Las informaciones, conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, originalmente presentadas en voluminoso material, eran difícil de resumirlas de una manera crítica y cuidadosa. Nuestro compañero César Vallejo y su esposa Myriam Ulloa se dieron a la tarea de hacerlo y compartieron en nuestra tertulia sus conclusiones, seguidas por comentarios y reflexiones de los participantes de nuestra reunión . Lo compartimos con los lectores que no pudieron participar de la tertulia.
César y Myriam cierran aquí sus “notas”, centrándose en los efectos del conflicto, en las recomendaciones de la comisión y en dejarnos algunas observaciones críticas para nuestra reflexión.
Los efectos del conflicto
Las recomendaciones de la comisión
La Comisión ordena sus numerosas recomendaciones en nueve propósitos:
Algunas observaciones críticas.
Cesar Vallejo Mejia y Myriam Ulloa
Mayo, 2023
César y Myriam nos ofrecen aquí (en dos entregas hoy y mañana) lo que modestamente califican como “notas”, sus reflexiones sobre esta parte del Informe de la Comisión de la Verdad.
El informe es el resultado de un trabajo serio y profesional realizado por los integrantes de la Comisión, durante 3 años, con el apoyo de muchas personas. Es incuestionable su utilidad para entender la enorme complejidad del conflicto que ha marcado la vida de la nación colombiana, particularmente en el último medio siglo. Ayuda a entender lo que ocurrió y contribuye a desactivar los sesgos de nuestra propia visión. Es sin duda, un punto de partida indispensable para emprender el muy difícil camino de la paz.
Las características del conflicto
Los esfuerzos para obtener la paz y la persistencia del conflicto
Cesar Vallejo y Myriam Ulloa
Mayo, 2023
La conclusión necesaria de los planteamientos de los dos artículos anteriores implica llegar a aspectos concretos para el envejecimiento saludable. Son las políticas públicas para garantizar condiciones de equidad para las personas mayores y las dimensiones que deben tenerse en cuenta: participación, salud, alojamiento, educación, heterogeneidad y diálogo intergeneracional. En todo esto, los viejos también tienen la palabra.
La conclusión necesaria de los planteamientos de los dos artículos anteriores implica llegar a aspectos concretos para el envejecimiento saludable. Son las políticas públicas para garantizar condiciones de equidad en el grupo de las personas mayores y las dimensiones que deben tener en cuenta: participación, salud, alojamiento, educación, heterogeneidad y diálogo intergeneracional. En todo esto, los viejos también tienen la palabra.
IV – Políticas de equidad para mayores
Objetivo fundamental de las políticas públicas, una de las responsabilidades más importantes de los gobiernos, que por sí misma justifica la existencia y fortalecimiento del Estado, es propiciar, con equidad, las condiciones para que las personas, como individuos y como comunidad, puedan crecer como seres humanos, aprovechar las oportunidades y superar las dificultades que encuentran en su desarrollo y evitar o neutralizar las crisis económicas, políticas, sociales y ambientales que frenan ese crecimiento, lo interrumpen o distorsionan.¹ Esas políticas se hacen más urgentes con el aumento acelerado de la población mayor que, de no ser atendido adecuada y oportunamente, puede convertirse en un serio problema, social y financiero.
Las políticas para aprovechar el enorme potencial característico de la edad de la vejez deben partir de un concepto claro sobre lo que representa esa etapa de la vida para las personas y para la sociedad: la culminación del proceso de construcción de mejores seres humanos en cuanto a individuos y en cuanto a comunidad; la afirmación final del sentido de la vida humana.
La definición de ese potencial y la forma de aprovecharlo debe estar en el punto de partida de una política para el envejecimiento saludable. En palabras de Martha C Nussbaum, para “reconocer y abordar adecuadamente las diversas necesidades y problemas de las vidas ancianas (…) un buen conjunto de políticas debe combatir los estereotipos nocivos y no caer en la trampa de subestimar las capacidades de los ancianos adultos en relación con la toma de decisiones y la realización de actividades de muchos tipos (…). Por último (…) debe fomentar y proteger la iniciativa, considerando a los ancianos como seres libres que toman decisiones y dan forma a su vida (a veces en una red comunitaria), no como receptores pasivos de prestaciones”.²
Las políticas públicas para garantizar condiciones de equidad en el grupo de las personas mayores tienen dos objetivos principales: de una parte, hacer posible el bienestar de los ancianos y, de otra, propiciar el cumplimiento de su papel en la sociedad.
Además de transferencias financieras para los más pobres, las políticas de equidad en las oportunidades para los mayores deben incluir acciones que hagan posible la continuación de su proyecto de ser cada vez mejores seres humanos, en beneficio de sí mismos y de los demás. Se proponen a continuación algunas ideas al respecto:
1. Las políticas públicas deben tener en cuenta que los jubilados no son un grupo homogéneo: ni en edad, ni en género (son diferentes los problemas y oportunidades que enfrentan hombres y mujeres al jubilarse), ni en condiciones económicas (pensión) y de pobreza (por ejemplo, las diferencias entre los habitantes del campo y de la ciudad). Tampoco son iguales su salud, el grado de deterioro de sus condiciones físicas y mentales (síndrome del jubilado, mayor en los hombres, que los hace sentir como un estorbo), el nivel de escolaridad y de formación, su vida familiar y social (sensación de soledad).
2. Al diseñar las políticas para la vejez, es necesario consultar y tener en cuenta la opinión de las personas mayores.
3. Deben crearse las condiciones necesarias, estímulos y programas, que faciliten la participación de las personas mayores en la construcción y en los beneficios del desarrollo, reconociendo la experiencia, la capacidad y el potencial que les es propio.³ De esa participación se benefician las instituciones y entidades, pero también se benefician los mayores. Si se le da dimensión internacional a esa participación podrán obtenerse mejores resultados.
4. Promover diálogos intergeneracionales en los que se dinamiza el aprendizaje de viejos y de jóvenes: se vincula el conocimiento nuevo y el dinamismo de los jóvenes con la experiencia y el conocimiento tradicional de los viejos.
5. Tanto el funcionamiento de los hogares destinados a personas mayores como la infraestructura que se construye pensando en ellas debe tener en cuenta la complejidad y profundidad del sentido de la vejez, las oportunidades propias de esa etapa de la vida y alejarse de los estereotipos impuestos por una sociedad que todo lo concibe en función de la producción económica.
6. El sistema de salud debe dar prioridad a los programas de promoción y prevención (previstos en la ley 100 en Colombia) con el propósito de hacer posible que las personas lleguen a la vejez y que lo hagan en mejores condiciones de salud.
7. El sistema educativo y, en especial, las universidades, deben revisar sus conceptos sobre las distintas etapas de la vida y abrir programas dirigidos a las personas mayores. Con ello se crea un espacio invaluable que combina conocimiento, experiencia, reflexión sobre el ser humano y el sentido de la vida y sobre la forma como está organizada la sociedad. Se benefician las instituciones educativas (también económicamente) y sobre todo se benefician las personas mayores⁴.
Debe formularse un adecuado marco normativo que facilite el funcionamiento de esos programas y que sea suficientemente flexible para adaptarse a los intereses y condiciones diferentes de las personas mayores: requisitos de acceso, homologación de estudios y experiencia, flexibilidad curricular, metodologías apropiadas, certificaciones, etc. El avance de las TIC abre posibilidades enormes con ese propósito y facilita el acceso de los mayores a la dimensión del aprendizaje y de la creación de conocimiento.⁵
BIBLIOGRAFÍA
Blau, Z., citado en Proyecto AEPUMA, p. 44.
Cicerón, Marco Tulio. (2005). Sobre la vejez (De senectute). Traducción de Rosario Delicado. Madrid: Tal – Vez.
de Roux, Rodolfo R. (2021). “Aprender a vivir”. Exjesuitasentertulia.blog.
Delors, Jacques. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Unesco: París.
Kant, Inmanuel. (2008). Crítica de la Razón Práctica. Buenos Aires: Losada.
Naciones Unidas. (2022). Los impactos sociodemográficos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Cepal – Celade.
Nussbaum, Martha C. y Saul Levmore. (2018), Envejecer con sentido. Conversaciones sobre el amor, las arrugas y otros pesares. Barcelona: Paidós Básica.
Ordine, Nuccio. (2013). La utilidad de lo inútil. Barcelona: Acantilado.
Proyecto AEPUMA. (2007). Análisis y evaluación de programas universitarios para mayores. Universidad de Alicante: San Vicente del Raspeig.
Puig Rovira, J. M. y J. Trilla J. (1966). La Pedagogía del ocio. Barcelona: Laertes, pp. 55-56. Citado en AEPUMA, p. 8.
Rodríguez Ibáñez, E. (1979). “Perspectiva sociológica de la vejez”. Revista española de investigaciones sociológicas, n. 7.
Vallejo, César (2020). “El ancla del desarrollo”. En: Universidad y Región. Ibagué: Universidad de Ibagué.
Vallejo, César y Antonia Maturana (2022). “Equidad, tema central en Cifras y Conceptos”. En: Travesía de un sueño, 15 años de Cifras y Conceptos. Bogotá.
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[1] Eso es más urgente en el caso de las personas mayores que, por lo general, no participan en actividades remuneradas y que, de alguna manera, son más vulnerables en tiempos de crisis, como lo han demostrado los efectos de la pandemia del COVID-19. La estrategia principal de las políticas de equidad es la provisión de bienes públicos que estén al alcance de todos: leyes, normas e instituciones que hacen más eficiente la interacción entre individuos y entre grupos y contribuyen a aumentar el bienestar de las comunidades y sus condiciones económicas, políticas, sociales y ambientales. Ver: BIRF (2021), Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia: https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2021/10/27/hacia-la-construccion-de-una-sociedad-equitativa-en-colombia y Vallejo César y Antonia Maturana (2022), “Equidad, tema central en Cifras y Conceptos”, en Travesía de un sueño, 15 años de Cifras y Conceptos, p. 105.
² Nussbaum, Martha y Saul Levmore. (2018). Envejecer con sentido. Conversaciones sobre el amor, las arrugas y otros pesares. Barcelona: Paidós Básica, pp. 263-264.
³ Un ejemplo, en el caso de las empresas, lo ilustra el film Pasante de moda, protagonizado por Robert DeNiro.
⁴ Encuestas realizadas a personas mayores que acceden a programas universitarios en España muestran que entre 65 % y 80 % buscan ampliar sus conocimientos, lo consideran importante para su realización personal y lo prefieren como uso del tiempo libre (lo atienden universidades populares, aulas de la tercera edad, educación permanente para adultos). Entre 1993 y 1994 surgieron los primeros programas universitarios en España para mayores de 50 años. Ellos solicitaban programas para su desarrollo personal, mejorar sus relaciones interpersonales, actualizar conocimientos, conocer y utilizar los nuevos lenguajes y herramientas; poder acceder a la Universidad sin ningún tipo de exclusión. Los objetivos que se han propuesto a esos programas de aprendizaje y formación para mayores son: 1. Propiciar condiciones para su desarrollo pleno, su autovaloración y autoestima; desarrollo personal desde la ciencia y la cultura; despliegue de su potencial intelectual, físico, artístico, social, teniendo en cuenta que cada persona es diferente y debe ser el centro del proceso de formación y aprendizaje. 2. Aprovechar su riqueza cultural y su experiencia para la construcción de una sociedad cada vez más humana, así como su conocimiento y potencial científico, humanista, tecnológico. 3. Promover relaciones intergeneracionales, tolerancia, eliminación de estereotipos sobre los jóvenes y sobre los ancianos. 4, Propiciar la ayuda mutua, por ejemplo en los procesos de formación y aprendizaje. 5. Promover la creatividad y el despliegue de competencias específicas, y 6. Facilitar un envejecimiento activo y placentero, calidad de vida y uso del tiempo libre. Ver Proyecto AEPUMA.
⁵ Algunas universidades en Colombia ya ofrecen programas para personas mayores y de la tercera edad. Algunos ejemplos son: “Saberes de vida” en EAFIT, “Unideleite”, en la Universidad de Ibagué y “Universidad senior” en la Universidad del Rosario. Es importante dar a conocer la oferta disponible de esos programas y el modo de acceder a ellos.
César Vallejo Mejía
Noviembre, 2022
El artículo anterior destacó que la visión del envejecimiento ha venido cambiando en el último tiempo, que la vejez manifiesta la realización personal, intelectual y emocional alcanzada durante la vida y representa acumulación de experiencia, conocimiento y sabiduría como resultado del crecimiento personal. Ahora, el autor plantea las oportunidades propias de la época de la vejez.
III – Oportunidades para mayores
La proyección al Ser que define al ser humano se realiza de manera distinta en cada una de las etapas de su vida, aprovechando las oportunidades que ofrece cada una de ellas para avanzar en la tarea de convertirse en un mejor ser humano, de aproximarse más y “parecerse” más al Ser, en cada una de acuerdo con las características que les son propias. En palabras de Cicerón, “la vejez es laboriosa y lleva siempre algo entre manos con igual inquietud que en las etapas anteriores de la vida”¹.
Entendiendo el concepto de equidad como la igualdad de oportunidades en cada una de las etapas de la vida, cabe preguntarse cuáles son las oportunidades con respecto a las que debe haber igualdad entre quienes están en la etapa, cada día más prolongada, de la vejez.
La conocida filósofa y escritora Martha Nussbaum enmarca la respuesta a esa pregunta en su “enfoque de capacidades” y hace la siguiente lista, refiriéndose a los ancianos²: poder vivir hasta el final una vida humana de duración normal; disfrutar de buena salud; poder moverse libremente de un lugar a otro; poder utilizar los sentidos, imaginar, pensar y razonar y hacerlo de forma “realmente humana”, cultivada por una educación adecuada; poder sentir apego por personas y cosas al margen de uno mismo; que la propia estructura emocional no esté arrasada por el miedo y la ansiedad; poder formarse una idea del bien y elaborar reflexiones críticas sobre la planificación de la propia vida (razón práctica); poder vivir con y hacia los demás, reconocer a otros seres humanos y preocuparse por ellos; implicarse en diversas formas de interacción social; poder atender y vivir con animales, plantas y el mundo natural; poder reír, jugar y disfrutar con actividades recreativas; control sobre el propio entorno: a) político, poder participar en decisiones políticas y b) material, poder disfrutar de derechos de propiedad en pie de igualdad con los demás.
