratos de exploración. Es una discusión improductiva, extemporánea y que distrae de los verdaderos problemas de la producción de hidrocarburos y de la transición energética.

Además, es una discusión que tiene mucha carga ideológica y política. De hecho, entre el 2014 y el 2020 solo se realizó una ronda de adjudicación en el 2016, pero en esa ocasión no se firmaron nuevos contratos. Es decir, cinco años sin nuevos contratos y nunca se generó ningún debate.

Es muy probable que, en unos años, sí se necesite adjudicar nuevos contratos de exploración, pero, en el corto y mediano plazo, al país no le va a pasar nada si en dos o tres años no se firma ninguno, porque hay suficiente actividad exploratoria en marcha y porque el resultado de los nuevos contratos toma tiempo en materializarse.

Nuevos contratos de exploración solo producirán petróleo en la próxima década

En el imaginario colectivo se ha creado el mito de que los nuevos contratos de exploración nos van a permitir aumentar las reservas de petróleo en unos pocos años, y que van a eliminar el riesgo de una escasez de gas en el 2026. Es solo un mito, alejado de la realidad y alimentado por intereses políticos. 

Si se empezara a preparar ya mismo una nueva ronda de ofrecimiento de áreas para explorar, con mucha suerte los primeros pozos podrían empezar a producir hacia el año 2030 y lo más probable es que se demoren en promedio unos 10 años o más. 

Por ejemplo, el anuncio que hicieron Ecopetrol y Repsol de pozos productivos en el bloque CPO 09 en el piedemonte llanero, corresponde a un contrato de la ronda de 2008. Así mismo, los grandes descubrimientos de gas costa afuera de la Guajira, corresponden a contratos de la ronda de 2010 y faltan por lo menos 3 años para que entren en producción.

Explorar hidrocarburos no es soplar y hacer botellas. Por el contrario, es un proceso largo y riesgoso. Todo comienza con lo que se conoce como una “Ronda Colombia” que es una especie de licitación organizada por la ANH en la que se ofrecen áreas (llamadas bloques) con existencia potencial de hidrocarburos y las compañías interesadas hacen sus ofertas; ese proceso puede tomar hasta un año, como sucedió en la Ronda 2021 que se empezó a preparar desde el comienzo de ese año y se asignaron las áreas en diciembre. A esto se suman unos 3 meses para la negociación y suscripción de los contratos respectivos

Una vez firmado el contrato empieza una fase preliminar en la que se realizan actividades de verificación, confirmación y/o certificación de posibles grupos o comunidades étnicas en la zona de influencia y después se procede a solicitar la licencia ambiental, requisito indispensable para iniciar la exploración propiamente dicha, para la que los contratos establecen un plazo de 6 años prorrogables, o 9 años cuando son bloques costa afuera.

Como se aprecia en el cuadro, la fase de exploración puede durar un mínimo de 105 meses (8.1 años), y un máximo de 180 meses (15 años), después de los cuales hay que gestionar una nueva licencia ambiental para la explotación, que toma por lo menos un año más antes de que empiece la producción y comercialización. 

La conclusión clara es que nuevos contratos de exploración solo producirán petróleo o gas en la próxima década. Por supuesto, con suerte también se pueden dar unos casos excepcionales de éxitos tempranos, pero en el pasado el mínimo plazo requerido ha sido de seis años desde la firma del contrato hasta la sacada del primer barril. 

El potencial de los contratos de exploración vigentes

Lo anterior no significa que nos vamos a quedar sin petróleo en 7.5 años, o sin gas en 8.2 años, que es la cifra real de la duración de las Reservas Probadas (1P) de estos combustibles. La buena noticia es que, con los contratos de explotación vigentes, el país cuenta con un volumen muy importante de recursos de petróleo y gas ya identificados, que, con más actividades de exploración y la aplicación de nuevas tecnologías, con toda seguridad van a aumentar las reservas de hidrocarburos.

Un primer grupo de recursos son las Reservas Probables y Posibles que son yacimientos en los que todavía hay incertidumbres técnicas, regulatorias o ambientales sobre la posibilidad de explotarlos. En el caso del petróleo son 1.425 MBP, y en el del gas 1.394 GPC, que equivalen respectivamente al 69% y 50% de las reservas probadas. 

Después vienen los recursos contingentes que son aquellos que se encuentran en áreas exploradas o en desarrollo y están respaldados por evidencia geológica y datos preliminares, pero que aún no se consideran lo suficientemente maduros para el desarrollo comercial debido a una o más contingencias. Los de petróleo son el 114% de las reservas probadas, y los de gas el 180%. Por ejemplo, así se clasifican los yacimientos de gas de Gorgon y Purple Angel, porque todavía no existe la infraestructura para el transporte. 

También hay otros recursos identificados en las primeras etapas de la exploración como los ya descubiertos por verificar y delimitar mediante nuevos pozos y los Prospectivos que requieren, por ejemplo, más estudios de sísmica. En total estas dos categorías podrían duplicar las reservas de petróleo y multiplicar por 8 las de gas. Por supuesto no todo ese volumen se va a convertir en Reservas Probadas, pero la conclusión es que hay un gran potencial de aumentarlas con actividades de exploración ya contratadas.

La gran dificultad para tener más petróleo o gas no es la falta de nuevos contratos, sino las dificultades para realizar la exploración, que son principalmente de tres tipos: uno, las sociales por la negociación y, a veces, el chantaje de las comunidades de las zonas potenciales; dos, las ambientales, por la complejidad de obtener las licencias respectivas; y tres, las de orden público, por las amenazas de los grupos armados ilegales. 

Estos son los verdaderos problemas de la política petrolera y superarlos debe ser la prioridad del gobierno para garantizar la continuidad de la producción de hidrocarburos.

Mauricio Cabrera Galvis

Junio, 2023

Artículo para la revista CAMBIO, Colombia

2 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

Las reformas sociales propuestas por el gobierno Petro (Pensional, Laboral y Salud) no son proyectos radicales de corte socialista, ni pretenden modificar la estructura de la propiedad de los medios de producción. Se puede decir que son propuestas de corte socialdemócrata, en el sentido europeo del término, en la medida en que sus objetivos principales son extender los beneficios del Estado de Bienestar y la seguridad social para que cubran a todos los ciudadanos.

Por esta razón casi nadie en el país, salvo la extrema derecha más radical, cuestiona los objetivos de las reformas. El debate fuerte se ha dado sobre la forma de alcanzarlos y en particular sobre el papel que deben jugar el Estado y el sector privado en la provisión de estos servicios esenciales.

La intensidad de este debate ha llevado a que se preste poca atención a otros temas que son importantes y que no están incluidos en los proyectos de ley. A continuación se presentan algunos de los relacionados con las reformas pensional y laboral.

REFORMA PENSIONAL MANTIENE LOS REGÍMENES ESPECIALES 

Los dos grandes problemas del sistema pensional en Colombia son su baja cobertura y la inequidad en la asignación de recursos públicos que en buena parte subsidian a personas de ingresos medios y altos. 

En cuanto a la cobertura, los dos regímenes actuales -el de Prima Media y el de Ahorro Individual Solidario- solo cubren al 25 % de la población en edad de jubilación. A esto habría que añadir un porcentaje similar de los beneficiarios del programa Colombia Mayor, pero que reciben una suma irrisoria que no les permite superar siquiera el umbral de la pobreza extrema. 

El mayor aporte de la reforma para la disminución de la pobreza es la creación de un pilar solidario que inicialmente debe cubrir unos 2.3 millones de personas que recibirán $223.000 mensuales. Además, el pilar semicontributivo ampliará la cobertura a aquellas personas que durante su vida laboral no alcanzan a aportar el mínimo necesario para obtener una pensión.

La reforma también hace algunos avances en materia de equidad, en particular al limitar las pensiones que pueden recibir subsidio del Estado a través de Colpensiones. Hoy lo pueden recibir pensiones hasta de 25 salarios mínimos (SM), y se ha propuesto que sea solo hasta 3 SM. Este es uno de los puntos de controversia, pues hay opiniones autorizadas que este límite debería reducirse a 1.5 o 2 SM.

