Home Autor
Autor

Mauricio Cabrera Galvis

Download PDF

El juego de la pirinola que aplicó el profesor Mockus a la política quería convencer a la gente que de las seis caras del juguete la única buena para todos era el ‘Todos ponen’. Que solo pongan uno o dos o, peor aún, que uno o todos quiten, resultaba malo para la sociedad.

Lo que no imaginó Mockus con su propuesta del juego de la pirinola es que con el ingenio colombiano ‒o mejor con los intereses particulares de grupos‒ se iba a inventar una nueva cara para la pirinola: la de ‘Ponen otros’. Esa es la que ya empezaron a usar en la discusión de la tercera reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno.

En efecto, en principio todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de una reforma tributaria que le dé más recursos al gobierno, aunque se discute cuándo debe aplicarse, porque subir impuestos en medio de una recesión es como tratar de curar a un anémico con sangrías que le quiten sangre. El problema y las grandes diferencias surgen cuando se trata de acordar cuáles son los impuestos que deben subirse y quiénes deben pagarlos.

Más se demoró el Ministro de Hacienda en radicar el proyecto de reforma en el Congreso que en salir los dirigentes de los distintos gremios ‒los mismos que recomendaban sanear las finanzas públicas‒ a rechazar el IVA a sus productos, o la eliminación de una exención particular, o que gravaran el patrimonio de sus afiliados. En una palabra, impuestos sí, pero que ‘Pongan otros’.

Si bien es entendible la defensa de los intereses de sus agremiados, lo que es reprochable es la irresponsabilidad fiscal de no proponer alternativas para generar los recursos adicionales que requiere el Estado. Lo mismo puede decirse de la postura de varios dirigentes políticos que con buenas razones se oponen a algunos impuestos regresivos, pero no plantean con qué reemplazarlos.

Si algún político quiere ganarse las indulgencias de evitar que le suban los impuestos a un sector específico, debe asumir el costo de proponer que otro sector debe pagar más impuestos para tapar el hueco. En esta materia tampoco hay almuerzo gratis.

La única y notable excepción fue la del Presidente de la Andi, quien propuso que para aumentar el recaudo del gobierno, se pospusieran algunos de los beneficios que le habían dado a los empresarios en la pasada reforma tributaria: la devolución de los pagos por concepto del impuesto de industria y comercio (ICA) y la reducción de la tarifa de impuesto a las empresas. Según el dirigente gremial aplazar estas dos medidas le daría al gobierno el mismo monto de recursos que espera recoger con la extensión del IVA a la mayoría de los productos de consumo de los hogares.

Colombia necesita una verdadera reforma tributaria estructural que cumpla los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia. Para lograrla y no repetir los fracasos recientes se requiere un gran consenso nacional, un nuevo contrato social en el que se acepte no solo que ‘Todos ponen’, sino que deben poner más lo que más tienen.

Es difícil que eso lo logre un gobierno en su último año y en medio de una profunda recesión, y más difícil si quiere hacerlo hablando solamente con sus aliados cercanos, o con sus hijos, y sin la apertura para construirla dialogando con todos los sectores políticos y sociales del país.

Mauricio Cabrera Galvis

Abril, 2021

1 comentario
1 Linkedin
Download PDF

Hace una semana cité un texto progresista sobre la intervención estatal en pro de los más pobres y sobre las políticas públicas para atacar la desigualdad. Di varias pistas despistadoras. Ninguna de las respuestas que recibí dio en el clavo. Aquí ofrezco la respuesta.

La semana pasada cite un texto muy progresista sobre la intervención del Estado a favor de los más pobres y las políticas públicas para combatir la desigualdad, y pregunté cuál sería el autor del mismo dando algunas pistas de posibles respuestas. Varios amables lectores tuvieron la paciencia de darme sus opiniones y ninguno acertó; solo el ex ministro José Antonio Ocampo estuvo cerca.

La verdad no me sorprendió el resultado de la mini encuesta, porque las pistas eran despistadoras, y porque es muy inesperada la autoría. Antes de decir quién es, quiero citar otros textos de varios años de la misma fuente, que confirman esa posición que se puede calificar como social-demócrata:

“Tenemos una obligación con los sectores pobres y los más vulnerables; los que enfrentan inseguridad financiera y problemas de salud; los que quedan atrás con escasas oportunidades, como las mujeres y las niñas; las generaciones futuras. (…) Como dijera una vez Franklin D. Roosevelt, ‘La prueba de nuestro progreso no es que aquellos que tienen mucho, tengan más, sino que aquellos que tienen demasiado poco tengan más’.
Esto es lo correcto no solo desde el punto de vista ético, también lo es desde el punto de vista económico” (2017).

La contribución que las políticas fiscales pueden hacer al logro de objetivos redistributivos: las tasas impositivas aplicadas al estrato más alto de la distribución del ingreso, la adopción de un régimen de ingreso básico universal (IBU) y la función del gasto público en el terreno de la educación y la salud. (2017).

“Para abordar la desigualdad es necesario replantear el problema. Antes que nada, en lo que se refiere a políticas fiscales y tributación progresiva.


En el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico” (2020).

Aunque usted no lo crea, todas estas citas son de documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y no se trata de artículos de funcionarios jóvenes contaminados en la universidad de las ideas de Piketty. El autor del texto de la semana pasada era el director del Departamento de Finanzas Públicas.

La primera cita de hoy es nada menos que de Cristine Lagarde, directora del FMI en 2017, por lo que sorprende verla citando al presidente Roosevelt, el artífice del New Deal keynesiano del siglo pasado.