De manera similar podemos identificar seis oportunidades principales, propias de la época de la vejez, que recogen parte de las que propone Martha Nussbaum en su enfoque de capacidades:
1- La libertad: autonomía como oportunidad
Durante la vejez debe poderse tomar decisiones sobre la vida personal en su quehacer diario y sobre el papel que se quiere cumplir en la sociedad. Es la oportunidad de seguir más claramente, con más convicción, la ley interior como guía del comportamiento ético y moral de la persona; la oportunidad de expresar libremente las propias convicciones y creencias. Es también la oportunidad de afirmar y aprovechar el potencial de las diferencias individuales, la oportunidad de “moverse libremente” y de ser feliz.
2 – La razón: pensar como oportunidad
La vejez del ser humano representa la gran oportunidad de profundizar la reflexión y precisar el pensamiento sobre la vida y el mundo en el que se desarrolla, sobre las posibilidades y problemas que enfrenta cada persona en su proceso diario de crecimiento humano. Es la oportunidad de buscar la respuesta a las preguntas trascendentes que nunca se tuvo la voluntad o el tiempo de responder.
3 – El conocimiento: aprendizaje como oportunidad
La sociedad actual se caracteriza por un acelerado avance del conocimiento y por el desarrollo de herramientas de aprendizaje y de tecnologías de la información y, al mismo tiempo, reivindica las derechos individuales y sociales de las personas y comunidades y, entre ellos, el derecho a hacer del aprendizaje y la formación un proceso que se extiende a lo largo de la vida y hasta el último día.
Hoy se reconoce que la persona puede y debe aprender hasta en la mayor edad para adaptarse a una sociedad en permanente cambio y a las nuevas relaciones entre las personas, con las instituciones, entre las regiones y países, y con la naturaleza. Para lograrlo, es importante acceder a medios y contextos de aprendizaje, formales o informales³. “La educación sin límites espaciales ni temporales se convierte en una dimensión de la vida misma”.⁴
Está demostrado que las personas mayores tienen una amplia capacidad de aprendizaje y que su entrenamiento en habilidades cognitivas puede prevenir el declive cognitivo, el deterioro y la demencia.⁵ “De ahí aquella afirmación de Solón que aparece en un versículo de su obra: “Se envejece aprendiendo cada día muchas cosas. Pienso que no puede existir un placer mayor para el alma”⁶.
Además del aprendizaje de nuevas teorías y herramientas, que de por sí tiene posibilidades ilimitadas, el aprendizaje va unido a la formación humana (que tampoco tiene límites): realización personal, búsqueda de la verdad, pensamiento crítico, mayor libertad (adhesión al valor moral, diría Kant). En relación con el conocimiento, las personas mayores deben tener igualdad de oportunidades, porque es importante no solo para ellas sino para la sociedad.
4 – La inteligencia emocional como oportunidad: la emotividad
Con la experiencia y los años se matizan las pasiones. En la vejez se decantan los temores de ser “subestimado” o amenazado en su personalidad. Se fortalece la seguridad en sí mismo, no se siente la necesidad de agredir o defenderse, ni se teme expresar las propias opiniones. La vejez representa la oportunidad para expresar la emotividad sin extremos y para amar intensamente sin generar perjuicios a nadie. Es la mejor época para tener y disfrutar de relaciones personales desinteresadas; la mejor oportunidad para respetar y para ser respetado. En ella se dan las condiciones ideales para amar con inteligencia y expresar el afecto sin temores; para interactuar con los demás sin celos y sin sentirse amenazado. Y todo ello complementado, en la mayoría de los casos, con la cercanía de los nietos, de la familia y de los amigos de toda la vida.
5 – Oportunidad de disfrutar y entender la cultura del ocio
Se ha dicho, con razón, que el ocio es el “tiempo libre más la libertad personal”⁷. La tercera edad representa el mejor momento para disfrutar con libertad, sin muchas restricciones, la posibilidad de disponer del tiempo libre y dedicarlo a actividades que generan mayor satisfacción y bienestar personal. No hay duda de que el disfrute del tiempo libre por parte de las personas mayores, en actividades escogidas por ellos, de cualquier orden (lúdicas, culturales, sociales, familiares) contribuye a su bienestar, y seguramente al del círculo de personas que los rodean, con beneficios también para la sociedad. En ese sentido todas las personas mayores deben tener iguales oportunidades para hacer uso de su tiempo libre⁸.
6 – Oportunidad de contribuir a una sociedad cada vez más humana
La etapa de la vejez representa la oportunidad de continuar la proyección al Ser y el despliegue del ser humano, aprovechando la experiencia y el crecimiento personal alcanzado durante la vida, para ponerlos al servicio de sí mismo y de los demás.
Es necesario reconocer que el despliegue y el bienestar de las personas mayores está indisolublemente unido al despliegue y bienestar de la sociedad, no solo porque ello representa la satisfacción de un derecho fundamental para un grupo importante de la sociedad, sino por el papel que ese grupo está llamado y puede desempeñar en la construcción de una sociedad cada vez más humana.
En el concepto recortado que nos hemos formado de la edad del envejecimiento, hemos dejado por fuera la consideración del enorme activo humano acumulado por las personas que llegan a la vejez a lo largo de su vida y la valiosa contribución que ellos pueden hacer, desde su experiencia y conocimientos, al bienestar de los demás y al logro de una sociedad cada vez más humana.
Aprovechar, por ejemplo, la experiencia y la mesura de las personas mayores para contribuir en la solución pacífica de conflictos; su concepción de la vida y de las relaciones interpersonales, de la sociedad y del desarrollo, para alimentar diálogos constructivos con otras generaciones; su sabiduría para ponerla al servicio de una sociedad más humana, más tolerante, más solidaria, más democrática y más equitativa. Todo ello haciendo uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información que hoy facilitan la tarea y acortan las distancias en el tiempo. Su “trabajo (…) no se realiza con la fuerza, velocidad, o con la agilidad de su cuerpo, sino con el conocimiento, la competencia y autoridad”⁹.
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¹ Cicerón, Marco Tulio. (2005). Sobre la vejez (De senectute). Traducción de Rosario Delicado. Madrid: Tal – Vez. p. 14.
² Nussbaum, Martha C. y Saul Levmore. (2018). Envejecer con sentido. Barcelona: Paidós, p. 264 ss.
³ El aprendizaje y la formación a lo largo de la vida han sido declarados como objetivo socioeconómico importante en la Unión Europea. Y aunque inicialmente las personas mayores no muestran mucho interés, ha venido aumentando la matrícula de ese grupo en las universidades. De hecho, aún son poco conocidos esos programas, especialmente entre la población mayor que tiene bajos niveles de educación.
⁴ Delors, Jacques. (1996). La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, p. 125. Citado en Proyecto AEPUMA (2007). Análisis y evaluación de programas universitarios para mayores. Universidad de Alicante: San Vicente del Raspeig, p. 91.
⁵ “Yo mismo, ya anciano, he estudiado griego y lo domino”, dice Catón en el diálogo que refiere Cicerón en De senectute, y agrega un poco más adelante: “Cuando oí contar que Sócrates aprendió a tocar el arpa, ya anciano, quise hacer yo lo mismo y trabajé con ahínco en el aprendizaje de la lengua griega”. Cicerón, o.c., p. 14.
⁶ Id., p. 23.
⁷ Puig Rovira J. M., y J. Trilla J. (1966). La pedagogía del ocio. Barcelona: Laertes, pp. 55-56. Citado en Proyecto AEPUMA, p. 8.
⁸ “Las armas defensivas de la vejez (…) son las artes y la puesta en práctica de las virtudes cultivadas a lo largo de la vida. Cuando has vivido mucho tiempo, producen frutos maravillosos”. Cicerón, o. c., p. 8.
⁹ Id., p. 11.
César Vallejo Mejía
Noviembre, 2022
Y de repente, ¡llegamos a viejos! Y, ahora, ¿qué? Siempre fue claro lo que nos correspondía hacer en las etapas previas de nuestra vida: la niñez, la juventud y la edad madura, pero nunca tuvimos tiempo para pensar en la mejor de ellas: ¡la vejez! Una manera de hacerlo es explicitando su relación con lo que significa ser humano.
I – El ser humano
Todos los seres son ‒se definen, se entienden como‒ participación del Ser (fundamento de su inteligibilidad). La participación del Ser que recibe el ser humano le confiere dos propiedades únicas: razón y libertad. La razón le da la posibilidad de un conocimiento ilimitado y la libertad la autonomía para tomar decisiones. Kant, en el epílogo de su Crítica de la razón práctica lo expresaba bellamente al referirse a la naturaleza humana: “hay dos cosas que generan en mí admiración creciente cada vez que pienso en ellas: el cielo estrellado sobre mí, y la ley moral en mí”.
Razón y libertad, complementadas por las emociones, proyectan el ser humano hacia el Ser (causa y meta final, fundamento de su dignidad) y le permiten, consciente y libremente, seguir la proyección hacia el más que llena de sentido su vida. Abierto al conocimiento sin límites y guiado por la ética en sus decisiones, el ser humano experimenta, como efecto necesario de la participación que recibe, esa proyección existencial y sin término al Ser que lo constituye y fundamenta, (hacia lo “positivo” que caracteriza y hace posible la existencia: la unidad, la bondad, la coherencia…), y la sigue o rechaza libremente.
Definida por su proyección al Ser, la vida humana se llena de sentido y nos da, sin atenuantes, el derecho y el deber, la oportunidad y la responsabilidad de ser cada vez mejores seres humanos¹, día a día y durante toda la vida, continuando el proceso milenario que antecedió e hizo posible su aparición entre los seres vivos. Derecho y deber de tomar la posta, transformar en desarrollo consciente lo que antes era evolución ciega, construir la historia del hombre y su relación con la naturaleza, a través de subidas y caídas, de logros y fracasos, de momentos de lucidez y de estupidez, de conciencia social y de egoísmo, de progreso y de retroceso, de bienestar y de sufrimiento. Derecho y deber de fortalecer, profundizar y enriquecer, autónomamente y sin interrupciones el ser individual y diferente que nos identifica como personas y, al mismo tiempo, el ser comunitario que nos conforma como sociedad (Vallejo C., 2020 y 2022)². Derecho y deber, individual y colectivo, de seguir la proyección al Ser, parecerse más a Él y perfeccionarse como ser humano, esencialmente individual y esencialmente colectivo (como grupo, como comunidad, como humanidad).
Así, el ser humano puede definirse como proyección al Ser que le participa su existencia y le sirve de fundamento (sin el que es inexplicable); proyección sin término, consciente o inconsciente, que se realiza desplegando las propiedades que lo distinguen como humano, la razón y el conocimiento, de una parte, y la libertad y la ley moral (la ética) de otra.
El despliegue del ser humano, su proyección al Ser se da, entonces, en la dimensión del conocimiento (con ayuda de la razón) y en la dimensión de los valores (con ayuda de la libertad). La emotividad y la pasión, con sus profundas raíces en el proceso evolutivo de su organismo, son el complemento necesario. Sometidas y subordinadas a la razón le dan fuerza y dinamismo a la voluntad en su avance hacia el Ser; dominadoras y superpuestas a ella, por el contrario (la razón al servicio de la pasión), alejan el ser humano del Ser y lo conducen hacia la destrucción, hacia la Nada.
Ese despliegue sin término, avance individual y colectivo, se da en todas las etapas y momentos de la vida del ser humano, cada una con oportunidades y limitaciones diferentes. El despliegue individual contribuye al de la sociedad y el de esta al desarrollo del individuo. Historia de avance hacia el Ser que le da sentido a su vida y que él construye cada día, solo y en comunidad, consciente o inconscientemente, desde la infancia hasta la vejez, hasta la partida final.
II – La vejez
Hay visiones negativas y visiones positivas sobre lo que significa ser viejo. En las primeras son frecuentes los estereotipos que transmiten la idea de deterioro, de obsolescencia, de finalización de la “vida útil”, de “término de oportunidades”. Incluso es común, entre quienes se ocupan del cuidado de las personas mayores, presuponer en ellas comportamientos de deterioro mental, quebrantos de salud, dificultades para aprender e incapacidad para actuar y tomar decisiones, que llevan a prácticas indiscriminadas de cuidado e influyen en la autoestima y en la opinión que tienen los viejos sobre sí mismos (“estigmas” que se autocumplen).
Ese concepto equivocado sobre lo que significa la vejez encaja con el no menos equivocado de lo que es el sentido de la vida humana (o mejor, su ausencia de sentido), como un proceso, las más de las veces penoso (“buscarás el pan con el sudor de tu frente”) de satisfacción de necesidades (individuales por lo general) y de búsqueda de un estado de bienestar o de felicidad en el que predominan las emociones, en el que desaparecen los trabajos y al que se llega gracias al dinero y al poder.
Y encaja también con la manera como hemos terminado por definir las distintas etapas de la vida, en función de la forma, también equivocada, como nos hemos organizado en sociedad, con decisiones (individuales y colectivas) en las que la emociones predominan sobre la razón: en lo económico buscando la máxima rentabilidad en el corto plazo, a costa de la sostenibilidad, de las generaciones futuras y de un concepto científico de especie y de naturaleza; en lo político subordinando los intereses de la comunidad a las ambiciones personales, de partido o de grupo; en lo social, aceptando o tolerando (y frecuentemente justificando) prácticas discriminatorias absolutamente incompatibles con la dignidad de todo ser humano. La razón, y la pauta ética de nuestro comportamiento, se subordinan a la pasión (la emotividad, la ideología); el interés individual predomina sobre los propósitos de la sociedad; la competencia desplaza a la colaboración y se subestima (o se desconoce) la naturaleza humana como fenómeno esencialmente individual y esencialmente colectivo.