Sin embargo, la gran ausencia del proyecto de reforma es la modificación de los regímenes especiales de pensiones que aún subsisten y que son los que absorben la mayor parte de los subsidios públicos. Se trata de los regímenes de pensiones del magisterio y de la fuerza pública. El primero lo maneja el Fondo Especial de prestaciones sociales del magisterio (FROMAG), mientras que para el segundo existen las Cajas de Sueldo de Retiro de las FF.MM. (CREMIL) y de la Policía (CASUR).

Los afiliados a estos regímenes tienen varios privilegios frente al resto de los colombianos en materias tales como la edad de retiro y el monto de la pensión que no corresponde a lo cotizado, lo cual lleva a que el costo para el presupuesto nacional haya sido en 2021 de $8 billones para 171.000 pensionados de la fuerza pública y $7.2 billones para 217.000 del magisterio. Si no se modifican las condiciones de estos regímenes el costo fiscal crecerá exponencialmente en los próximos años por el número de personas que accederán a esas pensiones privilegiadas.  

Estos regímenes especiales son una de los principales factores que contribuyen a la inequidad en la asignación de los recursos presupuestales y, por lo tanto, a que el gasto público sea ineficaz para mejorar la distribución de ingreso en Colombia. Por eso es lamentable que la reforma pensional no los toque. 

REFORMA LABORAL SIN CREACIÓN DE EMPLEO

Según la exposición de motivos de la reforma laboral, su objetivo central es “materializar el trabajo digno y decente en Colombia, mediante el fortalecimiento de la productividad y la industrialización con justicia social, y como respuesta a los llamados de la población trabajadora que ha sufrido la pesada carga de reformas restrictivas de sus derechos”.

Hay que distinguir dos clases de propuestas de la reforma: una, buscan corregir el conejo millonario que le hicieron a los trabajadores con la reforma laboral de Uribe (Ley 789 de 2002) que redujo los ingresos de los trabajadores (horas extras y dominicales), supuestamente para incentivar a las empresas a crear más puestos de trabajo. Estudios técnicos demostraron que esa reforma no generó empleo, por lo cual ha debido ser derogada desde 2004 y nunca se cumplió esa obligación legal.

A diferencia de lo anterior, que busca devolver derechos quitados a los trabajadores, las demás propuestas de la reforma buscan reforzar los derechos de los trabajadores modificando las condiciones de los contratos laborales. Objetivo loable que beneficiará a quienes hoy tienen contratos formales, pero no afectará a la mayoría de los trabajadores del país que están en la informalidad o desempleados,. porque la realidad es que el principal problema del empleo en Colombia no son las condiciones de los trabajadores formales -aunque pueden ser mejoradas-, sino el 11 % de desempleados, es decir, los 2.9 millones de personas que quieren trabajar y no encuentran empleo, y los cerca de 12 millones que están en la informalidad, que son casi 60 % de los que tienen trabajo. 

La mejor forma para que toda la población colombiana tenga acceso a la seguridad social y la salud, y sobre todo para que pueda hacer las tres comidas diarias y no pase hambre, es que tenga un empleo digno y decente. Los subsidios son un paliativo necesario, pero nunca se pueden considerar la solución de largo plazo. Para ello es indispensable que los empresarios, sobre todo los pequeños, tengan los incentivos adecuados para crear nuevos empleos y que el gobierno impulse programas de empleo de emergencia en las regiones. Nada de esto está incluido en la propuesta de reforma laboral.

Mauricio Cabrera Galvis

Mayo, 2023

5 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

Es indispensable el papel del periodismo, sobre todo el de investigación, para la lucha contra el autoritarismo y la corrupción. Siempre es oportuno un poco de crítica a la falta de objetividad con que algunos medios titulan ciertas noticias.

No le conviene al país la confrontación entre el presidente y los medios de comunicación. Como en todas las discusiones hay un poco de razón en ambas partes, pero es necesario bajarle el tono al debate público porque ni el gobierno está imponiendo ningún tipo de censura, ni coartando la libertad de prensa, ni los medios son los responsables de las críticas al gobierno de varios sectores del país. La culpa no es del mensajero.

Dicho esto y reiterando que considero que es indispensable el papel del periodismo, sobre todo el de investigación, para la lucha contra el autoritarismo y la corrupción, creo que siempre es oportuno un poco de crítica a la falta de objetividad con que algunos medios titulan ciertas noticias.

Me refiero a los titulares porque estos siguen teniendo una amplia influencia en la opinión pública, no solo porque mucha gente no pasa del titular al contenido de la noticia, sino sobre todo porque los titulares son los que salen cuando se “googlea” un tema y porque se reproducen con mucha facilidad en las redes sociales.

Unos cuantos ejemplos de temas económicos que conozco. El más controversial es el de los nuevos contratos de exploración de petróleo. La Ministra de Minas ha declarado varias veces que no habrá nuevos contratos aunque en otras ocasiones, incluso en un comunicado conjunto con otros ministros, ha afirmado que el tema está en estudio y que se definirá cuando se tengan los datos más recientes de reservas de petróleo del país.

Más allá de la ambigüedad de la posición oficial, lo que definitivamente no es cierto es que el gobierno haya dicho que se va a acabar la exploración de petróleo; por el contrario, piensa seguir con los cerca de 200 contratos ya firmados y está reactivando 35 que estaban parados. Sin embargo, el 19 de enero, RCN dio un titular falso: “Anuncian que no habrá más exploración de gas y petróleo”. Semana, un poco más cautelosa lo plantea como pregunta: “¿Se suspenderá la exploración de petróleo?”.

El error trasciende a los medios internacionales. El 28 de enero, el titular del Wall Street Journal fue “Colombia dice no a la exploración de petróleo”. De manera similar, el Financial Times del 10 de mayo tituló así su reseña de una entrevista al nuevo Ministro de Hacienda: “Colombia duplica su apuesta para dejar el petróleo y el gas”. Se le olvidó informar que el ministro dijo que este era un proceso de por lo menos 15 años.

Otro ejemplo es la forma como se reportaron, el 10 de mayo, los resultados de Ecopetrol del primer trimestre: “Ganancias de Ecopetrol cayeron 13.6% en el primer trimestre de 2023”, fue el titular de El Tiempo; “Roa recibe Ecopetrol con caída de la utilidad”, dio La República y “Cayeron las utilidades de Ecopetrol, el Estado recibirá menos plata” fue el titular digital de Cambio.

Estos titulares no son falsos pero si engañosos. Es cierto que las utilidades cayeron frente al año pasado (4.9%), pero a pesar de la caída del precio del Brent la utilidad antes de impuestos subió 12%. La razón es que los impuestos aumentaron 44%. Por eso no es cierto decir que el Estado recibirá menos plata; por el contrario, está recibiendo mucho más por la reforma tributaria.

No pretendo dar lecciones de periodismo, pero sí creo que titulares más objetivos contribuirían a un debate más desapasionado.

Mauricio Cabrera Galvis

Mayo, 2023

Publicado en El País de Cali,  Colombia 

3 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

Reducir el subsidio al precio de los combustibles es una medida indispensable para uno de los programas bandera del gobierno que es la Transición Económica Justa (TEJ).

La decisión oficial confirmada por el nuevo Ministro de Hacienda de continuar subiendo el precio de la gasolina, ha levantado críticas, incluso entre partidarios del gobierno. Algunos han llegado a afirmar que se trata de una política neoliberal, impuesta por el FMI. Nada más equivocado.

Reducir el subsidio al precio de los combustibles es una medida indispensable para uno de los programas bandera del gobierno, que es la Transición Económica Justa (TEJ)

La TEJ busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón), sustituyéndolos por fuentes de energía renovables como la hidroeléctrica, la solar, la eólica, la geotermia y la biomasa. Además, aspira a suministrar energía limpia y accesible a millones de colombianos que están desconectaos de la red eléctrica nacional o que todavía cocinan con leña.

La TEJ es una tarea urgente e inaplazable, pues es el único camino para frenar el calentamiento global, que es la gran amenaza para nuestra supervivencia en el planeta tierra, puesto que los combustibles fósiles son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que lo causan y solo reduciendo su consumo se logrará evitar un aumento de la temperatura del planeta mayor a 1.5 grados

¿Qué tiene que ver el precio de la gasolina con la TEJ? La inexorable ley económica de la oferta y la demanda nos dice que subir el precio de la gasolina y el diésel sirve para reducir el consumo de combustibles fósiles, sobre todo cuando el precio doméstico es muy inferior al internacional.

