Hoy, en Colombia, hay 3.600.000 desempleados. En Cali, hay 100.000 más que antes de empezar la pandemia. Se requiere un programa nacional de empleo de emergencia. Para Cali, el papel del gobierno nacional es aportar los recursos. El sector privado debe gerenciar la entidad que debe crearse para administrar el programa y su logística.
El problema es el desempleo. La pobreza, el hambre y la miseria son la consecuencia de no tener un trabajo decente. La explosión social y la protesta de los jóvenes son el reclamo airado por un futuro que se les niega por no tener estudio ni empleo. La Renta Básica o el Ingreso Solidario son necesarios, pero no suficientes, pues a los jóvenes solo les dan presente, mientras que el trabajo les da futuro y, sobre todo, dignidad.
Generar empleo digno es el camino de solución a la crisis social. Y no estamos hablando de unos cuantos miles, pues son 3.6 millones los desempleados en Colombia (15.1 % de las personas que buscan trabajo), además de los millones que se cansaron de buscarlo sin encontrarlo.
La situación en el Valle del Cauca es todavía peor. La tasa de desempleo en Cali es de 18.8 %, con 271.000 desempleados, es decir, 100.000 más que antes de empezar la pandemia. Los jóvenes son los más afectados, con una tasa de 27.1 %, también superior al promedio nacional.
El programa nacional de empleo de emergencia que propuse hace unas semanas puede empezar con un programa regional para crear 100.000 empleos –sobre todo para jóvenes– en el Valle y el norte del Cauca. Organizar un programa de este alcance requiere la intervención coordinada del gobierno nacional, los mandatarios locales y el sector privado.
El papel del gobierno nacional es aportar los recursos para el programa. Pagando el salario mínimo, su costo anual sería de unos $1.4 billones (menos de 0.2 % del PIB). Es un monto imposible de movilizar por el sector privado, pero el gobierno sí tiene la capacidad de conseguir estos USD 450 millones acudiendo a créditos de entidades multilaterales y ayudas internacionales, que de seguro responderán con prontitud dada la atención internacional que han generado los desafortunados sucesos recientes.
El aporte primordial del sector privado (empresas y ONG) no es la plata, pues sus recursos para estos propósitos son más limitados que los del gobierno, sino su capacidad gerencial y organizativa, que es indispensable para el manejo de la entidad que debe crearse para administrar el programa y su logística.
El dinero no es el principal obstáculo para la implementación del programa, sino el montaje, la administración y la logística para la operación de una “empresa” de 100.000 trabajadores: ¿quién va a proveerlos de dotación, alimentación o transporte? ¿Quién va a darles las herramientas necesarias para sus labores? ¿Quién va a proveer los insumos necesarios? ¿Quién va a dirigir la ejecución de las obras? Es el sector privado quien debe asumir esta labor gerencial, como lo hizo en el programa de reconstrucción del Eje Cafetero.
Los mandatarios locales tienen que definir los trabajos que realizarían estos jóvenes. En general, se trata de construir bienes públicos: en el campo, la reforestación y recuperación de cuencas, la construcción de vías terciarias o redes de acueductos rurales. En la ciudad, reparación y mantenimiento de la malla vial o de la infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.) y servicios sociales para las comunidades, tales como comedores comunitarios o promoción de escuelas de deporte.
Además de la creación de empleo, el dinero invertido en este programa impulsará la demanda en la economía, con lo cual las empresas privadas tendrán el incentivo para contratar nuevos trabajadores y el programa podrá desmontarse luego.
Mauricio Cabrera Galvis
Junio, 2021
1 Comentario
Mauricio, excelente tu artículo. Es lo que estamos necesitando: propuestas concretas, viables, pue creo que hay suficientes diagnósticos en los diferentes campos en los que urgen soluciones.