Y, por supuesto, en esa forma de organización, la vida tiene su “oportunidad”, principalmente durante la niñez y la juventud. Ellas son las etapas del aprendizaje, de la producción y de la acumulación; el lapso “útil” de la vida, en el que se adquieren conocimientos que facilitan la generación de ingresos y la satisfacción de las necesidades presentes y futuras, predominantemente individuales y familiares. La vejez, en cambio, por oposición a la juventud, termina siendo la ausencia de oportunidades, el comienzo del ocaso y, si se han hecho ahorros suficientes, una etapa en la que la vida se agota en tareas secundarias y en actividades “inútiles”, rodeada, en el mejor de los casos, del afecto de la familia y de los amigos. Pero si esos ahorros no existen, las personas que llegan a la vejez quedan a merced del Estado o de sus familiares. Y si aquel no otorga financiación suficiente, con una legislación adecuada, o estos “no aparecen”, la etapa de la vejez se convierte en un tránsito vital lleno de penurias y discriminaciones³. Los viejos se convierten en objeto de políticas de cuidado, personas pasivas que no se afirman en su diferencia ni toman decisiones sobre lo que les conviene y les hace felices, ni sobre lo que pueden aportar, en su condición de mayores, al progreso de los demás y les hace crecer como seres humanos. Personas a quienes es necesario proteger, como a los niños, de riesgos menores y que siempre dependen de sus familiares y cuidadores⁴.
Pero también hay visiones positivas que ven a las personas mayores como un grupo cada vez más numeroso y vital que tiene importancia para la democracia y cuya esperanza de vida ha ido aumentando; grupo que busca su bienestar a través de un alto nivel de actividades productivas, formativas y recreativas, que llenan el vacío dejado por la vida laboral.Individuos que “constituyen ellos mismos su mundo como resultado de un proceso de relaciones sociales hechas gestos y respuestas”⁵. “Personas que deben ser valoradas por sí mismas, más que por la función que cumplen en el sistema familiar, social o económico”⁶.
El concepto de envejecimiento ha cambiado con el aumento en la esperanza de vida. “En esta nueva etapa de la historia los mayores están adquiriendo una creciente importancia, tanto cuantitativa como cualitativa”⁷. Hoy se habla de tercera edad, de cuarta edad, ancianos jóvenes, ancianos mayores y viejos. Distinguimos la vejez cronológica de la biológica y de la sociocultural. Y vemos la última etapa de la vida, como aquella en la que aparecen nuevas inquietudes y preguntas trascendentes sobre el ser humano, un concepto distinto de ocio y un mayor aprecio por las cosas inútiles⁸, una mayor claridad sobre lo que significa en la práctica la realización personal.
Hoy se reconoce que los distintos grupos de edad tienen diferentes expectativas y responsabilidades, en cuanto individuos y en cuanto grupo. Y esto es particularmente relevante en relación con el grupo de población de las personas mayores. Como lo decía Cicerón, “a cada período de la vida se le ha dado su propia inquietud: la inseguridad a la infancia, la impetuosidad a la juventud, la sensatez y la constancia a la edad media, la madurez a la ancianidad”⁹.
Se acepta que los mayores tienen una cosmovisión y unos valores que, en buena medida, contrastan con los valores de las generaciones más jóvenes, especialmente en lo relacionado con asuntos políticos y sociales: familia, natalidad, religión (y religiosidad), participación ciudadana y ubicación en el espectro político.
La tercera edad y su bienestar es un bien social (igual que los demás grupos de edad), una etapa fundamental de la vida, para los individuos y para la sociedad, y en ningún caso un estorbo o un grupo obsoleto e inútil. Aunque con limitaciones físicas, que difieren entre los individuos, la vejez manifiesta la realización personal, intelectual y emocional, alcanzada hasta ese momento durante la vida; representa acumulación de experiencia y conocimiento, sabiduría como resultado del camino de crecimiento personal y de su contribución al progreso de la humanidad; etapa avanzada del proyecto de perfeccionamiento humano y de aproximación al Ser. “Ni los cabellos blancos, ni las arrugas hacen surgir de repente la autoridad. Los frutos de la autoridad los produce la edad vivida honestamente desde el principio”¹⁰.
César Vallejo Mejía
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¹ En el sentido que le da Fernando Savater cuando afirma: “nacemos humanos, pero eso no basta, es necesario llegar a serlo”. Ya en 1528, Erasmo lo había dicho: “…los hombres (…) no nacen, se hacen, moldeándose” y Simone de Beauvoir, cuatrocientos años después, escribe “No se nace mujer, se llega a serlo” (citado por Rodolfo R. de Roux (2021)).
² Vallejo, César (2020). “El ancla del desarrollo”. En: Universidad y Región. Ibagué: Universidad de Ibagué; Vallejo, César y Antonia Maturana (2022). “Equidad, tema central en Cifras y Conceptos”. En: Travesía de un sueño, 15 años de Cifras y Conceptos. Bogotá:
³ Se han formulado teorías sociológicas negativistas que conducen a la discriminación de las personas mayores por razones económicas (porque son improductivas o menos productivas), o por razones de clase social, grupo étnico y género. En una visión funcionalista, se piensa que para que la sociedad se mantenga estable es necesario reemplazar las personas mayores incapaces de realizar sus tareas satisfactoriamente. Lo cual no garantiza que los beneficios sociales de ese retiro sean mayores que sus costos sociales; menos aún si entre estos se incluyen los costos individuales para las personas que no desean retirarse o para quienes no cuentan con seguridad ⁴ económica para hacerlo.
Se dan las cuatro causas que según Marco Tulio Cicerón agravan sobremanera la vejez: “porque aparta de la gestión de los negocios…, porque la salud se debilita…, porque te priva de casi todos los placeres… y porque, al parecer, la muerte ya no está lejos”. En Cicerón, Marco Tulio. (2005), Sobre la vejez (De senectute). Traducción de Rosario Delicado. Madrid: Tal – Vez.
Rodríguez Ibáñez, E. (1979). “Perspectiva sociológica de la vejez”, Revista española de investigaciones sociológicas, n. 7, 1979, pp. 77-79. Citado en Proyecto AEPUMA (2007). Análisis y evaluación de programas universitarios para mayores. Universidad de Alicante: San Vicente del Raspeig, p. 44.
⁶ Z. Blau, citado en Proyecto AEPUMA, p. 44.
⁷ “Análisis y evaluación de programas universitarios para mayores”, Proyecto AEPUMA, p. 41.
⁸ En el sentido que le da Nuccio Ordine (2013) en su libro La utilidad de lo inútil. Barcelona: Acantilado.
⁹ Cicerón, Marco Tulio, o. c. p. 16.
¹⁰ Id., p. 27.
Como anuncié en la publicación anterior, dedico este texto a mis comentarios acerca de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación, divulgada en febrero 21 de 2022.
1. Se trata de la vida humana
Es razonable suponer que, ateniéndose a un concepto profundo y complejo de justicia, la Corte está obligada a proteger derechos fundamentales, asociados estrechamente con el espíritu de la Constitución, en el caso que nos ocupa: la dignidad y el derecho a la vida de las madres y de sus niños, la libertad de conciencia y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Al autorizar, sin condiciones, el aborto o eliminación de la vida de los niños en gestación durante los primeros seis meses de embarazo (24 semanas), la Sentencia C-055 emanada de la Corte protege el derecho a la vida de las mujeres y su libertad para decidir sobre su cuerpo (sobre su embarazo) pero, al mismo tiempo, niega el derecho a la vida de sus hijos. En ese sentido es claro que la Corte incumple gravemente uno de sus deberes sagrados, la protección de la vida HUMANA de los niños en gestación. Apoyada en el criterio de gradualidad (incrementalidad), escoge o prefiere proteger la vida humana de la madre, su salud, su libertad y su dignidad, autorizándola a pagar un precio inconmensurable: la vida igualmente humana del niño en gestación.
Existen razones serias para afirmar que la vida es humana, desde el primer instante de su concepción. Como lo afirma un principio filosófico elemental, el “ser” se manifiesta a través de su actividad (es la única manera). La vida del feto es humana porque, desde el primer momento se despliega (se manifiesta), desde su propio interior (con la alimentación y funciones subsidiarias recibidas de la madre), en dirección de un ser humano con todas sus características (respirar por sí mismo, llorar, comer, caminar, razonar, hablar, amar…). El despliegue completo de las características propias del ser humano puede durar muchos años (¡algunos dirán que nunca termina!) y está condicionado por múltiples variables del contexto y de la cultura, en los que transcurre su vida. El nacimiento mismo es solo una etapa intermedia en ese proceso. Sin embargo, las características propias de un ser humano están desde el primer momento, en ciernes (o en potencia, como dirían los filósofos escolásticos): de lo contrario no sería posible ese desarrollo o “movimiento”, en esa dirección.
Por supuesto que para muchos de quienes discuten ese problema (Hans Küng y otros), no existe una última palabra. Es objeto de debate. Nadie, ni siquiera la Corte Constitucional, puede imponer una determinada convicción o percepción sobre un tema de tanta trascendencia (de igual manera como no se pueden imponer creencias religiosas).
2. Eliminación de la vida humana
Es claro que el aborto es eliminación de vida humana y que no hay mucha diferencia si se hace inmediatamente después de la concepción, 24 semanas después, nueve meses después o incluso varios meses después del nacimiento. En ninguno de esos momentos el niño tiene las características de un ser humano completo, ni da muestras de ser persona: no camina, no razona, no habla….
Para quienes la vida humana tiene un valor absoluto, eliminarla nunca tiene justificación, pero es necesario reconocer que hay estados, sociedades, culturas que encuentran razones para justificar la eliminación de la vida humana en ciertas circunstancias. En cualquier caso, la justificación o la penalización de las distintas formas de eliminar la vida depende de los valores que defiende la sociedad o el grupo humano en donde se practican: su cultura. Algunas de ellas son: la eutanasia, en la que es determinante la decisión del “paciente”, normalmente movido por quebrantos incurables de salud; la pena de muerte y las guerras, en las que las sociedades o sus dirigentes consideran que eliminar vidas humanas de reos o enemigos es, de alguna manera, un bien mayor para la sociedad; las masacres y asesinatos en los que, por lo general son el odio y la pasión los que mueven a sus autores. El aborto es una forma de eliminar la vida humana, legalizada en algunas sociedades como solución a embarazos no deseados.
La pregunta que es necesario responder y que debe centrar el debate sobre la Sentencia C-055, es si puede haber circunstancias, razones y valores que justifiquen eliminar la vida humana de un niño en gestación; si en el “óptimo constitucional” que pretende la Corte, la “finalidad constitucional imperiosa” se puede tratar con criterio de incrementalidad y si debe “pesar” lo mismo que otros derechos constitucionales (los que reclaman los demandantes). Un foco importante del debate deberá ser si existen otras soluciones al fenómeno de los embarazos no deseados, distintas a eliminar la vida del niño (como, por ejemplo, la promoción de prácticas de adopción), en línea con las políticas públicas que recomienda la Corte como segundo componente del óptimo constitucional.
3. El problema no es religioso
Lo primero que hay que decir es que el tema no es religioso. El problema es ético y responde a la pregunta formulada antes, también relevante para ateos y agnósticos, de si, en algunas circunstancias, se puede justificar la eliminación de la vida HUMANA de niños en gestación.
El imperativo de proteger la vida humana no tiene como fundamento principal la moral derivada de las religiones (así muchas personas lo crean), aunque las religiones pueden tener posiciones y prescribir conductas a sus fieles que, en el mejor de los casos, son complementarias o motivacionales. Cada quien es libre de practicar su religión o de seguir las pautas dictadas por su iglesia ‒que no es lo mismo‒ y no debe pretender imponérselas a los demás (es parte de los máximos que tenemos como personas o como sociedad). A nadie debe permitírsele que imponga sus creencias.
Tampoco corresponde a las religiones decir cuándo comienza la vida humana o cuándo se puede hablar de persona humana. Ese es un tema científico, de una parte (biológico, médico, psicológico, antropológico) y, de otra, filosófico (ético), con variantes en las distintas culturas (o ideologías), especialmente en lo que tiene que ver con el respeto por la vida humana, por la persona y su dignidad. Lo cierto es que sobre ese comienzo no hay acuerdos finales (para algunos se trata de un problema irrelevante o, simplemente, de un problema sin solución).
Y, en relación con la justificación o penalización del aborto, tampoco las religiones son las llamadas a determinar si el aborto es o no es delito. Estrictamente consideradas, no deben determinar lo que legalmente es delito (una facultad que es propia de los Estados –el Acuerdo Social–).
4. La contribución de la Corte es parcial y no resuelve el problema[1]
Con su Sentencia C-055 la Corte se matricula en el grupo de quienes admiten que hay circunstancias, razones y valores que justifican eliminar la vida humana del niño en gestación y da vía libre para hacerlo hasta la semana 24. La Corte expone sus razones, predominantemente de orden jurídico (en algunos casos no muy convincente, como en el tema de “cosa juzgada”, la preponderancia que le da al criterio de gradualidad en la gestación, etc.), y no fundamenta su legitimidad para imponer su posición a la sociedad colombiana en un asunto de tanta trascendencia, tanto más cuanto que posiblemente la mayoría de la población no la comparte (no lo sabemos nosotros ni lo sabe la Corte).
Protege la vida de las mujeres al evitar la muerte de muchas de ellas que huyen de la cárcel escondiendo el aborto en lugares inadecuados, pero legaliza la eliminación de la vida humana de niños en gestación. La sentencia salva la vida de muchas mujeres por la disminución de abortos clandestinos y para hacerlo permite la eliminación de un número por lo menos igual de vidas de niños en gestación. La libre decisión de la mujer sobre su vida y sobre su propio cuerpo no significa que pueda decidir sobre el cuerpo y la vida ajena, la de su niño en el vientre. En realidad, la sentencia está escogiendo entre dos vidas HUMANAS, y el criterio de protección incremental no parece suficiente ni apropiado para hacerlo.
“El aborto no es delito. Es una tragedia” reza el título de uno de los artículos de Mauricio Cabrera. La Sentencia lo que hace es legalizar esa tragedia, consagrarla como solución a un problema mal formulado. Saca de la clandestinidad una práctica que por convertirse en legal no deja de ser abominable; trata de resolver el problema autorizando la eliminación de la vida HUMANA del niño, que es mucho más que un simple “bien jurídico”. Para quienes abortan, la peor tragedia es la conciencia de haber eliminado una vida humana, ¡la vida de su hijo!
5. La solución no es declarar el aborto como delito
Son múltiples las circunstancias (personales, familiares, económicas, sociales y culturales) y diversas las convicciones, los valores y las razones que pueden llevar a una mujer a tomar la decisión de abortar la vida de su hijo en gestación. Se trata de una decisión no deseable que debe ser evitada en cualquier sociedad, pero castigarla como delito no soluciona el verdadero problema y trae consecuencias sobre la mujer que aborta y sobre su familia, que también es necesario evitar.