A pesar que el gobierno Petro corrigió el error populista de su predecesor y hoy el precio de la gasolina se acerca a los $12.000 por galón, todavía está unos $5.000 pesos, por debajo del internacional. Como importamos una parte de la gasolina que se consume y a Ecopetrol se le paga el precio internacional, alguien tiene que subsidiar la diferencia y ese alguien es el presupuesto nacional, a través del Fondo para la estabilización de precios de los combustibles (FEPC).

El hueco del FEPC es enorme. El año pasado acumuló un déficit de $26.4 billones (2.2% del PIB) y este año va a generar uno de similar tamaño. Esto es más que lo que se espera recaudar con la reforma tributaria y está absorbiendo recursos del presupuesto nacional que se podrían utilizar para aliviar la pobreza de millones de colombianos. En 2023 el gobierno tiene que utilizar los 21 billones de pesos de dividendos que le entregó Ecopetrol para tapar parcialmente ese hueco.

Como los costos de producción del petróleo en Colombia son mucho menores que los precios internacionales, pretender que a Ecopetrol se le pague menos por los combustibles que produce es tapar un hueco abriendo otro. El presupuesto nacional no tendría que pagar el déficit del FEPC, pero Ecopetrol tendría menos ingresos y por lo tanto menos utilidades para entregarle dividendos al gobierno.

La TEJ es costosa y requiere cuantiosos recursos. Son millonarias, y en dólares, las inversiones necesarias para montar plantas de energía solar o parques eólicos, o para la producción de hidrógeno verde o blanco.

¿De donde van a salir los recursos para estas cuantiosas inversiones? Por ahora, del petróleo. Esta es la gran paradoja de la TEJ: para combatir el cambio climático se necesita consumir menos petróleo, pero para lograrlo se necesita producir más petróleo.

Mauricio Cabrera Galvis

Mayo, 2023

Publicado en la revista Cambio, Colombia.

0 comentario
0 Linkedin
Download PDF

Una de las palabras que más se escucha cuando se habla sobre la situación económica es Incertidumbre. Son muchas las cosas que están cambiando y los analistas tienen dificultad de pronosticar el comportamiento de las variables económicas; para algunos empresarios esta dificultad justifica el aplazamiento de sus decisiones de inversión.

La realidad es que 2023 va a ser, y está siendo, un año difícil en materia económica. La inflación más alta en lo que va corrido del siglo, tasas de interés por las nubes, dólar acercándose a la tabla del 5 -aunque en los últimos días haya retrocedido un poco- consumo de los hogares reduciéndose por el costo del crédito, construcción de vivienda estancada, importaciones que caen en fin, una desaceleración del crecimiento que ya se siente y que se pronostica que puede caer hasta un magro 1% anual.

Es claro el encadenamiento de factores que ha generado esta situación. Se inicia con un aumento generalizado de precios en todo el mundo por los coletazos de los problemas logísticos que dejó la pandemia en el comercio internacional y, sobre todo, por el impacto que ha tenido la invasión rusa a Ucrania sobre los precios del gas, el petróleo, el carbón y algunas materias primas. En Colombia, la inflación se agravó por la ola invernal que produjo una reducción en la oferta de alimentos.

Con tasas de inflación que superaron el 10% en muchos países, la reacción típica de los bancos centrales fue subir las tasas de interés paras frenar el consumo y la inversión, a sabiendas de que los precios no han subido por un exceso de demanda, sino por reducción de la oferta y por el aumento de los costos. En Europa y Estados Unidos han empezado a tener éxito y la inflación va cediendo, a costa de frenar el crecimiento económico.

En Colombia nos quedamos con el pecado y sin el género, porque se ha frenado el crecimiento, sin que la inflación haya doblado la cerviz. Además hemos sufrido el otro efecto de las altas tasas de interés internacionales, que ha sido la salida de capitales de los países en desarrollo, lo que ha producido la devaluación del peso y de la mayoría de las monedas.

En este contexto internacional poco favorable, la economía colombiana tiene varios aspectos positivos que mostrar; el más importante es el ajuste no traumático que se está haciendo frente a los enormes desequilibrios macroeconómicos y sociales heredados del gobierno anterior. En particular, la reducción de los déficits gemelos -el fiscal y el externo- y la implementación de políticas tributarias y fiscales que deben disminuir las enormes brechas de pobreza y desigualdad existentes.

En materia fiscal, en 2022 el déficit fue del 5.5% del PIB, sin contar el enorme hueco del subsidio a la gasolina (el FPEC). Para este año se va a reducir a 3.8% del PIB como consecuencia de la reforma tributaria, el control de gasto púbico y la valiente decisión política de aumentar el precio de la gasolina.

En el frente externo, el déficit de la cuenta corriente alcanzó un record histórico de USD 21.500 millones (6.2% del PIB), y se espera que este año baje a 4%, sobre todo por la reducción de las importaciones inducida por la tasa de cambio y el menor crecimiento.

El manejo económico del gobierno ha sido responsable y eso es motivo suficiente para reducir la incertidumbre.

Mauricio Cabrera Galvis

Mayo, 2023

2 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

La  quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) -por tamaño, el banco 16 en USA- seguida dos días más tarde por el colapso del Signature Bank -en el puesto 29- y la forma como fueron rescatados, ha puesto de presente un nuevo dilema que enfrentan las autoridades monetarias: ¿suben las tasas de interés para controlar la inflación, o relajan la política monetaria para evitar una crisis financiera? 

La  quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) -por tamaño, el banco 16 en USA- seguida dos días más tarde por el colapso del Signature Bank -en el puesto 29- y la forma como fueron rescatados, ha puesto de presente un nuevo dilema que enfrentan las autoridades monetarias: ¿suben las tasas de interés para controlar la inflación, o relajan la política monetaria para evitar una crisis financiera? 

El dilema conocido de los bancos centrales era entre inflación y crecimiento/empleo, pues es sabido que elevar las tasas de interés, -que es su instrumento principal para controlar la inflación- frena el crecimiento y afecta el empleo. La quiebra de estos bancos  ha mostrado en la práctica que las altas tasas de interés también afectan los balances de los bancos y pueden desatar una crisis financiera. 

Los bancos centrales siempre han privilegiado el control de la inflación sobre el empleo, pero lo que ha demostrado este episodio es que para evitar una crisis financiera sí están dispuestos a hacer “lo que sea necesario”, incluyendo un aumento de la emisión monetaria. 

Tasa de interés y estabilidad financiera

El aumento de la tasa de interés tiene un doble impacto negativo sobre el sistema financiero. El primero, es que al subir las tasas de manera inmediata se desvalorizan y bajan de precio los bonos y papeles financieros que tienen sus rendimientos a tasa fija. Esto le ocurre aún a activos con la mejor calificación y el menor riesgo crediticio como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 

Cuando esto sucede, de acuerdo con las normas contables, las entidades financieras deben registrar el menor valor de su inversiones como una pérdida en su balance, lo que ocasiona de manera inmediata una caída en el precio de las acciones de la entidades afectadas. Si las pérdidas son demasiado grandes, los clientes pueden perder la confianza en el banco y empiezan a retirar sus depósitos, como le sucedió al SVB. 

Se estima que por este concepto, la banca norteamericana tiene pérdidas que no ha registrado por unos USD 620 000 millones (el doble del PIB colombiano). Por el contrario, hay que anotar que este riesgo es muy pequeño en Colombia, porque el monto de las inversiones de los bancos en papeles de tasa fija es reducido.

El segundo impacto negativo es el deterioro de la calidad de la cartera de los bancos, es decir el aumento de los créditos vencidos que se produce por las dificultades de los deudores de pagar intereses más altos. De nuevo, al tener que hacer provisiones o castigar los créditos que no pueden cobrar, los bancos tienen que registrar pérdidas en sus balances, con las mismas consecuencias del caso anterior.