La siguiente es la introducción de un extenso informe de ese año dedicado a plantear políticas para reducir la desigualdad y a definir una estrategia para que los programas y condicionalidades de los préstamos del FMI impulsen el gasto social redistributivo…

La última cita es de un discurso de la actual directora del FMI, Kristalina Georgieva, en el que plantea una inversión de la lógica del asistencialismo oficial: para ella es necesario reducir primero la desigualdad para generar oportunidades, y además insiste en que “es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico.”

Quienes en los años 80 del siglo pasado tuvimos la oportunidad de trabajar en esa entidad y después de padecerla en medio de las crisis financieras como promotor de la austeridad y el control del déficit fiscal como estrategia de su ayuda condicionada para superar la crisis (recuerden Grecia en 2010), es una inesperada sorpresa ver que, por lo menos en el discurso, el FMI empiece a impulsar el gasto social para reducir la desigualdad.

Mauricio Cabrera Galvis

Abril, 2021

5 Comentarios
1 Linkedin
coronavirus, people, face mask
Download PDF

En esta ocasión el autor, como hay tanta gente hablando de desigualdad desde tan distintas orillas ideológicas, invita a adivinar de donde proviene el texto que transcribe. Sus pistas son: 1) un discurso del ‘socialista’ Bernie Sanders en Estados Unidos; 2) el programa económico de Petro; 3) una homilía del Papa Francisco; 4) la recomendación de asesores de Bolsonaro para que recupere su popularidad en Brasil y 5) otro (¿quién?).

La desigualdad es el fantasma que hoy recorre el mundo. Alimenta el descontento de la población, provoca manifestaciones y estallidos sociales como en Chile, amenaza las democracias y hasta ha penetrado la torre de marfil de los economistas para convertirse en uno de los tópicos que recibe mayor atención en los foros académicos.

Frente a la constatación de que la pandemia del coronavirus ha aumentado las condiciones de desigualdad en el mundo entero, ha resurgido la conciencia de la necesidad de la intervención de un Estado fuerte que favorezca a los más pobres, disminuya la desigualdad y redistribuya el ingreso, para lo cual debe conseguir recursos mediante aumento de impuestos que graven a las grandes corporaciones y el patrimonio de los más ricos.

Analistas económicos, asesores de gobiernos y dirigentes políticos coinciden en estos planteamientos que en el universo neoliberal de Reagan y Trump eran calificados como reliquias prehistóricas. Una muestra es el siguiente texto que me he permitido transcribir porque resume mejor de lo que yo podría hacerlo esa recobrada visión del Estado y las políticas tributarias:

“La pandemia de Covid-19 está intensificando el círculo vicioso de la desigualdad. Para romper esta tendencia y darles a todos una oportunidad justa de prosperidad, el gobierno debe mejorar el acceso a los servicios públicos básicos, como la atención médica (incluida la vacunación) y la educación, y fortalecer las políticas redistributivas. Esto requeriría recaudar ingresos adicionales y mejorar la eficiencia del gasto.
                                                                                                                                                  Además, la pandemia ha afectado más a los grupos más vulnerables. Los trabajadores menos calificados y más jóvenes han experimentado más pérdidas de empleo que aquellos en ocupaciones más calificadas.
                                                                                                                                           Asimismo, los grupos étnicos desfavorecidos y los trabajadores del sector informal se han visto más perjudicados. Y las mujeres, que tienden a estar sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por Covid-19, como la hostelería y el comercio minorista, se han visto particularmente afectadas por la pandemia.

Romper el ciclo de la desigualdad requiere políticas tanto predistributivas como redistributivas. Con las primeras, se garantiza que las personas tengan acceso a servicios públicos básicos y buenos empleos. Esto permite reducir la desigualdad de ingresos antes de que el gobierno redistribuya con impuestos y transferencias.

Mejorar el acceso a los servicios públicos básicos requerirá recursos adicionales, que se pueden movilizar mediante el fortalecimiento de la capacidad fiscal general. Se debe depender más de los impuestos sobre la propiedad y la herencia; también aumentar la progresividad fiscal, ya que hay margen para aumentar las tasas marginales máximas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como para eliminar las exenciones en los impuestos sobre la renta del capital”.

¿Cuál es su respuesta a la proveniencia del texto?

Mauricio Cabrera Galvis

Abril, 2021

3 Comentarios
0 Linkedin
money, home, coin
Download PDF

La reforma tributaria que está a punto de llegar al Congreso tiene como uno de sus puntales la modificación del impuesto al valor agregado (IVA). La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que propuso extender este impuesto a la mayoría de bienes y servicios, olvidó mencionar uno importante…

El informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios es interesante por lo que dice, pero también por lo que deja de decir. Su propuesta de extender el IVA a casi todos los bienes y servicios a costa de todos los consumidores no menciona para nada el IVA a las transacciones de finca raíz, que puede ser un impuesto muy progresivo.

Es un silencio sospechoso, sobre todo porque la base de sus recomendaciones es la comparación con los países de la Oecd, para que Colombia copie las mejores prácticas de ese exclusivo club, y muchos de ellos gravan con IVA u otra clase de impuestos a la compra de propiedades e inmuebles.

En efecto, mientras en Colombia los intentos de imponer algún tipo de gravamen a las transacciones de finca raíz han fracasado por el cabildeo de constructores y terratenientes y lo único parecido son los costos de notaría y de registro (que son alrededor del 1,8 % del valor del negocio), en varios países europeos hay que pagar al Estado un porcentaje significativo del valor de la transacción, en particular de aquellas propiedades adquiridas por personas de altos ingresos.

En Francia los tributos pueden llegar hasta el 36,9 %, incluyendo un IVA del 20 % a la venta de nuevas construcciones, y tarifas de 16,9 % por concepto de registros y notarías. En Italia es un poco menos: 25,5 % de gravamen total, incluyendo un IVA del 22 %; en Bélgica el IVA a estas transacciones puede llegar al 21 % y en Rusia al 20 %.