Como afirma Mauricio Cabrera, “la mejor manera de disminuir los abortos no es prohibirlos por decreto o castigarlos como delito, sino evitar que se produzcan embarazos no deseados”, pero también es cierto que la despenalización del aborto en nada contribuye a reducir el número de abortos, a humanizar la relación sexual y a evitar los embarazos no deseados, que son el verdadero origen del problema. Los hace menos problemáticos y no es descartable que tanto los embarazos no deseados como los abortos aumenten, justamente porque estos no están prohibidos y aquellos tienen una salida fácil.
Inspiradas por el respeto a la vida humana y la necesidad imperiosa de protegerla, de velar por la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes y de sus hijos, todas las sociedades y familias deben procurar los medios necesarios para evitar los embarazos no deseados y la eliminación de la vida humana de los niños en gestación. Con ese propósito, la sociedad y la Corte deben ayudar y exigir que los dos padres, no solo las madres, protejan la vida de sus hijos. En palabras de la Corte, con “programas de educación sexual y reproductiva y medidas de acompañamiento a las madres gestantes, que incluyan opciones de adopción o divulgación de instrumentos de prevención del embarazo y planificación… que sean respetuosas de los derechos de mujeres, niñas y personas gestantes”.
Esto tiene que ver con programas de educación, salud y planificación familiar y con una estrategia integral de desarrollo centrada en facilitar las condiciones para que todos seamos cada vez mejores seres humanos.
César Vallejo Mejía
Marzo, 2022
[1] Resulta particularmente interesante leer en el Comunicado de la Corte el salvamento de voto de los magistrados (tres mujeres y un hombre) que estuvieron en desacuerdo con la decisión final (cinco votos contra cuatro).
Decidí escribir las siguientes reflexiones después de leer los dos artículos publicados por Mauricio Cabrera en este blog[1], sobre la reciente Sentencia de la Corte Constitucional en la que despenaliza el aborto. En este artículo haré una síntesis de la sentencia y, en el segundo, irán mis comentarios.
Me mueve en primer lugar la admiración y la amistad que siempre he tenido por Mauricio y, en segundo lugar, el deseo de proseguir, con el grupo de lectores de este blog, un intercambio de ideas que nos sirva a todos en un tema que encuentro particularmente difícil y que no se debe banalizar reduciéndolo a estigmas, a posiciones ideológicas de izquierda o de derecha, de progresismo y anquilosamiento, de ideas liberales o conservadoras… Aunque no es mi intención, puede ocurrir que algunas de mis afirmaciones ofendan a algún lector. Entonces, doy excusas por adelantado.
I. El aborto como delito
Numerosos y graves son los problemas que se han derivado de la prohibición del aborto como solución a embarazos no deseados, a los que las ramas legislativa y ejecutiva del poder no han prestado suficiente atención.
Una de las consecuencias de la criminalización del aborto y del castigo a las mujeres que lo practican ha sido la multiplicación de abortos clandestinos, que se hacen en condiciones médicas y de higiene inapropiadas para la salud y dignidad de las gestantes. De hecho, es muy alto el número de mujeres que mueren en el proceso y graves las repercusiones del castigo con cárcel para la vida, la dignidad y la familia de las que abortan. Y también es una ofensa contra la dignidad de las mujeres que el peso de la ley recaiga únicamente sobre ellas, a pesar de que se acude al aborto para dar solución ex post a un embarazo no deseado, en el que muy frecuentemente es el hombre el que lleva la iniciativa y el que presiona y chantajea a la mujer para que aborte. En ese sentido el aborto no es un problema únicamente de las mujeres: los hombres son tan responsables como ellas de los embarazos no deseados.
II – La sentencia de la Corte[2]
Con la reciente sentencia C-055, la Corte Constitucional, a instancias y bajo la presión de un grupo numeroso de colombianos, principalmente mujeres, busca contribuir a la solución de los problemas mencionados.
Antes de hacer cualquier comentario, me parece oportuno sintetizar el contenido del comunicado de la Corte. Esto es lo que dice:
1. El tema
La Corte se pronuncia para resolver una demanda por inconstitucionalidad del artículo 122, sobre el aborto, de la ley 599 del año 2000, por la cual se expide el Código Penal. Mediante ese artículo la norma castiga con cárcel a la “mujer que causare su aborto o permitiese que otro se lo cause”. Esa norma había sido declarada condicionalmente exequible en la Sentencia C-355 de 2006, en el sentido de que no se incurre en delito de aborto en los casos de peligro para la vida o la salud de la mujer, grave malformación del feto o violación.
La nueva Sentencia, la C-055-22, declara exequible el artículo 122 “en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista, solo será punible cuando se realice después de la vigésima cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006, dispuso que no se incurre en delito de aborto”.
2. Consideraciones previas que hace la Corte
La Corte Constitucional expone estos aspectos:
a) La protección del bien jurídico de la vida en gestación es una finalidad constitucional imperiosa (art. 11 de la Constitución y 4.1 de la Convención Americana de Derechos humanos). El art. 122 del Código Penal pretende alcanzar esa protección mediante la amenaza de prisión a la mujer que aborta y a quien realice la conducta.
b) Hay evidencia de una modificación en la comprensión de la problemática constitucional que supone el delito del aborto consentido, una profunda transformación jurisprudencial acerca del derecho a la salud y una variación en el contexto normativo internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
c) Según la jurisprudencia constitucional e interamericana, la vida es un bien jurídico que se protege en todas las etapas de su desarrollo, pero no con la misma intensidad. Su protección, mediante el derecho penal, también es gradual e incremental según la etapa de desarrollo en que se presente un atentado contra ella y las circunstancias concomitantes con este.
3. La demanda
Un grupo de colombianos demanda por inconstitucional el art. 122 del Código Penal (ley 599 del 2000) y la Sentencia C-355 de 2006 en la medida en que lo declara exequible, por afectar garantías constitucionales en forma desproporcionada. Los demandantes hacen cuatro cargos:
a) Primer cargo: afectación de derechos constitucionales. La disposición demandada afecta intensamente el derecho a la salud, a través de abortos inseguros. Existen medios más efectivos para proteger, respetar y garantizar aquella finalidad constitucional que no generan una afectación tan intensa de esos derechos….
b) Segundo cargo: desconocimiento de la libertad de conciencia (art. 18 de la Constitución), intrínsecamente asociada a la dignidad humana en lo atinente a la decisión, estrechamente vinculada al sistema de valores personales, de procrear o de no hacerlo (asunto personalísimo, individual e intransferible). La norma demandada da lugar a la imposición de una manera específica de asumir la maternidad aun en contra de la propia voluntad.
c) Tercer cargo: desconocimiento de la finalidad constitucional de prevención general de la pena y la característica constitucional adscrita al derecho penal como mecanismo de ultima ratio. La penalización del aborto consentido no resulta efectivamente conducente para proteger el bien jurídico de la vida en gestación, y es desproporcionada.
El carácter subsidiario de las sanciones penales exige que antes de acudir al poder punitivo del Estado se recurra a otros controles menos gravosos… Si bien la disposición demandada pretende una finalidad constitucional imperiosa, cual es proteger el bien jurídico de la vida en gestación, efectúa un uso prima ratio del derecho penal, incompatible con la Constitución por cuatro razones:
i. La forma de regulación actual (art.122 del Código Penal) supone una renuncia al ejercicio democrático en uno de los temas más sensibles para la sociedad colombiana.
ii. La falta de regulación legislativa positiva… ha dado lugar a barreras de acceso para la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la Sentencia C-355.
iii. La disposición demandada supone el ejercicio del poder punitivo del Estado como prima ratio, ya que en la tipificación del aborto no valora la dignidad humana de mujeres y niñas… y se fundamenta en un criterio sospechoso de discriminación: el sexo.
iv. La penalización del aborto, en los términos del artículo demandado, no es en todos los casos una medida necesaria, pues existen mecanismos alternativos menos lesivos.
d) Cuarto cargo: vulneración del derecho a la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y en situación migratoria irregular. Salvo en los casos previstos en la Sentencia C-355, la penalización del aborto, con privación de la libertad, impacta de manera diferencial, desproporcionada, a las mujeres más vulnerables y agudiza más su situación de vulnerabilidad.
4. Respuesta de la Corte: lograr el óptimo constitucional
La respuesta de la Corte Constitucional abarca siete elementos:
a) La disposición demandada da lugar a afectaciones intensas en los derechos fundamentales, valores y principios constitucionales citados en los cargos. Desconocer esta realidad constitucional supone otorgar una preferencia tácita a la finalidad constitucional imperiosa de proteger la vida en gestación.
b) Considerar el caso como una comparación de intensidades (protección de los derechos demandados vs. protección de la vida en gestación) es simplificar en demasía la competencia de control constitucional y sacrificar en alto grado la competencia legislativa.
c) Lo procedente es adoptar una medida que, sin sacrificar la protección de la vida en gestación, evite los amplios márgenes de desprotección de derechos constitucionales; una fórmula intermedia, un óptimo constitucional…, de tal forma que se logre una mayor realización de la totalidad de valores en tensión.
d) El punto de partida de ese óptimo es la norma C-355 en relación con las tres causales que constituyen hipótesis extremas de afectación de la dignidad de la mujer. Dos elementos pueden complementar el óptimo constitucional y lograr un mejor equilibrio que el actual arreglo institucional definido por el art. 122 del Código Penal: la definición de un sistema de plazos para que la práctica del aborto no sea considerada una conducta típica; y una regulación de política pública (“medidas relacionadas, entre otras, con la salud y la educación sexual y reproductiva; la prevención de embarazos no deseados; la planificación familiar y la definición responsable del momento para procrear y el número de hijos deseados; la maternidad sin riesgos y asistencia prenatal y las distintas alternativas para mujeres, niñas y personas gestantes que se encuentren en conflicto con el embarazo”).
e) En el sistema de plazos son dos los conceptos normativos: i) el de existencia, que se asocia con la idea de prohibir la práctica del aborto desde el momento en que inicia la vida… y ii) el de autonomía, que se asocia con la idea de prohibir la práctica del aborto desde el momento en que “se acredita una mayor probabilidad de una vida extrauterina, circunstancia que se ha evidenciado con mayor certeza a partir de la semana 24 de gestación, que corresponde al estado más avanzado del desarrollo embrionario”.
f) Para la Sala, el concepto que permite un óptimo constitucional para resolver la tensión… es el concepto de autonomía… que, además, es el que mejor se corresponde con la idea de la protección gradual e incremental de la vida en gestación. El concepto de existencia no permite un óptimo constitucional, pues no otorga una adecuada relevancia a los cargos de inconstitucionalidad…, además de que le es propio un problema de indefinición de carácter moral, acerca de en qué momento inicia la vida. Y es el más restrictivo, por la inminencia del tiempo para su configuración, por la menor posibilidad de que la persona gestante conozca su estado y porque en la gestación [concepción, fecundación, implantación o anidación], se presenta el mayor porcentaje de abortos espontáneos y en ellos no tiene ninguna injerencia la voluntad de la persona gestante, lo que restringe de manera intensa la posibilidad de que esta tome decisiones autónomas antes de dicho momento.
El concepto de autonomía es consecuente con la tesis según la cual la vida es un bien jurídico que se protege en todas las etapas de su desarrollo, pero no con la misma intensidad, dado que no se trata de un derecho absoluto. Su protección mediante el derecho penal como finalidad constitucional imperiosa, también es gradual e incremental.
g) Si se pretende un óptimo constitucional, que proteja de manera abstracta ambas magnitudes en tensión (protección de la vida en gestación y protección de los derechos demandados) el punto fundamental de la distinción no puede ser otro que aquel en el que es posible considerar que se rompe la dependencia de la vida en formación de la persona gestante. Dada la mayor probabilidad de vida independiente extrauterina, la preferencia de proteger la finalidad constitucional imperiosa se maximiza: que el embarazo culmine con alumbramiento, esto es, con el nacimiento de un nuevo ser.
Esta doble condición (el sistema de plazos y la regulación de política pública) permite una solución jurídica a la tensión que se evidencia y a la ineficacia de la respuesta penal para proteger el bien jurídico de la vida en gestación.
César Vallejo Mejía
Marzo, 2022
[1] “El pecado no es delito” y “Sugestiones: Corte Constitucional pro-vida”.
[2] Corte Constitucional, Comunicado 5, febrero 21 de 2022, Sentencia C-055-22,
Se suele pensar en la utopía como algo irrealizable. En 1516, Tomás Moro la definió como un “plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía”.
No es difícil estar de acuerdo en que la definición de utopía de Tomás Moro expresa un anhelo compartido por la mayoría de los ciudadanos sobre lo que deseamos que llegue a ser la sociedad, un parámetro para medir el “plan o sistema de gobierno”.
Se llena entonces de sentido la Utopía definida por Tomás Moro si se la concibe como un factor “halonador” que inspira, con gran fuerza, todas las políticas y acciones, públicas y privadas, comunitarias e individuales, destinadas a construir progreso y desarrollo. Se debilita o se pierde el sentido de esa aspiración si, por el contrario, lo que acentuamos es la dificultad para llegar a esa “sociedad perfecta y justa”, hasta el punto de sentirla como algo irrealizable.
La utopía nace con el ser humano cuando el proceso evolutivo se hace consciente y se convierte en desarrollo. Vinculada a racionalidad, libertad y autonomía, la utopía se confunde con las aspiraciones inacabadas que tiene el ser humano en la proyección que experimenta y alienta su actividad hacia el más: hacia la felicidad, el progreso, la justicia, la equidad, la paz y el bienestar. Aspiraciones diversas, individuales y colectivas, que se manifiestan en la generación de conocimiento y en la transformación sin término de un entorno siempre cambiante.
En relación con el desarrollo regional, la utopía es halonador, meta o “causa final” que, desde un futuro que no necesita ser precisado (temporal y ontológico a la vez), estimula y muestra la dirección, el norte que debe orientar la construcción de región; punto de referencia con respecto al cual se analiza y se evalúa la realidad (la distancia entre la situación actual de la sociedad y los objetivos deseables del desarrollo).
Construcción de región como utopía
Sin necesidad de entrar en la discusión de si debe utilizarse el concepto de región o el concepto de territorio que, en la mayoría de los autores que se han ocupado del tema, muestra coincidencias casi completas, podemos definir el desarrollo regional como el “proceso de construcción de región” y adoptar un concepto de región, que recoge los elementos que casi todos ellos le atribuyen: “proyecto de bienestar individual y colectivo, de largo plazo, de una comunidad situada”(Vallejo, 2009).