Hasta ahora no se ha presentado un deterioro significativo de la cartera de los bancos en USA, tampoco en Colombia. Pero el riesgo existe, y fue una de la causas de la gran crisis financiera de nuestro país en 1999, cuando la tasa del UPAC llegó a niveles del 45% por el error de la Junta Directiva del Banco de la Republica de atarlo al DTF. Los créditos hipotecarios se hicieron impagables, los deudores perdieron sus viviendas, los constructores se quebraron y el sistema bancario colapsó.

UNA CRISIS PREVISIBLE

Para tratar de frenar una inflación producida por factores de oferta y costos, el Federal Reserve (FED) decidió reducir la demanda y en un año subió su tasa de referencia de 0 a 4.75%. Esta fue la chispa que desató la bancarrota del SVB, pero el incendio se produjo porque se conjugaron varios factores, entre ellos varias decisiones equivocadas.

Primer error, el SVB tenía el 40% de sus activos invertidos en bonos de tasa fija de manera que iba a presentar cuantiosas pérdidas. Cuando el mercado conoció estas pérdidas se produjo una corrida de depósitos, porque los ahorradores retiraron depósitos por USD 42 000 millones, que eran el 25% del total de los depósitos del banco. Esto fue posible por un error anterior que fue una flexibilización de la regulación bancaria en la época de Trump, que redujo las exigencias de control a bancos medianos, pero también por las redes sociales y las nuevas tecnologías que permitieron que ese masivo retro de depósitos se hiciera en una tarde.

Ante la inminencia de una cesación de pagos por parte del banco y la posibilidad que hubiera contagio a otros bancos, como ya le estaba sucediendo al Signature Bank. Las autoridades monetarias intervinieron a los dos y los cerraron, pero tomaron medidas extraordinarias para mantener la confianza del público en el sistema bancario.

La primera fue extender el seguro de depósito a todos los depositantes. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), garantiza los depósitos hasta por USD 250 000, pero en el caso del SVB el 90% de los depósitos pertenecían a los grandes inversionistas tecnológicos y su valor individual era mucho mayor al tope asegurado. Para evitarles pérdidas, la FDIC decidió responder por la totalidad de los depósitos, lo cual le representa un costo estimado en USD 20 000 millones. Los que sí pierden todo su capital son los accionistas del banco.

La segunda fue adoptada por la FED para evitar que todos los bancos tuvieran que registrar pérdidas por la desvalorización de sus inversiones en bonos y, a la vez, tuvieran suficiente efectivo para responder ante una corrida de depósitos. Para ello la FED abrió una ventanilla especial para comprar (con pacto de recompra) a todos los bancos los bonos al valor nominal, y no al precio de mercado que es inferior. Es una emisión monetaria pura y simple.

La rápida intervención de la FED y la FDIC evitó que la quiebra de estos dos bancos generara una corrida de depósitos en otros bancos y se llegara a una crisis generalizada. Pero también mostró que para estas autoridades el control monetario es menos importante que la estabilidad financiera.

Mauricio Cabrera Galvis

Abril, 2023

Publicado en CAMBIO

0 comentario
0 Linkedin
Download PDF

La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) -el banco en el puesto 16 por tamaño en USA.- seguido dos días más tarde por el colapso del Signature Bank -en el puesto 29- ha revivido los fantasmas de la crisis financiera del 2008. Y también en Europa donde colapsó el Credit Suisse y está en estado crítico el Deustsche Bank de Alemania.

Sin embargo la situación es muy diferente. La crisis de 2008 se originó en la desinflada de la burbuja de precios de la vivienda -que habían crecido 120% en 6 años- lo que generó una gran deterioro de los créditos hipotecarios y la quiebra de las entidades bancarias y no bancarias que los habían adquirido.

En esta ocasión el origen estuvo en la subida de las tasas de interés del banco central, que llevó a que perdieran valor todos los bonos y papeles de tasa fija. El SVB tenía el 40% de sus activos invertidos en este tipo de bonos, de manera que iba a presentar cuantiosas pérdidas. Cuando el mercado conoció estas pérdidas se produjo una corrida de depósitos, porque los ahorradores retiraron depósitos por USD 42.000 millones, que eran el 25% del total de los depósitos del banco.

Ante la inminencia de una cesación de pagos por parte del banco, es decir que no tuviera efectivo para entregar a quienes pedían de vuelta su depósitos, y la posibilidad de que hubiera contagio y a otros bancos les sucediera lo mismo, como ya le estaba sucediendo al Signature Bank, las autoridades monetarias intervinieron a los dos y los cerraron, pero tomaron medidas extraordinarias para mantener la confianza del público en el sistema bancario.

La primera fue extender el seguro de depósito a todos los depositantes. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), garantiza los depósitos hasta por USD 250.000 (En Colombia el Fogafin garantiza hasta $50 millones por depositante), pero en el caso del SVB el 90% de los depósitos pertenecían a los grandes inversionistas tecnológicos y su valor individual era mucho mayor al tope asegurado. Para evitarles pérdidas, la FDIC decidió responder por la totalidad de los depósitos, lo cual le representa un costo estimado en USD 20.000 millones. Los que si pierden todo su capital son los accionistas del banco.

La segunda fue adoptada por la FED para evitar que todos los bancos tuvieran que registrar pérdidas por la desvalorización de sus inversiones en bonos y, a la vez, tuvieran suficiente efectivo para responder ante una corrida de depósitos. Para ello la FED abrió una ventanilla especial para comprar (con pacto de recompra) a todos los bancos  los bonos al valor nominal, y no al precio de mercado que es inferior.

Varias lecciones quedan de este episodio. Una, que la subida de las tasas de interés de los bancos centrales no solo afecta el crecimiento económico, sino que también puede generar inestabilidad y crisis financieras. Dos, que las autoridades están dispuestas a hacer todo lo que sea necesario (menos bajar sus tasas de interés) para evitar una crisis financiera generalizada, incluyendo medidas tan extremas como las mencionadas; Tres, que ya no solo intervienen para salvar a los bancos que son “demasiado grandes para quebrarse”, sino que también lo hacen con bancos medianos como el SVB, porque estos también representan un riesgo sistémico. Parece que ya no se van a volver a quebrar bancos.

Mauricio Cabrera Galvis

Abril, 2023

2 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

¿Cómo desarrollar una región como la Orinoquía, con 254.000 Km2 de los cuales solo el 4% está cultivado y el 40% dedicado a ganadería extensiva y de baja productividad? ¿Cómo superar todos los obstáculos y falencias que han impedido que se convierta en la gran despensa agrícola de Colombia, a pesar de las declaraciones de todos los gobiernos desde hace décadas? 

Un tarea de tal magnitud requiere el esfuerzo mancomunado del sector público y el privado, pero sabiendo que a su vez cada uno de ellos incluye una multiplicidad de actores. En el caso del sector público debe coordinarse la acción de varios ministerios del nivel nacional con la entidades territoriales de la región; en cuanto a los privados, deben estar presentes tanto las grandes empresas agroindustriales como los emprendedores y los pequeños y medianos productores, pero también organizaciones de la sociedad civil junto con la academia y centros de investigación  

LA ESTRELLA POLAR

Un prerrequisito para que la acción conjunta de tantos actores sea eficaz, es que se defina un gran objetivo común alrededor del cual se articulen los aportes y actividades de cada uno de ellos. Como dicen los expertos en planeación, es la estrella polar que debe orientar el accionar de todos los involucrados.

Hay cierto grado de consenso en lo que se debe buscar en la Orinoquía y muchas formas de escribirlo o expresarlo. La Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia – ASORINOQUIA una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es “Contribuir al desarrollo equitativo, sostenible y sostenido del territorio”, en su propuesta para la Misión Orinoquía  lo ha planteado así: 

Para 2030, convertir la Orinoquía en la gran despensa alimentaria de Colombia, con producción agrícola y pecuaria sostenible que proteja el medio ambiente, integrando a las empresas agroindustriales con modelos asociativos que fortalezcan la economía campesina, generen inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población.”

Un planteamiento de este estilo puede quedarse en una formulación bonita, grabada en pergamino y letra de estilo como dicen las condecoraciones, si no se tiene, entre otros elementos indispensables, un plan de acción con prioridades bien definidas, cronograma y metas específicas, dolientes y medición de resultados. Para ello se necesita desgranar y concretar el gran objetivo en proyectos bien definidos y estructurados, que a su vez tengan sus propios objetivos y metas.