En los países asiáticos la situación es un poco diferente, no en la cuantía de los impuestos, sino en la forma. En Hong Kong pueden ser de 43,5 %, en Singapur del 34 %, en Corea del Sur del 16 %, y en Sri Lanka del 105 % si el comprador es un extranjero. Pero el único que aplica un impuesto a las ventas del 10 % es Corea, mientras que en los otros países la forma es un impuesto ad valorem o estampilla (stamp duty).

Los valores mencionados son los máximos a los que pueden llegar los impuestos que, en general, son muy progresivos y aumentan en proporción al valor de las propiedades negociadas, y pueden ser muy bajos, casi cero, para ciertas propiedades.

En nuestro vecindario, el país modelo para muchas reformas y también socio de la Oecd, que es Chile, impuso en 2016 la obligación de pagar un IVA del 19 % en las ventas de viviendas nuevas, con la excepción de aquellas que tengan subsidio habitacional. Además, hay un impuesto de 10 % a las ganancias acumuladas obtenidas en ventas de vivienda. Otro ejemplo cercano es Argentina, donde los inmuebles residenciales tienen un IVA de 10,5 % y los no residencial del 21 %.

En Colombia la reforma de 2016 impuso un IVA de 5 % a la venta de viviendas nuevas con un valor superior a unos $900 millones; en la reforma de 2018 se intentó extender ese gravamen a todas las transacciones de finca raíz, pero en el Congreso lo convirtieron en un confuso impuesto al consumo, lo bajaron al 2 % y exceptuaron los predios agrícolas, pero este fue tumbado por cinco magistrados de la Corte Constitucional en una sentencia muy cuestionada por los otros cuatro magistrados.

En este campo Colombia debe seguir el ejemplo de los países de la Oecd y ampliar el IVA a la venta de inmuebles.

Mauricio Cabrera Galvis

Abril, 2021

1 comentario
2 Linkedin
money, money tree, make money
Download PDF

Se alborotó otra vez el debate sobre el crédito del Banco de la República al gobierno nacional para financiar los gastos que debería hacer y no ha hecho para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Otra vez se insistie en la propuesta que desde hace un año plantearon varios economistas, incluidos algunos exministros de Hacienda.

Se volvió a alborotar el debate sobre el crédito del Banco de la República (BR) al gobierno para financiar los gastos que debería hacer y no ha hecho para contrarrestar los efectos económicos del manejo de la pandemia. Esta vez, porque Petro y Claudia López volvieron a insistir en la propuesta que desde hace un año planteamos varios economistas, incluyendo a algunos exministros de Hacienda.

Los sospechosos de siempre ‒como diría Krugman‒ volvieron a decir que era una propuesta populista e irresponsable, sin importar que los bancos centrales de muchos países sí hicieron préstamos a sus gobiernos para ayudarles a enfrentar la crisis. Repitieron los mismos argumentos: uno, que la emisión monetaria podía aumentar la inflación y, dos, que se afectaba la credibilidad del gobierno y del mismo BR frente a las calificadoras y los inversionistas internacionales.

Que el aumento de la cantidad de dinero en circulación acelere la inflación es una teoría trasnochada que no tiene asidero en condiciones como la recesión actual, que es causada por una gran debilidad de la demanda. Las cifras son contundentes: el año pasado el BR puso a funcionar la máquina de imprimir billetes a gran velocidad, y los medios de pago  aumentaron 26,4 %. ¿Se aceleró la inflación? ¡No!, por el contrario se redujo a un mínimo histórico de 1,6 % anual. Lo malo fue que muy poco de ese dinero nuevo llegó al sector productivo, porque los créditos bancarios solo crecieron 2,9 %.

Hoy todo el mundo aplaude que ante una recesión el BR haya adoptado una política monetaria expansiva (bajar tasas de interés y emitir dinero), pero sigue la absurda visión maniquea de que la emisión es buena si va para el sector financiero privado, y mala si es un préstamo al gobierno.

En cuanto al segundo argumento vale la pena recordar una historia que sucedió durante la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. El gobierno recién inaugurado de Olaya Herrera enfrentaba una crisis de magnitudes similares a la actual (caída del PIB de 8 %), con el agravante que el BR no podía emitir sin respaldo de oro, y con la fuga de capitales los medios de pago disminuyeron cerca de 30 %.

Cuando se autorizó al BR emitir sin respaldo en oro, había que encontrar una fórmula que le permitiera prestarle al gobierno. Lo hizo el creativo Minhacienda Esteban Jaramillo. Le cedió al BR las utilidades de los siguientes 13 años de la explotación de las Salinas (la ISA de esa época), a cambio de un préstamo del Banco de $15,5 millones, que representaban el 40 % de los ingresos del gobierno. Con otras operaciones, el crédito del BR al gobierno llegó a ser el 6 % del PIB y el país salió de la recesión. Es como si hoy le prestara unos $60 billones.

La propuesta de la alcaldesa de Bogotá es que el BR le preste al gobierno $50 billones garantizados con las utilidades futuras de ISA y Ecopetrol. El ortodoxo Esteban Jaramillo la hubiera aceptado, y no habría que vender a ISA.

                                                                 ***

Adenda: Excelente la propuesta del presidente de sembrar 60.000 árboles como homenaje a los muertos por el covid-19. Así no solo los recordamos, sino que se contribuye a salvar el planeta. Ojalá propusiera también hacer otro bosque de 6402 árboles como monumento a los jóvenes asesinados y presentados como falsos positivos.