Proyecto utópico en sus objetivos o aspiraciones individuales y colectivas, que apunta hacia el bienestar que todos buscamos, con un importante componente de subjetividad y de axiología. Proyección clara hacia una utopía “halonadora”, difícil de alcanzar, de definir y medir, de identificar con precisión y, por eso mismo, difícil de que sea reconocida (considerada útil) por todos.
Proyecto utópico, además, por su carácter comunitario. A las dificultades para lograr el bienestar individual, suma las más complejas de ser un proyecto de bienestar “compartido” que expresa, desde lo diverso, las proyecciones y aspiraciones de progreso, bienestar y equidad de muchos individuos socialmente organizados (por ejemplo, en la Carta Constitucional, cuando se habla de nación, o en un plan de desarrollo, cuando se habla de región); dificultades para formular y aceptar políticas de crecimiento con desarrollo, formuladas por una compleja malla de individuos y de grupos, de instituciones y agentes articulados, con racionalidad regional propia (dimensión de lo público, condición necesaria y suficiente para la conformación de una “comunidad”).
Proyecto dinámico que nunca culmina, con objetivos no alcanzables completamente. Que, por la misma naturaleza del ser humano (que en sí mismo es un proyecto de realización sin término), solo es posible concebirlo en un horizonte de largo plazo porque, en el corto plazo, los individuos y grupos de una comunidad están mayoritariamente inmersos en la solución de problemas o el aprovechamiento de oportunidades estrictamente individuales que, en la mayoría de los casos, constituyen la tarea imperiosa de la supervivencia.
Proyecto formulado por una comunidad “situada” (Matus, 1994), con aspiraciones “propias”, que no se identifican con las de otras comunidades; que se originan en su historia, su geografía, sus recursos, su cultura y forma de ver el mundo y de relacionarse con otras comunidades. Aspiraciones cuantificables y medibles en algunos casos, como las contempladas en las Metas del Milenio o las enunciadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“mínimos” exigidos por la dignidad humana). En otros casos no cuantificables ni medibles, asociadas a los “máximos” propios que identifican y distinguen cada individuo o comunidad (Vallejo, 2008) y que, por tanto, no siempre permiten hacer comparaciones entre individuos o entre distintas comunidades* ‒aunque hay avances importantes en la medición de elementos subjetivos del desarrollo‒ (Oviedo. 2020).
Proyecto “propio” o “local” (no estándar) y “autónomo” que, sin renunciar al aporte de expertos, de alianzas y de teorías relevantes, emerge de la región, es construido por la comunidad local (por sus actores individuales y colectivos), con programas y acciones que “potencian” la inteligencia colectiva en lo político, lo económico, lo científico, lo tecnológico, lo ambiental, lo cultural y lo institucional.
Componentes axiológicos (la utopía) en las políticas de desarrollo
El desarrollo (y en particular el regional), además de enfrentar desafíos de carácter técnico, como los que se dan para el uso eficiente y sostenible de recursos naturales, la formación de capital físico, el aprovechamiento de tecnologías, la solución incluyente de problemas propios de los sectores industrial, agropecuario o minero, debe asumir, principalmente, tareas de carácter cultural o político, propias de las ciencias sociales, cuya naturaleza es profundamente subjetiva y cuyo resultado es siempre de final abierto, no predecible, en el que caben numerosas posibilidades.
De la teoría y de la práctica de la economía pueden citarse algunos ejemplos relacionados con el análisis del comportamiento de la sociedad y con el diseño de políticas de desarrollo que, a pesar de sus pretensiones de objetividad científica, no logran cumplir su propósito sin incorporar componentes axiológicos y juicios de valor proyectados a la utopía.
1. La maximización del bienestar social y la búsqueda del “equilibrio general y el óptimo social” tienen tantas soluciones como formas posibles haya de distribuir la riqueza y el ingreso en la sociedad, pues cada una de estas determina una solución óptima diferente en el intercambio de bienes y oportunidades entre los individuos o grupos de población y en la frontera marcada por la optimización del bienestar social.
Para encontrar una solución, la sociedad debe hacer juicios de valor sobre la distribución del ingreso (en un ejercicio de subjetividad colectiva) y tomar una posición política sobre la distribución que prefiere.
2. Un segundo ejemplo son las mismas políticas de distribución del ingreso, que buscan el equilibrio entre eficiencia y equidad y que se diferencian por la opción política (subjetividad colectiva) adoptada por la sociedad.
El coeficiente Gini mide la igualdad en la distribución del ingreso, pero no tiene en cuenta las diferencias entre los miembros de la sociedad. Es un ejemplo de la necesidad de añadir a esa medida componentes subjetivos que permitan aproximarse al concepto de equidad y complementarlo con análisis de políticas que brindan oportunidades igualmente eficientes a individuos y grupos diferentes (no resultados) para que puedan desplegarse en su diferencia (Vallejo, 2022).
Entre las políticas de distribución del ingreso pueden mencionarse tres modelos. Cada uno de ellos incorpora juicios de valor o preferencias sociales, no explicadas por modelos de final cerrado:
• Modelo de distribución funcional: a cada factor le corresponde un ingreso equivalente a su productividad en el proceso productivo. Es el modelo propio del sistema capitalista que “prefiere” (opción política) sacrificar equidad para lograr eficiencia (aunque, paradójicamente, la concentración que produce rompe la eficiencia).
• Modelo de distribución personal: la “opción política” es que cada familia o individuo reciba un ingreso proporcional a sus necesidades (con lo cual también incorpora elementos de subjetividad individual). Sacrifica la eficiencia para lograr equidad (asumiendo alto riesgo de que se presente corrupción y, por tanto, inequidad). Hay dos versiones, correspondientes a dos “opciones” o sistemas políticos diferentes:
a. En el sistema comunista el Estado es dueño de los factores de producción y distribuye el ingreso, siguiendo su “sabio” criterio (de nuevo, la opción política).
b. En la socialdemocracia se conforma lo que se conoce como Estado de Bienestar en el que la “opción política” es que el Estado haga transferencias del presupuesto público, con un alto grado de gratuidad en servicios sociales (salud, seguridad social, educación, vivienda…), con pequeños copagos y contribuciones que completan la financiación hecha con los recaudos tributarios, pero con alto riesgo de corrupción y despilfarro.
• Modelo de economía democrática (propuesto por Bernard Lonergan, 1988): combinando el modelo funcional y el de distribución personal, asigna el excedente o ingreso resultante del proceso productivo, en función de la propiedad que, a su vez, fundamenta la participación en el poder “político” dentro y fuera de la empresa. El objetivo de política es, entonces, la democratización de la propiedad.
3. Una sana política fiscal es otro ejemplo de la necesidad de incluir consideraciones subjetivas o axiológicas, necesarias para conciliar o dar salida a diferencias ideológicas en la concepción del Estado y a su intervención a través del gasto público: gasto público redistributivo; estatuto tributario en función de la equidad; reforma a la distribución de los ingresos provenientes de regalías, etc.
En el caso colombiano es larga la lista de otros objetivos de política (y reformas), que no es difícil ubicar en el plano de la utopía:
4. Otro ejemplo es el de políticas de empleo, considerado no solo como la manera de utilizar un factor de producción, sino como una forma de satisfacer el derecho de todo ser humano de “transformar” la realidad, de aportar en la construcción de riqueza y de participar en su distribución y en sus beneficios. Junto con las políticas de combate a la informalidad, esas políticas de empleo también deben contener elementos de subjetividad que rayan con la utopía.
Manejar el nuevo contexto del desarrollo también exige de utopías
Aprovechando la palanca del conocimiento y la posibilidad de acceder a la información en tiempo real (la llamada “revolución de las comunicaciones”), se han afianzado tendencias que marcan el contexto que vive la humanidad desde hace varias décadas, sin las cuales no es posible pensar hoy el desarrollo, construir región o construir nación. Esas tendencias requieren y a la vez propician nuevas relaciones económicas, políticas y sociales entre los individuos (democratización), entre las regiones (descentralización), entre los países (globalización) y entre las generaciones (sostenibilidad) y hace más patente la contribución de la información y el conocimiento como motores del desarrollo. Para aprovechar las oportunidades que ofrece ese contexto y neutralizar sus amenazas, se requiere una agenda de políticas con propósitos que en la práctica resultan utópicos.
• La democratización ‒entendida como la reivindicación de cada persona como ser individual y colectivo, con autonomía y conciencia plena de su potencial diferente, de sus derechos en términos de equidad e inclusión y, especialmente, del derecho a aportar y a participar en los beneficios del crecimiento y del desarrollo‒, por difícil y utópico que parezca, debe ser el objetivo más importante de cualquier plan de desarrollo que trascienda las simples metas de crecimiento en la producción de bienes y servicios y en la construcción de capital físico y financiero.
• Como consecuencia del proceso de democratización, se abre paso la “apertura hacia adentro” del país o región y, con ella, la redefinición del proyecto de construcción de nación y de región, dentro de un esquema de descentralización que le da poder de decisión a las comunidades, reconoce su capacidad para definir su futuro y su derecho para tomarlo en sus manos con el apoyo subsidiario del centro.
• Con la minimización de las barreras espaciales y temporales, que antes nos separaban de otras naciones, ha surgido la necesidad de construir nuevas relaciones de convivencia y colaboración, regidas por reglas éticas de respeto y reconocimiento de las diferencias naturales, históricas, políticas y culturales que constituyen el marco axiológico que le da perspectiva a la globalización. Se trata de proteger la identidad individual, local y regional de las amenazas que trae esa “apertura hacia afuera”, o conjunto de procesos económicos, políticos y sociales, institucionales, tecnológicos y ambientales que, conjuntamente con grandes oportunidades, traen los desafíos propios de una nueva relación con el mundo.
• Igual grado de dificultad y de utopía tiene el propósito inquebrantable de conservar y de recuperar la integridad del planeta Tierra, la “casa común” que hemos heredado del pasado, que nos obliga a velar por su sostenibilidad en un efectivo reencuentro con la naturaleza de la que formamos parte, que fortalece en nosotros la conciencia de especie y le da voz y justo valor a las generaciones futuras. Visión de largo plazo, anclada en la evolución.
• Finalmente, el nuevo contexto se caracteriza por la emergencia de una gigantesca ola de ciencia, innovación y tecnología que ratifica la conciencia sobre la importancia del conocimiento como un acto de creación social de valor, de posibilidades ilimitadas, que supera la capacidad individual a través de relaciones dinámicas y le da más poder a su aspiración de transformar la realidad en beneficio de la sociedad.
Conclusión: la utopía que halona
Los objetivos del desarrollo, que se originan en la maravillosa complejidad del ser humano y de su proyección al progreso (la posta que recibe del milenario camino de la evolución), visualizados consciente o inconscientemente en un más sin límite, nunca se logran plenamente y, gracias a eso, nunca pierden su poder halonador; en eso consiste la fuerza y la importancia de la utopía.
El conjunto específico de indicadores y mediciones, con los que pretende abarcarse completamente el desafío del desarrollo con instrumentos científicos (de innegable utilidad en los procesos de formulación de políticas, de ejecución y seguimiento de planes), “choca” con la “apreciación subjetiva” y con el problema de la comparación interpersonal entre las percepciones sobre el bienestar, el progreso y la equidad, objetivos del desarrollo que no tienen forma o final cerrado y que no es posible cuantificar en su totalidad. Por eso, cuando se habla de desarrollo en general, de políticas para el desarrollo y de construcción de región, es necesario incluir la consideración de aspectos subjetivos que expresan las aspiraciones y la axiología de individuos y comunidades (actores y objetivo a la vez).
Con el cambio de contexto se refuerza la necesidad de componentes políticos y axiológicos en los planes y programas para establecer relaciones distintas entre los ciudadanos, entre el sector público y el sector privado, entre las regiones y entre los países, y para sustituir la geopolítica del conflicto y la confrontación por la geopolítica de la paz y la cooperación.
“No hay nada que no pueda ser cambiado por la acción social consciente e intencionada, provista de información y apoyada por la legitimidad. Si las personas están informadas, son activas y se comunican a lo largo del mundo; si la empresa asume su responsabilidad social; si los medios de comunicación se convierten en mensajeros, en lugar de ser el mensaje; si los actores políticos reaccionan contra el cinismo y restauran la fe en la democracia; si la cultura se reconstruye desde la experiencia; si la humanidad siente la solidaridad de la especie en todo el planeta; si afirmamos la solidaridad intergeneracional viviendo en armonía con la naturaleza; si emprendemos la exploración de nuestro yo interior, haciendo la paz con nosotros mismos. Si todo esto se hace posible por nuestra decisión compartida, informada y consciente, mientras aún hay tiempo, quizás entonces, por fin, seamos capaces de vivir y dejar vivir, de amar y ser amados” (Manuel Castells, 1997).
¡Esa es la utopía halonadora del desarrollo!
Referencias
Castells, Manuel (1997). La era de la información: Economía, sociedad y cultura, Conclusión. Vol. III. México: Siglo XXI Editores.
Lonergan, Bernard (1988). For a New Political Economy: vol. 21. (Collected Works of Bernard Lonergan). Ed. Philip Mc. Shane. Toronto: University of Toronto Press.
Matus, Carlos (1994). Planeación Estratégica Situacional. Caracas: Fundación Altadir.
Oviedo, Juan Manuel (2020). Percepciones, evaluaciones y experiencias de las personas: la experiencia de Colombia. Bogotá: DANE, octubre 2.
More, Thomas (2012). De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, libri II. Neuilly sur Seine: Ulan Press. Cfr. Wikipedia.
Vallejo, César (2008). “Perspectiva global y políticas públicas: observaciones al desarrollo local en Colombia”, Ponencia presentada en Seminario sobre desarrollo económico local. Bogotá: CEPAL – ILPES.
_______ (2009). “Módulo de Contexto”. Manizales: Universidad Autónoma de Manizales, Maestría en Desarrollo Regional.
_______ y otros (2020). “Universidad y Región”. Ibagué: Universidad de Ibagué.
_______ (2021). “El ancla del desarrollo regional”. www.exjesuitasentertulia.blog
_______ (2022). “Hablemos de equidad”. www.exjesuitasentertulia.blog
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* Es el problema clásico de la “intersubjetividad” o de la imposibilidad de las comparaciones interpersonales, que también se aplica a grupos de personas.