De nuevo en la propuesta de ASORINOQUIA se han planteado doce proyectos concretos, algunos liderados por una entidad del sector público y otros por el entidades del sector privado, aunque en todos se requiere la participación de ambos. Algunos de ellos se enumeran a continuación.

PROYECTOS PARA LA ORINOQUIA

Los proyectos que requieren del liderazgo del sector público son aquellos cuyo objetivo es la provisión de bienes públicos. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: Uno, el Aseguramiento del Bienestar de la Población, que requiere oferta de educación pertinente y de calidad, servicios de salud para todos los habitantes y vivienda digna que incluye agua potable, energía y conectividad.

Dos, el Fortalecimiento de la economía campesina e indígena, mediante proyectos productivos y esquemas asociativos que generen empleo e ingresos a las familias campesinas; tres, la Seguridad ciudadana en el contexto dela Paz Total; cuatro,  el ordenamiento del territorio que de solución al problema de la titulación de la tierra para pequeños, medianos y grandes propietarios; cuatro la dotación de infraestructura de vías y comunicaciones, tanto en la región como para su conexión con el Pacífico.

En cuanto al sector privado también debe asumir el liderazgo de difundir y expandir proyectos que ya han desarrollado tales como el aumento de la productividad agrícola mediante el desarrollo y difusión de paquetes tecnológicos adaptados a las condiciones de la región, la expansión de la Ganadería sostenible y regenerativa que permite una utilización más eficiente de la tierra o la extensión de la cadena de proteína animal que empieza con la producción de soya y maíz y culmina en la comercialización de carnes.

Otras áreas donde se deben estructurar proyectos son los clústeres forestales que permitan el doble propósito de combatir el cambio climático y producir madera para su uso comercial o para la generación de energía con biomasa. Así mismo la promoción del Ecoturismo con zonas de conservación de flora y fauna que atraigan visitantes nacionales y extranjeros.

Denominador común de todos estos proyectos no debe ser solo el aumento de la producción agropecuaria para lograr la soberanía alimentaria nacional, sino también para generar excedentes de exportación que, por supuesto requieren la creación de canales de comercialización eficientes, apertura de nuevos mercados externos y procesos productivos que garanticen los requisitos de trazabilidad exigidos por los mercados internacionales.

Esta simple enumeración de algunos de los proyectos necesarios para el desarrollo de la Orinoquia  muestra la complejidad del reto que se enfrenta para hacerlos realidad. Si se mira el lado del sector público, por ejemplo, se requiere la participación de varios ministerios: agricultura, industria y comercio, infraestructura, medio ambiente, Ciencia y Tecnología, Vivienda, Educación, Salud, entre otros. 

Para lograr la coordinación institucional entre tantas entidades públicas es indispensable una gerencia de alto nivel que además sea interlocutor de las empresas y entidades privadas que deben participar en el proceso. Solo así se logrará que en esta ocasión otro plan de desarrollo de la Orinoquia o se quede en documentos que duerman en las bibliotecas. 

Mauricio Cabrera Galvis

Marzo, 2023

6 Comentarios
2 Linkedin
budget, cost, dollars-158926.jpg
Download PDF

La política oficial de dar subsidios para la adquisición de vivienda ha sido muy efectiva para que miles de familias de bajos ingresos puedan tener casa propia, pero también ha sido un excelente negocio para los constructores y sobre todo para los dueños de los lotes donde se han desarrollado los proyectos. Tan bueno que otros miles de familias se quedaron sin la posibilidad de acceder a vivienda propia.

La razón es que los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y, por lo tanto, el valor del subsidio otorgado por el gobierno para cada casa subieron tanto, que el presupuesto disponible para subsidios solo alcanzó para un número menor de familias. 

PRECIOS DE LA VIS Y SALARIO MÍNIMO 

La VIS es un bien cuyo precio es regulado por el gobierno, lo mismo que su crecimiento anual. El Ministerio de Vivienda la define como “aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLV”). Dentro del programa “Mi Casa Ya”, para familias con ingresos inferiores a 2 SMLV el gobierno otorga un subsidio de hasta 30 SMLV. 

De acuerdo con esta regulación, el precio de una VIS crece todos los años lo mismo que el salario mínimo y, como es usual que este crezca un poco mas que la inflación anual, los precios de la VIS han aumentado por encima de la variación del IPC. 

Así, en el año 1999 cuando el SMLV era de $236.480, una VIS se vendía por $31.9 millones, y el año pasado su precio era de $135 millones, lo que representa un aumento de 323%; 

Una consecuencia inmediata de esta fórmula es que no se ha aumentado la capacidad de los más pobres para adquirir vivienda, ni siquiera de los que tienen contrato formal y ganan el salario mínimo, pues el precio de la VIS ha aumentado lo mismo que sus ingresos. Peor aún, con la misma plata (en términos de salarios) hoy compran viviendas de menos metros cuadrados, pues las constructoras han disminuido el tamaño de las VIS. 

La situación hubiera sido muy diferente, y más familias pobres hubieran podido tener casa propia, si el incremento del precio regulado por el Estado hubiera sido inferior, por ejemplo si solo hubiera autorizado crecer con la inflación anual y no con el salario mínimo. En efecto, como el cambio acumulado del IPC en el período considerado fue de “solo” 217%, en el 2022 el precio máximo de una VIS hubiera sido de $101.2 millones, es decir que el comprador solo hubiera pagado 101 SMLV. 

También la capacidad del Estado de otorgar subsidios se vio afectada con el incremento autorizado del precio de la VIS, puesto que el monto de cada subsidio pasó de $7.1 millones en 1999 a $30 millones en 2022, mientras que si se hubiera incrementado solo con la inflación anual, su valor en este último año hubiera sido de $22.5 millones, de manera que con el mismo monto de recursos del presupuesto nacional se hubiera podido subsidiar un mayor número de familias. 

Como se observa en el cuadro siguiente, en ocho años el programa “Mi Casa Ya” ha entregado 262.268 subsidios por un valor de $5.64 billones; si desde 1999 el valor de cada subsidio hubiese crecido con la inflación y no con el SMLV, el costo para el Estado hubiera sido de $4.18 billones, es decir que se hubiera ahorrado casi $1.5 billones, que le hubiera permitido otorgar otros 90.000 subsidios.

¿QUIEN GANÓ CON LOS PRECIOS DE LA VIS?

Sería muy bueno que una VIS se pudiera vender hoy por $29 millones menos, pero ¿es posible construirla por ese valor? Para responder esta pregunta conviene mirar la evolución de los costos de construcción de vivienda en Colombia con la información que suministra el DANE que publicaba el Índice de Costos de Construcción de VIVIENDA (ICCV) y a partir de 2022 el de Edificaciones (ICOCED).

Este índice recoge las variaciones de los costos de todos los insumos de la construcción, tales como Materiales, Maquinaria y Equipos, Mano de Obra, Servicios y Transporte. Los únicos factores de costo que no están incluidos son la tierra y el margen de utilidad del constructor.

En el gráfico están representados el crecimiento de losÍndices de precios (IPC), de costos de vivienda y (ICCV) y del salario mínimo (SMLV) desde el año 1999 hasta el 2022. Lo primero que se observa es que en este período los costos de construcción han crecido menos que la inflación (217% y 201% respectivamente).

Fuente: DANE – Base 1999 = 100

Como ya se explicó que el precio de la VIS ha estado atado al salario mínimo, es evidente que este precio de venta ha crecido mucho más que el costo de construirlas, exactamente un 40% más. En otras palabras si el precio de una VIS se hubiera incrementado lo mismo que los costos de construirla, hoy sería de $100 millones, y no de $135 millones. Entonces cabe preguntarse ¿Quién se ha quedado con este diferencial? 

La diferencia es grande. Suponiendo que todas las VIS del programa “Mi Casa Ya’ se vendieron a 135 SMLV, el valor total de las transacciones hubiera sido $31.3 billones; si en cambio su precio se hubiera ajustado cada año por el IPC, este valor sería de $23.2 billones, es decir una diferencia de unos $8 billones que ha sido una utilidad adicional para alguien. ¿Quién?