Mauricio Cabrera Galvis

Marzo 2021

0 comentario
1 Linkedin
Download PDF

Nuestro invitado nos acercó a un tema muy actual, mencionado por los organismos internacionales, financieros y hasta por las autoridades religiosas y políticas como el mayor peligro para la estabilidad del mundo y de las naciones en tres facetas:la desigualdad de oportunidades en el acceso a bienes y servicios básicos, la desigualdad en la distribución del ingreso y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Planteó que su objetivo no es llegar a la utopía de la igualdad de todos los seres humanos, sino identificar los orígenes y posibilidades de estas desigualdades para tratar de disminuirlas hasta niveles que no afecten tanto la estabilidad mundial

Tertulia con nuestro grupo el jueves 5 de Marzo del 2021
1 comentario
1 Linkedin
Download PDF

Nuestro invitado nos acercó a un tema muy actual, mencionado por los organismos internacionales, financieros y hasta por las autoridades religiosas y políticas como el mayor peligro para la estabilidad del mundo y de las naciones en tres facetas:la desigualdad de oportunidades en el acceso a bienes y servicios básicos, la desigualdad en la distribución del ingreso y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Planteó que su objetivo no es llegar a la utopía de la igualdad de todos los seres humanos, sino identificar los orígenes y posibilidades de estas desigualdades para tratar de disminuirlas hasta niveles que no afecten tanto la estabilidad mundial.  

Presentacion a nuestro grupo el 4 de Marzo del 2021
0 comentario
1 Linkedin
termination, silhouettes, human
Download PDF

Diversos analistas culpan la caída del empleo a la nueva cuarentena y a los cierres de actividades económicas decretadas en enero para controlar el gran aumento de contagios y muertes por covid-19 producido por los excesos de diciembre. No es del todo cierto. 

Varios analistas culpan la caída del empleo a la nueva cuarentena y a los cierres de actividades económicas que se decretaron en enero para controlar el gran aumento de contagios y muertes por covid-19 producido por los excesos de diciembre. No es del todo cierto. 

Enero siempre ha sido un mes difícil para el empleo. Después de las fiestas decembrinas que generan mucha ocupación temporal para responder al aumento de la demanda por los viajes, celebraciones y la explosión de las compras navideñas, viene la resaca de la cuesta de enero, donde mucha gente se da cuenta que gastó más de lo que tenía y se aprieta el cinturón. Los negocios vuelven a su ritmo normal y se despiden miles de trabajadores temporales.

Este comportamiento estacional se refleja en las cifras del Dane que cada enero muestran, con respecto a las cifras de diciembre, un aumento de la tasa desempleo (en promedio unos 2,7 puntos porcentuales ‒p.p.‒ en la última década) y una disminución equivalente en la tasa de ocupación.

Este enero de 2021 se agrandó la diferencia: el desempleo aumentó casi 4 puntos con respecto a diciembre de 2020, llegando a un asustador 17,3 %, el segundo peor registro para este mes en lo que va corrido del siglo, con excepción del 2002, donde alcanzó el 17,9 %. En relación con el mismo mes del año anterior la tasa de desempleo aumentó 4,3 p.p., también uno de los mayores aumentos de este siglo. La situación es peor en las 13 ciudades más grandes del país, en las que el desempleo llegó al 19,5 %.

Los porcentajes son números fríos que esconden la tragedia de 1,57 millones de personas que empezaron mal el año nuevo perdiendo su empleo y sus ingresos. De estas 938.000 fueron mujeres y 639.000 hombres, es decir, 6 de cada 10 nuevos desempleados fueron mujeres. Por eso la tasa de desempleo femenino es de 22,7 % mientras que la de los hombres es mucho menor, 13,4 %.

Varios analistas culpan de esta caída del empleo a la nueva cuarentena y los cierres de actividades económicas que se decretaron en enero para controlar el gran aumento de contagios y muertes por covid-19 producido por los excesos de diciembre. No es del todo cierto.

La actividad económica en la que más se perdieron empleos, comparando con enero del año anterior, fue la industria manufacturera, con más de 400.000. Es claro que la industria no fue afectada por los toques de queda ni por la ley seca. Por el contrario, aunque se esperaría que el comercio sufriera más por las restricciones, fue uno de los pocos sectores que registró un aumento en el número de personas ocupadas (44.000). Los otros dos sectores que sacaron la cara fueron construcción y servicios públicos, donde la demanda está garantizada por los subsidios estatales.

La hipótesis alternativa, por lo menos para la industria, es la falta de demanda, pues en el 2020 sus ventas cayeron 8 %. En sectores como restaurantes, hoteles o entretenimiento es una mezcla de causas: los afectan las restricciones, pero también venden menos por el autocuidado de la gente o su falta de dinero para viajar o salir de rumba.
Mientras la gente no vuelva a tener ingresos suficientes y no se recupere la demanda, la reactivación será lenta.

Mauricio Cabrera Galvis

Marzo, 2021

1 comentario
0 Linkedin
business, cartoon, comic
Download PDF

Las mejores políticas de reactivación son aquellas que generan más empleo y benefician a los más pobres y vulnerables, pero además que son oportunas y aportan una cantidad de recursos suficiente para compensar la pérdida de ingresos de los hogares.

Las mejores políticas de reactivación son aquellas que generan más empleo y benefician a los más pobres y vulnerables, pero además que son oportunas y aportan una cantidad de recursos suficiente para compensar la pérdida de ingresos de los hogares.

Demasiadas condiciones imposibles de cumplir, dirán algunos para justificar por qué no se han aplicado en Colombia. No es cierto. Hay ejemplos concretos de países que sí las han realizado y con muy buenos resultados.

La primera es una renta básica de emergencia para personas que han perdido sus ingresos, pero en una cuantía suficiente para sobrevivir. En Estados Unidos el año pasado el gobierno giró US$1200 a cada individuo que tuviera ingresos menores a US$75.000, más otros US$600 por cada niño. Adicionalmente, a quienes perdieron sus empleos les dio US$2400 durante cuatro meses. La nueva ley que está a punto de ser aprobada en el Congreso propone pagos similares.