César Vallejo Mejía
Marzo, 2022
La equidad está íntimamente relacionada con el ser humano, con su naturaleza inacabada en proceso de realización o despliegue permanente, libre y autónomo (fundamento de su dignidad indiscutible); esencialmente individual y diferente (desigual), pero también y al mismo tiempo, esencialmente social y comunitaria.
Formar parte de la especie humana conlleva, sin atenuantes, el derecho a profundizar y enriquecer, autónomamente y sin interrupciones, el ser individual y diferente que nos identifica como personas y, al mismo tiempo, el ser social o comunitario que le da sentido a la sociedad. Derecho individual (intransferible) de todos y cada uno, de afianzarse, día a día, como seres humanos, en el sentido que le da Fernando Savater cuando afirma: “nacemos humanos, pero eso no basta; es necesario llegar a serlo”[1].
Definimos, entonces, la equidad, como la situación en la que todos tienen iguales oportunidades de ejercer el derecho inalienable de llegar a ser cada vez mejores seres humanos. Hablamos de equidad en dos dimensiones complementarias: la primera, referida a los individuos o al derecho a desplegar y disfrutar la individualidad diferente de cada persona; y la segunda, referida a la sociedad, o al derecho a conformar, consolidar y disfrutar la comunidad local, nacional o mundial de la que se forma parte.
Como individuos, libres y autónomos, con intereses, cualidades y defectos, potencialidades y limitaciones diferentes, reclamamos la oportunidad, el derecho, a ser desiguales, es decir, a realizar nuestro potencial específico, a crecer y ser mejores seres humanos a partir de lo que somos. En la práctica, la equidad se da cuando cada individuo tiene la posibilidad de acceder a servicios de salud, seguridad social y educación, de trabajar y generar ingresos, de contar con recursos tecnológicos y crear empresa, de participar en actividades culturales, deportivas o de recreación; y cuando tiene la oportunidad de contribuir y disfrutar, a la vez, desde su individualidad diferente, actividad económica, ubicación social y posición política, a la formación de capital social y al progreso de la comunidad (y a través de ella al progreso de la especie humana).
Como comunidad o grupo reclamamos el derecho, con libertad y autonomía, de definir (converger en) propósitos colectivos de largo plazo y de buscar “máximos” que nos distinguen e identifican como región, como etnia, como grupo diferente, como minoría. En ese sentido la equidad tiene que ver con el respeto por las diferencias grupales y las minorías (etnias, género, regiones, estratos, comunidad LGTBI, ruralidad, migrantes…); con el fortalecimiento de sus identidades y la consolidación de comunidades que le aporten a la sociedad su riqueza histórica y cultural; con el derecho a construir una región y un país donde valga la pena vivir, en el que las diferencias no discriminen, sino que sean aprovechadas en la construcción de una sociedad, una región y un país mejor.
Condiciones objetivas y subjetivas de equidad
Conscientes de que siempre será posible crecer y realizarnos como seres humanos, se requieren al menos dos tipos de condiciones para lograrlo como personas y como sociedad: de una parte, condiciones subjetivas difíciles de medir, asociadas principalmente a la voluntad, la disposición y la decisión libre de procurar el despliegue propio, personal y colectivo (es nuestro privilegio) y de actuar equitativamente (la voluntad o decisión de las personas y de los grupos, su disposición y capacidad para actuar propiciando condiciones de equidad). De otra parte, condiciones objetivas que pueden medirse, relacionadas con oportunidades y posibilidades reales, resultado principalmente de políticas públicas. La equidad consiste, precisamente, en que esas oportunidades y posibilidades sean iguales para todos los individuos y para todos los grupos, en el sentido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional (“test de proporcionalidad”), según el cual, dos personas en iguales condiciones tienen el derecho a tener el mismo acceso a los mismos bienes o servicios y ser tratados en igual manera.
Es necesario distinguir entre igualdad y equidad. La igualdad en las oportunidades, que corresponde al concepto de equidad, no equivale, ni pretende, ni se mide por la igualdad en los resultados. La igualdad en las oportunidades de disfrutar de salud, alcanzar el nivel educativo y la formación profesional que se desee, ejercer una actividad laboral y generar ingresos, participar en un partido político… no significa igualdad o uniformidad en los resultados observables en ingresos, salud, educación, profesión, actividad laboral o política… Los individuos y los grupos pueden aprovechar las mismas oportunidades de manera diferente, con distintos resultados. Y, en algún sentido, tampoco es siempre posible que las oportunidades sean iguales (quizás nunca lo son): la misma diversidad de quienes las demandan y necesitan requiere que las oportunidades no sean las mismas.
De lo anterior se desprende que medir la equidad, o igualdad en las oportunidades, con medidas de igualdad en los resultados, puede llevar a conclusiones erróneas. La desigualdad en estos es compatible, muchísimas veces, con situaciones donde hay equidad.
Políticas de equidad
Objetivo fundamental de las políticas públicas, una de las responsabilidades más importantes de los gobiernos, que por sí misma justifica la existencia y fortalecimiento del Estado, es garantizar la equidad referida a individuos y a comunidades, y evitar o neutralizar las crisis económicas, políticas, sociales y ambientales que, como la pandemia del COVID-19, frenan ese crecimiento, lo interrumpen o distorsionan.
La equidad es una condición objetiva de eficiencia, de mayor crecimiento y, sobre todo, de mayor desarrollo, en la medida en que permite aprovechar la riqueza más importante de una sociedad, que es su diversidad, otro de los principales objetivos de las políticas públicas. Cada individuo, cada grupo, tiene cualidades, aptitudes e intereses diferentes con los que busca, autónomamente, su propia realización. La equidad hace posible que ese despliegue del potencial individual y colectivo de todos sus integrantes se ponga al servicio del desarrollo y el bienestar de la comunidad. Desde ese punto de vista la inequidad es sinónimo de despilfarro de los recursos más valiosos de la sociedad. Al mismo tiempo, equidad es una condición subjetiva de bienestar y convivencia, en la medida en que cada individuo, cada comunidad, pondera las oportunidades que tiene para su progreso y percibe la equidad como la posibilidad de dar respuesta a sus propias aspiraciones.
La estrategia principal de las políticas de equidad es la provisión de bienes públicos que estén al alcance de todos: leyes, normas e instituciones que garantizan la participación de todos en la construcción y en los beneficios de una sociedad justa, pacífica y próspera; políticas económicas y sociales que impiden la concentración de poder y promueven una economía incluyente, estable y regenerativa (compatible con el medio ambiente y los recursos naturales[2]); infraestructura y servicios de educación, salud y seguridad social, de investigación, de información y comunicación que hacen posible una mejor calidad en las decisiones de individuos y comunidades y el despliegue de su potencial diverso. Es decir, bienes públicos que hacen más eficiente la interacción entre individuos y entre grupos y contribuyen a aumentar el bienestar de las comunidades y sus condiciones económicas, políticas, sociales y ambientales[3].
Equidad en Colombia
La equidad es un fenómeno complejo y no es posible abarcarlo en un único indicador. Y aunque en la mayoría de las publicaciones, tomando aspectos aislados, se hacen afirmaciones taxativas (muchas de ellas negativas) sobre la equidad en Colombia, es necesario ampliar un poco la mirada para formarse una idea más completa y ver sus aspectos positivos y negativos, los fracasos y los logros del país en materia de equidad.
Y lo primero que es necesario recordar, teniendo en cuenta los conceptos expuestos más arriba, es que son múltiples las oportunidades para crecer como persona o como comunidad y prácticamente imposible examinar la igualdad o equidad con que se ofrecen en un país. Y aun ateniéndose a la consideración de bienes públicos (su oferta y sus deficiencias) resulta muy difícil examinarlos en relación con el efecto que producen en la equidad, para llegar a conclusiones definitivas. Ni es posible tampoco tener en cuenta todas las situaciones en las que se vulnera la equidad de las personas. Haría falta construir un indicador multidimensional de equidad, más complejo que el que existe para medir la pobreza.
En el caso de Colombia son numerosas las políticas y programas sociales que se han diseñado y aplicado, desde hace décadas, por parte del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales, solos y en alianza con organismos nacionales e internacionales, para mejorar la equidad y contrarrestar los impulsores de la desigualdad mencionados por el Banco Mundial. Muy numerosas también las iniciativas que, con el mismo propósito, han sido emprendidas por el sector privado y por fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro. Unas y otras han mejorado la equidad y beneficiado, sin duda, a muchos grupos de la población en distintas regiones. Por esa razón, la tarea de examinar la equidad en nuestro país es particularmente compleja. Eso no significa, por supuesto, que no puedan citarse algunos indicadores muy significativos, reflexionar a partir de ellos y utilizarlos para comparar a Colombia con los demás países.
A lo largo de su historia de construcción de nación y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, Colombia ha avanzado significativamente en el diseño de políticas en favor de la equidad, particularmente en temas relacionados con pobreza, educación, salud y seguridad social. Los índices de pobreza extrema, de pobreza multidimensional y de pobreza monetaria se han reducido significativamente en los últimos 30 años (antes de la pandemia llegaron a ser el 7.2 %, el 20 % y el 27 % de la población, respectivamente). Los avances en cobertura educativa y, especialmente, en servicios de salud, son también un indicador claro de que la aplicación de esas políticas ha traído una mayor equidad con resultados muy positivos para la sociedad colombiana.
No puede decirse lo mismo en relación con la formulación y aplicación de políticas que apuntan a una mejor distribución de la propiedad de activos productivos, físicos y financieros, y de su consecuencia lógica, la distribución del ingreso. Colombia no ha logrado mejorar significativamente el acceso a la tierra (la olvidada reforma agraria), ni ha logrado expandir la práctica cooperativa o las formas asociativas de democratización de la propiedad. El empleo formal sigue siendo un sueño incumplido para más de la mitad de la fuerza laboral y son muy recientes los esfuerzos para expandir el crédito y lograr inclusión financiera. Siguen siendo limitados los beneficios de la seguridad social, especialmente para discapacitados y personas mayores.
Y en relación con la política fiscal el país sigue en deuda de un sistema tributario progresivo y de un gasto público cuya ejecución, año tras año, mejore significativamente la distribución de la riqueza, la protección de los más vulnerables en las crisis y fases recesivas del ingreso nacional y su acceso a condiciones de un mejor bienestar (la regresividad del actual sistema tributario es agravada significativamente por los altos índices de corrupción que se dan en el país).
Muchos son los estudios que, con indicadores como el coeficiente Gini, muestran que Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos y desiguales del mundo en distribución de los ingresos y el segundo más desigual en América Latina y el Caribe. El Coeficiente Gini de Colombia, que siempre ha sido muy alto (0.56 en 1964) y que a mediados de los 90 estaba en 0.47, ha vuelto a subir: 0.53 en 2020 (con la pandemia), cuando Eslovaquia mostraba un Gini de 0.24. En relación con la tierra, el Gini en Colombia en el mismo año muestra un escandaloso 0.89; y el de la propiedad inmobiliaria, 0.68 (Banco Mundial, 2021).
Lo paradójico de la situación descrita es que, como lo muestran los resultados de varias encuestas[4], las desigualdades preocupan a los colombianos (cuatro de cada cinco colombianos entrevistados consideran injusta o severamente injusta la distribución de los ingresos) y su reducción casi siempre ocupa lugar destacado en los objetivos propuestos a los planes de todos los gobiernos (nacional y territoriales).
César Vallejo Mejía
Enero, 2022
[1] Ya en 1528, Erasmo lo había dicho: “…los hombres… no nacen, se hacen, moldeándose” y Simone de Beauvoir, cuatrocientos años después, escribe “No se nace mujer, se llega a serlo” (citado por Rodolfo R. De Roux en su ensayo: “Aprender a vivir”, Exjesuitas en tertulia, 2021).
[2] Al estilo de la que propone Kate Raworth (2017) en su libro Doughnut Economics. Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Vermont (USA): Chelsea Green Publishing.
[3] La falta de esos bienes públicos ‒muestra clara de la precariedad de un Estado carente de políticas públicas‒ genera lo que, en un reciente informe sobre Colombia, el Banco Mundial denomina los “impulsores de la desigualdad”: desigualdad en capital humano (acceso desigual a educación y salud), desigualdad en activos físicos y financieros (acceso a la tierra, al crédito), desigualdad en acceso a buenos empleos (informalidad), brechas territoriales, política fiscal regresiva, programas inadecuados de asistencia social, crisis que afectan más a grupos vulnerables. Ver: BIRF (2021), Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia. https://documents1.worldbank.org/curated/en/602591635220506529/pdf/Main-Report.pdf
[4] Cifras y Conceptos, Panel de Opinión, septiembre 2021.
Cuando se habla de desarrollo regional, o simplemente de desarrollo, se hace referencia a metas y objetivos, a políticas, programas y proyectos. Desarrollo se asimila a progreso, a mejores condiciones de vida, a bienestar…
El desarrollo es un proceso complejo que se adelanta en diversas partes del mundo, conducido por organizaciones y personas diferentes, con ideologías, modos de pensar, concepciones, sentimientos y emociones distintas, en los sectores público y privado: gobiernos y gremios, corporaciones y empresas, entidades con o sin ánimo de lucro…
Toda la dinámica que le sirve de motor al desarrollo ‒al desarrollo regional en particular‒ tiene un origen común que le sirve de “ancla” y fundamento: un ancla que le da sentido y dirección y le sirve de criterio para seleccionar sus instrumentos y medidas, para acertar y no desviarse, para avanzar y no retroceder en la búsqueda de sus objetivos ‒los que nos proponemos cuando día a día nos sumamos a la tarea del progreso‒. Esa ancla la conforma el origen mismo del desarrollo, el objetivo que lo impulsa (a la manera de causa final) y el escenario donde ocurre.
El origen y antecedente común del desarrollo es la “evolución”: miles de millones de años de movimiento y de cambio, desde el comienzo cronológico u ontológico del cosmos (como se lo quiera considerar): de lo simple a lo complejo, de la litosfera a la noosfera, pasando por la biosfera, impulsado por el azar, por el ensayo y el error, por avances y retrocesos inconscientes… hasta cuando, apenas hace un par de millones de años, aparece el ser humano: la reflexión, un estado más avanzado de la conciencia, y con ella la capacidad de trascender lo espacio-temporal, de abstraer y conocer, de modificar el entorno con propósitos de mejor estar. Y a partir de ese momento, en el movimiento ciego y milenario, el azar, sin desaparecer completamente, le abre espacio a la autonomía y, con ello, lo que antes era movimiento inconsciente, empieza a ser “desarrollo”: la fase consciente de la evolución.