Dadas las características del mercado de vivienda en Colombia, es posible que al aumentar el precio de la VIS por encima de sus costos los constructores hayan incrementado un poco su margen de utilidad, pero la hipótesis más probable es que la mayor parte de esta diferencia haya ido a los bolsillos de los dueños de los lotes, pues hay evidencia del mayor aumento de los precios de la tierra.

*​*​*

COLETILLA. La dramática caída de las ventas de vivienda en lo corrido de este año es consecuencia directa de la subida de las tasas de interés de los créditos. El Banco de la República está logrando su objetivo de frenar la economía para controlar la inflación.

Mauricio Cabrera Galvis

Marzo, 2023

Publicado en la Revista CAMBIO

0 comentario
1 Linkedin
Download PDF

En dos artículos anteriores (12 de febrero, 5 de marzo) Mauricio Cabrera sustentó la necesidad de la construcción de este ferrocarril. En este último sobre el tema nos presenta su factibilidad.

La Orinoquía es la cuarta parte del territorio nacional con muy débiles conexiones con el resto del país. Si se integrara, este enorme territorio podría ser no solo la gran despensa alimentaria del Colombia sino también la productora de excedentes para exportar. De otra parte la China y los demás países asiáticos son uno de los mercados de mayor potencial para los productos colombianos. Por eso hoy nadie cuestiona la importancia y necesidad de la conexión Pacífico Orinoquía; lo que se discute es como hacerla, pero la mejor alternativa es el Ferrocarril Transandino que llegue hasta Puerto Carreño.

Hace tanto tiempo que no se construye un ferrocarril en Colombia y están tan presentes en el imaginario colectivo los problemas que llevaron a la casi desaparición del transporte de pasajeros y carga en el país, que cuando se plantea la posibilidad de emprender un ambicioso proyecto como el del ferrocarril Buenaventura-Puerto Carreño, casi se descarta de plano calificando tal proyecto como un embeleco o una ilusión o una añoranza de irrepetibles tiempos pasados. 

En Colombia hubo trenes 

En contraste con las importancia que tienen los ferrocarriles en la vida cotidiana y la economía de los países desarrollados, especialmente en Europa, para la mayoría de los colombianos nacidos en los últimos 50 años la única vivencia que tienen del tren en el país son las viejas estaciones abandonadas al lado de las carreteras de doble calzada o la despedida de Escalona cuando tiene que meterse en “un diablo al que le llaman tren, que por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta”.

Los que conocen un poco más la historia saben que en Colombia, como en todo el mundo, las vías férreas se empezaron a construir mucho antes que la red de carreteras para vehículos, desde la segunda mitad del siglo XIX cuando ni siquiera había carros. Y que para los años 30 del siglo pasado ya existían más de 3.200 km de carrileras que eran el principal medio de comunicación del centro del país con el Caribe, y de la zona cafetera con el Pacífico.

Hasta 1950 los ferrocarriles eran propiedad de los departamentos; en ese año se nacionalizaron con la creación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC) la cual desde el principio enfrentó graves problemas financieros por la carga laboral y prestacional que recibió de las empresas departamentales. Esta situación aunada a la creciente presión política de los transportadores de carga por carretera y la falta de una clara política de impulso al transporte férreo, llevaron a la total decadencia de los ferrocarriles y el deterioro de su infraestructura.

La FNC fue liquidada en 1988 y reemplazada por otra empresa estatal (Ferrovías) que empezó a realizar pequeñas inversiones en la infraestructura férrea. Desde la década de los 90s los sucesivos gobiernos han tratado recuperar la red férrea, optando por el modelo de dar en concesión a empresas privadas los tramos más rentables de esta red. Al principio de este siglo se liquidó Ferrovías, y las concesiones pasaron a ser manejadas por el INCO y su sucesora la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pero la única que ha sido exitosa ha sido la del Atlántico que transporta el carbón del Cesar a Santa Marta. El otro ferrocarril exitoso es el privado de la empresa carbonífera del Cerrejón, que lleva el carbón de la mina hasta Puerto Bolívar.

El indicador más diciente del total abandono de los ferrocarriles en las políticas públicas es, según el diagnóstico del Plan Maestro Ferroviario (PMF) del gobierno anterior,  “la baja prioridad del sector ferroviario en la política sectorial, lo cual se ve reflejado en su destinación presupuestal. El promedio de inversión en el modo desde 2010 no supera el 1,8% del total de la inversión pública en la infraestructura del sector transporte, en contraste con el modo carretero, que representa el 77%.

El ferrocarril tiene futuro 

Aunque parezca increíble a pesar del abandono oficial, los trenes en Colombia siguen jugando un papel importante en la economía. Según datos de Mintransporte, en 2018 se transportaron 331 millones de toneladas de carga, de los cuales los ferrocarriles movieron cerca del 24%. La explicación de esta paradoja es el transporte de carbón que es la exportación colombiana de mayor volumen.

El caso del carbón demuestra la relevancia del tren para el transporte de grandes volúmenes de carga, que son los que se moverían con la producción de la Orinoquía. Una locomotora del Cerrejón jala en cada viaje 100 vagones que en total cargan 10.000 toneladas de carbón. Si se quisiera transportar ese volumen en tractomulas que llevan 35 toneladas, se necesitarían 285. Basta pensar en la cantidad de combustible que necesitarían, la contaminación que generarían y el personal requerido para concluir que las ventajas del tren son insuperables. ¡El tren es el medio de transporte para la transición energética!

En cuanto a los aspectos económicos, es claro que el modo férreo tiene ventajas y desventajas. Es más barato construir vías férreas que carreteras, y ni se diga de túneles y viaductos, por el menor ancho de las vías. Por la misma razón su impacto ambiental es mucho menor. Si en Colombia se hubiera invertido en carrileras la mitad de la plata invertida en carreteras, hoy tendríamos una red férrea de clase mundial.

La desventaja es que el equipo rodante de los trenes es mucho más costoso; mientras que una persona natural puede comprar una o varias tractomulas, para una locomotora y sus vagones solo la pueden adquirir empresas de gran músculo financiero.

Pero en el mundo existen inversionistas dispuestos a realizar estos proyectos. Desde el año 2013 en un estudio sobre el sistema férreo nacional la Cámara Colombiana de Infraestructura reseñaba que “En el marco de la visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a China, empresarios de ese país manifestaron su interés en participar en el megaproyecto férreo que ha sido denominado Ferrocarril Transandino, que sería estructurado mediante alianzas público – privadas por cerca de 12 billones de pesos.”

El ferrocarril Buenaventura-Puerto Carreño se puede construir, pero para hacerlo se requieren dos elementos iniciales: ante todo la decisión política de adelantar un proyecto de esta envergadura, que debe mirarse como una política de Estado pues trasciende el período de un presidente; en segundo lugar un marco normativo bien definido de la relación entre los sectores público y privado que permita movilizar los recursos necesarios para hacer inversiones de esta magnitud.

Mauricio Cabrera Galvis

Marzo, 2023

Artículo tomado de la revista CAMBIO  

2 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

El 12 de febrero de este año, presentamos en este blog la propuesta que Mauricio hizo sobre este proyecto de ferrocarril. Aquí la sustenta con mayores detalles.

¿Cual es la mejor alternativa para conectar Buenaventura, en el Pacífico colombiano, con Puerto Carreño en el extremo oriental de La Orinoquia y eventualmente continuar hacia Venezuela” Carretera o Ferrocarril? 

Sobre la importancia y la urgencia de la conexión Pacífico Orinoquía hay un amplio consenso no solo por la necesidad de integrar efectivamente al país la cuarta parte del territorio nacional sino porque en esta región está la gran posibilidad de aumentar la producción agropecuaria de manera que logremos la soberanía alimentaria de una manera sostenible y sin destruir el medio ambiente. Pero no hay consenso en cuál es le medio más adecuado.

En contravía al modelo de desarrollo del transporte terrestre seguido en el país en los últimos 60 años, que privilegió totalmente el modo carretero sobre el férreo, hay que plantear que es más conveniente el tren que las tractomulas para el transporte de la gran cantidad de productos que pueden salir de la Orinoquía.