En Colombia se pretendió hacer algo en esa línea con el programa de Ingreso Solidario, pero fue totalmente insuficiente: solo $160.000 mensuales (US$45) por familia, y solo a tres millones de los hogares más pobres, quedando sin ninguna ayuda adicional por lo menos otros tres millones de hogares vulnerables. Por eso el 30 % de los hogares en Colombia hoy hace una comida menos que antes de la pandemia.

En Chile, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ha entregado hasta US$600 por familia de cuatro personas, y cubrió cerca de 50 % de los hogares del país. En Perú, en 2020 se otorgaron diferentes bonos para más de 60 % de los hogares, que sumaban más de US$500 por familia. No era cuestión de ser país rico o pobre, sino de tener la decisión política de hacerlo.

Hay otra política aún mejor y son los programas de Empleo de Emergencia. Darles ingresos a las familias afectadas es necesario para que puedan subsistir, y al comprar bienes y servicios reactivan la demanda; pero es más importante darle empleo al millón y medio de personas que todavía no han podido recuperar sus trabajos, porque así no solo tienen salarios e ingresos, sino algo más primordial: la dignidad que les da el trabajo y saberse útiles a la sociedad.

En esta pandemia no se han implementado programas de este tipo, pues los gobiernos han preferido dar subsidios a las empresas para que mantengan el empleo, pero en la gran depresión de los años 30 del siglo pasado una de las claves de la recuperación de Estados Unidos fue el ambicioso programa de obras públicas del presidente Roosevelt.


Con la tasa de desempleo del 17,3 % que acaba de reportar el Dane y 4,1 millones de desempleados, solo el Estado tiene la capacidad y los recursos para generar a corto plazo un número significativo de puestos de trabajo en programas intensivos en mano de obra como construcción y mantenimiento de vías terciarias, reparcheo de vías urbanas, reforestación o mantenimiento de cuencas. Pero estos solo pueden ser adelantados por departamentos y municipios, no por el gobierno central.

Mauricio Cabrera Galvis

Marzo, 2021

0 comentario
1 Linkedin
Download PDF

Existen muchas propuestas para la reactivación económica. Como no hay recursos suficientes para adelantarlas todas y, además algunas son excluyentes entre sí, es necesario tener criterios claros para escoger las más adecuadas para las circunstancias del país.

Existen muchas y muy variadas propuestas para la reactivación económica. Inversión en infraestructura, exenciones tributarias, transferencias monetarias a los más pobres, apoyo a emprendedores, subsidios a la nómina, empleo público de emergencia, subsidio a vendedores de vivienda, modernización tecnológica, renta básica universal, etc., etc.


Dado que no hay recursos suficientes para adelantarlas todas, y que además algunas son excluyentes entre sí, es necesario tener criterios claros para escoger aquellas que sean las más adecuadas para las circunstancias del país, y que sean las más eficaces y más eficientes para superar la aguda recesión económica que ha dejado el manejo de la pandemia.

Son tres los criterios principales que deberían utilizarse para la evaluación de las políticas de reactivación: primero, ¿a quién benefician?; segundo, ¿cuál es su impacto sobre las causas de la recesión? y, tercero, ¿son suficientes y oportunas para mitigar los efectos de la crisis? Hoy me referiré al primero.

Ante una crisis como la actual, que no es solo económica sino social, el objetivo de las políticas de reactivación no puede ser solo recuperar el crecimiento del PIB. Como lo recordó en el Hay Festival la premio Nobel Esther Duflo, el PIB es solo un objetivo intermedio, un instrumento para lograr el bien-estar y la calidad de vida de toda la población. Por eso no solo es importante que crezca, sino sobre todo cómo se distribuye ese crecimiento.

No puede ser un objetivo disminuir ahora el déficit fiscal y sanear las finanzas públicas. Ese será un trabajo posterior, pero buscar la austeridad fiscal en medio de la recesión es como sacarle sangre a un anémico. Son aún menos válidas las políticas para aumentar la rentabilidad de las empresas. Esa no es la responsabilidad del Estado, ni debe dedicar a eso sus escasos recursos.

Las mejores políticas de reactivación son aquellas que impulsan el crecimiento, pero a la vez ayudan a aliviar la pobreza, a reducir el desempleo y a disminuir la desigualdad.

Unos ejemplos ayudan a entender la importancia del impacto distributivo de diferentes políticas. Una cosa es la inversión en infraestructura en modernas carreteras y concesiones de 5G y otra la construcción de vías de acceso en los municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Las primeras son intensivas en capital y benefician a los sectores modernos de la economía, mientras que las segundas generan más empleo y mejoran la vida de poblaciones azotadas por la violencia y abandonadas del Estado.

Una cosa es dar subsidios a las empresas eximiéndolas del pago de IVA en la compra de bienes de capital y otra muy distinta dar subsidios a las mismas empresas, pero condicionados a la creación de empleo. En ese sentido la intención del Paef (Programa de Apoyo al Empleo Formal) fue acertada, pero su ejecución no, pues se concentró en las grandes empresas: 1115 con más de 500 empleados se quedaron con el 39 % de los recursos, mientras que 90.000 microempresas con menos de 10 empleados solo recibieron el 10 %.

Los estímulos tributarios para la generación de energía con fuentes limpias es conveniente, pero en medio de la crisis resulta mejor incentivar programas de reforestación con mano de obra campesina.

El gobierno tiene un amplio abanico de políticas para la reactivación. Debería elegir aquellas que generen más empleo y beneficien a los más pobres y vulnerables, y ejecutarlas de manera que se logre este objetivo, y no se quede en el discurso.