Es difícil no ver una dirección, un objetivo, una búsqueda en el intrincado proceso de la evolución cuando nos logramos distanciar suficientemente de la maraña de logros y fracasos, de cambios minúsculos y de saltos impresionantes que la componen y que en lapsos considerables ocultan cualquier propósito. Es necesario apartarse suficientemente, como proyectando el movimiento en una pantalla sin término… que nos permita ver los estados gaseosos de la materia, las moléculas, las células, los organismos cada vez más complejos y la vida en todas sus manifestaciones hasta cuando aparece el espíritu, en el ser humano. Ser humano que en su organismo replica ‒y representa de alguna manera‒ todo el movimiento de la evolución anterior y los pasos que, poco a poco, lo fueron conformando como individuo y como grupo.
Es difícil no pensar en un propósito central de la “evolución” que pasa por la aparición del ser humano en el cosmos, con su capacidad de conocer y transformar, de dialogar y amar, de crear y de soñar: un ser dotado con una gran autonomía y libertad, con la posibilidad de aplicar su conocimiento y su inteligencia para continuar conscientemente, como quien recibe una posta milenaria, la obra de la “evolución” (de la creación) en procura de un ser humano cada vez más humano y evolucionado, pero también con la posibilidad de abandonar conscientemente esa posta…, cambiando su dirección, traicionando su sentido y destruyéndose a sí mismo, a la naturaleza y al cosmos de los que es parte y resultado (en la dimensión científica, no en la ontológica).
Y si el ser humano ha sido objetivo de la “evolución” y, como continuación de ella, el “desarrollo” tiene el mismo objetivo, profundizar en lo que es el ser humano resulta indispensable para aclarar lo que debe ser la dirección y el sentido de las políticas y acciones concretas con las que se busca el desarrollo: es parte necesaria del ancla que nos conserva en el camino señalado por la posta milenaria: el de lograr un ser humano cada vez más humano.
Ser humano con su potencial ilimitado y con sus claras limitaciones. Porque así nos percibimos ‒como unidad, no como compuesto‒ en todo momento: como tensión entre el ser que todo lo tiene, sinónimo de plenitud, inspiración de todo lo positivo, y el no-ser total (la nada), sinónimo de carencia y de todo lo negativo.
Por una parte, racionalidad, sensibilidad, autonomía o libertad; capacidad de conocer, analizar, sintetizar, entender; capacidad de trascender lo espacio-temporal, crear conocimiento, añadir valor y transformar; capacidad de dialogar, reconocer e interactuar con el otro y con lo otro, de dar y recibir, de converger y de amar, que todo ello hace al ser humano cada vez más humano.
Por otra parte, carencia, limitación, desequilibrio entre lo racional y lo sensible, pasión, inseguridad, egoísmo, dependencia, dificultad para comunicarse –aun en el mismo idioma– y para interactuar con el otro y con lo otro…, posibilidad de odiar y destruir, que todo ello lo disminuye y contradice su dignidad.
Ser humano como proyección ética, desde lo que es, al ser, al más, al bien, a lo justo… y, al mismo tiempo, proyección antiética al no ser, al mal, a lo injusto…
Ser humano esencialmente individual y esencialmente social: que también así nos percibimos ‒como unidad y no como compuesto‒: en permanente tensión entre lo individual y lo social que somos: genuinamente individuo (mónada), pero esencialmente dependiente del otro; que se afirma como individuo en su proyección social y se afirma como social en su profundización como individuo.
Esencialmente individual, particular y diferente; fundamento de lo privado y del derecho de propiedad que hace posibles el intercambio y la actividad económica. Con el imperativo ético a la autoestima, la responsabilidad en el ámbito privado y la actitud emprendedora o generadora de valor, para llevar adelante la «posta» de la evolución (de la creación). Y esencialmente social: fundamento de lo público, que le permite reconocerse como sociedad o colectivo organizado; en el que los individuos, con su potencial e intereses diferentes articulan sus diferencias y adoptan unas reglas de juego que les permiten convivir, resolver más fácilmente problemas comunes y converger en metas de progreso. Ser humano impulsado por un imperativo ético al reconocimiento, aceptación y respeto por el otro diferente y sus ideas, a la interacción y comunicación respetuosa con él, tratando de interpretar su lenguaje «sujeto», valorando sus derechos y su potencial; imperativo ético a reconocerse como parte de la especie humana y, fiel a su proyección hacia el más, a llevar adelante la «posta» del progreso de la sociedad, una sociedad con seres humanos cada vez más humanos.
El tercer componente del ancla es el concepto de Región. Porque en la región “ocurre” el desarrollo, donde el ser humano se realiza como individuo y como ser social, con sus enormes posibilidades y sus numerosas limitaciones; donde expresa su proyección, individual y colectiva, hacia su realización, donde vence su incapacidad de comunicarse y se reconoce en su relación con los otros hasta converger con ellos en propósitos comunes, en un proyecto colectivo alimentado de una historia compartida, una geografía propia y un modo de ver el mundo que los identifica como sociedad. Región o “espacio concreto donde la sociedad alcanza su expresión más acabada” (Wittfogel).
Ser humano esencialmente “situado”: potenciado y condicionado, a la vez, por su historia, su cultura y su geografía; multifacético y diverso, no estándar en sus dimensiones biológicas, mentales y espirituales. Histórico, explicado por el más antiguo pasado, proyectado hacia el futuro sin término, indisolublemente relacionado a su “especie” y al entorno natural.
Ser humano objetivo y actor del desarrollo, a la vez. Actor, como individuo y como sociedad ‒todos sus integrantes‒, que siente que el desarrollo, como expresión de las proyecciones y convergencias de la comunidad, es su responsabilidad, resultado de decisiones autónomas y racionales y del conjunto de actuaciones mediante las cuales una sociedad busca sus objetivos, más que de modelos o teorías.
Objetivo, también como individuo y como sociedad, expresado como el despliegue de su potencial como ser humano y su bienestar. “El objetivo del desarrollo no puede ser otro que el desarrollo auténtico de los mismos hombres, como dice el padre Joseph Louis Lebret, el logro de un contexto, medio, momentum, situación, entorno o como quiera llamarse, que facilite la potenciación del ser humano para transformarse en persona humana, en su doble dimensión, biológica y espiritual, capaz ‒en esta última condición‒ de conocer y amar”. O como, más recientemente, lo expresa Fernando Savater cuando afirma: “No basta con nacer humanos, hay que llegar a serlo”. Y, siguiendo a Amartya Sen, ese objetivo de desarrollo, esa realización de lo que somos como seres humanos se logra cuando llegamos a ser libres ‒¡“desarrollo como libertad”, condición necesaria e indicador insustituible del desarrollo!‒.
César Vallejo Mejía
Noviembre, 2021
En el artículo anterior, el autor expuso seis condiciones que requiere el profesional que necesita Colombia. Para lograr ese perfil de profesional se debe buscar un nuevo modelo, que desarrolla este texto, basado en siete premisas.
La convicción de que es necesario hacer ajustes profundos en el modelo de educación superior en Colombia la comparten, desde hace mucho tiempo, personas interesadas o directamente vinculadas a la educación superior que, desde distintos escenarios han advertido sobre la importancia de una formación integral de los profesionales, han hecho propuestas concretas y han iniciado procesos innovadores dentro de las instituciones para lograrla. La formulación de un nuevo modelo en la educación superior debería empezar por recoger esas advertencias y aprovechar las experiencias que se han adelantado, en contenidos y metodologías. ASCUN parecería ser la institución más indicada para propiciar ese ejercicio y coordinar una propuesta seria y detallada de reforma, elaborada desde las universidades.
Lo que aquí se expone son solo ideas generales de lo que podría ser el marco de esa propuesta.
Premisas del concepto de educación superior
1. La educación superior es parte de un proceso de despliegue y crecimiento personal que inicia antes de los jardines escolares y que nunca termina. Es la última etapa escolarizada de ese proceso, después de la primaria y la educación media y, en consecuencia, debe estar estrechamente conectada con estas. En ese sentido, mirado desde el componente de su formación humana, el profesional se forma desde la niñez.
2. En la formación profesional es fundamental buscar el dominio de una disciplina y el conocimiento de sus relaciones con las demás disciplinas; pero más importante que ese dominio, es la formación de la persona que la va a ejercer: su capacidad de aprender permanentemente, de analizar “situaciones” concretas, de decidir, de diseñar planes de acción, de prever efectos posibles sobre las personas, de actuar con otros, de evaluar y hacer ajustes. Quien actúa y genera resultados, para los individuos y para la sociedad, es el profesional, no su disciplina. Esta premisa se debe reflejar en la distribución del tiempo destinado a la formación universitaria y la intensidad que se otorga a los distintos temas, particularmente a los relacionados con las ciencias humanas, las ciencias básicas y las disciplinas técnicas.
3. La formación profesional no puede reducirse a un número limitado de años o semestres. Como tarea que no tiene término no debe pretenderse, durante la etapa universitaria, agotar todos los temas relacionados con ella. El período de permanencia en una universidad, que sí es limitado, debe destinarse a preparar al estudiante para que pueda continuar su aprendizaje después de su egreso y durante el ejercicio de su vida profesional.
4. Para quienes deciden formarse como profesionales, y menos para la sociedad como un todo, no tiene ningún sentido evaluar los resultados de esa decisión por su costo de oportunidad en términos de rentabilidad financiera, como es usual entre muchos economistas. Cuando esta se propone como objetivo principal de la formación profesional, sustituyendo el propósito de aportarle conocimiento a la sociedad y a su bienestar desde disciplinas particulares, se distorsiona el papel de la educación superior y su contribución al funcionamiento armónico de las dinámicas económicas, políticas y sociales.
En cuanto a definir la duración del período de formación en la universidad tampoco tiene sentido convertir la evaluación financiera en el criterio de decisión, justamente porque el principal beneficio de la educación superior, su impacto sobre el individuo, sobre la comunidad y sobre las dinámicas mencionadas, contiene importantes elementos de subjetividad y forma parte de una situación teórica de “óptimo social”, que no es reducible a cifras financieras. En eso está aún lejos la evaluación social de proyectos.
Evaluar el proceso, los resultados y el impacto de la educación superior (y de la educación en cualquiera de sus etapas) con indicadores exclusivamente cuantitativos, que no logran agotar la compleja realidad que debe impactar la educación, o focalizar su objetivo en el logro de rendimientos financieros, equivale a reducir significativamente su ámbito de influencia en el país, aumentar la probabilidad de que se convierta más bien en un factor de distorsión en la vida de la nación, e invertir el sentido de la relación entre educación y sociedad: ya no sería la educación la fuente de inspiración de cómo debe organizarse la sociedad en lo económico, lo político y lo social, sino que sería la forma como ella está organizada la que inspira la forma como se hace la educación. La educación dejaría de ser un factor de cambio para convertirse en un factor que perpetúa el statu quo.
En ese sentido la educación superior debe considerarla el Estado como un bien público insustituible, objeto de políticas que respeten y tengan en cuenta las decisiones de los individuos en su deseo de aportarle a la sociedad desde el despliegue de su potencial y aptitudes diferentes; políticas que desestimulen la tendencia a escoger la carrera universitaria predominantemente por su rentabilidad y que neutralicen las inequidades generadas en la remuneración del ejercicio profesional.
5. La formación integral, principalmente en su componente de formación humana, debe ser resultado de ejercicios de reflexión y diálogo con participación activa del estudiante, que conduzcan a la construcción de un criterio propio que inspire y fundamente su comportamiento frente a sí mismo, frente a los demás, frente a la sociedad y frente a la naturaleza, y que armonice con la construcción de conocimiento disciplinar y con sus pautas de comportamiento en la actividad profesional.
Con ese propósito se requiere que también en los componentes de formación disciplinar, los métodos propicien más la participación, el debate y la reflexión que la instrucción y transmisión de conocimientos y tengan en cuenta las diferencias individuales y la autonomía de los estudiantes, con reglamentos que hagan posible la aplicación de esquemas flexibles y más heterogeneidad que estandarización.
6. Un componente indispensable de la formación profesional debe ser el contacto con las condiciones reales de la comunidad (su situación), sus problemas y oportunidades, su cultura, su racionalidad y modo de pensar. Con ese propósito puede resultar especialmente conveniente propiciar, con la orientación de la universidad, períodos desescolarizados de contacto con las comunidades. En Colombia ya hay experiencias exitosas que le permiten al estudiante hacer su último semestre, en grupos interdisciplinarios, viviendo en pequeñas poblaciones, desarrollando un trabajo conjunto con la gente de la zona rural o de la zona urbana del municipio, aprendiendo de ellas y transmitiéndoles el conocimiento que ya han adquirido en la Universidad. Aprenden los estudiantes, aprenden los profesores, aprende la Universidad y aprende la comunidad*.
7. La formación universitaria, humana y disciplinar no requiere desarrollar todas sus actividades en las aulas, ni tratar todos los temas relacionados con ella. No debe agotarse en la transmisión de información, a costa de procesos de reflexión y de crecimiento personal. Hoy la tecnología ofrece la oportunidad de utilizar métodos eficientes no presenciales y dejar al trabajo personal del estudiante, con la orientación de sus profesores, la exploración y “construcción de conocimiento”.
Etapas en el proceso universitario de la formación profesional
Teniendo en mente las premisas anteriores, convendría considerar los siguientes ajustes:
1. Focalizar el pregrado, con duración mínima de tres años, en la formación humana del estudiante, asociada a una visión general de la disciplina escogida por él. Dando énfasis a la primera, se debe mostrar su relación práctica con la segunda. Con la orientación de sus profesores, el estudiante puede cambiar su elección disciplinar durante el pregrado. El título de pregrado certificaría un conocimiento general de su disciplina y le permitiría trabajar como asistente o en responsabilidades menores, que no alcanzarían el nivel profesional.
2. El plan de estudios del pregrado tendría cuatro componentes:
• Ciencias humanas y desarrollo de competencias ciudadanas cuyo objetivo, más que saber o conocer de ellas, es el de incorporarlas a la reflexión y a la formación de una actitud creativa y de una postura personal fundamentada, en relación consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, en el contexto y “situación” del país (con ayuda de la filosofía, la sicología, la historia, la ciencia política, la economía, el arte y la literatura).