El abandono de los ferrocarriles en Colombia ha sido casi total. La red férrea se empezó a  construir desde la segunda mitad del siglo XIX, mucho antes de que hubiera carros, y para los años 30 del siglo pasado con más de 3.200 km construidos era el principal medio de comunicación del centro del país con el Caribe, y de la zona cafetera con el Pacífico. Sin embargo después de 1960 los ferrocarriles entraron en total decadencia y deterioro que se ha mantenido hasta ahora.

El indicador más diciente del total abandono de los ferrocarriles en las políticas públicas es, según el diagnóstico del Plan Maestro Ferroviario del gobierno anterior, “la baja prioridad del sector ferroviario en la política sectorial, lo cual se ve reflejado en su destinación presupuestal. El promedio de inversión en el modo desde 2010 no supera el 1,8% del total de la inversión pública en la infraestructura del sector transporte, en contraste con el modo carretero, que representa el 77%”..

Aunque parezca increíble a pesar del abandono oficial, los trenes en Colombia siguen jugando un papel importante. Según datos de Mintransporte, en 2018 se transportaron 331 millones de toneladas de carga, de los cuales los ferrocarriles movieron cerca del 24%. La explicación de esta paradoja es el transporte de carbón que es la exportación colombiana de mayor volumen.

El caso del carbón demuestra la relevancia del tren para el transporte de grandes volúmenes de carga, que son los que se moverían con la producción de la Orinoquía. Una locomotora del Cerrejón carga 10.000 toneladas de carbón. Si se quisiera transportar ese volumen en tractomulas de 35 toneladas, se necesitarían 285. Basta pensar en la cantidad de combustible que necesitarían, la contaminación que generarían y el personal requerido, para concluir que las ventajas logísticas del tren son insuperables. ¡El tren es el medio de transporte para la transición energética!

Es más barato construir vías férreas que carreteras por el menor ancho de estas vías, y su impacto ambiental es mucho menor, pero el equipo rodante de los trenes si es mucho más costoso. En el mundo existen inversionistas dispuestos a acometer la construcción del  ferrocarril Buenaventura-Puerto Carreño, pero para hacerlo se requiere además de la decisión política del Estado, un marco normativo bien definido de la relación entre los sectores publico y privado que permita movilizar los recursos necesarios para hacer inversiones de esta magnitud.

Mauricio Cabrera Galvis

Marzo, 2023

Artículo original para revista CAMBIO

1 comentario
0 Linkedin
Download PDF

La Orinoquía es la gran posibilidad del país para incrementar de una manera significativa la producción de alimentos, lograr la soberanía alimentaria y producir excedentes para la exportación. Es una de las últimas fronteras para el desarrollo agrario del planeta.


El problema es que esto mismo se viene diciendo desde hace muchos años. En lo que va de este siglo se han producido cerca de 30 documentos oficiales con planes y programas para la Altillanura y la Orinoquía, además de más de 15 consultorías de universidades y centros de investigación, sin mayores resultados para el desarrollo de la región. Así las cosas, puede llegar a repetirse algo similar a lo que se dice del Brasil: “La Orinoquía es la región del futuro y siempre lo será”.

Para que esto no suceda es necesario un nuevo enfoque en las políticas públicas, donde no solo se plantee un nuevo papel del Estado, sino establecer novedosas formas de colaboración con el sector privado: empresarios y campesinos, academia y emprendedores; sin el trabajo conjunto de todos estos actores no será posible el desarrollo de la región


Es posible que ahora si se pueda. Desde su discurso de posesión el presidente Petro planteó la realización de “una misión del Estado con todo el sector privado que quiera unirse debe garantizar la plena alimentación sana de la sociedad colombiana y lograr excedentes de exportación”. El objetivo es lograr hambre cero en el país; lo planteó así:  “necesitamos articular un modelo entre la gran corporación y la producción familiar campesina que respete la biodiversidad en la Altillanura”. El sector privado debe responder a esta invitación

El potencial de la Orinoquía

Un área de 254.00 km2, que comprende cuatro departamentos, Arauca, Casanare, Meta y Vichada, representa el 22% del territorio nacional. En su gran mayoría, por decir lo menos, ha sido explotada de una manera poco eficiente. En efecto, el 40% de esta enorme extensión, unos 100 000 km2, está dedicado a la ganadería extensiva que puede requerir hasta unas 15 ha para sostener una cabeza de ganado.

Sin necesidad de deforestar y manteniendo otro 40 % del área de la Orinoquía dedicado a la conservación de bosques naturales o plantaciones forestales, hay un gran potencial para utilizar el resto de esa tierra de manera más productiva. Empezando por la misma ganadería, pues ya hay tecnologías de esta actividad sostenibles y regenerativas que permiten sostener dos cabezas de ganado por hectárea, aumentando así la producción de carne.

En materia de aumento de la producción agrícola, también hay iniciativas importantes. Hoy solo unos 10 000 km², (el 4 % ) están dedicados a la agricultura; la mitad de estos son cultivos de palma de aceite y arroz, mientras que a maíz y soya se dedican otros 2 000 km². Pero en estos cultivos también se han desarrollado paquetes tecnológicos que incrementan la productividad de la tierra, con la gran ventaja que no son exclusivos de grandes empresas agroindustriales, sino que se han desarrollado esquemas asociativos para la vinculación de pequeños y medianos productores.

Una limitación que tiene la Orinoquía es la escasa población: en tan extenso territorio tan solo habitan 1,8 millones de personas, que son solo el 3.5 % de la población nacional. Es una tierra sin campesinos, que puede ser una oportunidad para que haya más campesinos con tierra, pero para lograrlo se requiere que exista la oferta de condiciones básicas de salud, educación y vivienda que atraiga nuevos pobladores y evite que los actuales migren a las ciudades.

La misión Orinoquía

Lograr el desarrollo equitativo, sostenible y sostenido de un territorio con tanto potencial requiere un nuevo modelo de relacionamiento entre el Estado y el sector privado, en el que no se vean como competidores y contrincantes, sino como socios en la búsqueda de un objetivo común.

Un enfoque que puede permitir este nuevo relacionamiento es el concepto de “Misión Economía” que ha elaborado la profesora Mariana Mazzucato, según el cual Los enfoques de política orientada por misiones exigen combinar las misiones públicas con los fines privados. Para ello, es necesario que tanto el Estado como las empresas estén dispuestos a colaborar de forma más simbiótica, lo que, a su vez, permitiría replantear el contrato social”.

Mazzucato ya ha presentado en el país sus proyectos, y la invitación del presidente Petro al sector privado es precisamente a que se realicen este tipo de misiones para objetivos específicos.

Las Misiones son objetivos concretos dentro de un gran reto, que actúan como marcos y estímulos para la innovación. Deben establecer un conjunto de objetivos claros que solo pueden ser alcanzados mediante un portafolio de proyectos y políticas de apoyo.

Algunas características importantes de las misiones: deben ser atrevidas e inspiradoras, porque son importantes para la sociedad; han de marcar una dirección clara, con fines concretos, medibles y con plazos; suponen llevar a cabo iniciativas de investigación e innovación ambiciosas pero realistas y permitir una innovación interdisciplinar, intersectorial y con diferentes actores.

El objetivo que se puede plantear para la Misión Orinoquía es convertir la región en el líder en la producción agropecuaria y la protección del medio ambiente, con inclusión social y modelos asociativos que fortalezcan la economía campesina y mejoren la calidad de vida de la población.

Un objetivo tan ambicioso requiere la participación de muchos sectores y entidades del gobierno y del sector privado y su éxito depende de la formulación y estructuración de proyectos bien definidos, a los que se deben asignar los recursos necesarios, definiendo los responsables de su ejecución con metas verificables. En una palabra, proyectos con buena gerencia.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en Revista Cambio, Colombia.

0 comentario
0 Linkedin
Download PDF

En la pasada campaña presidencial, el candidato Petro propuso construir un tren que conectara Buenaventura con Barranquilla. 

 

A primera vista y, a pesar de las bondades del transporte férreo, este trayecto parecería que no es factible, no solo por el enorme impacto medioambiental, sino porque no es viable económicamente, dada la baja cantidad de carga y pasajeros que movilizaría. 