Mauricio Cabrera Galvis

Febrero, 2021

2 Comentarios
0 Linkedin
equality, rights, women
Download PDF

Existen muchas y muy variadas propuestas para la reactivación económica. Dado que no hay recursos suficientes para adelantarlas todas, y que además algunas son excluyentes entre sí, es necesario tener criterios claros para escoger aquellas que sean las más adecuadas para las circunstancias del país.

Existen muchas y muy variadas propuestas para la reactivación económica. Inversión en infraestructura, exenciones tributarias, transferencias monetarias a los más pobres, apoyo a emprendedores, subsidios a la nómina, empleo público de emergencia, subsidio a vendedores de vivienda, modernización tecnológica, renta básica universal, etc., etc.

Dado que no hay recursos suficientes para adelantarlas todas, y que además algunas son excluyentes entre sí, es necesario tener criterios claros para escoger aquellas que sean las más adecuadas para las circunstancias del país, y que sean las más eficaces y más eficientes para superar la aguda recesión económica que ha dejado el manejo de la pandemia.

Son tres los criterios principales que deberían utilizarse para la evaluación de las políticas de reactivación: primero, ¿a quién benefician?; segundo, ¿cuál es su impacto sobre las causas de la recesión? y, tercero, ¿son suficientes y oportunas para mitigar los efectos de la crisis? Hoy me referiré al primero.

Ante una crisis como la actual, que no es solo económica sino social, el objetivo de las políticas de reactivación no puede ser solo recuperar el crecimiento del PIB. Como lo recordó en el Hay Festival la premio Nobel Esther Duflo, el PIB es solo un objetivo intermedio, un instrumento para lograr el bien-estar y la calidad de vida de toda la población. Por eso no solo es importante que crezca, sino sobre todo cómo se distribuye ese crecimiento.

No puede ser un objetivo disminuir ahora el déficit fiscal y sanear las finanzas públicas. Ese será un trabajo posterior, pero buscar la austeridad fiscal en medio de la recesión es como sacarle sangre a un anémico. Son aún menos válidas políticas para aumentar la rentabilidad de las empresas. Esa no es la responsabilidad del Estado, ni debe dedicar a eso sus escasos recursos.

Las mejores políticas de reactivación son aquellas que impulsan el crecimiento, pero a la vez ayudan a aliviar la pobreza, a reducir el desempleo y a disminuir la desigualdad.

Unos ejemplos ayudan a entender la importancia del impacto distributivo de diferentes políticas. Una cosa es la inversión en infraestructura en modernas carreteras y concesiones de 5G, y otra la construcción de vías de acceso en los municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Las primeras son intensivas en capital y benefician a los sectores modernos de la economía, mientras que las segundas generan más empleo y mejoran la vida de poblaciones azotadas por la violencia y abandonadas del Estado.

Una cosa es dar subsidios a las empresas eximiéndolas del pago de IVA en la compra de bienes de capital y otra muy distinta dar subsidios a las mismas empresas, pero condicionados a la creación de empleo. En ese sentido la intención del Paef (Programa de Apoyo al Empleo Formal) fue acertada, pero su ejecución no, pues se concentró en las grandes empresas: 1115 con más de 500 empleados se quedaron con el 39 % de los recursos, mientras que 90.000 microempresas con menos de 10 empleados solo recibieron el 10 %.

Los estímulos tributarios para la generación de energía con fuentes limpias es conveniente, pero en medio de la crisis resulta mejor incentivar programas de reforestación con mano de obra campesina.

El gobierno tiene un amplio abanico de políticas para la reactivación. Debería elegir aquellas que generen más empleo y beneficien a los más pobres y vulnerables, y ejecutarlas de manera que se logre este objetivo, y no se quede en el discurso.

Mauricio Cabrera Galvis

Febrero, 2021

1 comentario
0 Linkedin
arrows, gradient, design
Download PDF

A pesar de que ahora muchos políticos quieren ubicarse en el centro, la realidad es que en términos políticos y económicos siguen existiendo importantes diferencias entre la izquierda y la derecha. Lo que pasa es que no se pueden reducir a los extremos del castrochavismo (que en Colombia es un fantasma para asustar a los votantes) y el trumpismo (que si tiene muchos seguidores en el país). 

A principios de la década de los noventa del siglo pasado, con la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, cuando F. Fukuyama proclamaba el fin de la historia y la muerte de las ideologías, el gran filósofo político italiano, Norberto Bobbio, publicó un pequeño libro titulado “Derecha e Izquierda” en el que trató de demostrar que la diferencia entre estas dos posturas políticas seguía totalmente vigente; la historia le ha dado la razón, a pesar de que los populistas autocráticos traten de minimizar las diferencias para engañar a las masas y aferrarse al poder. 

Bobbio propone un criterio muy simple, pero profundo, para distinguir la izquierda de la derecha: “es la diferente actitud que asumen los hombres que viven en sociedad frente al ideal de la IGUALDAD, que es, junto con el de la libertad y el de la paz, uno de los fines últimos que se proponen alcanzar y por los cuales están dispuestos a luchar”. 

Según este criterio, “aquellos que se declaran de Izquierda dan mayor importancia en su conducta moral y en sus iniciativas políticas a lo que convierte a los hombres en más iguales, o las políticas para atenuar y reducir los factores de desigualdad, mientras que los que se declaran de Derechas están convencidos que las desigualdades son imposibles de eliminar, más aún, que al fin y al cabo ni siquiera deben desear su eliminación.” 

Bobbio rechaza la quimera de un igualitarismo absoluto y lo que plantea es una tendencia a disminuir la desigualdades; por lo tanto los partidos y movimientos de izquierda enfatizan la equidad, no como la utopía de una sociedad donde todos sean iguales en todo, sino las políticas que “se caracterizan por la tendencia a remover los obstáculos que convierten a los hombres y mujeres en menos iguales,” y a “favorecer las políticas que tienden a convertir en más iguales a los desiguales”. Los partidos de derecha, por el contrario, no dan prioridad a estas políticas y en muchos casos propician otras que aumentan la desigualdad. 