• Herramientas de análisis y manejo de información (matemáticas, estadística, programación, bases de datos, recursos de comunicación).
• Visión general de la disciplina escogida por el estudiante (origen, temas centrales, alcance y limitaciones).
• Experiencia de trabajo y aprendizaje con la comunidad.
3. Focalizar el posgrado en la formación disciplinar, con un nivel de maestría, con duración mínima de dos años, que daría un dominio importante de la disciplina y que sería condición necesaria para el ejercicio profesional. Hay que considerar, por supuesto, las diferencias entre las disciplinas o casos especiales como la música, cuyo dominio normalmente se obtiene con un trabajo de muchos años que, frecuentemente, empieza desde la niñez.
4. Opción de doctorado, con duración mínima de dos años adicionales a la maestría, para quienes deseen dedicarse a la investigación y a la docencia universitaria y desde allí aportarle a la sociedad desde el conocimiento,
Así concebido el proceso de formación en la Educación Superior no se alargaría en su duración (los cinco años tradicionales), se perdería menos tiempo en introducciones y, lo más importante, se avanzaría significativamente hacia la meta de una formación integral como la que deben tener los profesionales que necesita la sociedad, para que ellos sean más felices en el ejercicio de su profesión y para que su aporte contribuya más eficazmente al desarrollo inclusivo del país y al bienestar de todos.
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* “Opción Colombia”, ideado y realizado a finales de la década de los 80 por estudiantes de universidades de Bogotá; “Semestre social” en la Universidad Javeriana; “Paz y Competitividad”; en la Universidad Autónoma de Manizales; “Paz y Región”, en la Universidad de Ibagué, y “Paz y Territorio”, en la Universidad Mariana de Pasto.
César Vallejo Mejía
Octubre, 2021
El autor, quien ha sido rector universitario, propone unas ideas preliminares para discutir un modelo humanista para la educación superior en un contexto cambiante, lleno de oportunidades y amenazas.
No cabe duda de la enorme responsabilidad con que se manejan las Universidades en Colombia y de lo mucho que han avanzado, especialmente con la guía que les ofrecen las políticas de acreditación institucional y de programas, emanadas desde el Ministerio de Educación Nacional. Es igualmente claro que las Instituciones de Educación Superior (IES) son conscientes de los inminentes desafíos que tendrán que enfrentar, desde ahora, para cumplir su histórica misión en un futuro marcado por un contexto cambiante, lleno de oportunidades y de amenazas.
No es posible negar, además, el favorable impacto que han tenido las universidades en el progreso del país y en el bienestar de los colombianos a través del ejercicio profesional de sus egresados que, por lo general, muestran un buen dominio de sus disciplinas y, aunque en mucho menor medida, a través de la construcción de conocimiento.
Sin embargo, algo anda mal: hay síntomas de que la educación superior no está respondiendo al contexto del momento.
El diseño actual de los programas y la combinación de procesos de enseñanza, investigación y proyección, que constituye el modelo de educación superior en la mayoría de las IES colombianas, parece haberse quedado corto en la formación integral de los profesionales que requiere el país para hacer frente a las dificultades que hoy caracterizan la vida nacional.
La agudización de problemas sociales, políticos y económicos de Colombia no exime de responsabilidad a las universidades, a pesar de que solo una parte minoritaria de la población ha pasado por ellas. Sin embargo, no es raro encontrar que sus graduados forman parte del origen de esos problemas o, como dirigentes, no buscan o no aciertan en su solución. Por otra parte, como centros de pensamiento, las universidades han hecho una contribución insatisfactoria y tienen algún grado de responsabilidad en el precario aporte que la investigación le hace a los procesos económicos y empresariales, políticos y sociales que se adelantan en el país, aunque es preciso reconocer que no han recibido un apoyo suficiente por parte del Estado. Esto incluye, principalmente, a las instituciones que han mostrado ser las mejores en los procesos de acreditación y que obtienen los mayores puntajes en comparaciones nacionales e internacionales.
Colombia proyecta la imagen de estar aprisionada en el corto plazo, concentrada en la coyuntura económica y en su manejo oportuno, estancada en la poca diversificación de los sectores productivos, capturada por intereses personales o de grupo, obcecada por una polarización más emotiva que racional en la contienda política o por el fanatismo derivado de mitos e ideologías, presionada por la urgencia de justos reclamos sociales, amenazada por la presencia de grupos armados… Es la imagen de un país que transita sin visión de largo plazo y sin un norte claro, ante la mirada silenciosa de los centros de pensamiento universitario y de sus egresados, quienes ‒en los cargos de la dirigencia nacional‒ se muestran incapaces de reclamar o de proponer soluciones estructurales.
Los niveles de intolerancia, de discriminación de minorías, de violencia y de corrupción que se presentan en la sociedad colombiana, los elevados índices de inequidad, los grados de irracionalidad en el debate político, la lentitud inaceptable de la administración de justicia, la insuficiente atención a la provisión de bienes públicos, la aparente despreocupación por la débil presencia del Estado en vastos territorios del país y el bajo compromiso de la población con el interés nacional, entre algunas de las causas de esa agudización, muestran que el sistema educativo colombiano y, en particular las universidades, no han logrado impactar profundamente la vida de la nación y contradicen el propósito de formación integral que, sin excepción, expresan las IES colombianas en sus planes estratégicos.
El país carece de una lectura completa, integrada e inteligente del contexto, necesaria para construir un futuro con perspectiva de éxito: formar la capacidad para hacerla, debatirla y ponerla al servicio de la sociedad es una tarea que le corresponde, como actor principal, a las universidades. En el momento actual, ello supone interpretar las crecientes tendencias a la democratización que, apoyadas en un acceso cada vez más inmediato a la información, son el resultado de la consolidación de autonomías e identidades individuales, grupales o regionales; explorar fórmulas para aprovechar las ventajas y atenuar las desventajas de una globalización indiscutible en las ideas, en las manifestaciones culturales, en los valores, en el comercio y en los flujos de capital, de tecnología y de recursos humanos; proponer la manera de incorporar, sin atentar contra la identidad del país y de sus regiones, los avances en la ciencia y las innovaciones tecnológicas permanentes, sacando provecho de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y el diseño de algoritmos que ponen al servicio de la sociedad el manejo de volúmenes cada vez mayores de información y de datos; profundizar en estrategias de descentralización que acerquen los centros de decisión a las comunidades; entender y cultivar las relaciones de la sociedad humana con la naturaleza, como condición para construir un escenario de desarrollo sostenible que garantice bienestar a las generaciones presentes y a las futuras.
No parece que las Universidades tengan entre sus prioridades hacer esa lectura integral de contexto, proponerle al país caminos para construir su futuro, ni formar profesionales que sientan la responsabilidad que les corresponde en ese empeño. Para lo cual, de poca ayuda han sido las pruebas de evaluación que se aplican a los egresados desde hace décadas, porque no han sido diseñadas para medir competencias y valores que definen la formación integral.
En Colombia hacen falta propuestas serias, académica y políticamente viables, que sería razonable esperar como resultado de más de siglo y medio de educación superior, para transformar el funcionamiento de la economía hacia un modelo sostenible con tasas razonables de crecimiento ‒“regenerativo e inclusivo”, como lo llama Kate Raworth (2017)‒, para lograr equidad en las oportunidades y en las condiciones de vida de los colombianos y para aprovechar las oportunidades que ofrecen el avance de la ciencia y las características del contexto complejo en el que se desenvuelve la vida de la nación, en beneficio de un mayor bienestar para todos.
Es cierto que muchas de esas tareas son parte del quehacer actual, académico e investigativo, de miembros o grupos aislados en nuestras universidades, pero su profundización y desarrollo no parece formar parte del núcleo de la formación que se imparte y de sus programas curriculares, ni representar la preocupación central ni la visión integral que sobre la educación superior tienen las directivas universitarias, más ocupadas en garantizar la sobrevivencia de las instituciones o las buenas condiciones financieras, cuando no en lograr un lugar destacado en los ordenamientos nacionales o internacionales ya mencionados.
No han mostrado ser suficientes las estrategias que aplican las universidades para cumplir el propósito de formación integral, que tiene un lugar tan destacado en la formulación de la misión de todas ellas. Sin un objetivo claro en relación con la formación del ser humano, de su autonomía y autoestima, esas estrategias se subordinan a la capacitación técnica o disciplinar y terminan, en la mayoría de los casos, en cursos desarticulados de humanidades, dejados al criterio de cada estudiante, con poco o ningún acompañamiento, o en unos pocos cursos de ética desconectados del núcleo central de la formación profesional.
Se puede entonces afirmar que los resultados de la educación en general ‒y de la educación superior en particular‒ no son completamente satisfactorios. Y no porque haya negligencia o falte empeño en las directivas, en las comunidades académicas y en los estudiantes. En el caso de las universidades, la manera como se adelantan los procesos de educación superior es responsable y muy importante la inversión que hacen en la capacitación de docentes, en metodologías de aprendizaje, en programas de proyección a las comunidades y, aunque menos, en proyectos de investigación. El modelo se aplica bien, pero los resultados son insuficientes. Todo indica, entonces, que es necesario hacer ajustes importantes en el modelo para formar el profesional que necesita hoy la sociedad.
El profesional que requiere el país
A pesar del esfuerzo y dedicación de las comunidades universitarias en el cumplimiento de su tarea, el país sigue extrañando la presencia de profesionales con un perfil que supere ampliamente la sola competencia profesional, definida por el buen dominio de las disciplinas. Profesionales que combinen esa competencia profesional con el desarrollo de su enorme potencial individual, en su condición física, intelectual y espiritual, para que puedan participar, desde el conocimiento, en las dinámicas económicas, políticas y sociales de la comunidad a la que pertenecen, en un contexto y momento determinados, en beneficio de sí mismos y de los demás.
Se pueden mencionar al menos seis características o condiciones necesarias en el profesional que requiere el país:
1. Despliegue de sus condiciones personales físicas, intelectuales y espirituales, que lo definen como “sujeto” del ejercicio profesional o de la aplicación de su disciplina académica a la vida de la sociedad. Es la condición de autoestima y seguridad.
2. Conocimiento, lo más profundo posible, del ser humano (su naturaleza, sus posibilidades y limitaciones), dimensión que todo lo atraviesa, que fundamenta su comportamiento y explica los aspectos, positivos y negativos, de su actividad en la vida. En ese conocimiento, convertido en introspección vivencial desde su disciplina profesional, se originan el reconocimiento efectivo de la dignidad humana en todas las personas, sin distinción alguna, y los valores para manejar las relaciones de respeto consigo mismo, con los demás ‒como individuos diferentes y como sociedad‒ y con la naturaleza.
De allí se deriva la conciencia de su identidad, de su naturaleza esencialmente individual y diferente, pero también esencialmente social, y la convicción de que en la diversidad de las características y del modo de ser de los individuos radica el principal activo de la sociedad y el derecho que todos tienen, sin excepción, de participar en la construcción y en los beneficios del desarrollo. Esa comprensión del ser humano, desde el dominio de la propia disciplina, requiere el concurso de ciencias humanas en la base de la formación integral. Es la condición de una vida profesional armónica y con sentido, orientada al bienestar de sí mismo y de la comunidad.
3. Pensamiento libre, crítico y autónomo, no atado a ideologías o mitos, y respetuoso del pensamiento de los demás. Con la conciencia de que la actuación de un profesional se da en la dimensión del conocimiento y de que su aporte a la sociedad es el del saber y la ciencia, con sus reglas de rigor y profundidad, con sus posibilidades, limitaciones y su gran dinámica. Altamente reflexivos, los profesionales deben ser conscientes de la estrecha interacción, entre la materia y el espíritu, entre el cuerpo y la mente, entre lo objetivo y lo subjetivo.
El país necesita profesionales que desarrollen su tarea disciplinar con pensamiento propio, alimentado con el saber universal; creativos e innovadores, capaces de investigar o de entender los resultados de la investigación, para convertirlos en principio de solución de problemas o en fuente de innovación y de ideas de progreso. Libres del “complejo” extranjerizante que los lleva a creer que solo son útiles y pertinentes las ideas provenientes de países que se consideran más avanzados. Profesionales que abandonen la hipótesis sobre nuestro atraso intelectual y el “eurocentrismo menesteroso” ‒como lo llama el filósofo y literato Jonathan Beltrán (2021)‒; que crean en sí mismos y en su enorme potencial. Es la condición de una vida profesional creativa.
4. Conocimiento del escenario en el que va a actuar y participar en su vida profesional, de las dinámicas políticas, económicas y sociales que definen la vida de la sociedad y del contexto en el que se desenvuelven. Profesionales que conozcan y, en el ejercicio de su profesión, tengan en cuenta la “situación”, la ubicación, los recursos, la historia y las costumbres, la identidad y la cultura propias del país y de sus regiones (Carlos Matus, 1985). Es la condición de éxito.
5. Dominio de una disciplina en la que encuentra un campo de acción, basado en un conocimiento específico, que se adapta a sus condiciones personales, sus gustos y aptitudes. Consciencia de que la realidad, sus problemas y oportunidades, supera el alcance de cualquier disciplina. Profesionales que valoran el aporte de los demás y la necesidad del trabajo en equipo y que, además de conocer los aportes de su disciplina y el valor agregado que genera, reconozcan la contribución necesaria de las demás disciplinas, para lograr un conocimiento más amplio y exacto de la realidad. Es la condición de eficacia.
6. Capacidad para comunicarse y para utilizar y aprovechar, en su campo de acción, los recursos tecnológicos y la información disponibles. Es la condición de eficiencia.
En resumen, lo que la sociedad demanda son profesionales con formación integral. Nada distinto a lo que las Instituciones de Educación Superior han expresado al definir su misión y sus objetivos, en los documentos de planeación estratégica, y lo que se han propuesto alcanzar sin mucho éxito. Para lograr ese perfil de profesional se debe, por tanto, buscar un nuevo modelo.
Referencias
Beltrán, J., López C.A. (de próxima aparición). Filosofía y Cultura, en Una Historia de la Filosofía en Colombia. Bogotá: Universidad Javeriana.
Matus, C. (1985). Planeación Estratégica Situacional. Caracas: Altadir.
Raworth, K. (2017). Doughnut Economics. London: Penguin Random House.
César Vallejo Mejía
Octubre 2021