El presidente Petro debe mantener su propósito de conectar regiones de Colombia por tren, pero en lugar de insistir en el eje norte-sur, debe mirar el siempre descuidado sentido transversal de nuestra geografía e impulsar el ferrocarril transandino que atraviese las tres cordilleras y conecte el Pacífico con la Orinoquía desde Buenaventura, en el Valle del Cauca, hasta Puerto Carreño, en el Vichada. Además, sería la puerta para una futura conexión con el océano Atlántico hasta Puerto Ordaz, en Venezuela.

La conexión Pacífico-Orinoquía 

Conectar el Pacífico colombiano con la Orinoquía es la gran tarea pendiente para la integración del territorio colombiano. La mayor parte del sistema vial del país – y el ferroviario, cuando funcionaba – se construyó en el sentido norte sur y conectando los valles del Magdalena y el Cauca. Una muestra clara del centralismo dominante es que para ir de Buenaventura a Villavicencio es necesario pasar por Bogotá. 

La importancia y las grandes posibilidades de la Orinoquía para el desarrollo agroindustrial del país son bien conocidas. Son más de 9 millones de hectáreas subutilizadas en ganadería extensiva, donde se puede cuadriplicar el hato ganadero y aumentar la producción de alimentos para reducir el hambre en Colombia y generar excedentes de exportación.

Con el poco desarrollo que tiene la región, hoy tiene el mayor hato ganadero del país, produce la mitad del arroz nacional, el 40% del aceite de palma y el 20% del plátano. Otros cultivos como la soya, el maíz, el cacao o el caucho, pueden aumentar de manera significativa su producción, lo mismo que los bosques comerciales.

La gran oportunidad para desarrollar todo ese potencial es que existen mercados demandando esos productos. El más importante, el enorme mercado asiático, con China a la cabeza, que está buscando alimentos en todo el mundo; y también el mercado venezolano, cuando se recupere.

Para poder llegar a esos mercados es indispensable contar con medios de transporte modernos, con capacidad para movilizar grandes volúmenes de carga y por trayectos eficientes. Hoy, para exportar aceite de palma de Puerto Gaitán, Meta, por Buenaventura, se debe subir a Bogotá, luego pasar el ineficiente túnel de La Línea y terminar el recorrido en una doble calzada que no se ha podido construir en 20 años.

En sentido inverso, la situación es peor porque para vender algún producto de Puerto López o Puerto Gaitán a Venezuela, solo se puede hacer en temporada de lluvias por el rio Meta o, en verano, subir hasta Cúcuta. 

¿Ferrocarril o carretera?

Hoy nadie duda de la importancia y necesidad de la conexión Pacífico-Orinoquía. Lo que se discute, y ha demorado la toma de decisiones, es si se debe hacer construyendo carreteras o mediante un moderna vía férrea.

La conexión tiene una extensión aproximada de 1.500 km., con dos tramos críticos que deben construirse casi desde cero. Uno, el paso alterno de las cordilleras Central y Oriental por el sur del país y, dos, la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño. 

Son conocidos los argumentos a favor de las carreteras: que es menor el costo de construcción, que se hacen más rápido, que ya hay tramos construidos y que es más flexible para la movilidad de carga y pasajeros. Además, es el modelo de conexión que ha seguido el país en los últimos 50 años, desde que se abandonaron los ferrocarriles, y en el que se cuenta con la experiencia reciente de las carreteras 4 y 5G.

Sin embargo, también existen serios argumentos a favor del transporte férreo, más allá del romántico de que fue con el ferrocarril que se conquistó e integró el oeste de los Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, es cierto que su costo de construcción es mayor, pero el de operación y mantenimiento es menor y es un medio más eficiente para el transporte de grandes volúmenes de carga.

La balanza se inclina a favor del ferrocarril cuando se toman en cuenta los factores ambientales. Para el cruce de las cordilleras es muchísimo menor el impacto ambiental de la vía férrea, pues se pueden construir túneles de menor diámetro y con un costo muy inferior a los túneles vehiculares. Además, si los trenes son eléctricos, se elimina la enorme contaminación de los camiones, inclusive si se sustituyera el diésel por gas.

El ferrocarril Buenaventura-Puerto Carreño no es un sueño irrealizable. Desde hace más de una década se viene planteando esta posibilidad, existen completos análisis de prefactibilidad para el tramo de Buenaventura hasta Puerto Gaitán y solo hay que completarlos con el trayecto hasta Puerto Carreño. Es un proyecto de largo plazo, pero se requiere la decisión política para impulsarlo.

*          *          *

ADENDA: ¡AGUANTA UCRANIA! Con esta frase, artistas, intelectuales y otros personajes públicos están manifestando su rechazo a la criminal invasión de Rusia. Es una campaña a la que debemos unirnos, liderada por el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, que busca despertar la solidaridad de Latinoamérica con el pueblo ucraniano, víctima de atroces crímenes de guerra. 

Mauricio Cabrera Galvis

Febrero, 2023

Publicado en Revista Cambio

3 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

La gran mayoría de los bancos centrales de todo el mundo está subiendo sus tasas de interés para tratar (sin mucho éxito) de controlar la inflación. Hay excepciones notables como Japón, que ha mantenido su tasa constante y negativa desde 2016, y China, que las ha venido reduciendo desde la pandemia. ¿El hecho que la mayoría lo haga significa que es una política correcta?

Los países más agresivos en esta política son los ocho que la revista The Economist agrupó en lo que llamó la región de “Subilandia”, pues fueron los que más han subido sus tasas y empezaron a hacerlo más temprano. Estos son: Brasil, Chile, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Polonia y Corea del Sur. Hasta ahora su receta no ha funcionado.

Según la revista, “no hay evidencia que su política haya sido recompensada con menos inflación”; más aún, “los problemas de inflación en Subilandia están empeorando, los mayores costos de endeudamiento no están quebrando la inflación, pero sí están quebrando la economía. El PIB está decreciendo a una tasa de -1 %, después de tener un crecimiento de 5 % el año anterior”.

Los tres bancos más poderosos del mundo ‒de Estados Unidos, de la Comunidad Europea y de Inglaterra‒ empezaron el año con nuevos incrementos: 0.25 % el primero y 0.5 % los otros dos, llevando las tasas a niveles que no se veían desde antes de la gran crisis financiera de 2008, pero también hay dudas sobre la eficacia de esta política y crecientes críticas por su impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo.

Por ejemplo, el premio Nobel de Economía, J, Stiglitz -quien fue muy aplaudido en el Hay Festival de Cartagena, afirma que la subida de tasas no es la política adecuada para luchar contra la actual inflación. La razón: en esta ocasión la subida de precios ha sido causada por los choques de oferta generada por la pandemia y por la invasión rusa a Ucrania, y no por presiones de la demanda.

En estas circunstancias, dice Stiglitz, “subir intereses puede hacer más daño que bien, pues hace más costosas las inversiones que deben hacer las empresas para solucionar los problemas de oferta que dejó la pandemia”. Más aún, en mercados como el de vivienda, el de bienes de consumo y otros, “altas tasas de interés pueden inducir nuevos incrementos de precios, en la medida en que inducen a las empresas a reducir el valor futuro de perder consumidores frente a los beneficios de subir los precios”.

Frente a quienes argumentan que la subida de las tasas es necesaria para demostrar el compromiso de los bancos centrales de luchar contra la inflación, y así reducir la expectativas de inflación, el premio Nobel argumenta con un curioso ejemplo: “mi perro podría llegar a la misma conclusión cuando  le ladra a los aviones que vuelan sobre nuestra casa. Él podría creer que ha asustado a los aviones y que si no ladrara tanto, aumentaría el riesgo de que esos aviones le cayeran encima”.

La conclusión de Stiglitz es que subir las tasas tiene más costos que beneficios; sí pueden bajar la inflación, pero lo hacen frenando la demanda y generando recesión y desempleo. Su análisis y sus argumentos son para la economía de Estados Unidos. ¿Será que aplican también para Colombia? Habrá que discutirlo en otra columna.

Mauricio Cabrera Galvis

Febrero, 2023

2 Comentarios
1 Linkedin