Esta distinción teórica se ha comprobado en la realidad del aumento de la desigualdad en casi todo el mundo con el predominio de los partidos y las políticas de derecha en las últimas décadas, y también en la excepción de los países de América Latina que en los primeros años de este siglo tuvieron gobiernos de izquierda democrática y disminuyeron la desigualdad. 

Con un optimismo un poco exagerado Bobbio dice que “nunca como en nuestra época se han puesto en tela de juicio las tres fuentes principales de la desigualdad, la clase, la raza y el sexo”, pero hace un claro llamado a los partidos de izquierda: “para que se haga realidad este grandioso movimiento histórico, es preciso superar las rencillas cotidianas y mirar más arriba y más lejos”. Parece escrito para quienes buscan construir una alianza de centro izquierda en Colombia. 

Mauricio Cabrera Galvis

Febrero, 2021

6 Comentarios
1 Linkedin
video conference, zoom, meeting
Download PDF

Esa celebración de la palabra que es el Hay Festival ha sido muy diferente este año de pandemia. En lugar de los salones abarrotados y las largas colas bajo el sol cartagenero para entrar a oír a los artesanos de la palabra, esta vez nos sentamos solitarios frente a una pantalla donde podemos ajustar el volumen, repetir la explicación que no entendimos y hasta escoger la hora para verlos en diferido.

Puede ser más cómodo y eficiente, y hay que agradecer a los organizadores del Festival el enorme esfuerzo para hacerlo virtual y dar la posibilidad a miles de personas de que lo disfrutemos; pero falta lo esencial del contacto humano, compartir con el vecino de silla la frase que nos impactó, esas charlas sin principio ni final a la entrada o la salida de los conversatorios, las tertulias en la librería sintiendo en los dedos el papel de los libros al pasar las hojas.

De todas maneras ha sido una maravillosa oportunidad de deleitarse oyendo a Padura, a Juan Gabriel Vásquez, a Paul Auster, a León Valencia, a Isabel Allende y a tantos otros escritores. Pero como la deformación profesional pesa, también a los economistas y científicos sociales que nos alejan un poco de la realidad de la literatura para enfrentarnos a la ficción de lo que está sucediendo en el mundo.

Aunque son inspiradores filósofos como Michel Sandel o Peter Singer, y es muy interesante ver a Piketty hablando sobre su último libro ‒Capital e ideología‒ sin duda el plato fuerte de este año fue la premio Nobel de economía Esther Duflo quien, gracias a las acertadas preguntas de Ana María Ibáñez, expuso con claridad algunas de las tesis más llamativas de su libro Buena economía para tiempos difíciles.

Por ejemplo, explicó por qué el crecimiento del PIB no debe ser el objetivo principal de los gobiernos porque lo más importante es el bien-estar de toda la población. No niega la importancia de que el PIB crezca, pues es indispensable para tener recursos que permitan elevar el nivel de vida, pero esto es solo un instrumento, no un fin en sí mismo. Si el crecimiento no se distribuye bien, y se queda en los bolsillos de unos pocos, la política es equivocada porque aumenta la desigualdad.

Más aún, tampoco basta el bienestar de la población si no se respeta la dignidad de las personas. Para ella las protestas populares en Chile son la reacción de un pueblo que ha elevado su nivel de vida, pero que ha visto aumentar la desigualdad y reclama dignidad.

Duflo critica a los economistas que proponen recetas para el crecimiento a partir de creencias ideológicas y políticas sin sustento en la realidad. Una de las más difundidas desde las épocas de Reagan es la supuesta necesidad de reducir impuestos para estimular la inversión y acelerar el crecimiento; o la creencia de que es necesario mantener salarios bajos para aumentar el empleo. La opinión cualificada de la mayoría de los economistas reconoce que no son ciertas estas teorías, que solo reflejan los intereses de las elites, pero aun así siguen siendo utilizadas por muchos gobiernos, incluyendo el de Colombia, para definir sus políticas.

A pesar de la mala fama de los economistas, es importante que en el Hay haya unos como Duflo que reivindican a la profesión.

Mauricio Cabrera Galvis

Nota: la exposición de Duflo puede verse (en inglés) en https://vimeo.com/505701106/77ff33f9a6

3 Comentarios
0 Linkedin
trump, dollar, trade deal
Download PDF

Una de las mayores causas de la corrupción de una democracia es que los gobernantes usen sus cargos y su poder político para beneficiar sus propios negocios y enriquecerse.

Una de las mayores causas de la corrupción de una democracia es que los gobernantes usen sus cargos y su poder político para beneficiar sus propios negocios y enriquecerse. Es una forma más sofisticada que la corrupción tradicional, que es la apropiación de los recursos públicos para beneficio propio, y fue una de las peores lacras del gobierno del ahora expresidente Trump (¡qué alivio se siente al poder escribir expresidente!).

Más aún, con la información que poco a poco va saliendo a la luz pública se llega a pensar que todo el montaje legal e ilegal que armó Trump para desconocer la contundente victoria de Biden y quedarse en la presidencia no tenía solo motivos políticos y psicológicos por su megalomanía, sino además un profundo interés económico: salvar de la quiebra su imperio económico afectado por la pandemia.

Desde que entró a competir en las elecciones primarias del Partido Republicano se decía que el interés de Trump no era tanto llegar a la presidencia ‒objetivo que veía muy lejano‒ sino promocionar su marca personal para valorizarla y hacer más negocios. Para sorpresa de muchos, fue elegido candidato republicano y después ganó la presidencia, pero eso no le implicó abandonar sus intereses económicos, sino que por el contrario le abrió el apetito para poner el inmenso poder de la presidencia a su servicio y el de su familia.

La primera señal de menosprecio del evidente conflicto de interés se dio cuando al iniciar su mandato no aceptó dejar la administración de sus negocios en un fideicomiso independiente, sino que la entregó a sus dos hijos, Eric y Donald, quienes siguieron promocionando la marca Trump y haciendo negocios con ella.

Otro de los muchos ejemplos de esta mezcla del poder político y los negocios son los millones de dólares de ingresos que los hoteles y las propiedades de la organización Trump recibieron de agencias gubernamentales, empresarios y también gobiernos extranjeros deseosos de hacer negocios con el gobierno estadounidense.

La revista Forbes ‒que no es propiamente una publicación de los comunistas norteamericanos‒ reporta que en la última campaña presidencial la organización Trump recibió 6,9 millones de dólares de recursos provenientes de donantes para financiar la campaña. Existe, además, la gran duda de qué va a hacer Trump con los cerca de 200 millones de dólares que recogió para defender el supuesto robo de las elecciones.

Los hijos de Trump han seguido las enseñanzas de su padre. Por ejemplo, la promoción en los actos oficiales, y por funcionarios del gobierno, de las prendas y accesorios vendidos por Ivanka Trump, o sus negociaciones con el gobierno chino para vender sus productos en ese país. O la ley de 2017 que dio beneficios tributarios a las áreas conocidas como opportunity zones, 13 de las cuales eran propiedad de la familia Kushner del yerno de Trump. Parece que hubieran copiado el modelo de los terrenos para zonas francas en Colombia.

El problema para la familia Trump es que, a pesar de todos estos beneficios, la pandemia disminuyó sus ingresos en unos US$150 millones el año pasado, lo que les va a dificultar pagar los créditos que por US$300 millones se les vencen el año entrante. Para salvar el negocio era urgente mantener la presidencia y tal vez explica la reticencia a cerrar la economía a pesar de los 400.000 muertos.

Mauricio Cabrera Galvis

Enero, 2021

3 Comentarios
0 Linkedin
refugees, economic migrants, financial equalization
Download PDF

Las fracasadas negociaciones tripartitas sobre el salario mínimo en diciembre pasado, que antecedieron a su fijación por decreto oficial, mostraron un cambio en los discursos del Gobierno y los empresarios para justificar el mínimo aumento del salario mínimo ‒escasos $30,000 mensuales‒

Las fracasadas negociaciones tripartitas sobre el salario mínimo en diciembre pasado, que antecedieron a su fijación por decreto oficial, mostraron un cambio en los discursos del Gobierno y los empresarios para justificar el mínimo aumento del salario mínimo ‒escasos $30,000 mensuales‒. En lugar del argumento tradicional, nunca demostrado, de que el aumento de ese salario incrementaba el desempleo, esta vez se insistió en que su impacto era sobre el aumento del empleo informal, en detrimento del empleo formal.

Es un avance el reconocimiento de que los incrementos en el salario mínimo no tienen un impacto significativo sobre el nivel general de empleo. En la jerga de economistas y viendo el trabajo solo como una mercancía, se dice que es muy baja la elasticidad-precio de la demanda de trabajo, y hay suficiente evidencia empírica al respecto.

En la práctica cotidiana de los empresarios de todos los tamaños (aún los informales), la principal razón para contratar o despedir trabajadores no es el salario mínimo sino la situación de las ventas de sus productos: si crece la demanda y tienen que producir más, contratan más trabajadores; por el contrario, tratan de reducir la nómina si ven que las ventas bajan. Los economistas dicen que la demanda de trabajo está en función de la demanda de bienes y servicios.

Superado ese argumento, y ante la necesidad de aumentar muy poco el salario mínimo para, como bien dice Salomón Kalmanovitz, “garantizar la rentabilidad del sector formal de la economía” se recurrió a otro argumento: ahora se dice que el aumento “exagerado” del salario mínimo desplaza trabajadores del sector formal de la economía al informal y, por lo tanto, va en perjuicio de los mismos trabajadores porque deteriora las condiciones laborales.

Son escasos los estudios académicos sobre esta supuesta relación, pero las estadísticas básicas no la confirman; antes bien, lo que muestran es una realidad contraria. Entre el 2000 y el 2019 el salario mínimo legal vigente (Smlv) se incrementó en 26,7 %, mientras que la tasa de informalidad se redujo de 54,5 % a 47,9 %.

Además, los únicos años de este período en los que aumentó la informalidad ‒entre 2007 y 2010‒, fueron los años de menor aumento del Smlv. En efecto, en estos años en porcentaje la informalidad subió de 51,4 % a 53,3 %, y el de trabajadores informales pasó de 4,7 a 5,6 millones, mientras que el aumento anual promedio del Smlv fue de 0,8 %.

Desde el 2010 hasta antes de la pandemia la informalidad se había redujo hasta 47,4 % y el número de informales se ha mantenido fluctuando alrededor de 5,7 millones, mientras que el aumento anual promedio del Smlv fue de 1,6 %. Por eso, el coeficiente de correlación entre las variaciones del Smlv y la tasa de informalidad es negativo, aunque muy pequeño (-0,03).

Los períodos de aumento de la informalidad coinciden con los de desaceleración de la economía ‒eso fue lo que pasó con la crisis financiera mundial del 2008‒, mientras que su disminución va aparejada a bonanzas como la petrolera de principios de la década pasada. Es una demostración adicional de que la generación de empleo (que es lo mismo que la demanda de trabajo) depende mucho más del ritmo de crecimiento de la economía, el cual a su vez está determinado en el corto plazo por la demanda agregada, es decir, por el consumo de los hogares, la inversión y el gasto público.

Mauricio Cabrera Galvis

Enero, 2021

1 comentario
0 Linkedin